Informe 2007
El estado de los derechos humanos en el
mundo
Prefacio
AMNISTÍA
INTERNACIONAL es un movimiento integrado por personas de todo el mundo que
trabajan en favor del respeto y la protección de los principios de derechos
humanos internacionalmente reconocidos. La visión de Amnistía Internacional es
que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos proclamados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales
de derechos humanos.
La misión de Amnistía Internacional consiste
en realizar labores de investigación y emprender acciones que impidan que se
cometan y que pongan fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos
–civiles, políticos, sociales, culturales y económicos–. Desde la libertad de
expresión y asociación a la integridad física y mental, desde la protección
frente a la discriminación hasta el derecho al alojamiento: todos son derechos
indivisibles. Amnistía Internacional cuenta con 2,2 millones de miembros y
simpatizantes en más de 150 países y territorios.
La financiación del
movimiento se sustenta, en última instancia, en la generosidad de aquellas
personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus
donaciones. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología
política, interés económico y credo religioso.
La organización ni solicita
ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y
campaña en torno a los abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional
es un movimiento democrático y autónomo. Las decisiones fundamentales sobre
políticas las toma el Consejo Internacional, órgano elegido por dos años y
compuesto por representantes de todas las Secciones de la organización.
El Consejo designa a un Comité
Ejecutivo Internacional que lleva a la práctica sus decisiones. Las personas
que componen el Comité Ejecutivo Internacional, elegidas para el periodo
2005-2007, son Soledad García Muñoz (Argentina), Ian Gibson (Australia), Lilian
Gonçalves- Ho Kang You (Países Bajos, presidenta desde septiembre de 2006),
Petri Merenlahti (Finlandia), Claire Paponneau (Francia), Vanushi Rajanayagam
(Nueva Zelanda), Hanna Roberts (Suecia) y David Weissbrodt (Estados Unidos de
América). La secretaria general de Amnistía Internacional es Irene Khan
(Bangladesh).
Informes 2007 de Amnistía Internacional
Este informe documenta las
cuestiones de derechos humanos que motivaron la preocupación de Amnistía
Internacional durante el año 2006. A la hora de abordar cuestiones de abusos
contra los derechos humanos, la organización se basa en información sobre los
retos y oportunidades de cambio que existen en un determinado país o región.
Los objetivos estratégicos
que Amnistía Internacional establece para un país o región son los que
determinan su actividad y, por consiguiente, la organización trabaja sobre
situaciones concretas en países concretos. La información relativa a
situaciones particulares, según se presenta en este informe, es una información
focalizada, no exhaustiva.
El hecho de que en un país
no se aborde una situación determinada no debe entenderse como una declaración
de Amnistía Internacional de que en ese país no se produjeron abusos contra los
derechos humanos dentro de esa categoría. Tampoco debe interpretarse la
ausencia de un determinado país o territorio como una ausencia de motivos de
preocupación en materia de abusos contra los derechos humanos en ese país o
territorio a lo largo de 2006.
De la misma manera, la
extensión de cada apartado de país no debe fundamentar comparación alguna sobre
el grado de preocupación de Amnistía Internacional. Los apartados de los países
se abren con información básica sobre cada uno de ellos. Esta información no
debe interpretarse como la opinión de Amnistía Internacional acerca de
cuestiones como el estatus de un territorio en disputa.
Los informes de Amnistía Internacional
Al
final de cada uno de los apartados dedicados a los países que aquí se tratan se
incluyen informes que la organización ha publicado sobre ellos. Si lo desean,
pueden consultarlos en los sitios web de Amnistía Internacional:
En
inglés: http://web.amnesty.org/library/engindex
En
español: http://web.amnesty.org/library/eslindex
Este informe abarca el
periodo comprendido entre enero y diciembre de 2006.
Libertad frente al temor
Irene Khan
EL 10 de diciembre de
2006, mientras el mundo celebraba el Día de los Derechos Humanos, yo estaba en
Jayyus, Cisjordania. Esta pequeña localidad está dividida en dos por el Muro, o
más exactamente una elevada valla de alambre. El principal efecto que ha tenido
el Muro, construido en abierto desafío al derecho internacional y supuestamente
concebido para garantizar la seguridad de Israel, ha sido cortar el paso de la población
palestina a sus huertos de cítricos y olivares. Una comunidad agrícola antaño
próspera ha quedado empobrecida.
«Todos los días tengo
que sufrir la humillación de controles de seguridad, obstrucciones por motivos
insignificantes y nuevas restricciones que me impiden llegar a mi huerto, situado
al otro lado. Si no puedo cultivar mis aceitunas, ¿cómo voy a sobrevivir?», se
lamentaba indignado un agricultor palestino. Mientras lo escuchaba, veía a lo
lejos los pulcros tejados rojos y las paredes blanquísimas de un vasto y
floreciente asentamiento israelí.
Me preguntaba si sus
residentes creían que un muro que amenaza el futuro de sus vecinos podía
realmente mejorar su seguridad. Esa misma semana había visitado Sderot, una
pequeña ciudad del sur de Israel que había sido atacada con cohetes por grupos
palestinos de Gaza. «Tenemos miedo –me contó una joven residente–. Pero sabemos
que al otro lado hay mujeres como nosotras que también sufren, que también
están asustadas y que se encuentran en una situación peor que la nuestra.
Sentimos empatía por ellas, deseamos vivir en paz con ellas, pero nuestros
dirigentes fomentan las diferencias y generan más desconfianza. Así que vivimos
sumidas en el temor y la inseguridad.»
Esta valiente mujer
israelí entendía lo que muchos líderes mundiales no alcanzan a percibir: que el
miedo destruye nuestra comprensión mutua y nuestra humanidad compartida. Cuando
vemos en los demás una amenaza, cuando estamos dispuestos a entregar sus
derechos humanos a cambio de nuestra seguridad, participamos en un juego de
suma cero. El sensato mensaje de esta mujer llega en un momento en el que
nuestro mundo está tan polarizado como en los peores tiempos de la guerra fría y,
en numerosos aspectos, alberga muchos más peligros.
Los derechos humanos
–esos valores globales, principios universales y normas comunes que se supone
nos unen– se están tirando por la borda en nombre de la seguridad, hoy al igual
que entonces. Como en la época de la guerra fría, la agenda mundial está impulsada
por el temor, a su vez inducido, fomentado y sustentado por dirigentes carentes
de principios. El miedo puede ser un imperativo positivo de cambio, como en el
caso del medio ambiente, donde la alarma sobre el calentamiento global está
obligando a los políticos a tomar medidas, aunque tardíamente.
Sin embargo, el miedo
también puede resultar peligroso y divisivo cuando engendra intolerancia,
amenaza la diversidad y justifica el menoscabo de los derechos humanos. En
1941, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt expuso su visión de un
nuevo orden mundial basado en «cuatro libertades»: libertad de expresión y
religión; libertad frente al temor y la miseria. Su liderazgo inspirador superó
las dudas y unió a las personas.
Hoy son demasiados
los dirigentes que atropellan la libertad y pregonan un sinfín de temores:
miedo a una avalancha de migrantes; miedo al «otro» y a perder la propia
identidad; miedo a que los terroristas nos hagan saltar por los aires; miedo a
los «Estados irresponsables» con armas de destrucción masiva.
El miedo prospera con
líderes miopes y cobardes. El miedo sí tiene muchas causas reales, pero
numerosos dirigentes mundiales adoptan un enfoque estrecho de miras al
promulgar políticas y estrategias que socavan el Estado de derecho y los
derechos humanos, acrecientan las desigualdades, alimentan el racismo y la
xenofobia, dividen y perjudican a las comunidades, y siembran las semillas de
las que surgirán violencia y más conflicto.
La política del miedo
se ha vuelto más compleja por la aparición de grupos armados y grandes
corporaciones que cometen o toleran abusos contra los derechos humanos. Ambos, aunque
de diferentes maneras, desafían el poder de los gobiernos en un mundo en el que
se desdibujan progresivamente las fronteras. Gobiernos débiles y organismos
internacionales ineficaces son incapaces de hacerles rendir cuentas, por lo que
las personas son vulnerables y viven con miedo. La historia nos muestra que el
progreso no se alcanza a través del miedo, sino de la esperanza y el optimismo.
Entonces, ¿por qué
algunos líderes fomentan el miedo? Porque les permite afianzar su propio poder,
crear falsas certezas y eludir la rendición de cuentas. El gobierno de John
Howard presentó a solicitantes de asilo desesperados, llegados en botes que
hacían agua, como una amenaza para la seguridad nacional de Australia, e hizo sonar
falsas alarmas sobre una invasión de personas refugiadas. Esto contribuyó a su
victoria en las elecciones de 2001.
Después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente estadounidense George W.
Bush invocó el miedo al terrorismo para hacerse con poderes ejecutivos
adicionales que no están sometidos a supervisión del Congreso ni a examen
judicial. El presidente de Sudán, Omar Al Bashir, sembró el temor entre sus
seguidores y en el mundo árabe de que el despliegue de una fuerza de
mantenimiento de la paz de la ONU en Darfur serviría de pretexto para una
invasión liderada por Estados Unidos al estilo de la de Irak.
Entretanto, sus
fuerzas armadas y las milicias aliadas continuaban matando, violando y
saqueando con impunidad. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, manipuló
miedos raciales para llevar a cabo su propio programa político consistente en
apoderarse de tierras para sus seguidores.
Únicamente un
compromiso común fundado en valores compartidos puede conducir a una solución
sostenible. En un mundo interdependiente, los desafíos globales –ya sean la pobreza
o la seguridad, la migración o la marginación– exigen respuestas basadas en los
valores comunes de derechos humanos que unen a las personas e impulsan nuestro
bienestar colectivo.
Los derechos humanos
son los cimientos de un futuro sostenible. Sin embargo, parece que hoy día
impera la protección de la seguridad de los Estados en detrimento de la
sostenibilidad de las vidas humanas y de los medios de subsistencia de hombres
y mujeres.
MIEDO A LA MIGRACIÓN Y A
LA MARGINACIÓN
En los países
desarrollados, y también en las economías emergentes, se utiliza el miedo a ser
invadidos por hordas de indigentes para justificar medidas cada vez más duras
contra migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo, en contravención
de las normas internacionales de derechos humanos y trato humano. Debido a los
imperativos políticos y de seguridad del control de las fronteras, los
procedimientos de concesión de asilo han dejado de ser un mecanismo de
protección para convertirse en un instrumento de exclusión.
En Europa, los índices de
reconocimiento de la condición de refugiado han descendido drásticamente con el
paso de los años, pese a que los motivos para solicitar asilo (violencia y
persecución) siguen siendo tan acuciantes como siempre. La hipocresía de la
política del miedo es tal que los gobiernos denuncian a ciertos regímenes pero
se niegan a proteger a quienes escapan de ellos.
Diversos gobiernos
occidentales han condenado las severas políticas de Corea del Norte, pero se
muestran mucho más reticentes a pronunciarse sobre la suerte de unas 100.000
personas norcoreanas que, según informes, viven ocultas en China, y de las
cuales centenares son devueltas cada semana a Corea del Norte por las
autoridades chinas.
La mano de obra migrante
alimenta el motor de la economía mundial. Sin embargo, sufre el rechazo brutal,
la explotación, la discriminación y la desprotección de gobiernos de todo el
mundo, desde los países del Golfo o Corea del Sur hasta República Dominicana.
En 2006, murieron ahogadas
o desaparecieron en el mar 6.000 personas africanas en su intento de alcanzar
Europa. Otras 31.000 –cifra seis veces mayor que en 2005– llegaron a las Islas
Canarias. Al igual que el Muro de Berlín no pudo frenar a quienes deseaban huir
de la opresión comunista, la implacable vigilancia de las fronteras europeas no
está logrando contener a quienes tratan de escapar de la pobreza extrema.
A largo plazo, la
respuesta no radica en la construcción de muros para impedir la entrada, sino
en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas
vulnerables al tiempo que se respeta la prerrogativa de los Estados de regular la
migración. Los instrumentos internacionales proporcionan este equilibrio.
Los intentos de debilitar
la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados o de eludir la Convención
de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes –que ningún país occidental ha
ratificado– son contraproducentes. Si la migración no regulada es el miedo de
las clases ricas, el capitalismo desenfrenado, impulsado por la globalización,
es el temor de los pobres. El auge de ciertos mercados está creando
oportunidades para algunas personas, pero también ensancha la brecha entre
quienes «tienen» y quienes «no tienen».
Los beneficios de la
globalización son muy dispares, tanto en el ámbito mundial como en cada país.
América Latina soporta el peso de algunas de las mayores desigualdades del
mundo. En India, la economía ha crecido a una media del 8 por ciento en los
últimos tres años, pero más de la cuarta parte de la población sigue viviendo
por debajo del umbral de la pobreza. Estos datos revelan la cara oscura de la
globalización.
La marginación de amplios
sectores de la humanidad no debe tratarse como un coste inevitable de la
prosperidad mundial. Nada es inevitable en las políticas y decisiones que
niegan los derechos económicos y sociales de las personas. El creciente
programa de trabajo de Amnistía Internacional sobre los derechos económicos y
sociales está dejando al descubierto la realidad que se oculta tras el miedo de
la gente: en muchas partes del mundo, las personas son empujadas a la pobreza y
atrapadas en ella por la acción de gobiernos corruptos y empresas codiciosas.
En África, Asia y América
Latina, mientras la tierra sufre la presión de la minería, el desarrollo urbano
y el turismo, comunidades enteras –millones de personas– son desalojadas de sus
hogares por la fuerza, a menudo excesiva, sin el debido proceso, indemnización
ni alojamiento alternativo.
Los desplazamientos
ocasionados por exigencias de desarrollo no son un problema nuevo, pero poco
parece haberse aprendido de experiencias pasadas. Sólo en África ha habido más
de tres millones de personas afectadas desde 2000, por lo que los desalojos
forzosos se han convertido en una de las violaciones de derechos humanos más extendidas
y menos reconocidas del continente.
Se llevan a cabo en nombre
del progreso económico, pero, en realidad, dejan a los más pobres de los pobres
sin hogar y, con frecuencia, sin acceso a agua limpia, atención a la salud,
saneamiento, empleo o educación. África sufre desde hace tiempo la codicia de
los gobiernos y las empresas occidentales. Ahora se enfrenta a un nuevo desafío,
procedente de China.
El gobierno y las
compañías chinas han mostrado poca consideración por la «impronta de derechos humanos»
que dejan en el continente. China se ha granjeado el interés de gobiernos
africanos por su deferencia hacia la soberanía nacional, su antipatía por los
derechos humanos en la política exterior y su disposición para tratar con
regímenes abusivos. Por esas mismas razones, la sociedad civil africana le ha brindado
un recibimiento mucho más frío.
Las condiciones de salud y
seguridad en el trabajo y el trato a la mano de obra en las empresas chinas no
se han ajustado a las normas internacionales. China, que es el mayor consumidor
del petróleo que se produce en Sudán y uno de sus proveedores de armas más importantes,
ha protegido al gobierno sudanés de la presión ejercida por la comunidad
internacional, aunque hay indicios de que China podría estar modificando su
postura.
La debilidad, el gran
empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados
han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos.
En algunos de los países más ricos en recursos y con la población más pobre, las
grandes corporaciones han ejercido su poder ilimitado para obtener de los
gobiernos concesiones que privan a las comunidades locales de los beneficios de
los recursos naturales, destruyen sus medios de vida, las desplazan de sus
hogares y las exponen al deterioro medioambiental.
La indignación suscitada
por la injusticia y la negación de los derechos humanos ha provocado protestas
que han sido reprimidas con brutalidad. Buen ejemplo de esta situación es el
delta del Níger, región del sur de Nigeria rica en petróleo que ha sido
devastada por la violencia en los últimos veinte años.
Las empresas llevan tiempo
resistiéndose a las normas internacionales vinculantes. La ONU ha de hacer
frente a este desafío elaborando normas y promoviendo mecanismos que obliguen a
rendir cuentas a las grandes corporaciones por su impacto en los derechos
humanos.
La necesidad de que existan normas de ámbito
internacional y sistemas de rendición de cuentas eficaces se vuelve más
apremiante a medida que aparecen en el mercado mundial empresas multinacionales
procedentes de entornos jurídicos y culturales diversos. La búsqueda de tierra,
madera y recursos minerales por parte de grandes conglomerados de empresas
amenaza la identidad cultural y la supervivencia diaria de numerosas
comunidades indígenas de América Latina.
Algunas de ellas, víctimas
de discriminación racial y condenadas a vivir en la extrema pobreza y en
lamentables condiciones de salud, están a punto de desintegrarse. En este
contexto, el hecho de que la Asamblea General de la ONU no haya logrado aprobar
en 2006 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye
otro testimonio desafortunado de los poderosos intereses que obstaculizan la
supervivencia misma de los grupos vulnerables. Aunque las personas ricas son
más ricas cada día, no se sienten necesariamente más seguras.
El aumento de la delincuencia
y de la violencia armada son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a
muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la
delincuencia pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos
y los exponen al doble peligro de la violencia de las bandas y la brutalidad
policial.
Los niveles cada vez más
altos de violencia criminal y policial en São Paulo y la presencia del ejército
en las calles de Río de Janeiro en 2006 han puesto de manifiesto el fracaso de
las políticas de seguridad pública de Brasil. Proporcionar seguridad a un grupo
de personas a costa de los derechos de otro no soluciona el problema.
La experiencia muestra que
la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral
que combine una actuación policial mejorada con la provisión de servicios básicos
como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más
desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y
estabilidad de la sociedad redunda en beneficio propio.
A fin de cuentas, promover
los derechos económicos y sociales para todas las personas es el mejor enfoque
para abordar los miedos tanto de las clases ricas como de las pobres.
El miedo
engendra discriminación
El miedo alimenta el
descontento y conduce a la discriminación, el racismo, la persecución de
minorías étnicas y religiosas y los ataques xenófobos contra personas con
ciudadanía u origen extranjero. Cuando los gobiernos cierran los ojos ante la
violencia racista, ésta puede volverse endémica. En Rusia, los «crímenes de
odio» contra personas extranjeras y minorías son habituales pero, hasta hace
poco, raras veces se enjuiciaban porque alimentaban la propaganda nacionalista
de las autoridades.
A medida que la Unión
Europea se expande hacia el este, la prueba de fuego de su compromiso con la
igualdad y la no discriminación será el trato dispensado a su propia población romaní.
Desde Dublín a Bratislava, siguen arraigadas las actitudes antirromaníes, que
se manifiestan en la segregación y discriminación en la enseñanza, la salud y
la vivienda, y en la exclusión de la participación en la vida pública,
persistente en algunos países.
En numerosos Estados
occidentales, la discriminación es fruto del temor a una migración incontrolada
y, tras los atentados del 11 de septiembre, se ha visto agravada por
estrategias antiterroristas dirigidas contra la población árabe, asiática y
musulmana.
El miedo y la hostilidad
de un bando ha provocado alienación e indignación en el otro. La creciente
polarización ha dado poder a extremistas de ambos lados del espectro, por lo
que ha disminuido el espacio para la tolerancia y la discrepancia.
Cada vez son más patentes
los incidentes de islamofobia y antisemitismo. En numerosas partes del mundo,
los sentimientos antioccidentales y antiestadounidenses están en su máximo
apogeo, como quedó demostrado por la facilidad con que algunos grupos incitaban
a la violencia tras la publicación en Dinamarca de unas viñetas que muchas
personas musulmanas consideraron ofensivas.
El gobierno danés defendió
con toda razón la libertad de expresión, pero no afirmó con firmeza ni
prontitud su compromiso de proteger a la población musulmana residente en Dinamarca
contra la discriminación y la exclusión social. El presidente de Irán instó a
que se celebrase un debate con el fin de recabar apoyo para negar la existencia
del Holocausto.
El Parlamento de Francia
aprobó un proyecto de ley por el que se penalizaba la negación del genocidio
armenio a manos de los otomanos. ¿Dónde ha de establecerse el límite entre
proteger la libertad de expresión e impedir la incitación al odio racial?
El Estado tiene la obligación
de promover la no discriminación y de impedir los delitos racistas, pero puede
hacerlo sin limitar la libertad de expresión. No se debe restringir la libertad
de expresión a la ligera. Es cierto que puede usarse para propagar mentiras, y no
sólo para difundir la verdad, pero sin ella no hay modo de esgrimir argumentos
para combatir las mentiras, no hay modo de buscar la verdad y la justicia. Por
eso, la libertad de expresión sólo debe restringirse cuando exista una
intención evidente de incitar al odio racial o religioso, no cuando el
propósito sea manifestar una opinión, por desagradable que sea.
En la sentencia relativa a
la causa Albert-Engelmann-Gesellschaft MBH v. Austria, dictada en enero de
2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos describió la libertad de expresión
como «uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y una de las
condiciones esenciales para su progreso y para la realización de cada persona
[...] este derecho es aplicable no sólo a la “información” o a las “ideas” [que
se consideran aceptables], sino también a las opiniones que ofenden,
escandalizan o molestan. Éstas son las exigencias del pluralismo, la tolerancia
y la amplitud de miras, sin las cuales no puede existir una “sociedad
democrática”».
Discriminación y disentimiento
La libertad de expresión
es fundamental para garantizar el derecho a disentir. Donde no hay disentimiento,
el derecho a la libertad de expresión está en peligro. Donde no hay disen- timiento,
la democracia está oprimida. Donde no hay disentimiento, la tiranía levanta la cabeza.
Sin embargo, la libertad
de expresión y el derecho a disentir siguen reprimiéndose de diversas maneras,
desde la persecución de profesionales del periodismo y la literatura y de
personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Turquía a los
homicidios políticos de activistas de izquierdas en Filipinas.
En el centro de detención
estadounidense de Guantánamo, la única forma de protesta que posiblemente les
quede a los detenidos es la huelga de hambre. En 2006, unos 200 detenidos que
recurrieron a ella fueron alimentados a la fuerza mediante tubos introducidos
por la nariz, método particularmente doloroso y humillante.
Cuando se recibieron
informes sobre el suicidio de tres detenidos, el jefe de la fuerza conjunta
estadounidense de Guantánamo describió los sucesos como un acto de «guerra
asimétrica». La seguridad nacional a menudo ha servido de excusa a los
gobiernos para suprimir la posibilidad de disentir. En los últimos años, el
aumento del miedo al terrorismo y a la inseguridad ha reforzado la represión, o
el riesgo de que se produzca, de diversas maneras.
Abusos «a la vieja usanza»
contra la libertad de expresión, reunión y asociación han recobrado vigencia en
el Norte de África y Oriente Medio. En las democracias liberales, la red de
leyes y políticas antiterroristas, en constante aumento, constituye una amenaza
potencial a la libertad de expresión.
En 2006, por ejemplo,
Reino Unido promulgó legislación que tipificaba vagamente el delito de «fomento
del terrorismo» e incorporaba el concepto todavía más confuso de «glorificación
del terrorismo». En Estados Unidos, las autoridades mostraron más interés en
averiguar la fuente de la filtración del artículo aparecido en el periódico The
Washington Post sobre los «lugares negros» de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) que en investigar las políticas que llevaron a la creación
de esas prisiones secretas, en contravención del derecho internacional y
estadounidense.
El viraje autoritario del
gobierno en Rusia ha tenido un efecto demoledor en los colectivos de
periodistas y defensores de los derechos humanos. Tras intimidar a la prensa
rusa y asumir el control de gran parte de ella, el presidente Vladimir Putin
dirigió su atención en 2006 a las ONG rusas y extranjeras promulgando una
polémica ley destinada a regular la financiación y actividades de estas
organizaciones.
En un ejercicio de
relaciones públicas previo a la cumbre del G- 8, Putin se reunió con un grupo
de ONG internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Cuando se le
informó del impacto perjudicial de la nueva ley en la sociedad civil de Rusia y
se le instó a que la suspendiera a la espera de que se realizaran más consultas
sobre las posibles enmiendas, el presidente respondió: «No hemos aprobado esta
ley para terminar derogándola».
Tres meses después se
cerró, en aplicación de la nueva ley, la Sociedad para la Amistad
Ruso-Chechena, ONG de derechos humanos que trabajaba para exponer las
violaciones cometidas en Chechenia. Lamentablemente, Rusia no es el único país
que intenta silenciar las opiniones independientes sobre derechos humanos.
Desde Colombia a Camboya,
desde Cuba a Uzbekistán, los gobiernos han promulgado leyes destinadas a
restringir la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la labor de
los activistas, los han calificado de desleales o subversivos, han procesado a
quienes se atreven a exponer las violaciones de los derechos humanos y han
lanzado campañas de desprestigio con la ayuda de medios de comunicación sin
escrúpulos, en un esfuerzo por infundir miedo y deslegitimar el trabajo del
colectivo de activistas.
En la era de la
tecnología, Internet se ha convertido en la nueva frontera de la lucha por el
derecho a disentir. Con la ayuda de algunas de las empresas de tecnologías de
la información más grandes del mundo, gobiernos como los de Arabia Saudí,
Bielorrusia, China, Egipto, Irán o Túnez vigilan salas de chat, eliminan blogs,
restringen los motores de búsqueda y bloquean sitios web. En China, Egipto, Siria,
Uzbekistán y Vietnam se ha encarcelado a personas por colgar o compartir
información en la red.
Toda persona tiene derecho
a buscar y a recibir información y a expresar pacíficamente sus convicciones
sin miedo ni injerencias. En 2006, Amnistía Internacional emprendió una campaña
con el apoyo del periódico británico The Observer (que publicó en 1961 el primer
llamamiento de la organización) para demostrar que ni los gobiernos ni las
grandes corporaciones conseguirán silenciar al colectivo de activistas de
derechos humanos, ni dentro ni fuera de Internet.
Libertad para las mujeres
La perniciosa relación
entre discriminación y disentimiento se recrudece especialmente en las
cuestiones de género. Mujeres activistas han sido detenidas por pedir la igualdad
de género en Irán, asesinadas por promover la educación de las niñas en
Afganistán y denigradas o sometidas a violencia sexual en todo el mundo.
Las mujeres que trabajan
en asuntos de orientación sexual y derechos reproductivos han sido particularmente
blanco de ataques, y han sufrido agresiones y marginación. Las defensoras de
los derechos humanos corren un doble peligro: como activistas y como mujeres,
es decir, por su trabajo y por su identidad. Sufren ataques tanto del Estado
como de la sociedad, no sólo porque exponen los abusos contra los derechos
humanos, sino también porque desafían las estructuras de poder patriarcales y
las convenciones sociales y culturales que sojuzgan a las mujeres, toleran la
discriminación y favorecen la violencia de género.
En los últimos años, los
derechos humanos de las mujeres han sufrido los efectos de dos tendencias
paralelas: la ofensiva y la retirada. La ofensiva contra los derechos humanos
en el contexto del antiterrorismo ha afectado tanto a mujeres como a hombres. Y
en un ambiente de miedo y fundamentalismo religioso, los gobiernos han retirado
lo dicho y se han retractado de sus promesas de fomentar la igualdad de género.
En todas las sociedades
del mundo, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los abusos más
graves y habituales que se cometen hoy día contra los derechos humanos. La
violencia prospera debido a la impunidad, la apatía y la desigualdad. Uno de
los ejemplos más patentes de impunidad es el conflicto de Darfur, donde las
violaciones de mujeres y niñas aumentaron en 2006 a medida que se intensificaba
el conflicto y se extendía a zonas limítrofes de Chad.
Uno de los ejemplos más
insidiosos de apatía es Guatemala, donde más de 2.200 mujeres y niñas han sido
asesinadas desde 2001, pero han sido pocos los casos investigados, y todavía
menos los que se han llevado a juicio. Abundan los ejemplos del impacto de la
desigualdad, pero quizás uno de los más tristes sean los elevados índices de
mortalidad materna e infantil –por ejemplo, en Perú– causados por la
discriminación en los servicios de salud. Se están destinando miles de millones
de dólares a la «guerra contra el terror», pero ¿dónde están la voluntad
política o los recursos para combatir el terror sexual contra las mujeres?
El régimen de apartheid
establecido en Sudáfrica provocó indignación en todo el mundo. ¿Dónde está la
indignación por el apartheid de género que se vive hoy día en algunos países? Aunque
el perpetrador sea un soldado o el líder de una comunidad, aunque la violencia cuente
con el consentimiento oficial de las autoridades o sea tolerada por la
tradición cultural o las costumbres, el Estado no puede eludir su
responsabilidad de proteger a las mujeres. El Estado tiene la obligación de
salvaguardar la libertad de elección de las mujeres, no de restringirla.
Por ejemplo, el velo y el
pañuelo de las mujeres musulmanas se han convertido en motivo de disputa entre
culturas, en símbolo de opresión para un bando y en atributo esencial de
libertad religiosa para el otro. Está mal obligar a las mujeres de Arabia Saudí
o Irán a llevar el velo. También está mal que en Turquía o Francia se prohíba
por ley cubrir la cabeza con el pañuelo.
Y es un desatino que los
dirigentes de los países occidentales afirmen que un trozo de tela es un
obstáculo serio para la armonía social. En el ejercicio de su derecho a la
libertad de expresión y religión, una mujer debería poder elegir libremente lo
que desea llevar puesto. Los gobiernos y los líderes religiosos tienen la
obligación de crear un entorno seguro en el que toda mujer pueda tomar esa
decisión sin la amenaza de violencia ni coerción.
La universalidad de los
derechos humanos implica que éstos conciernen de igual manera a mujeres y a
hombres. Esta universalidad, tanto en la interpretación como en la aplicación, es
el instrumento más poderoso contra la violencia de género, la intolerancia, el
racismo, la xenofobia y el terrorismo.
Miedo al terrorismo
En el ámbito del
terrorismo y el antiterrorismo brotan las manifestaciones más dañinas del miedo.
Ya sea en Mumbai (Bombay) o en Manhattan, las personas tienen derecho a estar seguras
y los gobiernos tienen la obligación de proporcionar esa seguridad. Sin
embargo, se han concebido estrategias antiterroristas perversas que apenas han
logrado reducir la amenaza de la violencia o garantizar la justicia a las
víctimas de los ataques, pero que sí han hecho mucho daño a los derechos
humanos y al Estado de derecho.
Como los tribunales de
Reino Unido frustraron en 2004 las políticas de detención indefinida de
personas sin cargos ni juicio adoptadas por el gobierno, éste ha empezado a
recurrir más asiduamente a la expulsión o a las «órdenes de control», que en la
práctica permiten al ministro del Interior mantener a personas bajo arresto
domiciliario sin necesidad de iniciar ningún proceso penal. De ese modo, los
sospechosos son condenados sin haber sido nunca declarados culpables. Se
pervierte el espíritu del Estado de derecho, pero se mantiene la forma.
En 2006, Japón promulgó
una ley para acelerar la expulsión de toda persona considerada por el ministro
de Justicia como «posible terrorista». Así, ya no se decidirá la suerte de un
ser humano por sus actos, sino por la capacidad omnisciente de los gobiernos
¡para predecir lo que aquél podría hacer en el futuro! El gobierno de Estados
Unidos persigue incesantemente un poder ejecutivo discrecional sin
restricciones y trata el mundo como si fuese un gran campo de batalla en el que
librar su «guerra contra el terror»: secuestra, detiene, recluye o tortura a
personas sospechosas, directamente o con la ayuda de países tan lejanos como
Pakistán o Gambia, Afganistán o Jordania.
En septiembre de 2006, el
presidente Bush admitió por fin lo que Amnistía Internacional sabía desde hace
mucho tiempo: que la CIA ha estado administrando centros de detención secretos
en condiciones que constituyen crímenes de derecho internacional. No hay nada
que encarne tan bien la globalización de las violaciones de derechos humanos
como el programa del gobierno estadounidense de «entregas extraordinarias». Investigaciones
del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y una investigación pública realizada
en Canadá han proporcionado indicios convincentes de complicidad, connivencia o
aquiescencia de varios gobiernos europeos y otros (democráticos como Canadá o
autocráticos como Pakistán), que confirman los resultados de las indagaciones
previas de Amnistía Internacional.
En los últimos años,
cientos de detenidos han sido trasladados ilegalmente por Estados Unidos y sus
aliados a países como Siria, Jordania y Egipto. En este sistema carente de
transparencia, corren el riesgo de sufrir desaparición forzada, tortura y otros
malos tratos. Algunos han ido a parar a Guantánamo, a prisiones administradas por
Estados Unidos en Afganistán o a «lugares negros» controlados por la CIA. Los
equipos letrados no pueden dirigirse a las autoridades, solicitar una revisión
judicial o exigir un juicio justo para estos detenidos por la sencilla razón de
que nadie sabe dónde están ni quién los recluye. Por los mismos motivos, es
imposible realizar tareas de observación internacional.
El doble discurso del
gobierno estadounidense no ha mostrado ni un ápice de pudor. Estados Unidos ha
condenado a Siria como parte del «eje del mal», pero transfirió a un ciudadano canadiense,
Maher Arar, a la custodia de las fuerzas de seguridad sirias para que lo
interrogaran, a sabiendas de que corría el peligro de ser torturado. Pakistán
es otro de los países a los que el gobierno estadounidense ha cortejado y considerado
aliado en su «guerra contra el terror», a pesar de los motivos de preocupación
sobre su historial de derechos humanos.
Afortunadamente, parece
que cada vez es mayor en muchos países la convicción de que perseguir la
seguridad a toda costa es una estrategia peligrosa y perjudicial. Las
instituciones europeas se están volviendo más rigurosas en sus exigencias de
rendición de cuentas, y los tribunales están menos dispuestos a ceder a las
pretensiones de los gobiernos.
La comisión encargada de
la investigación pública realizada en Canadá instó a que las autoridades
canadienses ofreciesen disculpas y una indemnización a Maher Arar, y a que se
investigasen otros casos similares. Informes elaborados por el Consejo de
Europa y el Parlamento Europeo están motivando llamamientos en favor de un
mayor escrutinio de los servicios de seguridad. En Italia y Alemania se han
dictado órdenes de detención contra agentes de la CIA. Ha habido un claro
impulso en el camino hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el fin
de la impunidad. Pero Estados Unidos sigue sin sumarse a este impulso.
En medio de la fiebre
preelectoral, el presidente Bush convenció al Congreso para que aprobase la Ley
de Comisiones Militares, anulando así el efecto de la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia en 2006 en la causa Hamdan v. Rumsfeld y otorgando
legalidad a lo que la opinión mundial consideraba inmoral. El diario The New
York Times la describió como «una ley tiránica que pasará a engrosar la lista
de los momentos más negros de la democracia estadounidense».
El gobierno de Estados
Unidos sigue haciendo oídos sordos a los llamamientos realizados en todo el
mundo a favor del cierre de Guantánamo. No se arrepiente de la red mundial de
abusos que ha tejido en nombre del antiterrorismo. Permanece indiferente al
sufrimiento de miles de personas detenidas y de sus familias, al perjuicio
causado al derecho internacional y los derechos humanos, y a la destrucción de
su propia autoridad moral, que se ha desplomado ante el resto del mundo a
niveles mínimos, mientras la inseguridad sigue siendo tan elevada como antes.
En 1987, el juez Brennan,
de la Corte Suprema de Estados Unidos, escribió lo siguiente: «Tras el final de
cada periodo percibido como una crisis de la seguridad, Estados Unidos ha caído
en la cuenta, no sin remordimiento, de que no habría sido necesario suprimir las
libertades civiles. Sin embargo, ha demostrado ser incapaz de evitar cometer el
mismo error cuando sobreviene otra crisis». La renovación del Congreso estadounidense
permite albergar esperanzas de que cambie el rumbo de los acontecimientos, y de
que demócratas y republicanos acaben encontrando un interés compartido en
restablecer el respeto por los derechos humanos, dentro y fuera del país,
exigiendo la rendición de cuentas, creando una comisión de investigación y
derogando la Ley de Comisiones Militares o modificándola sustancialmente para
ajustarla al derecho internacional.
Derecho a no sufrir violencia
Cuando los valores
mundiales de derechos humanos se dejan de lado con impunidad, surgen intereses
locales, a menudo impulsados por grupos sectarios, étnicos o religiosos que en
ocasiones recurren a la violencia. Aunque por lo general sus prácticas vulneran
los derechos humanos, estos grupos están ganando apoyo entre la gente corriente
en varios países porque se los ve como adalides contra las injusticias
ignoradas por los gobiernos y la comunidad internacional.
Entretanto, en lugar de
hacer que estos grupos rindan cuentas de sus abusos, los gobiernos parecen
alimentar precisamente los factores que los hacen más fuertes. En Afganistán,
el gobierno y la comunidad internacional han desperdiciado la oportunidad de
construir un Estado eficiente y operativo basado en los derechos humanos y el
Estado de derecho.
La elevadísima inseguridad,
la impunidad y la corrupción e ineficacia de los organismos gubernamentales, en
combinación con altos índices de desempleo y pobreza, han minado la confianza
de la opinión pública. Por otra parte, los millares de víctimas civiles de las
operaciones militares lideradas por Estados Unidos han avivado el
resentimiento.
Los talibanes se han
aprovechado del vacío político, económico y de seguridad para controlar amplias
partes del sur y el este del país. La desatinada aventura militar en Irak se ha
cebado con los derechos humanos y el derecho humanitario, ha sembrado el rencor
entre la población, ha dejado crecer el poder de los grupos armados y ha
convertido el mundo en un lugar mucho menos seguro. La insurgencia se ha
transformado en un conflicto sectario, brutal y sangriento. El gobierno apenas
ha dado muestras de comprometerse a proteger los derechos humanos de la
población iraquí.
La policía iraquí, en la
que hay infiltrados muchos miembros de milicias sectarias, fomenta las
violaciones de los derechos humanos, en vez de combatirlas. El sistema judicial
iraquí es extremadamente inadecuado, como quedó confirmado en el juicio plagado
de deficiencias que se celebró contra Sadam Husein y en la grotesca ejecución
de éste. Para que haya esperanzas de cambio en los pronósticos apocalípticos
sobre Irak, es necesario que el gobierno iraquí y quienes le brindan apoyo
militar establezcan puntos de refe-
Un futuro sin miedo
Podemos dejarnos arrastrar
por el síndrome del miedo o podemos adoptar un enfoque radicalmente opuesto: un
enfoque basado en la sostenibilidad, y no en la seguridad. Posiblemente el
término «sostenibilidad» les resulte más familiar a las personas expertas en
economía del desarrollo o en medio ambiente, pero es también crucial para el
colectivo de activistas de derechos humanos. La estrategia sostenible fomenta
la esperanza, los derechos humanos y la democracia, mientras que la estrategia
de seguridad se centra en los miedos y peligros. El desarrollo sostenible es la
mejor forma de garantizar la energía.
Del mismo modo, la mejor
manera de lograr la seguridad humana es mediante instituciones que promuevan el
respeto por los derechos humanos. Para alcanzar la sostenibilidad es necesario
rechazar la mentalidad propia de la guerra fría, según la cual cada
superpotencia patrocina su propio club de dictaduras y regímenes abusivos. Es
preciso fomentar liderazgos éticos y políticas libres de prejuicios.
La sostenibilidad requiere
un fortalecimiento del Estado de derecho y de los derechos humanos, en el
ámbito nacional e internacional. Se ha prestado mucha atención a la celebración
de elecciones, en Bolivia o Bangladesh, en Chile o Liberia. Sin embargo, tal
como ha quedado demostrado en Repú- blica Democrática del Congo e Irak, no
basta con crear las condiciones necesarias para que las personas puedan emitir
su voto. Es mucho mayor el reto de promover una buena gobernanza –incluida una
estructura jurídica y judicial eficaz–, un Estado de derecho basado en los
derechos humanos, una prensa libre y una sociedad civil activa.
Un sistema basado en el
Estado de derecho que funcione adecuadamente en el ámbito nacional es la
salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser
verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores
desfavorecidos. La mayoría de las personas indigentes no están amparadas por la
ley. Para que su inserción en el sistema sea significativa, es necesario hacer
efectivos los derechos económicos y sociales materializándolos en políticas y
programas públicos.
En demasiados países sigue
negándose la igualdad ante la ley a las mujeres. La igualdad de acceso de las
mujeres a todos los derechos humanos no es sólo un prerrequisito para la
sostenibilidad de éstos, sino también una condición previa para la prosperidad
económica y la estabilidad social. Para alcanzar la sostenibilidad es preciso
revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos.
El Consejo de Seguridad,
humillado y dejado a un lado por sus miembros más poderosos, e ignorado por
gobiernos como los de Sudán e Irán, ha perdido mucha credibilidad. Sin embargo,
cuando la ONU fracasa, también se erosiona la autoridad de sus Estados miembros
más fuertes. Estados Unidos también saldrá ganando si descarta su enfoque
selectivo respecto a la ONU y reconoce el valor del multilateralismo como medio
fundamental de promover una mayor estabilidad y seguridad a través de los
derechos humanos.
El Consejo de Derechos
Humanos de la ONU parece manifestar algunos síntomas preocupantes de división
en facciones que traen a la memoria los que afectaron al órgano que lo
precedió. Pero aún es posible un cambio. Los Estados miembros pueden desempeñar
una función constructiva –y algunos, como India y México, ya lo hacen– para transformar
el Consejo en un órgano más dispuesto a abordar las crisis de derechos humanos
y menos proclive al exclusivismo político y a la manipulación.
El nuevo secretario
general de la ONU también ha de hacer valer su liderazgo como defensor de los
derechos humanos. La ONU tiene una responsabilidad única en materia de derechos
humanos que ninguna otra entidad le puede usurpar. Todos los órganos y el
funcionariado de la ONU han de estar a la altura de este compromiso. La
sostenibilidad de los derechos humanos significa nutrir la esperanza. De los
numerosos ejemplos de 2006 podemos extraer enseñanzas para el futuro.
El final del conflicto de
Nepal, que el país arrastraba desde hacía diez años y que conllevó abusos
contra los derechos humanos, constituye un claro ejemplo de lo que puede
lograrse mediante el esfuerzo colectivo. La ONU y gobiernos que mostraban
interés, en colaboración con líderes políticos nacionales y activistas de
derechos humanos del país y el extranjero, respondieron a la enérgica llamada
del pueblo nepalí. La justicia internacional es primordial para mantener el
respeto por los derechos humanos: en 2006, Nigeria entregó por fin al ex
presidente liberiano Charles Taylor al Tribunal Especial para Sierra Leona a
fin de que fuese juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La Corte Penal
Internacional inició su primer proceso contra un señor de la guerra de
República Democrática del Congo por reclutar a niños y niñas soldados. El
Ejército de Resistencia del Señor, grupo rebelde ugandés, es el siguiente en la
lista de la Corte, al igual que los responsables de las atrocidades cometidas
en Darfur. Al insistir en que los grupos armados, y no sólo los agentes
gubernamentales, deben rendir cuentas de sus actos, la Corte sienta un
importante precedente en una época en que los grupos armados hacen
demostraciones de fuerza que tienen consecuencias devastadoras para los
derechos humanos.
Las organizaciones de la
sociedad civil pusieron en marcha una campaña masiva que llevó a la Asamblea
General de la ONU a aprobar en 2006 una resolución para empezar a elaborar un
tratado internacional sobre el comercio de armas. La proliferación de armas es
una amenaza grave para los derechos humanos, y la voluntad de los gobiernos de
ponerla bajo control es un paso importante hacia la consecución de un mundo
«liberado del temor». Estos avances –y muchos otros– han tenido lugar gracias
al valor y al compromiso de la sociedad civil. De hecho, el más significativo
de los signos que permiten albergar esperanzas de transformación en el panorama
de derechos humanos es el propio movimiento de derechos humanos: millones de
defensores y defensoras, activistas y personas de a pie, incluida la membresía
de Amnistía Internacional, que están pidiendo un cambio.
Marchas, peticiones,
virales, blogs, camisetas o brazaletes pueden parecer insignificantes en sí
mismos, pero, al unir a las personas, liberan una energía que no debe
subestimarse. Darfur se ha convertido en un símbolo de solidaridad
internacional gracias a los esfuerzos de la sociedad civil.
Lamentablemente no se ha
puesto fin a los homicidios, pero la sociedad civil no permitirá que los
líderes mundiales olviden Darfur mientras la población siga corriendo peligro.
La justicia de género tiene todavía un largo camino que recorrer, pero la
campaña de la activista iraní de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel
de la Paz Shirin Ebadi por la igualdad de las mujeres en Irán ha prendido una
antorcha que no se apagará hasta que se haya ganado la batalla. Por su parte,
la campaña a favor de la abolición de la pena de muerte cobra cada vez más
fuerza gracias a la acción de la sociedad civil.
El poder de las personas
transformará el rostro de los derechos humanos en el siglo XXI. Más que nunca,
la esperanza está viva. Al concluir 2006, cerca de 400 detenidos continuaban
recluidos sin cargos ni juicio en el centro de detención estadounidense de la
bahía de Guantánamo, Cuba.
© Brennan Linsley/AP/Empics