Movimientos de pueblos indígenas y afrodescendientes en América latina: retos desde lo local y lo mundial   

 

Por Amanda Romero Medina   

  

Ponencia presentada en el Encuentro PCS Movimientos Sociales,  iniciativas de resistencia y desarrollo desde la perspectiva  étnico-territorial y de género: Una mirada de lo global a lo local  

 

 

Introducción  

 

La construcción social de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina para alcanzar su identidad cultural y sus derechos revela una larga historia de luchas por su reconocimiento como pueblos diferenciados del conjunto de la población de la región.  

 

Con procesos disímiles, que corresponden a las contingencias del modo en que se construyeron los estados nacionales latinoamericanos, los pueblos étnicos han pasado por períodos sucesivos de persecución, opresión, cooptación o marginalización de la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

 

Tanto los pueblos indígenas como los africanos esclavizados que fueron víctimas del tráfico de personas, protagonizaron en los siglos XVIII y XIX importantes levantamientos de reivindicación de sus derechos, en contra de la barbarie que significó la colonización europea en todo el continente.

 

Muchas de esas luchas, en apariencia aisladas, aglutinaron a núcleos importantes de pueblos étnicos en un esfuerzo por reclamar su autonomía de los países coloniales, con experiencias destacadas como la de valerosos dirigentes como Benkos Biohó en cercanías a Cartagena, en el caso de Colombia.

 

Dichos esfuerzos fueron factores decisivos para que su visibilidad avanzara en la medida en que existían coincidencias entre los intereses de hijos de europeos nacidos en América y las de los pueblos indígenas y afrodescendientes, llevados casi al exterminio por la política de asimilación, dominación y sometimiento.

 

Así, los grandes movimientos indígenas y de negros cimarrones se unieron a los ejércitos libertadores de Bolívar o San Martín, con la promesa de que las vidas entregadas en batallas contra la colonización española les darían por fin un lugar en pie de igualdad al resto de la población latinoamericana.

 

Pero la realidad fue demostrando unos resultados distintos y las promesas no fueron cumplidas. De allí que la estratificación social impuesta por los modelos de Estado nacional constituidos tras múltiples guerras civiles dejaron planteadas las raíces del racismo y la discriminación racial, que son el origen de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestros países.

La pobreza y la marginación que durante los últimos doscientos años han soportado los pueblos étnicos no son el producto de determinismos geográficos, religiosos o basados en el fenotipo: son obra del modelo capitalista desarrollado en América Latina que postergó a estos pueblos a unas condiciones de vida miserables y difundió estereotipos sobre ellos a fin de garantizar la hegemonía de sectores raciales blancos o mestizos, que muy a menudo se pretenden blancos para mantenerse en el usufructo del poder económico, político y social.  

 

 

Arrinconados a los lugares más inaccesibles geográficamente, los pueblos indígenas y afrodescendientes dieron muestras de una valerosa resistencia expresada en el mantenimiento de su lengua, su religión, sus costumbres y su cultura, mientras sostenían relaciones con la llamada sociedad mayoritaria, que los despreciaba y consideraba "atrasados".

 

 

Ejemplo de ello son los Garífunas centroamericanos, los palenqueros hablantes de una variedad de bantú en la zona norte de Bolívar, en Colombia, o los pueblos indígenas de cientos de grupos étnicos y familias lingüísticas variadas, que han sobrevivido tres, cinco siglos gracias a su capacidad de adaptación al medio basada en el respeto por la naturaleza y formas de vida sencillas y por ende, profundamente humanas.  

 

 

En la actualidad en nuestra región existen países donde los pueblos étnicos son mayoría, pero se continúan prácticas que desconocen su propia existencia, a través de la inexistencia de políticas públicas que defiendan sus derechos y de estereotipos que han conducido a la pérdida de autoestima de sus miembros, al punto de renegar de su auto designación como indígenas, como sucede en el caso peruano con los pueblos andinos, que prefieren llamarse a sí mismos "campesinos"; o de reconocerse como negros, porque el argumento del mestizaje es el único valido para la cohesión del conjunto de la población como en Brasil o algunos países del Caribe; o bien cuando por obra de leyes absurdas, como en el caso de Bolivia, las autoridades estatales responsables de los censos de población denominan "indios" en la cédula de identidad a los afrodescendientes, que siendo una minoría dentro del conjunto nacional, mantuvieron como los demás descendientes africanos en Latinoamérica, su identidad cultural.

 

 

 Las presiones externas relativas a modelos de desarrollo capitalistas, en especial aquéllos de carácter extractivo y depredador, junto con la falta de un reconocimiento del papel de estas comunidades de pueblos étnicos en lo local y lo regional, han dado lugar a la presencia de conflictos en el seno de estas comunidades o de disputas interétnicas, muy frecuentemente influenciados por prácticas políticas autoritarias, patriarcales o de corte político tradicional, que deja de lado las relaciones de reciprocidad y lealtad aprendidas en la familia extensa y la comunidad local, y cede a intereses partidarios ligados al poder económico y político dominante a nivel nacional.

 

Los derechos indígenas: un camino de lo local a lo mundial  Mientras que los pueblos indígenas emprenden, en este marco, una lucha con procesos nacionales diversos, se destaca la forma en que sus protagonistas trazan un camino de defensa de la territorialidad, la lengua, la cultura y la identidad, que en los últimos treinta años obtiene su punto más importante en la reivindicación por la autonomía según los usos y costumbres de estos pueblos en las legislaciones nacionales y posteriormente, en el plano internacional.

 

 

 Las luchas indígenas latinoamericanas están llenas de ejemplos de entrega de la vida de valiosos dirigentes, hombres y mujeres, que utilizando una estrategia de interlocución con actores diversos, plantea consideraciones de orden ético y político por la forma en que se entiende el desarrollo y la preservación de su modo de vida.  

 

 

 Es a comienzos de la década de 1990 cuando los pueblos indígenas, a través de múltiples coaliciones, alianzas y deliberaciones que incluyen importantes estudios de órganos de las Naciones Unidas, registran como un logro la promulgación por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento único que proporciona un marco de reflexión y acción para los Estados del mundo en el respeto por los derechos diferenciados para este segmento poblacional en el mundo.  

 

 

Las luchas sociales de más de dos décadas en América Latina también empiezan a reflejar transformaciones y reformas legales, que en cabeza de la promulgación de nuevas constituciones nacionales, incorpora un conjunto de derechos para los pueblos indígenas que eran inéditos para la región.

 

 

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 sería pionera en la discusión sobre la definición del país como multicultural y plurilingüe.  En el plano regional, los pueblos indígenas se organizan desde lo local para participar en debates en el seno de la Organización de Estados Americanos y plantear un proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que busque ser modelo para la estancada discusión de un instrumento similar en el espacio de la ONU.

 

 

Pero quizás uno de los logros más destacados de esta lucha en el escenario mundial por el reconocimiento de derechos se ha dado con la creación del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU y más recientemente, con el nombramiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de un Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que recayó en el mexicano Rodolfo Stavenhaguen.

 

 

Al lado de estos espacios institucionales que han sido creados por la persistente acción propositiva de los pueblos indígenas, es necesario destacar que los avances en lo internacional tienen un correlato directo en las luchas nacionales, que –con sólidas raíces en lo local-, han ido configurando un modo de hacer política desde lo indígena: movilizaciones por la demanda de actuaciones de funcionarios públicos, en procura de la satisfacción de derechos a la vida, a soberanía alimentaria, al acceso a servicios de agua, de transporte, de electricidad, entre otros, son parte de inventario de experiencias latinoamericanas.

 

También, los pueblos indígenas se han movilizado ante los políticos y los gobernantes por la omisión en el cumplimiento de obligaciones contraídas con éstos según las normas internacionales, por ejemplo, frente a la pretensión de empresas nacionales o multinacionales por patentar obtentores vegetales para su comercialización, en especial referidos a la industria farmacéutica.

 

 

En estos procesos de movilización social, los pueblos indígenas han sido protagonistas directos en su crítica a modelos autoritarios de ejercicio del poder y al impacto de la violencia en contra de comunidades enteras que fueron arrasadas por dictaduras militares o gobiernos represivos y corruptos.

 

Los casos más destacados en el pasado reciente son los de Guatemala, México y Ecuador.  En Guatemala, la experiencia de las CPR, Comunidades de Población en Resistencia, tanto en la sierra como en la selva, que durante diez años lograron permanecer   ocultos, para huir del conflicto armado, contiene enseñanzas imprescindibles para el análisis de otras experiencias de resistencia pacífica a la guerra.

 

 La existencia de la resistencia indígena relacionada con los procesos en Chiapas, Guerrero y otros lugares de México refleja un acumulado de experiencias en las que se combina el uso de los medios de comunicación, la construcción de procesos desde la base para la defensa de los derechos propios y la búsqueda de relaciones entre la comunidad internacional y las situaciones locales, para prácticas de solidaridad que cuestionan las raíces de la injusticia, ubicándolas en la necesidad de transformar la globalización neoliberal y proponer formas de relacionamiento fundadas en la autonomía y el derecho a la libre determinación.  

 

 

En Ecuador, la relación estrecha entre las expresiones partidarias del movimiento indígena organizado y otros sectores sociales, logró hace tres años la salida de gobernantes corruptos del Estado. Los desarrollos posteriores, con sus altibajos, señalan, sin embargo, que las alianzas estratégicas plantean retos actuales respecto del mantenimiento de una agenda propia que no olvide las demandas de las bases y que pueda, al propio tiempo, mantener el protagonismo indígena en esferas decisivas para el futuro de esta hermana nación.

 

 

 Al lado de estas experiencias, cuya validez y vigencia siguen estando a la orden del día, las organizaciones de pueblos indígenas mantienen un activismo sostenido alrededor de temas cruciales para su desarrollo: la Red de Mujeres Indígenas de América Latina, los encuentros de pueblos indígenas de la región Andina o la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, son apenas ejemplos de este rico movimiento social que gira alrededor de agendas como las reformas constitucionales regresivas que se viven actualmente, la amenaza sobre la biodiversidad de proyectos de desarrollo a gran escala en territorios indígenas, la persistencia de la violencia y los ataques a las dirigencias en los países de la región, entre otros.

 

 

 Mientras que el recorrido del movimiento indígena en casos como el colombiano cuenta con una existencia de más de tres décadas, el de los pueblos Afrodescendientes se desarrolla de manera vertiginosa desde finales de los años ochenta.

 

 

En su surgimiento convergen una serie de factores que lo favorecen: de un lado, el acercamiento de algunos dirigentes de movimientos afro a programas medioambientales y de desarrollo, que ayudan a canalizar aspiraciones históricas como el reconocimiento de los aportes de los pueblos Afrodescendientes a la preservación del medio ambiente y la formulación de propuestas de un desarrollo que tenga en consideración los aspectos culturales de esas comunidades; de otro lado, la militancia de muchos dirigentes en partidos y agrupaciones políticas de oposición a los partidos tradicionales de caciques latinoamericanos, empujados por la desilusión producida por el incumplimiento de promesas de mejoramiento de la calidad de vida de los Afrodescendientes, de inclusión en pie de igualdad y de combate a la discriminación racial.

 

 

De igual manera, se reconoce el papel de la iglesia católica en la creación de grupos de trabajo juveniles y de personas adultas dentro de las comunidades Afrodescendientes, que en el contexto de la experiencia latinoamericana de las comunidades eclesiales de base, permiten un conjunto de escenarios propicios para una reflexión desde el derecho a la igualdad de oportunidades, la lucha contra la injusticia social y la explicación sobre las causas profundas de la pobreza y la marginalidad.  

 

 

Las metodologías patriarcales, sin embargo, tienen un impacto directo en varios de los movimientos Afrodescendientes latinoamericanos, en la medida en que a menudo se construyen liderazgos que no logran articularse a las necesidades básicas de las comunidades, y antes por el contrario, se ubican dentro de una competencia de personalidades afro que compiten por los fondos, el prestigio ante sus iguales y el acceso a los círculos de poder económico, social, religioso y político.

 

 

 En ese sentido, los desarrollos del liderazgo ocurren de manera descoordinada e inclusive contrapuesta, con planteamientos que recorren el camino de experiencias en otras regiones del mundo, o que surgen de una forma intuitiva desde caudillos que prometen sacar a sus hermanos de la miseria y el atraso.

 

 

 Los ejemplos de la resistencia pacífica de movimientos como el de Martín Luther King en los Estados Unidos han tenido con frecuencia un menor impacto que, la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica liderados por Nelson Mandela, o las alternativas violentas de grupos norteamericanos.

 

 

Pese a que existe un acervo importante de experiencias de autogestión, promoción y defensa de los derechos de pueblos Afrodescendientes en la región latinoamericana, la relación entre las y los líderes que acceden a una formación superior con sus comunidades es precaria, jerárquica y pocas veces logra hacer una transferencia de conocimientos o un diálogo de saberes comprometido con un cambio en las relaciones sociales, económicas y culturales.  

 

 

Sin embargo, a raíz de iniciativas de agencias de financiamiento internacional, en particular de la banca multilateral, se identifican algunas de estas experiencias en la región y se propician encuentros de reflexión sobre políticas de desarrollo que convocan, de alguna manera, a activistas con una trayectoria crítica, puesto que provienen de un trabajo de lucha por el reconocimiento de sus derechos en el ámbito nacional e internacional, aunque debe decirse, no contaban con un espacio y una visibilidad que les permitiera tener voz y voto en los asuntos de políticas públicas que les beneficiaran.

 

 

En el caso colombiano, por ejemplo, la inclusión del tema Afrodescendiente y sus derechos en la Constitución Nacional se logra solamente en la fase final de su redacción, tras el proceso de la Asamblea Constituyente. La relación con los representantes indígenas hace que se coloque el artículo transitorio 55, que daría lugar posteriormente a la Ley 70, lo que refleja, a finales de los años ochenta, que los obstáculos para la inclusión de los derechos de las y los Afrodescendientes iba a requerir de una labor sostenida, no solamente para sensibilizar a la opinión nacional, sino para que las determinaciones en materia de políticas tuvieran un sustento en los presupuestos gubernamentales y sobre todo, la voluntad política de llevar a la práctica los derechos consagrados.

 

 

Los pasos dados por organizaciones de Afrodescendientes que se convocaron en encuentros temáticos fueron dando sus frutos en el surgimiento y fortalecimiento de diversas organizaciones de base, ONG y proyectos adscritos a instituciones religiosas, académicas, ambientales o gubernamentales, que sentaron las bases de un nuevo activismo, que dejaba atrás, en cierto modo, una concepción del trabajo relacionado exclusivamente en lo cultural o deportivo, superando estereotipos y luchando contra prácticas endorracistas1, que perdían de vista una perspectiva más   política, en cuyo seno pudieran prosperar de manera integral los elementos culturales, los de género, los socioeconómicos y los de un proyecto político propio.

 

 

Varios de estos dirigentes latinoamericanos, hombres y mujeres, que dirigen estas organizaciones de base, o no gubernamentales, dieron lugar durante la década pasada, a movimientos y redes que comenzaron a articular un discurso y una práctica volcada a lo étnico-político.

 

 

Algunos, con la realización de proyectos de capacitación y educación en las comunidades, con intercambios internacionales, con países del norte y aún con experiencias con organizaciones africanas, pero sobre todo, con acciones centradas en el uso de los instrumentos de derechos humanos, presentaron sus casos ante instancias de la OEA y la ONU, con resultados muy positivos para su causa. Otros, llevaron sus reflexiones y demandas en espacios internacionales, como las diversas Cumbres Mundiales organizadas por las Naciones Unidas: Río de Janeiro, Beijing, Copenhague y Viena, fueron, entre otros, los escenarios de este surgimiento de una postura específicamente relacionada con los derechos de estas poblaciones.

 

 

La Red de Organizaciones Negras Centroamericanas, ONECA; las Organizaciones Mundo Afro, OMA, en el Cono Sur; la Red de Mujeres Afrocaribeñas, la Red "Afroamérica XXI" y la "Alianza Continental de los pueblos Afrodescendientes" conformada a finales de los noventa, son hoy en día una muestra del desarrollo del trabajo más coordinado y estructurado sobre ejes nacionales y regionales.

 

 

El camino hacia Durban: las demandas históricas de las Minorías Étnicas  Si bien las organizaciones de pueblos indígenas y Afrodescendientes de América Latina se resisten políticamente a ser tratados como minorías étnicas, el uso de este término se refiere a los parámetros de protección y defensa propuestos a lo largo de la historia de los instrumentos de las organizaciones inter-gubernamentales de derechos humanos.

 

 

Con las excepciones notorias de Brasil, en donde más del 50% de la población es Afrodescendiente, o de otros países latinoamericanos donde la mayoría de la población es o bien indígena o Afrodescendiente, en la región andina estos pueblos constituyen una minoría respecto del resto de la población.

 

 

Para ellos, el marco de protección como poblaciones vulnerables, afectadas por la sistemática violación de sus derechos y puestas en un alto riesgo de desaparición, se convierte en un factor de urgencia, puesto que están dentro de los grupos con mayor pobreza de la región, acosados por la pérdida de sus medios de vida y por la violencia generalizada, en especial la relacionada con el conflicto armado interno.  

 

 

Con el propósito de analizar estas situaciones y buscar un espacio de construcción colectiva desde los derechos, las más importantes redes de los pueblos Afrodescendientes de la región andina comenzaron en Septiembre de 1999 un proceso de preparación hacia la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia, CMDR, que la Organización de Naciones Unidas anunciara para el año 2001.

 

 

Este proceso incluyó la realización de diversos eventos de capacitación y formulación de propuestas. En la región Andina, se produjo, por ejemplo, una Declaración Conjunta de organizaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, que establecieron las pautas sobre lo que serían sus demandas ante la Primera Reunión Preparatoria de la Conferencia, realizada en Ginebra.

 

 

 Posteriormente, en el proceso de diálogo entre la ONU y la sociedad civil, se conformaron equipos regionales que prepararían reuniones paralelas a las oficiales con el fin de recoger las necesidades, preocupaciones y propuestas de las organizaciones de pueblos étnicos.  Es así como tras un proceso concertado, se llegó a la realización de la Conferencia Regional en Santiago de Chile, en Diciembre del 2000.

 

 

Allí, se produjo un debate que sería un hito en la discusión política sobre los derechos de indígenas, Afrodescendientes y gitanos:  Se introdujo el término Afrodescendiente, para colocar un lenguaje común que identificara a las personas de ascendencia africana nacidas en este continente, a fin de aclarar que más allá del fenotipo, el color de la piel o las características físicas, se trata de rescatar la cultura y las raíces comunes de estos grupos de población, que además, requerían diferenciarse del término "afroamericano", distintivo de las personas de ascendencia africana nacidas en los Estados Unidos.  

 

 

Se aprobó por los delegados y delegadas de los Estados del continente americano, que las y los Afrodescendientes son pueblos, al igual que los indígenas, y que las discusiones sostenidas alrededor de la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas hacía dicho reconocimiento, sin desmedro de los debates sobre la manera en que el reconocimiento de la libre determinación de estos pueblos afecta conceptos como la soberanía nacional o la integridad territorial de los estados de la región.  Se incluyeron temas de preocupación regional referidos a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, en relación con temas conexos como la discriminación basada en el género, la discapacidad física o mental, la orientación sexual y las situaciones derivadas de conflictos económicos o la violencia, relativas a la existencia en la región de poblaciones desplazadas internas y refugiadas, en particular en la sub-región Andina.

 

 

El Foro paralelo de la sociedad civil dejó al descubierto que las divisiones y tensiones entre los distintos grupos y redes seguían siendo un motivo de separación de esfuerzos, en especial por la confusión que se generó respecto de la interpretación del título de la Conferencia alusivo a "formas conexas de intolerancia".

 

 

Tanto el Foro Andino como el Foro Continental adoptaron el nombre de "Foro por la Diversidad y la Pluralidad", que llevó a que el protagonismo central se asumiera desde organizaciones no gubernamentales que trabajan por el derecho al respeto a la orientación sexual, las discapacidades y otras formas de discriminación, dejando quizás de lado el eje principal del debate, relativo a la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, en especial los problemas que enfrentan las comunidades de pueblos indígenas, gitanos y Afrodescendientes.

 

 

Sin embargo, la propia dinámica de las discusiones y la naturaleza del trabajo hacia la CMDR ayudaron a decantar las prioridades para muchas de las organizaciones presentes, que se dieron cita posteriormente en Montevideo, a fin de precisar una agenda común entre organizaciones no gubernamentales, de pueblos indígenas y   Afrodescendientes, que darían lugar a la "Alianza Estratégica" cuyo papel en Durban, fue destacado.

 

 

Los aportes de agencias internacionales de cooperación al desarrollo y la existencia de grupos de la sociedad civil organizados, permitieron que la participación latinoamericana en la CMDR fuera importante, si bien reflejó lo que serían las conclusiones posteriores, de desventaja para el tratamiento y consideración del tema de los pueblos indígenas.

 

 

 

 

La experiencia de Santiago fue una pauta fundamental para la contribución de la Alianza Estratégica en Durban, si bien la presencia de delegados y delegadas latinoamericanos no logró tener una voz coordinada, concertada y propositva, en parte por el desorden y la imprevisión que lamentablemente se vivió en el Foro de la Sociedad Civil y el Foro de Jóvenes contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia que tuvieron lugar en Durban previos a la Conferencia Mundial propiamente dicha.

 

 

Pese a que muchos delegados y delegadas latinoamericanos brillaron por su ausencia en las discusiones de fondo de Durban, bien porque algunos de ellos se volcaron a actividades paralelas organizadas por diversos actores, como el proyecto "Voces" patrocinado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la ONG "Minority Rights", o bien porque no se comprendió la importancia del tema, las redes participantes pudieron incluir algunos de los temas de Santiago en los grupos de trabajo que produjeron la Declaración y Plan de Acción de Durban, respectivamente.

 

 

Estos dos instrumentos, difundidos escasamente en Latinoamérica, pese a los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y algunas ONG y redes regionales, tienen la ventaja de ser documentos actuales que reúnen las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, convoca a acciones concretas en los campos de la educación, la salud, la vivienda y otros derechos económicos, sociales y culturales, y da un marco para hacer realidad la lucha contra el racismo y la discriminación racial tal y como lo plantea la Convención del mismo nombre de 1965, señalando acciones específicas relacionadas a los derechos de las mujeres, los niños, las niñas y las personas jóvenes.

 

 

Los estados Europeos Occidentales e Israel fueron los sectores que más oposición hicieron en Durban a los planteamientos de los países del Sur y la sociedad civil, porque ven como una amenaza las recomendaciones relativas a la indemnización a las víctimas de racismo y discriminación racial, algo que en Durban estuvo liderado por varias naciones africanas, que buscarían de ese modo, atraer inversiones para sus países, acosados por el hambre, la pobreza, las guerras civiles y las enfermedades como el VIH-SIDA o la malaria, resultantes en gran parte del colonialismo y la esclavización de su población para la trata trasatlántica.

 

En este último punto, la posición de los grupos y redes latinoamericanos ha sido la de demandar indemnizaciones por los daños causados por la industria esclavista, a través de la exigencia del cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás obligaciones de los gobiernos, algo que los Estados de la región acogieron parcialmente.

 

 

El texto final solamente dejó establecidas las indemnizaciones por actos de racismo hacia el futuro, no sobre hechos ocurridos en el pasado.   En evaluaciones posteriores a la Conferencia, las organizaciones y redes de los pueblos étnicos han reflexionado sobre la necesidad de continuar haciendo esfuerzos con los Ministerios de Relaciones Exteriores y en general con los gobiernos de sus países, puesto que en la mayoría de ellos no existe voluntad política para incluir acciones concretas que posibiliten la implementación del Plan de Acción.

 

 

Los Planes de Desarrollo, por ejemplo, de los gobiernos latinoamericanos no tienen en cuenta este instrumento en la práctica, ni se han dado los pasos necesarios para establecer mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los Estados a fin de cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de los Pactos y convenios internacionales que de modo acertado recogen las conclusiones de Durban.

 

 

Quizás uno de los avances en el plano internacional que se desprende de la Conferencia Mundial es el establecimiento por las Naciones Unidas de un Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales sobre los Derechos de las personas Afrodescendientes.

 

 

Lamentablemente, luego de dos sesiones sigue estando ausente la voluntad política de los países europeos occidentales, que no han nombrado su representante para el Grupo de Trabajo.  Con miras a brindar herramientas de debate y darle contenido al Grupo de Trabajo, se celebró en mayo del 2003 un Taller Latinoamericano y del Caribe sobre Políticas de Acción Afirmativa para los Afrodescendientes, auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

 

 

En un diálogo inédito, en donde las organizaciones, redes y grupos de Afrodescendientes tuvieron voz y pudieron incluir sus preocupaciones en las recomendaciones, la ONU ha formulado recomendaciones concretas en las esferas de la salud, la educación, la vivienda, las políticas públicas y la participación de estos pueblos, que bien vale la pena revisar para el trabajo mancomunado con pueblos indígenas y otros pueblos étnicos.

 

 

En el contexto de este taller se produjeron importantes acercamientos entre grupos y redes que anteriormente han estado separadas, de repente empujadas por la necesidad de tener mejor y más oportuno acceso a recursos de la cooperación internacional bilateral, multilateral y privada.

 

 

Es así como se suscribió un Acta de entendimiento entre la Red de "Alianza Continental de Pueblos Afrodescendientes" y "Afroamérica XXI", que a instancias de las Organizaciones Mundo Afro, apuntarían a superar escollos en el trabajo internacional.  Los retos desde lo local y lo mundial para las organizaciones de pueblos étnicos.  Las comunidades latinoamericanas de pueblos étnicos han hecho una contribución definitiva a la identidad nacional y regional, pero sus demandas siguen sin cumplirse y su situación de dispersión se presenta como un obstáculo para su impacto en las acciones desde otros sectores de la sociedad civil regional.

 

 

De allí que los retos actuales y futuros para la inclusión de sus agendas en las de carácter nacional, regional latinoamericano y mundial (global), tendrían que tomar en consideración los siguientes aspectos: La construcción de sujetos de derecho activos, incluyentes y autónomos.  La sistematización de las experiencias locales desde un discurso étnico propio con un enfoque de género y derechos humanos.

 

 

La movilización social hacia el cumplimiento de demandas por parte de los estados nacionales de la región.  La participación democrática en espacios con otros pueblos étnicos regionales, en torno a agendas y problemas comunes.  La utilización de los espacios e instrumentos internacionales de derechos humanos dentro de planes estratégicos.

 

 

El intercambio de experiencias con otros pueblos y países que aporten al fortalecimiento de la identidad propia y el aprendizaje común sobre temas que les afectan.  La construcción de sujetos de derecho activos, incluyentes y autónomos  Los procesos de transformación social y de movilización colectiva alrededor de metas alcanzables se producen en América Latina por la combinación de factores internos en el desarrollo de los grupos y organizaciones, pero también en relación con los imperativos que plantea la coyuntura externa.

 

 

Experiencias como la brasilera o la ecuatoriana en el momento actual indican que un trabajo de base fundado en procesos de capacitación, educación, investigación y construcción de capacidades propias es la condición necesaria para poder avanzar en la participación política desde una perspectiva de los sectores populares y de pueblos étnicos.

 

 

Sin embargo, para alcanzar este tipo de presencia nacional, se hace preciso profundizar en procesos de construcción colectiva de sujetos que por sí mismos ubiquen en sus prioridades políticas, su mandato o misión y su visión estratégica los principios de la lucha contra todas las formas de discriminación, la toma democrática de decisiones, la transparencia en el manejo de los fondos y las relaciones y la rendición de cuentas respecto de la acción social que se han comprometido a llevar adelante, en función de diagnósticos participativos que cuentan con la identificación de las necesidades personales, grupales y societales.  

 

 

Cuando se habla de la lucha contra todas las formas de discriminación, el reto fundamental para las comunidades étnicas latinoamericanas debe tomar en consideración los avances y la presencia de las mujeres, niñas y jóvenes en los procesos sociales, su contribución en el sostenimiento y reproducción de la cultura y los obstáculos que impiden que ellas sean protagonistas de su propio destino.

 

 

Con el respeto por las tradiciones y costumbres culturales en diversas comunidades indígenas y Afrodescendientes, se plantea el reto de analizar formas de abordar el aporte femenino en las condiciones actuales del mercado y las políticas económicas neoliberales, que cada vez más empujan a las mujeres en la búsqueda de soluciones prácticas para sobrevivir con sus familias y enfrentar conjuntamente con sus hombres la pobreza.

 

 

A la constatación del cada vez más alto porcentaje de mujeres gitanas, indígenas y Afrodescendientes que están involucradas en actividades productivas, se debe agregar la necesidad de que los procesos de toma de decisiones sobre sus vidas en el seno de sus comunidades guarden relación con el respeto por ellas como sujetos de derechos.

 

 

De igual forma, nuestra experiencia pedagógica nos indica que es necesario emprender procesos de educación y capacitación con las organizaciones étnicas, a fin de superar posturas endorracistas, trabajar por elevar la autoestima y ligar estos procesos con las agendas políticas en lo local, lo provincial o estatal y lo   nacional.

 

 

En esta tarea, la valoración por los aportes culturales de los distintos segmentos poblacionales deberán considerar asimismo las miradas diferentes de las generaciones mayores o de las jóvenes, para que las presiones del consumo materialista no acaben por destruir los principios de reciprocidad, solidaridad y lealtad que permiten la pervivencia de los pueblos.

 

 

El fortalecimiento de la familia nuclear, la familia extensa y la comunidad como eje del desarrollo de los individuos pertenecientes a los pueblos étnicos implica la revisión de situaciones delicadas como el uso de la violencia en el seno del hogar, la influencia de los medios de comunicación y el papel de la escuela en la construcción de referentes que garanticen el uso sano del tiempo libre y de relaciones armónicas, basadas en el reconocimiento de las diferencias, las aptitudes y las capacidades de cada persona en la comunidad.

 

 

Allí tienen prelación las actividades tendientes a apoyar a niños, niñas y jóvenes en la perspectiva de su participación social en un marco de lucha contra la violencia, que incluye de manera especial para nuestra región, el establecimiento de programas encaminados a acabar contra todas las formas de militarismo y prácticas patriarcales y autoritarias que no permiten el disfrute de los derechos humanos.

 

 

La sistematización de experiencias locales desde un discurso étnico propio, con un enfoque de género y derechos humanos  A pesar de que existen variadas y múltiples experiencias latinoamericanas de desarrollo humano, social, económico y político, que demuestran su respeto por el medio ambiente y por formas asociativas y solidarias, hace falta un trabajo más serio y sostenido de sistematización de las mismas, que vaya más allá de los requerimientos de agencias de cooperación al desarrollo, autoridades locales o proyectos coyunturales.

 

 

Dichas sistematizaciones han de producirse y difundirse empleando los recursos de la cultura oral, los medios audiovisuales y la capacidad de difusión que los pueblos étnicos han manejado ancestralmente, con un énfasis en las experiencias positivas desde las mujeres, los grupos mixtos y la defensa de los derechos humanos, que les posibiliten aprender formas de resistencia y proyectarse hacia acciones más concertadas en lo nacional, lo regional y lo mundial.

 

 

La larga trayectoria en proyectos de desarrollo, medio ambiente, salud, educación, derechos civiles y políticos, y actividades artísticas o culturales deberán articularse de mejor manera en espacios creados para tal fin, con el propósito de contribuir a la formación de un discurso desde lo étnico, que recupere los saberes y que dialogue con otras experiencias nacionales.

 

 

La movilización social hacia el cumplimiento de demandas por parte de los estados nacionales de la región.  El creciente empobrecimiento de los pueblos latinoamericanos causado por la imposición de políticas macroeconómicas para las cuales la producción campesina o indígena rural no es viable, que concentra la riqueza económica y el poder político y   que profundizan y empeoran las formas de racismo y discriminación, hace que América Latina sea una región con movimientos sociales que amenazan con estallar violentamente, a menos que se introduzcan profundas y urgentes transformaciones no solamente legales, sino políticas prácticas.

 

 

Pese a que se reconoce que el papel de las empresas transnacionales y de gobiernos de países en desarrollo determinan en buena medida el ejercicio del poder en nuestros países e impiden la libre determinación política, con un impacto negativo para el crecimiento con desarrollo humano para la región, la realidad es que en ese escenario no ha desaparecido el estado nacional y que los discursos de democracia y participación siguen en la agenda de nuestros gobernantes.

 

A pesar de reformas cada vez más regresivas en especial relativas a la seguridad social y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, los pueblos étnicos, en conjunto con otros movimientos sociales, poseen aún instrumentos y canales de acción no-violenta que permiten avizorar que cuando se construye un discurso étnico propio, la causa mayor de demanda de respeto a esos derechos, se enriquece y puede contar con un acervo más rico para la movilización social, como lo demuestra la historia latinoamericana reciente.

 

 

Es preciso, entonces, transformar la visión de Estado que algunos líderes y pueblos étnicos mantienen en América Latina, de un ente paternalista que nos hace el favor de mirar y considerar a las comunidades étnicas, por una en que éste, como construcción social, adquiere compromisos con los electores y electoras, y proporciona servicios conforme a disposiciones legales y constitucionales, sin los cuales su legitimidad se socava o es inexistente.

 

En consecuencia, las acciones de vigilancia ciudadana, las formas de participación y de consulta previa deberán analizar las potencialidades y riesgos de una interlocución con el Estado, tomando en cuenta los factores e intereses externos e internos que están en juego en la solución de problemas específicos de las comunidades, en los ámbitos rural, urbano, local, departamental o nacional.

 

 

Los desarrollos recientes de actividades comunes de comunidades étnicas en el plano regional latinoamericano marcan una pauta esperanzadora sobre las perspectivas de fortalecimiento de los movimientos sociales.

 

 

Desde los esfuerzos que congregaron a diversos sectores en torno del Jubileo 2000, pasando por la creación de espacios y redes de pueblos indígenas y Afrodescendientes, se cuenta actualmente con iniciativas para enfrentar acuerdos como el ALCA, en la que se aglutinan organizaciones de productores agrícolas, por ejemplo, alrededor de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo.  La participación democrática en espacios con otros pueblos étnicos regionales, en torno a agendas y problemas comunes.

 

 

 

 

De igual forma, la identificación de espacios de debate ambiental también cuentan con alianzas estratégicas de organizaciones sociales, no gubernamentales y redes indígenas y Afrodescendientes, que se agrupan en torno a agendas y problemas como la lucha contra la introducción de productos transgénicos, la reducción o eliminación de cuotas de producción de alimentos, el manejo de los recursos   naturales y las demandas relativas a las medidas de precaución frente a proyectos a gran escala en los terrenos turístico, minero, petrolero, de generación de electricidad, etc.

 

 

Las organizaciones de pueblos indígenas y Afrodescendientes de la región siguen hasta la fecha asistiendo a espacios nacionales e internacionales por separado. Las diferencias y disputas intestinas prevalecen en el momento de acercar propuestas que atiendan las necesidades comunes, como pueblos diferenciados.

 

 

La dinámica de visibilidad que han logrado algunos dirigentes y organizaciones de pueblos étnicos ha conducido a un activismo desaforado en algunos de nuestros países, en donde los pueblos étnicos no tienen tiempo para discutir o multiplicar con sus comunidades los aprendizajes, discusiones y propuestas que surgen de eventos, conferencias y seminarios que abordan problemáticas claves para su desarrollo como grupos.

 

 

No solamente la asistencia a reuniones con ministerios y entidades públicas mantiene ocupada a la dirigencia, sino que las decisiones que allí se toman como dadas en un proceso de consulta en los que las y los dirigentes participan, no cuentan necesariamente con espacios de socialización, control y verificación por parte del grueso de los pueblos afectados.

 

 

A pesar de la existencia de mecanismos de asambleas y discusiones en las que asisten las personas mayores de las comunidades, en muchos casos, se mantiene el divorcio entre el acceso a niveles de escolaridad altos, la recuperación y el mantenimiento de procedimientos democráticos propios de las comunidades étnicas, para la toma de posición y de decisiones.

 

 

Esto sucede por lo general, cuando la representatividad étnica es asumida por los gobiernos, las ONG, las iglesias u otras instancias, a partir de delegaciones no otorgadas a miembros de organizaciones sociales, no gubernamentales, religiosas o culturales que no cuentan siquiera con condiciones espacio-temporales para consultar sobre temas fundamentales para el futuro de sus pueblos.

 

 

 

 

Si esto sucede en el seno de organizaciones indígenas o Afrodescendientes por separado, el problema se agrava aún más al momento de producirse una participación conjunta en eventos, discusiones, o espacios donde se debaten temas de interés para estos grupos.

 

 

Tal es el caso de definiciones normativas, de reformas legales o constitucionales, de reglamentación de leyes referidas a la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo o el medio ambiente; que, como en el ejemplo de Colombia, hacen que situaciones como las de los impactos de las fumigaciones de cultivos de coca o amapola, no tengan en el momento una posición conjunta, estudiada y coherente desde los pueblos indígenas, y que éstos, en desarrollo del Convenio 169 de la OIT, no hayan hecho acercamientos con pueblos Afrodescendientes y comunidades campesinas afectadas por el mismo problema, para hacer un pronunciamiento común ante el Estado colombiano.

 

 

La utilización de los espacios e instrumentos internacionales de derechos humanos dentro de planes estratégicos.  Un reto fundamental para los pueblos étnicos consiste en la apropiación más consciente y seria de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin   de que éstos se constituyan en herramientas para la acción social y política en los planos nacional, regional e internacional.  

 

 

La educación en derechos humanos con una perspectiva étnica deberá, por tanto ocuparse del estudio y aplicación práctica de instrumentos como la Convención Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al lado del conjunto de Pactos, Convenciones, Recomendaciones y Reglas definidas en diversos órganos inter-gubernamentales, en la medida en que dichos instrumentos poseen una jerarquía jurídica respecto de las constituciones y las leyes nacionales.

 

 

 Las propuestas educativas podrán, de ese modo, concretar enfoques integrales, con atención a la edad, el género, o la condición de las personas de los grupos con los que se trabaja.  Si se emprende de manera decidida esta acción educativa en estrecha relación con las necesidades y prioridades de los pueblos étnicos latinoamericanos, muy seguramente se podrá dar una respuesta más cercana a las mismas, con un contenido y un discurso fundado en la realidad inmediata.

 

 

Pero la mera asistencia a eventos, por importantes que estos sean, no podrá dar frutos en el avance del movimiento de estos pueblos. Se requiere que se diseñen planes estratégicos de largo alcance, en donde las actividades, propuestas y sueños se concreticen a través de múltiples enfoques, en los que el cabildeo, la incidencia, la relación entre los ejemplos de lo local y las demandas más generales y su viabilidad práctica, vayan dando resultados frente a un contexto mundial globalizado.

 

 

El intercambio de experiencias con otros pueblos y países que aporten al fortalecimiento de la identidad propia y el aprendizaje común sobre temas que les afectan.  Finalmente, la riqueza de los encuentros humanos y en particular, en este caso, la de los pueblos étnicos es lo que ha ido dando pistas sobre la acción global.

 

 

Para ello, las organizaciones de pueblos indígenas y Afrodescendientes tienen el reto de establecer más y mejores relaciones de intercambio, a través de mecanismos como las pasantías, la organización de actividades de solidaridad presencial, la organización de misiones humanitarias, de verificación de situaciones violatorias de los derechos humanos y del derecho que regula los conflictos con la visión de identificar las enseñanzas, los obstáculos, los actores y problemas comunes, a fin de edificar una sociedad latinoamericana que finalmente, reconozca las contribuciones de estos pueblos y les garantice el ejercicio de sus derechos humanos en pie de igualdad, dentro de la diferencia.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

Notas  [1] Véase: García, Jesús. El Endorracismo en Barlovento, Venezuela, 2000. De acuerdo con este autor, uno de los principales obstáculos que enfrentan las comunidades Afrodescendientes se refiere a su incapacidad de ubicar la solución de sus problemas en iniciativas propias, y relegar la responsabilidad de la superación de la pobreza y la discriminación racial en la comunidad blanca o mestiza, que coloca a los Afrodescendientes en víctimas. Así, incapaces de construir su propio destino, esperan que la solución llegue de afuera y profundizan prejuicios y resentimientos raciales, en una actitud de anomia social que los paraliza.   

 

[2] Las conclusiones están disponibles en la página web de Naciones Unidas:

 

http://www.un.org/spanish/CMCR/