La interdependencia de todos los derechos humanos.

Obstáculos y desafíos en la implementación de los derechos humanos

Antônio A. Cançado Trindade

I. La Declaración Universal y la interdependencia de todos los derechos humanos

En su 50º aniversario, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, ha sido ampliamente reconocida como un instrumento que ha allanado el camino a la adopción de diversos tratados de derechos humanos a nivel global y regional (todos ellos contienen referencias a la Declaración Universal en sus preámbulos). También ha servido como modelo para la adopción de numerosas normas sobre derechos humanos en las constituciones y las legislaciones nacionales, y ha contribuido a fundamentar fallos de los tribunales nacionales e internacionales. Además, hoy día se reconoce la Declaración Universal como una interpretación autorizada de las normas sobre derechos humanos recogidas en la Carta de Naciones Unidas. Su autoridad, adquirida a lo largo de los últimos cinco decenios, ha influido para que la doctrina contemporánea ponga de relieve su incorporación al ámbito del derecho internacional común y se refleje en algunos principios generales del derecho.1 A finales de este siglo, además de interrelacionarse con los tratados sobre derechos humanos, la Declaración constituye un estímulo para elaborar normas habituales del derecho internacional sobre derechos humanos, de manera que éstos puedan integrarse al lenguaje común de la humanidad.2

Entre los aspectos específicos de la contribución de la Declaración al desarrollo del derecho internacional sobre derechos humanos, uno merece especial atención en nuestros días, a saber, el hecho de haber situado en el mismo nivel a todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), lo cual pone de relieve su interdependencia. Poco tiempo después de la adopción de la Declaración Universal, concebida como la primera de una Carta Internacional de Derechos Humanos que constaría de tres partes (seguida de una Convención y de dos Tratados, además de las correspondientes medidas de implementación), las profundas divisiones ideológicas en el mundo durante los años 50 condujeron a categorizaciones de los derechos humanos que ignoraban la perspectiva holística propugnada por la Declaración Universal. Las consecuencias de la fragmentación o atomización del corpus juris de los derechos humanos no tardaron en manifestarse, y aun en nuestros días sus repercusiones son patentes. Desafortunadamente, marcaron la etapa legislativa de la elaboración de algunos tratados de derechos humanos bajo los auspicios de Naciones Unidas durante los años 60.

Habría que esperar la Primera Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Teherán, 1968), dos decenios después de la adopción de la Declaración Universal, para que se manifestaran las primeras reacciones sistemáticas a la fragmentación de los derechos humanos. La Conferencia estableció con firmeza la interdependencia o indivisibilidad de todos los derechos humanos.3 Durante el decenio siguiente, sucesivas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas también pusieron de relieve, desde una perspectiva global, la interdependencia de todos los derechos humanos, lo cual allanaba el camino a la búsqueda de soluciones a las flagrantes y masivas violaciones de los derechos humanos en distintas partes del mundo.4 La contribución de la Declaración de Teherán en 1968, aprobada por la Primera Conferencia Mundial, desempeñó un papel notable para alcanzar acuerdos sobre el carácter interdependiente de todos los derechos humanos (que hoy en día es reconocido universalmente), en un mundo entonces dividido por la bipolaridad de la guerra fría. Dicho acuerdo, a su vez, fomentó una importante transformación en el tratamiento que desde entonces se da a los problemas de derechos humanos en el panorama internacional.5

Por lo tanto, según propugnaba la Declaración Universal dos decenios antes, el hecho de que todos los derechos humanos son interdependientes llegó a ser una realidad claramente establecida. Por ejemplo, ¿qué significaría el derecho a la libertad de expresión sin el derecho a la educación? ¿O el derecho a la libertad de circulación sin el derecho a la vivienda? ¿O los derechos a votar y a participar en los asuntos públicos sin el derecho al trabajo? Los ejemplos de este tipo abundan. El derecho fundamental a la vida misma, que comprende las condiciones de vida, ha sido cada vez más considerado como un derecho que pertenece tanto al ámbito de los derechos individuales como sociales. Este enfoque holístico correspondía al que ya en 1948 propugnaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con el correr del tiempo, el sistema global e integral de los derechos propugnados por la Declaración Universal reemergieron y encontraron una expresión en tratados más recientes, como los tratados contra la discriminación, o como la Convención de los Derechos del Niño de 1989.6 En este sentido, los testimonios de quienes elaboraron la Declaración Universal de Derechos Humanos son inequívocos. René Cassin, por ejemplo, veía en la Declaración el potencial de un impulso continuo de lo individual hacia lo social ("un élan continu de l'individuel vers le social").7 Cassin sostenía que la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración, junto a los derechos civiles y políticos, era uno de los pilares de aquel documento histórico.8

En opinión de John Humphrey, el reconocimiento del hecho de que, sin derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos prácticamente carecerían de significado para la mayoría de las personas, constituye la característica principal del enfoque de la implementación internacional de los derechos humanos que habría de prevalecer en nuestro siglo.9 Ya en los trabajos preparatorios de la Declaración Universal (especialmente en los trece meses que van de mayo de 1947 a junio de 1948), una vez establecido, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos verdaderos no volvió a ser cuestionado.10

Este reconocimiento trascendió los trabajos preparatorios oficiales de la Declaración, es decir, los debates y la redacción en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, posteriormente, en el Tercer Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas. En 1947, contribuyendo al trabajo por entonces desarrollado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, UNESCO emprendió un análisis de los principales problemas teóricos suscitados por la elaboración de la Declaración Universal. Se envió un cuestionario a algunos de los pensadores más influyentes en el mundo, con preguntas acerca de las relaciones entre los derechos de los individuos y los grupos en sociedades de diferentes tipos y en distintas circunstancias históricas, así como las relaciones entre la libertad individual y las responsabilidades sociales o colectivas.11

Algunas repuestas versaban sobre la interdependencia de todos los derechos humanos. Mientras Teilhard de Chardin insistía en la garantía de la libertad del individuo ante el poder de la colectividad, Edward Carr advertía de la necesidad de incluir los derechos económicos y sociales en la futura Declaración; Quincy Wright se explayaba sobre las relaciones -y las diferencias- entre los derechos individuales y sociales, mientras que Mahatma Gandhi destacaba las relaciones entre los derechos y las obligaciones.12 Cuando, dos decenios más tarde, la Proclamación de Teherán de 1968 avanzó la tesis de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, estaba rescatando la filosofía básica de la Declaración Universal con respecto a este tema, que durante años había sido socavada por la lucha ideológica de la guerra fría.

Sin embargo, hacia finales de los años 60, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos - como se les denomina actualmente - aún no habían sido instituidos. Éstos comenzaron a funcionar de forma regular en los años 70, adoptando la forma de sucesivos tratados sobre derechos humanos que entraron en vigor, y con la adopción de procedimientos adicionales basados en las resoluciones de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, no resultó sorprendente que 25 años después de Teherán, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptados por la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, junio de 1993), estuviese marcada por el reconocimiento de la necesidad de una mejor coordinación de los diversos instrumentos internacionales de protección creados en el curso de esos veinticinco años.13

La Declaración de Teherán correspondía a la fase legislativa, y la Declaración y el Programa de Acción de Viena a la fase de implementación de los numerosos instrumentos de defensa. Cada una es producto de, y aporta un testimonio a su propia época. Así como la primera contribuyó con su visión global de la indivisibilidad y el carácter interdependiente de todos los derechos humanos, la segunda está destinada a contribuir al mismo fin, si su aplicación se concentra en los medios para garantizar la indivisibilidad en la práctica, poniendo especial atención en las personas discriminadas o discapacitadas, en los grupos más vulnerables, en los pobres y en todos los sectores socialmente marginados o excluidos, es decir, los que tienen mayor necesidad de protección.14

La búsqueda de soluciones a los problemas que afectan, en mayor o menor medida, a todos los seres humanos, habría de emanar del "espíritu de nuestra época", debidamente invocado en el preámbulo de la Declaración de Viena de 1993. La Segunda Conferencia Mundial afirmó de forma inequívoca la legitimidad de la preocupación de la comunidad internacional por la promoción y protección de todos los derechos humanos en todas partes. En el camino que va de Teherán a Viena, esto significó sin duda un paso adelante, destinado a acelerar el largo proceso de construcción de una cultura universal de respeto de los derechos humanos.

II. El legado de la Declaración Universal y los obstáculos y desafíos a la implementación de los derechos humanos

Cinco años después de la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena, y a pesar de la reafirmación de la tesis de la indivisibilidad o interdependencia de todos los derechos humanos, aún persiste una disparidad entre los métodos de implementación internacional de los derechos civiles y políticos por un lado y, por otro, los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Tratado sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, aún carecen de un sistema internacional de peticiones o comunicaciones para abordar las violaciones de los derechos humanos, a pesar de ser ésta una de las recomendaciones de la Conferencia de Viena. Los respectivos borradores del Protocolo de estos dos tratados están prácticamente concluidos pero aún esperan una aprobación. Muchos derechos consagrados en aquellas dos convenciones están perfectamente justificados por el sistema de peticiones individuales, y hay una necesidad urgente de poner fin a la disparidad de procedimientos que distinguen entre diferentes "categorías" de derechos.

Resulta inadmisible que en algunas partes del mundo ciertos derechos estén aún desatendidos como sucedía en el pasado. Por ejemplo, la falta de atención de los derechos económicos, sociales y culturales es un triste reflejo de sociedades marcadas por flagrantes injusticias y diferencias sociales. Apenas puede existir un estado de derecho en políticas públicas que infligen la humillación del desempleo y la pobreza a sectores cada vez más amplios de la población, lo cual equivale a negar la totalidad de los derechos humanos en numerosos países. La actual situación mundial, donde más de mil millones de personas carecen de una vivienda adecuada, y al menos 600 millones de personas viven en condiciones precarias e infrahumanas, sin acceso a la atención médica ni a la educación, es totalmente insostenible, insoportable e inaceptable. Difícilmente tiene sentido seguir al pie de la letra el principio de no discriminación en el plano de los derechos civiles y políticos y, al mismo tiempo, tolerar la discriminación como si fuese "inevitable" en cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales. Para la comunidad internacional en nuestros días, la urgente necesidad de erradicar la extrema pobreza y la tragedia contemporánea de la marginación y la exclusión social tiene una alta prioridad, si no la más alta. Los Estados son responsables de respetar la totalidad de los derechos humanos. Resulta difícil disociar el ámbito económico del social, el político y el cultural. Ésta es la trascendente lección de la Declaración Universal de 1948. La promoción y defensa de los derechos humanos sólo se puede concebir y desarrollar a partir de una concepción integral de la totalidad de los derechos, teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Una percepción atomizada y fragmentada de los derechos humanos conduce inevitablemente a distorsiones, y posterga su realización a un futuro incierto e indefinido.

Desafortunadamente, cinco decenios después de la aprobación de la Declaración Universal de 1948, estas distorsiones aún existen en casi todo el mundo. Por un lado, muchos Estados en ciertas partes del mundo siguen minimizando y sistemáticamente violando los derechos civiles y políticos con el pretexto de seguir una política denominada de "realización progresiva" de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, numerosos Estados en otras partes del mundo, que han progresado en materia de derechos civiles y políticos, continúan practicando políticas que sistemáticamente violan los derechos económicos, sociales y culturales. No puede haber prueba más sólida que las propias distorsiones, de la urgente necesidad de remplazar estas perspectivas fragmentadas por una concepción necesariamente integral de todos los derechos humanos. Por un lado, con el pretexto de mantener y mejorar las condiciones socio-económicas de la población, varios países mantienen restricciones, carentes de toda garantía, sobre las libertades fundamentales. Por otro lado, el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población, que actualmente aflige a tantos países, a la larga podría constituir una amenaza para los avances alcanzados en años recientes en el campo de los derechos civiles y políticos. No se puede dudar acerca del enfoque que deberíamos adoptar, a saber, una concepción global e integral de todos los derechos humanos, como propugna la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Hace cinco años, la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que puso de relieve el proceso dinámico y en evolución de la codificación y desarrollo de los instrumentos para la defensa de los derechos humanos, solicitaron la denominada "ratificación universal" de al menos las seis "convenciones básicas" de Naciones Unidas sobre los derechos humanos (las dos convenciones de Derechos Humanos, las convenciones sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación -racial y contra las mujeres- la Convención contra la tortura, y la Convención de los Derechos del Niño).15 La idea básica que inspiraba a esta propuesta era que la ratificación de parte de todos los Estados ayudaría a asegurar que la universalidad de los derechos humanos protegidos vendría a prevalecer tanto a nivel conceptual como operativo.

De hecho, no se podría seguir profesando la universalidad a nivel conceptual mientras se continúe practicando la selectividad (tan criticada y protestada en los foros de Naciones Unidas) a nivel operativo. Sin embargo, con la excepción de la Convención sobre los Derechos del Niño,16 aún estamos lejos del objetivo de "ratificación universal" de los tratados de derechos humanos, como se esperaba en Viena. Además, algunas de aquellas convenciones están impregnadas de reservas, muchas de las cuales son, en nuestra opinión, manifiestamente incompatibles con sus objetivos. Hay, de hecho, una necesidad urgente de proceder a una amplia revisión del actual sistema de reservas formuladas a los tratados multilaterales expuestas en las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969 y 1986). Un sistema individualista y contractualista de este tipo conduce a una fragmentación (en las relaciones bilaterales) de las obligaciones convencionales de los Estados para con los tratados multilaterales; en nuestra opinión, y de forma concordante con nuestro pensamiento, esto es del todo incompatible con los tratados de derechos humanos, que encuentran su inspiración en intereses comunes superiores y se aplican según la noción de garantía colectiva.17

La universalidad de los derechos humanos tiene una implicación aún mayor que la ratificación requerida de todos los Estados de los principales tratados de derechos humanos. Su más reciente reafirmarción en un instrumento internacional global está de manifiesto en los comienzos de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, aprobada por la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos. El primer párrafo de la Declaración de Viena (parte operativa I) reafirma categóricamente que el carácter universal de los derechos humanos está mas allá de toda impugnación. Sucedió (como recordaremos quienes trabajamos en el Comité de Redacción de la Segunda Conferencia Mundial, en Viena) que este primer párrafo sólo fue adoptado por el Comité de Redacción por consenso, al final de la Conferencia (el 23 de junio 1993, a las 08:45 p.m.). Unos días antes, la disposición del párrafo 5 (de la misma parte operativa de la Declaración) ya había sido aprobada, afirmando (junto con la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y el tratamiento global que se les acordaría) el deber de todos los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y defender los derechos humanos, teniendo presente las particularidades nacionales y regionales de carácter histórico, cultural y religioso.

Quien escribe recuerda las aprehensiones (por el futuro del universalismo) que esta disposición no tardó en generar, y que se prolongaron hasta la noche del 23 de junio de 1993, cuando al fin se plasmó la categórica reafirmación (en el primer párrafo) sobre la universalidad de los derechos humanos, no sin la resistencia del Comité de Redacción, aunque finalmente superando los argumentos de las delegaciones que abogaban por el relativismo. Los debates de Viena sirvieron de lección a todos aquellos que creemos en la defensa internacional de los derechos humanos y que luchamos para potenciarla. En ciertos momentos de la conferencia, quien escribe no pudo evitar la impresión de que la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948 parecía ser un texto bastante avanzado para los debates de 1993... Ni siquiera los fundamentos de nuestro trabajo en este ámbito deberían darse por sentado tan sencillamente. La lucha por los derechos humanos es constante y sin fin, y los principios y normas de su corpus juris deberían transmitirse de generación en generación. Dado el nuevo auge del relativismo y el revisionismo, a cada generación corresponde redescubrir, replantear y desarrollar el universo conceptual de los derechos humanos.

Sólo en la clausura de la Conferencia de Viena se entendió que la universalidad de los derechos humanos se enriquece gracias a la diversidad cultural, que, a su vez, jamás se puede invocar para justificar la negación o violación de los derechos humanos. Después de muchos años de lucha constante, los principios del Derecho Internacional de Derechos humanos parecía haber penetrado en las bases de las sociedades nacionales. Sin embargo, la reafirmación de la universalidad de los derechos humanos, tal como se produjo en Viena, era más bien y más precisamente una salvaguarda para no volver atrás, aunque pareciera un avance.18 En cualquier caso, la Declaración de 1993 reafirmó, en el momento adecuado, y también a niveles operativos (párrafo 32), la importancia de asegurar la universalidad, la objetividad y la no selectividad en materia de derechos humanos.

Otro gran desafío en el campo de la defensa de los derechos humanos reside en la diversificación de las actuales fuentes de violaciones de los derechos humanos. A pesar de los avances de los últimos decenios, en diferentes partes del mundo aún persisten violaciones flagrantes y masivas. Además de las violaciones "tradicionales", especialmente de los derechos civiles y políticos (como libertad de credo, expresión e información, y sus consiguientes procesos jurídicos), hay otras graves discriminaciones (contra miembros de minorías y otros grupos vulnerables, con criterios étnicos, nacionales, religiosos y lingüísticos), así como violaciones de derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario. Las formas de las violaciones de los derechos humanos se han diversificado. Por ejemplo, bastaría recordar las violaciones perpetradas por organismos financieros y por quienes detentan el poder económico, y cuyas decisiones pueden condenar a miles de seres humanos a la pobreza más o menos extrema; o las violaciones perpetradas por grupos de exterminio encubiertos, sin que el Estado, aparentemente, tenga ninguna participación; o las violaciones perpetradas por quienes controlan los medios de comunicación; o las que son el resultado del resurgimiento del fundamentalismo, de ideologías religiosas y de diversas formas de intolerancia, lo cual se suma a las violaciones que generan la corrupción y la impunidad.

Existe una gran necesidad de idear nuevas formas de protección para los seres humanos que actualmente se enfrentan a la diversificación de las fuentes de violaciones de sus derechos. Prácticamente todos los mecanismos de protección existentes fueron concebidos como respuestas a las violaciones de los derechos humanos. Ahora necesitamos nuevas respuestas. El paradigma actual de protección (para el individuo frente al poder de las autoridades) corre el riesgo de volverse insuficiente y anacrónico, inadecuadamente preparado para enfrentarse a esas violaciones. Deberíamos concebir nuevas respuestas en el entendimiento de que el Estado será considerado responsable de las violaciones que no consigue impedir.

Por lo tanto, la actual preocupación de los organismos internacionales en relación a reiteradas violaciones de los derechos humanos por desarrollar medidas de prevención19 y de seguimiento,20 tiene su razón de ser. Estas medidas pretenderían establecer y consolidar un sistema de seguimiento permanente del respeto a los derechos humanos en todos los países, siguiendo criterios comunes. Dicho seguimiento constituiría, a la larga, la respuesta a nivel de los procedimientos, del reconocimiento, en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, de la legitimidad de la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos en todas partes y en cualquier momento. Esto constituye un importante desafío para el movimiento internacional de los derechos humanos en vísperas del siglo XXI.

Especial atención merece la situación de los derechos humanos durante los estados de emergencia. En los tratados de derechos humanos aprobados en años recientes, se han emprendido esfuerzos doctrinales considerables con el fin de aportar precisión a las cláusulas relativas a la restricción de ciertos derechos, con el fin de impedir abusos (como la prolongación indefinida y anormal de los llamados estados de excepción, o la suspensión indefinida o crónica del ejercicio de los derechos). Su fin es evitar una futura repetición de las violaciones de derechos humanos como resultado de una invocación indebida de las cláusulas de restricción de los derechos, como ha ocurrido en la historia reciente de algunos países.

Con estos esfuerzos se ha pretendido garantizar que, incluso en situaciones de una declaración de bona fide del estado de emergencia, el Estado no suspenda los derechos no sujetos a restricciones.21 Además, las medidas de emergencia deberían cumplir ciertos requisitos generales, a saber, el principio de notificación (de las restricciones), el principio de proporcionalidad a las exigencias de la situación, el principio de no discriminación, la compatibilidad de las medidas restrictivas con las obligaciones internacionales del Estado en cuestión, el peso de las pruebas que posee el Estado que decreta la restricción deben responder a una necesidad pública o social (un fin legítimo), y al principio de interpretación restringida de las restricciones y limitaciones (que deben estar contempladas en la legislación y ser compatibles con los objetivos de los tratados de derechos humanos).22

Incluso en casos de emergencia no incluidos en los instrumentos de derechos humanos o de derecho humanitario, todas las personas y grupos siguen amparados por los principios del derecho internacional común y los imperativos de humanidad y conciencia publica.23 Así, la defensa de los derechos de los seres humanos también está relacionada con los estados de excepción y las situaciones de emergencia,24 también sometidas a un Estado de derecho. Jamás pueden ser suspendidas las garantías jurídicas (como el habeas corpus), indispensables para la protección de los derechos no restringibles (como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura ni a esclavitud, el derecho de no ser incriminado por la aplicación retroactiva de sanciones) y para la preservación de la legalidad en una sociedad democrática.25

Hay una constante evolución hacia la restricción de las limitaciones y restricciones que se permiten en el ejercicio de defensa de los derechos, donde se formula con mayor precisión las condiciones necesarias para dichas restricciones, sosteniendo la intangibilidad de las garantías jurídicas en cualquier circunstancia. Esta evolución se ve reforzada por las convergencias entre el derecho internacional sobre Derechos humanos, el derecho humanitario internacional, y la Ley Internacional sobre Refugiados en los niveles normativo, interpretativo y operativo.26 Estas convergencias contribuyen a la protección del ser humano en cualquiera y todas las circunstancias.

Debido a la actual proliferación de violentos conflictos internos en diversas partes del mundo, ya no se puede simplemente invocar un vacío legal (vacatio legis), que conduciría inevitablemente a una falta total de protección de tantas víctimas inocentes. Se ha superado definitivamente la visión compartimentalizada de las tres grandes vertientes de la defensa internacional del los derechos de la persona humana - los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados. La doctrina y la práctica contemporáneas admiten la aplicación simultánea o concomitante de normas de protección de las tres vertientes para beneficio del ser humano. En los últimos años, los organismos internacionales de supervisión han aprendido a funcionar también en conflictos internos, en estados de sitio y en situaciones de emergencia en general. Nos hemos desplazado desde la compartimentalización a la convergencia, y es necesario seguir avanzando resueltamente en esta dirección.27

Hoy en día, el progreso realizado en la protección internacional de los derechos humanos depende en gran medida de las medidas nacionales de implementación. A pesar de la atención dedicada en los años recientes a las relaciones entre el orden legal internacional y nacional, perviven, curiosamente, ciertas incertidumbres, así como una falta de claridad conceptual acerca del alcance de las obligaciones convencionales en la defensa de los derechos humanos. La protección internacional requiere medidas nacionales para implementar los tratados de derechos humanos y para fortalecer las instituciones nacionales vinculadas al pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. Las jurisdicciones internacionales y nacionales se complementan mútuamente en la lucha constante contra las manifestaciones de poder arbitrario.

La aplicación de las normas internacionales de protección pretende mejorar las normas nacionales en lugar de cuestionarlas. Las legislaciones nacionales deberían garantizar una mejor protección hasta el punto de incorporar los criterios de protección que exigen los tratados de derechos humanos. Sin embargo, una comprensión clara de esta identidad fundamental de objetivos requiere un cambio de mentalidad. Por ejemplo, es lamentable que hayan surgido dificultades prácticas en el cumplimiento de los Estados con las obligaciones legislativas que derivan de los tratados de derechos humanos. Esto se ha debido, sobre todo, a una falta de claridad sobre el alcance de esas obligaciones, que desgraciadamente aún existe en muchos países. Sin embargo, los Estados deben cumplir con estas obligaciones. En virtud de un principio clásico y bien establecido del derecho de responsabilidad internacional de los Estados, ningún Estado puede invocar supuestas dificultades de orden doméstico para desentenderse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Este principio influye, y más aún en la Legislación Internacional sobre Derechos humanos, dado su carácter legal para la protección de las personas.

Al ratificar los tratados de derechos humanos, los Estados, además de sus obligaciones específicas relacionadas con cada uno de los derechos protegidos, también se proponen cumplir con la obligación general (que los compromete a todos por igual) de adoptar medidas positivas para adecuar su orden legal interno a las normas internacionales de protección. Es importante recordar que las disposiciones de los tratados de derechos humanos no sólo vinculan a los gobiernos, como se suele pensar. También son vinculantes para los propios Estados, con sus autoridades, organismos y funcionarios. De la misma manera, el tiempo ha venido a definir el alcance de las obligaciones legislativas y judiciales de los Estados para con los tratados de derechos humanos.

No se puede lograr que funcionen los mecanismos internacionales de defensa sin adoptar y mejorar las medidas nacionales de implementación. Se debería destacar la importancia de las medidas nacionales, sin perjuicio de que se conserven los criterios internacionales de protección. Necesitamos una comprensión más acabada de las obligaciones convencionales de protección, puesto que la responsabilidad internacional de un Estado podría verse comprometida por cualquier acto u omisión de cualquiera de sus organismos - ejecutivo, legislativo o judicial - en un acto de incumplimiento de los tratados de derechos humanos.

Los organismos internacionales de defensa deberían contemplar nuevas acciones para abordar nuevos tipos de violación de los derechos humanos. Por ejemplo, la impunidad, que debilita la confianza depositada en las instituciones públicas, es un problema que los órganos de supervisión internacionales aún no han logrado resolver. Una de las iniciativas positivas en este sentido consiste en la creación de Comisiones de la Verdad, de reciente implementación en algunos países, con una diversidad de tareas y resultados. Otra iniciativa positiva son los esfuerzos actuales de Naciones Unidas para establecer una jurisdicción penal internacional de carácter permanente. Los precedentes internacionales sobre las reparaciones otorgadas a las víctimas de las violaciones de derechos humanos aún se encuentran en estado embrionario y se espera un futuro desarrollo de su contenido. Actualmente, estas reparaciones comprenden cuatro elementos: (i) indemnización de las víctimas (a la luz del principio general de neminem laedere); (ii) el restitutio en integrum (restablecimiento de la situación anterior de la víctima, cuando es posible); (iii) rehabilitación; y (iv) una garantía de que no se repetirán los actos u omisiones que han violado los derechos humanos (derecho de prevención).

Hoy en día, la protección de los derechos humanos ocupa una posición central en los programas internacionales. A nivel global, la multiplicidad de instrumentos internacionales28 ha desplegado una unidad fundamental de concepción y de objetivos, a saber, la defensa de los derechos inherentes a todo ser humano y que, por lo tanto, están por encima de toda forma de organización política. Las iniciativas para proteger esos derechos no pueden agotarse en las iniciativas del Estado. La última Conferencia Mundial de Derechos Humanos concentró sus esfuerzos, por un lado, en fortalecer las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos (incorporando a la legislación nacional las normas internacionales de defensa) y, por otro, en movilizar a todos los sectores de Naciones Unidas en favor de la promoción de los derechos humanos. En esa Conferencia, celebrada en el periodo posterior a la guerra fría, resultó apropiado insistir en la necesidad de mancomunar el trabajo de los organismos de Naciones Unidas y de otros organismos inspirados en los tres objetivos básicos de Naciones Unidas, a saber, mantención de la paz y la seguridad internacional (principio que se ha sobredimensionado en los últimos decenios), desarrollo económico y social, y respeto de los derechos humanos. Desde la acción compartimentalizada del pasado, nos hemos desplazado hacia el cumplimiento conjunto de esos objetivos, y hacia la incorporación de la dimension de los derechos humanos a todos los programas y actividades de Naciones Unidas.

La complementareidad de los mecanismos globales y regionales para la defensa de los derechos humanos no debería pasar sin observaciones. Los sistemas regionales de defensa, que operan en el marco de universalidad de los derechos humanos, viven hoy en día distintos momentos históricos. El sistema interamericano de defensa de los derechos humanos es objeto de constante reflexión en círculos legales en el continente americano, donde existe la conciencia de la necesidad de mejorar la coordinación entre el Tribunal Interamericano y la Comisión de Derechos Humanos, y de fortalecer el conjunto del sistema. En el sistema africano de defensa, la atención se centra en el borrador de Protocolo de la Carta Africana de los Derechos de las personas y los pueblos, en el establecimiento de un Tribunal Africano de los Derechos de las personas y los pueblos.29 Cuatro años atrás, en septiembre de 1994, el Consejo de la Liga Árabe, a su vez, aprobó la Carta Árabe de Derechos humanos.30

Cuando el XI Protocolo de la Convención Europea de Derechos humanos entre en vigor el 1º de noviembre de 1998, el mecanismo de supervisión de la Convención se verá profundamente modificado, y el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos será su único órgano jurisdiccional, y con acceso directo para que los individuos depositen sus demandas.31 Los individuos tendrán finalmente accesso directo a un tribunal internacional (jus standi), como verdaderos protagonistas de la Ley Internacional de Derechos humanos, con plena capacidad jurídica.

La contraposición de los demandantes individuales, supuestas víctimas de violaciones de derechos humanos, a los Estados acusados, es la esencia de la defensa internacional de los derechos humanos. Afirmar la personalidad jurídica y la plena capacidad jurídica a nivel internacional, de las personas implicadas en casos de supuestas violaciones de sus derechos significa ser fiel a los orígenes históricos del propio derecho internacional (droit des gens). Seguramente, éste es uno de los más grandes logros de la defensa internacional de los derechos humanos, que resalta su jurisdiccionalización.

El presente siglo habrá dejado una trágica marca. En ningún otro siglo se ha realizado tanto progreso en la ciencia y la tecnología, ni se ha generado tanta destrucción y crueldad, manifestadas en una sucesión de genocidios y en violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. No tiene nada de sorprendente que la preocupación por la capacidad humana de causar sufrimiento innecesario y, a la larga, la autodestrucción, impregne al Derecho Internacional Humanitario y afecte, en diversas medidas, a la legislación internacional sobre Derechos Humanos y a la Ley Internacional de Refugiados. Nunca antes ha existido tal grado de prosperidad material, acompañada de tanta marginación, exclusión y extrema pobreza. Es necesario seguir defendiendo todos los derechos humanos contra los abusos de los poderes públicos o de cualquier otro tipo de poder y dominación.

En uno de los breves periodos de iluminismo vividos en este siglo, se redactó y posteriormente se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. A lo largo de estos últimos cinco decenios, ésta ha adquirido progresivamente una autoridad que sus redactores no pudieron preveer. Esto no sucedió debido a las personas que participaron en su elaboración, ni debido a la forma que se dio al documento, ni a las circunstancias en que se aprobó. Sucedió porque sucesivas generaciones de seres humanos, de distintas culturas de todo el mundo, reconocieron en la Declaración un "criterio común de logros", que correspondía a sus aspiraciones más legítimas y profundas. En la elocuente descripción de Egon Schwelb, la Declaración Universal ha sido usada "con el fin de cumplir una tarea más grande y de mayor alcance que aquella para la cual había sido originalmente ideada. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales, los tribunales y las legislaciones invistieron a la Declaración de una autoridad mayor y de creciente relevancia e importancia práctica, no como resultado de un proceso legislativo metódico, sino a través de una acción no planificada y azarosa. Lo que ha sucedido ha sido la consumación de una ley fundamental de la física: la naturaleza detesta los vacíos. La Declaración, al menos provisionalmente, llenó el vacío".32 Sólo diez años después de ser aprobada, este desarrollo hizo a René Cassin exclamar que "algo ha cambiado en el mundo después de la aprobación de la Declaración Universal".33

La Declaración Universal de 1948 conserva su vigencia a finales de este siglo, marcado por incertidumbres y por la amenaza emergente de nuevas formas de discriminación y nuevas formas de violaciones de los derechos humanos. Con una capacidad de visión extraordinaria, la Declaración Universal propugnaba el principio especialmente global de no discriminación (insuficientemente desarrollado en la doctrina y en la práctica hasta nuestros días) y exigía un cambio de mentalidad y una transformación de las sociedades con el fin de garantizar que todas las personas gocen efectivamente de derechos protegidos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que, para abordar las diversas amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos, éstos últimos se han consolidado firmemente desde entonces. Nunca antes se había avanzado tan sólidamente una visión integral de los derechos humanos, impregnando todos los aspectos de la actividad humana (civil, política, económica, social y cultural). Nunca antes se ha insistido tanto en los vínculos entre la protección de los seres humanos, la construcción de la paz y el desarrollo humano. Jamás se ha defendido con tanto vigor una defensa tan amplia, junto a la prevención, como soluciones perdurables a los problemas de derechos humanos.

Finalmente, aunque no menos importante, si orientamos nuestra mirada al pasado, y también al futuro, es innegable que a pesar de que ha habido progresos considerables en el medio siglo transcurrido desde la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948, sobre todo en el proceso de jurisdiccionalización de la protección internacional de los derechos humanos, queda un largo camino por recorrer, en la medida en que continúen produciéndose flagrantes, sistemáticas y nuevas formas de violaciones de los derechos humanos en diferentes regiones del mundo. La protección de los derechos humanos no debería admitir retrocesos. Exige urgentemente la consolidación en los niveles normativo y operativo, en conformidad con una concepción necesariamente integral de todos los derechos humanos, como ha propugnado hace cinco decenios la Declaración Universal de 1948.

Traducido del inglés

 

Notas

1. Para una evaluación reciente, cf. Humphrey, John P., "The Universal Declaration of Human Rights: Its History, Impact and Juridical Character", Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration (ed. Ramcharan, B.G.), La Haya, Nijhoff, 1979, pp. 21-37; Hannum, Hurst (relator), "Final Report on the Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law", International Law Association's Report of the LXVI Conference held at Buenos Aires, Argentina, 1994, pp. 525-551.

2. Boutros-Ghali, B., "Introduction", Les Nations Unies et les droits de l'homme 1945-1995, N.Y., UN, 1995, pp. 28 y 133, y cf. 3-133.

3. Cf. Naciones Unidas, Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos humanos (Teherán, Abril/mayo 1968), N.Y., ONU, 1968, doc. A/CONF.32/41, pp. 1-61.

4. Van Boven, T.C., "United Nations Policies and Strategies: Global Perspectives?", Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration (ed. Ramcharan, B.G.), La Haya, Nijhoff, 1979, pp. 88-91.

5. Cançado Trindade, A.A., "A Proteção Internacional dos Direitos humanos no Limiar do Novo Século", The Modern World of Human Rights - Essays in Honour of Th. Buergenthal (ed. Cançado Trindade, A.A.), San José de Costa Rica, IIDH, 1996, pp. pp. 62-63.

6. Eide, A., Alfredsson, G., "Introduction", The Universal Declaration of Human Rights - A Commentary (ed. Eide, A.), Oslo, Scandinavian University Press, 1992, pp. 5-6.

7. Cassin, R., "La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme", 79 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International (1951) pp. 279 and 183.

8. Cassin, R., La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, Paris, Académie des Sciences Morales et Politiques, 1958, pp. 7-8.

9. Humphrey, J., "The International Law of Human Rights in the Middle Twentieth Century", The Present State of International Law and Other Essays (Centenary Celebration of the International Law Association 1873-1973), Deventer, Kluwer, 1973, p. 101.

10. Cassin, R., "Quelques souvenirs sur la Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de droit contemporain (1968) pp. 5-8; y ver la detallada crónica histórica de Verdoodt, Albert, Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Lovaina/París, Éd. Nauwelaerts, [1963,] pp. 45-274; ver también la crónica de Humphrey, J., op. cit. supra n. (1), pp. 21-37; Humphrey, J., "The UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights", The International Protection of Human Rights (ed. Luard, Evan), Londres, Thames and Hudson, 1967, pp. 39-58.

11. [UNESCO,] Los Derechos del Hombre - Estudios y Comentarios en torno a la Nueva Declaración Universal Reunidos por la UNESCO, México/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949, apéndice I, pp. 227-232.

12. Ibid., pp. 97-98, 24-27, 129-136 y 23, respectivamente; la UNESCO posteriormente reunió sus conclusiones en un documento titulado "Bases para una Declaración Internacional de Derechos Humanos".

13. Sobre este tema, ver Cançado Trindade, A.A., "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International (1987) pp. 1-435.

14. Cançado Trindade, A.A., Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. I, Porto Alegre, S.A. Fabris Ed., 1997, pp. 185-193.

15. La idea de esta "ratificación universal" de algunos de los tratados de derechos humanos existentes fue, de hecho, lanzada por ambas Conferencias Mundiales de Derechos Humanos (Teherán, 1968, y Viena, 1993).

16. El plazo límite fijado para la "ratificación universal" fue1995, mientras que para los demás fue el año 2000.

17. Al parecer, hay sólidas razones para otorgar a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos la facultad de determinar la compatibilidad de las reservas con el objetivoo y las finalidades de los tratados de derechos humanos.Ver CANÇADO TRINDADE, A.A., "The Interpretation of the International Law of Human Rights by the Two Regional Human Rights Courts", Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence (Proceedings of the III Joint Conference ASIL/Asser Instituut, La Haya, julio de 1995), La Haya, Asser Instituut, 1996, pp. 157-162 and 166-167.

18. Para una crónica detallada de los trabajos de la Conferencia sobre Derechos Humanos, en Viena, 1993, ver Cançado Trindade, A.A., Tratado..., op. cit. supra n. (14), pp. 119-268.

19. Por ej., el Protocolo Adicional proyectado en la Convención de 1984 contra la tortura, estableciendo un mecanismo preventivo de visitas regulares en los lugares de detención, con el fin de erradicar rápida y definitivamente la práctica de la tortura (un mecanismo que recuerda el de la Convención Europea de 1987 para la Prevención de la tortura y del tratamiento o castigo inhumano o degradante).

20. Por ej. la iniciativa del Comité de Derechos Humanos de nombrar un relator para el seguimiento de estas opiniones bajo el Tratado de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y su primer Protocolo Facultativo.

21. Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 4; Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 15; Tratado Americano de Derechos Humanos, artículo 27.

22. Ver "Report of the Committee: Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Exception", in International Law Association - Report of the LXI Conference Held at Paris in 1984, I.L.A., 1985, pp. 56-96; cf. also "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights", En ONU, documento E/CN.4/1985/4, de 28.09.1984, pp. 1-12, y en 7 Human Rights Quarterly (1985) pp. 3-14.

23. Ver Abo Akademi University, Declaration of Minimum Humanitarian Standards, Institute for Human Rights/Abo Akademi Univ., 1991, pp. 2-12.

24. Ver, por ej. Ganshof Van Der Meersch, W.J., "Réflexions sur les restrictions à l'exercice des droits de l'homme dans la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg", in Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerightsbarkeit Menschenrechte - Festschrift für Hermann Mosler, Berlin/Heidelberg, Springer-Verlag, 1983, pp. 263-279; ERGEC, R., Les droits de l'homme à l'épreuve des circonstances exceptionnelles, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 104-295; GASSER, H.-P., "Un Mínimo de Humanidad en las Situaciones de Disturbios y Tensiones Interiores: Propuesta de un Código de Conducta", 85 Revista Internacional de la Cruz Roja (1988) pp. 38-60.

25. Con respecto a esto, las opiniones consultativas (ambas de 1987) del Tribunal Inter-Americano de Derechos Humanos, sobre la intangibilidad y la prevalencia del habeas corpus y de otras garantías jurídicas en estados o situaciones de emergencia.

26. Ver Comité Internacional de la Cruz Roja / Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Seminario Interamericano sobre la Protección de la Persona en Situaciones de Emergencia - Memoria (1995), Santa Cruz de la Sierra/Bolivia, CICR/IIDH, 1996, pp. 33-88.

27. Cançado Trindade, A. A., Peytrignet, G., y Ruiz De Santiago, J., As Três Vertentes da Proteção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana, San José/Brasília, IIDH/CICV/ACNUR, 1996, pp. 117-121.

28. Mecanismos de Proteção Internacional dos Direitos Humanos (Sistemas de Petições, de Relatórios e de Investigações)", Héctor Gros Espiell Amicorum Liber - Persona Humana y Derecho Internacional, vol. I, Bruselas, Bruylant, 1997, pp. 149- 197.

29. Ver texto en: "Government Legal Experts Meeting on the Question of the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights" (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, septiembre de 1995), 8 African Journal of International and Comparative Law (1996) pp. 493-500.

30. Ver texto en: 7 Revue universelle des droits de l'homme (1995) pp. 212-214; and cf. Al Midani, M.A., "Présentation de la Charte arabe des droits de l'homme", Direitos Humanos: A Promessa do Século XXI, Porto, ELSA, 1997, pp. 77-81.

31. Para un estudio en profundidad de este tema, ver Drzemczewski, Andrew, "A Major Overhaul of the European Human Rights Convention Control Mechanism: Protocol n. 11", 6 Collected Courses of the Academy of European Law (1997)-II, pp. 121-244.

32. Schwelb, Egon, Human Rights and the International Community - The Roots and Growth of the Universal Declaration of Human Rights, 1948-1963, Chicago, Quadrangle Books, 1964, p. 37.

33. Cassin, R., "La Déclaration Universelle...", op.cit. supra nota 8, p. 13.

 

Nota biográfica

Antônio A. Cançado Trindade (Ph.D., Cambridge) es Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Brasilia, Campus Asa Norte, 70.910 Brasilia, Brasil. Es miembro associé del Institut de Droit International, y autor de varios libros y numerosos artículos sobre derecho internacional público y derechos humanos, publicados en diversos países. El más reciente es una obra de dos volúmenes titulada Tratado sobre el derecho internacional de los derechos humanos (en portugués, 1997).