Racismo, discriminación
racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
Informe del Seminario regional de expertos para
América Latina y el Caribe sobre el cumplimiento del Programa de Acción
adoptado en Durban: intercambio de ideas para una acción futura.
Distr. GENERAL
E/CN.4/2003/18/Add.1
18 de octubre de 2002
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
59° período de sesiones
I. APERTURA DE LA REUNIÓN
A. Organización del Seminario
1. El tema principal del Seminario regional de
expertos para América Latina y el Caribe fue el cumplimiento del Programa de
Acción adoptado en Durban: intercambio de ideas para una acción futura. El
Seminario fue una actividad de seguimiento de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, se celebró del 1º al 3 de julio de 2002 en México, D.F. y fue organizado con el apoyo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tras la presentación de los documentos
de antecedentes preparados por nueve expertos y del debate sobre los temas del Seminario
con la intervención de todos los participantes, los expertos llegaron a un
acuerdo sobre una serie de conclusiones y recomendaciones que se exponen en el
presente informe.
B. Participación
2. En el anexo del presente informe figura la lista
de expertos que participaron en el Seminario, así como de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales que estuvieron representados como observadores.
C. Apertura del Seminario y elección del
Presidente-Relator
3. El Seminario fue inaugurado con un discurso de
apertura de la Sra. Maricler Acosta, Subsecretaria
para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México, el discurso de la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la intervención de la Sra. Margarita Flores, Directora
Adjunta de la CEPAL.
4. Por aclamación, el Sr. Luis Valencia Rodríguez,
miembro del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, fue elegido
Presidente-Relator del Seminario.
D. Aprobación del programa
5. El siguiente programa del Seminario fue aprobado
sin votación.
1. Apertura de la reunión.
2. Planes de acción nacionales para combatir el racismo:
el papel de los distintos
actores
del proceso como los Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, las
organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil).
3. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas a grupos específicos de
víctimas:
a) Africamericanos
y personas de ascendencia africana;
b) Pueblos indígenas;
c) Migrantes.
4. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas a la administración de
justicia.
5. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas a la capacitación y
educación en derechos humanos para todos los sectores de la sociedad.
6. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas a salud, incluido el
VIH/SIDA.
7. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas al empleo.
8. Cumplimiento de las disposiciones de la Declaración
y el Programa de Acción de Durban relativas a la dimensión género en la
discriminación racial y, de una manera general, a la discriminación múltiple.
9. Cumplimiento de las disposiciones de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban relativas al papel de las
instituciones internacionales financieras y de
desarrollo.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Clausura del Seminario de expertos.
II. PLANES DE ACCIÓN NACIONALES PARA COMBATIR EL
RACISMO:
EL PAPEL DE LOS DISTINTOS ACTORES DEL PROCESO (COMO
LOS
ESTADOS, INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS,
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS
DE LA SOCIEDAD CIVIL)
6. Para presentar el tema el Sr. Luis Valencia se
refirió al documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.1. En su exposición, el Sr. Valencia
señaló que existe un mandato categórico de Durban en torno a la necesidad de
fortalecer y promover instituciones nacionales independientes de derechos
humanos. La Conferencia Mundial contra el Racismo reafirmó los principios que
deben sustentar los planes de acción, y la educación es uno de los elementos claves.
A continuación destacó algunos de los contenidos principales que debieran tener
los planes de acción, tales como la ratificación de instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos; la vigencia de un sistema legal
firme, estable e independiente; un adecuado funcionamiento del sistema
electoral; amplio conocimiento y cumplimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales; adecuada vinculación entre los derechos humanos y el desarrollo;
establecimiento y fortalecimiento de instituciones de derechos humanos; y más efectivas
instituciones de la sociedad civil.
7. En las intervenciones y preguntas se hizo
mención a la necesidad de que la implementación de los planes nacionales conlleve
la elaboración de un detallado diagnóstico, haciéndose un llamado para que el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emprendan dichos
diagnósticos. La representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) destacó la necesidad de información proveniente de las mismas
comunidades desde una perspectiva más cualitativa y de autodefinición.
III. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS A GRUPOS ESPECÍFICOS DE
VÍCTIMAS
A. Afroamericanos y
personas de ascendencia africana
8.
Introduciendo el documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.2, el Sr. Gustavo Makanaky señaló cómo a través de la historia de la región
se han construido relaciones sociales basadas en el color de la piel, fenómeno
que el Sr. Makanaky denomina "pigmentocracia". El experto señaló que en lo relativo
a la población afroamericana no se debe delegar sólo
a los Estados o al formalismo intergubernamental las posibles soluciones al
problema, sino que se debe contar con la mediación y el monitoreo de organismos
multilaterales regionales e internacionales en estrecha colaboración con la
ciudadanía afroamericana, sus organizaciones, la
comunidad académica y las instituciones de derechos humanos en general. El Sr. Makanaky
analizó el concepto de raza como componente central para la compresión de la
situación de las poblaciones afroamericanas en el
continente como concepto que esencializa las
relaciones sociales y las características culturales de los distintos grupos;
por ello destacó la utilidad del enfoque constructivista
de la identidad y la cultura. En el caso de Colombia mencionó el hecho de que
una gran cantidad de víctimas del conflicto armado son afrodescendientes.
9. El Sr. Makanaky
planteó una crítica a la idea de implementar una convención
interamericana
contra el racismo y la discriminación por considerar que sería una medida que retardaría
otras acciones y el uso efectivo de los instrumentos nacionales e
internacionales ya existentes. Varios de los participantes insistieron en
reafirmar la importancia de una convención interamericana contra el racismo y
la discriminación.
B. Pueblos indígenas
10. El Sr. Rodolfo Stavenhagen
presentó el documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.3. En su introducción planteó los
avances de la Conferencia contra el Racismo para los pueblos indígenas pero
también destacó los vacíos y todos aquellos aspectos que quedaron fuera de la
reunión, como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y la
demanda por el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
Destacó que la discusión sobre la libre determinación se ha estancado por la
discordia que existe acerca del uso de conceptos como "pueblo",
discusión que amenaza con bloquear la adopción de la declaración. Igualmente,
señaló que la discriminación es un fenómeno variado, que se debe comprender
atendiendo a varios ámbitos de la discriminación: jurídica, institucional,
personalizada y subjetiva, y la discriminación estructural. Apuntó también a
una serie de factores que entrampan los avances para el mejoramiento de la
situación de los pueblos indígenas y profundizan la discriminación, como son las políticas
estatales y sus promesas incumplidas; los problemas de tierra y territorio y asociada
a la tierra, la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales que son
una suerte de "racismo ambiental". También señaló los efectos que
tienen sobre las poblaciones indígenas las guerras civiles que han generado
miles de desplazados internos y migrantes forzados en
la región.
11. El Sr. Stavenhagen
destacó el papel que ha tenido en la región el modelo asimilacionista
como parte integrante de las políticas estatales, a través del cual se ha
promovido la modernización de los pueblos indígenas a los que se ha visualizado
como "disfuncionales" al proyecto nacional en razón de sus lenguas,
culturas y modos de vida. Una de las vertientes del asimilacionismo,
el indigenismo, promovió la "aculturación" y el mestizaje como formas
de superación de lo indígena. La negación de la identidad indígena es otro
ámbito importante de
discriminación
de estos pueblos, al igual que la educación con sus corrientes monoculturalistas y monolingüistas.
Otro ámbito de discriminación es el de la representación política, ámbito complejo
sobre el cual se deben buscar diversas fórmulas adecuadas a los contextos
nacionales que promuevan el empoderamiento de los
pueblos indígenas, así como la implementación de políticas compensatorias y de
restitución.
12. En el debate se valoró los instrumentos
regionales para la protección de los derechos humanos indígenas, destacándose
el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
asunto Awas Tingni
en Nicaragua. Se discutió la importancia y responsabilidad que tienen las
iglesias en las políticas y estrategias dirigidas a los pueblos indígenas.
C. Migrantes
13. Para presentar el tema sobre migrantes, el Sr. Álvaro Ramazzini
se refirió al documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.4, señalando la importancia que
tiene el contexto económico internacional y regional como causa de la
migración, destacando la injusta distribución de la riqueza en el mundo y
evidenciando las limitaciones de la mundialización, que en regiones como América Latina genera
una "injusticia estructural". Valoró también los avances en materia
de creación y reforma de instrumentos y cuerpos legales referidos a los migrantes, línea por la cual se debiera seguir transitando
dada la creciente situación de desprotección de los migrantes
y su incremento durante los últimos años, todo lo cual debe ser profundizado
dado el evidente resurgimiento de actitudes racistas y xenófobas contra los migrantes de los países.
14. En la sección de preguntas y discusión se
indicó como problemas principales que debían discutirse la desprotección de los
migrantes en materia de salud en los países
receptores a la vez que la migración de profesionales de la salud de los países
pobres a destinos como los Estados Unidos donde hay un déficit de estos
profesionales. Este proceso actúa como un verdadero
subsidio
de los países pobres a los países desarrollados sin que las remesas logren
equilibrar el desequilibrio. Finalmente, se señaló la necesidad de establecer
políticas concretas hacia los migrantes y que la
lucha contra el terrorismo no conduzca a disminuir el respeto de los estándares
de derechos existentes.
IV. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN
Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
15. El Sr. Jorge Taiana
preparó el documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.6 que lleva el mismo título que el
tema. En ausencia del Sr. Taiana, el Sr. Julio Faundez presentó el documento.
16. El Sr. Faundez indicó
que la justicia es uno de los principales instrumentos para combatir el racismo
y la discriminación, para lo que debe cumplirse con ciertas condiciones como su
independencia y compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, los sistemas
judiciales en la región presentan una serie de problemas como el alto nivel de
impunidad y un descompromiso de los magistrados con
los derechos humanos. El documento menciona los ámbitos temáticos que la
Conferencia contra el Racismo abordó sobre temas como: diagnóstico de la
situación; acceso a la justicia sin discriminación y la adopción de medidas
para desterrar la xenofobia y discriminación en los sistemas judiciales;
representación equitativa en la administración de justicia; procedimientos
judiciales necesarios para investigar los actos de racismo; adopción de medidas
para proteger a las víctimas de actos de racismo, incluido el derecho a
solicitar reparación pecuniaria; y capacitación para los funcionarios públicos.
El experto agregó que el documento recomienda considerar la implementación de
mecanismos adecuados de resolución de conflictos, la administración de justicia
en áreas remotas y los peligros de la excesiva formalización del sistema
jurídico. También debe evaluarse el sistema judicial en el marco del concepto
de "buen gobierno" y una necesaria distinción sobre las diferentes
formas de derecho existentes en el interior de los de países (derecho
internacional, derecho nacional, derecho indígena, etc.). En este sentido se
debe conocer y valorizar el derecho consuetudinario.
V. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN
Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS A LA
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
17. En su presentación del documento
HR/MEX/SEM.1/2002/BP.7 la Sra. Gilda Pacheco señaló
que en cuanto a lo dispuesto en la Conferencia contra el Racismo sobre la
capacitación y la educación, existen cuatro grandes tipos de desafíos para el
movimiento de derechos humanos: los relacionados con los esfuerzos para
garantizar un mayor conocimiento y utilización de las normas y mecanismos
internacionales ya existentes para combatir el racismo y la discriminación, los
que permiten armonizar las leyes nacionales y las políticas públicas a los
estándares internacionales con participación de poblaciones directamente
afectadas, los dirigidos a fortalecer destrezas de poblaciones involucradas y
organismos de derechos humanos y los relacionados con la sensibilización y la
información de la ciudadanía en general.
18. En la discusión se planteó que la difusión de
los derechos humanos debe considerar los factores locales y las especificidades
culturales y lingüísticas como modos adecuados de llegar, por ejemplo, a las
poblaciones indígenas. En términos de acceso y difusión de la información se debiera
promover la visibilización de las poblaciones
indígenas y afrodescendientes en los censos
nacionales.
VI. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN Y
EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS A SALUD,
INCLUIDO EL VIH/SIDA
19. La Sra. Cristina Torres Parodi
preparó el documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.7. En ausencia de la Sra. Torres, el
Sr. Cesar Vieira presentó el tema.
20. El Sr. Vieira explicó la manera en que se
manifiestan las asimetrías en salud cuando se atiende al origen étnico racial y
cómo se puede abordar el tema a través de las actividades de recolección de
información, conceptualización y abogacía. Entre las
conclusiones que se pueden obtener de la escasa información existente se
encuentra que las tasas de salud están más deterioradas en los pueblos
indígenas que en el resto de la población, que hay una serie de enfermedades
que afectan más a las poblaciones indígenas o a los afrodescendientes,
que los sistemas de salud no registran a la población indígena y afrodescendiente y que el VIH/SIDA afecta en mayor número a
estas poblaciones, entre otros aspectos.
21. Entre las preguntas y comentarios destacó la
necesidad de promover programas nacionales sobre VIH/SIDA. Se propuso tomar
como modelo el enfoque del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA). Se recomendó que los grupos indígenas y afrodescendientes
deberían ser incorporados como grupos meta de los
programas de VIH-SIDA. Se debería evaluar si los programas de salud y formación
de profesionales en el área de los países de la región están respondiendo a las
necesidades sociales del país o responden a criterios de mercado. Igualmente,
participantes recomendaron que se deberían de
considerar los sistemas médicos tradicionales como complemento a los sistemas
"formales".
VII. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN Y
EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS AL EMPLEO
22. El Sr. Julio Faúndez
presentó el documento HR/MEX/SEM.1/2002/BP.9. En su
intervención
el Sr. Faundez señaló que el Programa de Acción de
Durban vincula el problema de la discriminación en el empleo con la lucha
contra la discriminación en la educación, la salud, la vivienda y el acceso a
los servicios sociales. El experto abordó también la situación de la discriminación
en el empleo en América Latina donde, pese a no existir fuentes de información adecuadas,
se desprende de los datos sobre pobreza y empleo general que los más afectados
son los afrodescendientes y los indígenas.
23. El Sr. Faúndez afirmó
que en la región no se reconoce ni la diversidad ni el racismo, lo que se
manifiesta en la negación política de la diversidad racial y étnica y cuyos
términos han sido reforzados por los modelos de desarrollo. Enfatizó también
que la globalización no sólo trae beneficios sino también un conjunto de
problemas como la flexibilización laboral, el incumplimiento de las normas
laborales, los bajos salarios, factores que incentivan la inversión extranjera.
Las crisis permanentes son otros argumentos para superar el problema de la discriminación
en el empleo pues a partir de esta idea se excluyen personas del mercado
laboral con la excusa de que la crisis no lo permite y que el problema se
superará cuando la crisis termine, lo que en muchas ocasiones nunca llega a
suceder.
24. Una crítica que se hizo a las medidas de acción
positiva fue que éstas pueden ayudar a alterar el orden público y la paz
social. La relación entre la extrema pobreza y la discriminación plantea
algunos problemas para la aplicación de programas de acción positiva porque
ésta parece funcionar mejor en economías formales. Por otra parte la inclusión
de los individuos en el empleo mediante políticas de acción positiva corre el
peligro de diluir o menoscabar la identidad del grupo a que se intenta
beneficiar. Otra dificultad para combatir la discriminación es la escasa o nula
representación política de los discriminados y su fragmentada distribución
geográfica.
VIII. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN Y EL
PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS A LA
DIMENSIÓN
GÉNERO EN LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y DE UNA MANERA
GENERAL A LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
25. Presentando el documento
HR/MEX/SEM.1/2002/BP.10, la Sra. Sueli Carneiro destacó la presencia de las organizaciones de afrodescendientes en América Latina y el Caribe en el nuevo
marco inaugurado en el proceso pre y post Durban;
particularmente relevó cómo esta alianza aportó a la configuración de un amplio
diagnóstico sobre las prácticas discriminatorias que persisten en la región,
sus raíces históricas, sus múltiples manifestaciones e identificó a los grupos
humanos afectados por esas prácticas. Asimismo, enfatizó el conjunto de recomendaciones
que este movimiento aportó a los documentos finales de Durban. A partir de estos
elementos señaló cómo se insertó el protagonismo de las mujeres y su combate
contra el racismo y cómo se incorporó la cuestión de género como elemento
central de este proceso.
Valorizó el énfasis que el Programa de Acción de
Durban dio a la problemática específica de las mujeres afrodescendientes
y las múltiples formas de discriminación que enfrentan.
26. En el debate se señaló que el mito de la
democracia racial del Brasil fue profundamente cuestionado en la Conferencia
contra el Racismo. Pese a ello, las nuevas medidas para establecer políticas de
cuota en algunos sectores han sido cuestionadas por algunos sectores de la sociedad
civil que creen ver en esta medida una forma de discriminación. Las políticas
de cuotas muchas veces son asumidas por las empresas transnacionales que ya
tienen experiencia en este sentido y saben que de ello podrán obtener buenos
resultados; sin embargo, las empresas nacionales se muestran reticentes a estos
cambios. Se planteó la problemática de los quilombos,
donde hay un proceso de desagregación de familias. Respecto de la
discriminación en el ámbito de las creencias, la experta señaló que se está
buscando un marco legal que proteja efectivamente las creencias y los cultos de
los afrodescendientes, pues son instrumentos de
afirmación
cultural y alternativas económicas a través del turismo.
IX. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA
DECLARACIÓN Y
EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN RELATIVAS AL PAPEL
DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES FINANCIERAS
Y DE DESARROLLO
27. La Sra. Josefina Stubbs,
del Banco Mundial, señaló que reconocía la existencia de crecientes consensos
entre las agencias multilaterales y de desarrollo sobre la urgencia de combatir
la exclusión social. Asimismo se han hecho importantes avances en entender que
la pobreza tiene un fuerte componente racial y étnico, con mayor exclusión en
el caso de las mujeres. Planteó que es necesario crear sensibilidad entre los
gobiernos de la región para la implementación de políticas públicas enfocadas
hacia grupos vulnerables desde la dimensión racial y étnica. Solicitó integrar
la Declaración de Durban, sus pautas y aspiraciones a las metas de desarrollo y
eliminación de pobreza acordadas por la comunidad internacional bajo los objetivos
del milenio.
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
SEMINARIO DE EXPERTOS
28. A continuación se reproducen las conclusiones y
recomendaciones aprobadas por el Seminario de expertos.
A. Planes de acción nacionales
29. De acuerdo con la Declaración y el Programa de
Acción de Durban y con miras a asegurar la máxima protección y defensa de los
derechos humanos, los Estados deben elaborar y desarrollar planes de acción
nacionales, cuyo cumplimiento debe estar confiado a instituciones o comisiones
nacionales de amplia representación. El objetivo fundamental de los planes debe
ser llevar a cabo las recomendaciones contenidas en la Declaración y el
Programa de Acción
señalados.
30. Solicitamos a los gobiernos de la región que
adopten políticas públicas de combate a la discriminación racial, conforme al
Programa de Acción de Durban, a partir de amplias consultas con las poblaciones
afectadas.
31. Los Estados deben comprometer su voluntad y
decisión políticas para el leal y efectivo cumplimiento de los planes de
acción.
32. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos está siempre lista para absolver consultas o
pedidos de asesoramiento en relación con la elaboración y cumplimiento de los
planes de acción.
33. Entre los aspectos que se debe tener en cuenta
en la elaboración o adecuación de los planes de acción, conviene destacar los
criterios de independencia, representatividad y credibilidad, de tal manera que
sus actividades de promoción, protección y prevención se sustenten en el reconocimiento y aceptación de su
autoridad como un instrumento idóneo para el fortalecimiento de las
instituciones democráticas y el imperio del derecho.
34. Los planes de acción deberán contener medidas
específicas a favor de los grupos discriminados, entre ellos las mujeres, los
niños, los indígenas, los afroamericanos y afrodescendientes, los migrantes,
los desplazados internos, los refugiados, los mestizos, los romaníes,
los discapacitados, las comunidades judías, comunidades árabes e islámicas, los
ancianos, los grupos minoritarios (definidos como poblaciones meta en el
presente documento).
35. Todas las iniciativas de seguimiento del
Programa de Acción de Durban deberán incorporar la perspectiva de género, en el
entendido de que "género" no es sinónimo de "sexo", no es
un tema sino una categoría de análisis, y que las mujeres no son un sector
aislado, sino una población presente en todos los grupos étnicos.
36. Es indispensable que en la elaboración y
cumplimiento de los planes de acción tengan una activa y permanente
participación entidades de la sociedad civil, miembros de las organizaciones no
gubernamentales competentes, líderes religiosos y de los partidos políticos y
representantes de los medios de comunicación social. Se debe garantizar que las
personas y grupos que sean víctimas del racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia puedan participar plenamente.
37. Los Estados deberán asegurar la más amplia
difusión de los planes de acción, de tal manera que puedan ser conocidos por
todos los habitantes del país. Sin perjuicio de la responsabilidad primordial
que incumbe a los Estados en la preparación de los informes que deben presentar
a los distintos órganos creados en virtud de tratados, las instituciones
establecidas por los planes de acción también deben participar en su
elaboración.
38. Instamos a las organizaciones de la sociedad
civil vinculadas a la temática a generar procesos de coordinación y redes interorganizacionales, para el establecimiento de
mecanismos de seguimiento y estrategias de incidencia en la etapa post Durban,
que contribuyan al cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones
y medidas establecidas en el Programa de Acción de Durban.
B. Grupos específicos de víctimas
Afroamericanos y
afrodescendientes
39. El Seminario recomienda a las agencias de
estadísticas nacionales, los organismos regionales y al sistema de las Naciones
Unidas elaborar sistemas de información en la recolección de estadísticas
oficiales para el desarrollo, en todos los países de la región, que incorporen
el componente étnico afroamericano que permitan visibilizar la presencia de las comunidades afrolatinoamericanas y caribeñas y sus organizaciones, incorporando
los componentes de género y étnico en todos los programas generados.
40. El Seminario exhorta a los Estados a la
creación de programas de acción afirmativa tanto en el ámbito oficial como en
su promoción y seguimiento en el sector privado. De manera complementaria, se
recomienda al sistema de las Naciones Unidas la incorporación de profesionales afrodescendientes en sus oficinas en los países de la
región, para que representen de manera real la diversidad y la composición de
las poblaciones de su jurisdicción.
41. El Seminario insta a las Naciones Unidas a
iniciar, bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), un programa específico de
investigación coordinado con centros de estudios afroamericanos
de las universidades a lo largo y ancho del hemisferio y algunos centros de
estudios extracontinentales,
focalizados
en la población afrodescendiente de América Latina y
el Caribe dentro de la agenda prioritaria de corto plazo, que sirva de insumo a
los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y centros académicos para
avanzar en el diagnóstico y formulación de propuestas de políticas públicas. La
investigación y promoción debe cubrir los ámbitos locales y regionales,
nacionales e internacionales, en los aspectos históricos, sociológicos y
culturales, tanto del pasado como contemporáneos, relacionados con la presencia
de africanos y afrodescendientes en el continente
americano y el Caribe.
42. El Seminario recomienda a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos la creación de una relatoría especial sobre asuntos afrodescendientes.
43. El Seminario exhorta a los Estados, la sociedad
civil y los organismos internacionales a que reconozcan las especificidades de
las comunidades afrodescendientes que dependen de sus
tierras ancestrales para el sostenimiento y preservación de sus prácticas
culturales. El Seminario urge a los gobiernos a que ratifiquen el Convenio Nº
16 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y sus mecanismos de implementación.
Pueblos indígenas
44. El Seminario exhorta a los Estados a redoblar
los esfuerzos concertados para que el proyecto de declaración de los derechos
de los pueblos indígenas sea aprobado antes del término del Decenio
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en 2004, tarea que no puede dejarse
solamente a negociaciones directas entre miembros de delegaciones
gubernamentales, sino que debe ser un proceso con amplia participación de
representantes de dichos pueblos.
45. El Seminario invita a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a organizar foros
de especialistas indígenas y gubernamentales en los países cuya participación
es esencial para el buen éxito de las negociaciones en torno al proyecto de declaración,
así como desplegar una intensa actividad de cabildeo.
46. Se insta a los Estados la revisión cuidadosa de
las leyes, los reglamentos y los decretos que norman la relación entre los pueblos
indígenas y el Estado en todos sus niveles: local, regional, provincial,
nacional etc., con el objeto de eliminar todos aquellos que contengan
formulaciones discriminatorias.
47. El Seminario solicita a la Comisión de Derechos
Humanos que constituya comisiones ad hoc con la
participación de juristas, legisladores, científicos sociales y, por supuesto, representantes
de los pueblos indígenas y de organizaciones de derechos humanos, con el propósito
de revisar y evaluar el sistema legal que norma las relaciones de los pueblos
indígenas y los Estados. Esta apreciación se refiere también a los países que
ya han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT.
48. Se insta a los Estados a detectar y depurar las
prácticas discriminatorias dentro de los distintos sistemas de la
administración pública y privada allí en donde aún existen.
49. El Seminario recomienda difundir y reconocer
legislaciones recientes que han abierto espacios para que los pueblos indígenas
encuentren mecanismos institucionales para la defensa de sus tierras y
territorios, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a favor de la protección de los derechos colectivos.
50. El Seminario pide el reconocimiento de la
naturaleza multilingüe y poliétnica de las naciones latinoamericanas
y solicita a los Estados que adecúen los sistemas de
enseñanza correspondientes a este reconocimiento.
51. El Seminario recomienda utilizar los medios de
comunicación como instrumentos valiosos para promover el respeto hacia los
demás, la dignidad humana, la tolerancia hacia el "otro", en el marco
de una concepción auténtica de pluralismo y ciudadanía multicultural.
52. Los Estados deben hacer ajustes entre los
importantes reconocimientos jurídicos efectuados,
en algunos países, y sus consecuencias en el mejoramiento de las condiciones de
vida de los grupos discriminados.
53. El Seminario exhorta a los Estados a establecer
medidas que vayan en beneficio de los trabajadores migrantes
en mayoría de origen indígena, tanto en los países de origen como en los de
recepción.
54. Se recomienda a los Estados, los organismos
internacionales y regionales, las
organizaciones
no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil que establezcan medidas y
programas que promuevan la valorización de las culturas, la cosmovisión y las
creencias de las poblaciones indígenas y mestizas.
55. El Seminario pide a los Estados que resalten en
propuestas educativas nacionales la sabiduría ancestral de los pueblos
indígenas, manifestada en su respeto a la vida, la naturaleza, la solidaridad y
los valores humanos, como fuente de reserva espiritual para la humanidad.
56. Se solicita a los Estados que promuevan
programas de educación bilingüe en aquellos países en que aún existen programas
educativos homogeneizantes y discriminatorios.
57. Se invita a los Estados y organizaciones
internacionales y regionales a programar evaluaciones periódicas para verificar
los progresos logrados en la aplicación
de las medidas encaminadas a superar el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia
contra los pueblos indígenas.
58. Se exhorta a los Estados a que consideren en
sus sistemas judiciales el derecho consuetudinario como parte integrante del
pluralismo legal que debe existir en los países de la región.
Migrantes
59. A fin de regular el fenómeno migratorio, es
necesario impulsar las relaciones comerciales con menores restricciones entre
los países, revitalizar mercados y propiciar proyectos de desarrollo en las
áreas más empobrecidas de la región.
60. Se requieren acciones globales a nivel
internacional para abordar el fenómeno migratorio:
programas
de información en los países de origen, cuotas en migraciones temporales,
programas de población, políticas de desarrollo económico y social, etc. Se
precisa asimismo de un tratamiento del problema a nivel regional.
61. Se exhorta a los Estados a procurar que los
estándares internacionales de protección a los(las) migrantes en su intercepción, detención y deportación no
sean disminuidos.
62. El Seminario insta a los Estados a que
fortalezcan los procesos de constitución de democracias en el interior de sus
países y garanticen los derechos económicos, culturales y sociales de sus
ciudadanos.
63. El Seminario promueve la ratificación de la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.
64. El Seminario recomienda impulsar las
asociaciones de inmigrantes, que se convierten en ocasiones en grupos de
presión junto a otras organizaciones de la sociedad civil.
65. Se exhorta a los gobiernos a que formulen
políticas para acompañamiento y protección de nacionales en el extranjero,
desde las embajadas y consulados de los países emisores.
66. El Seminario exhorta a los gobiernos a que concienticen respecto de la situación y problemática que
vive el migrante, para evitar el rechazo por parte de
la población y provocar en cambio la solidaridad.
67. El Seminario afirma que el migrante
no debe ser visto como un problema sino como un signo de esperanza con una
clara opción por la vida, para vencer la exclusión y la condena a la pobreza y
a la muerte.
C. Administración de justicia
68. En cuanto a los sistemas de administración de
justicia, se insta a los Estados a:
a) Garantizar que cada plan nacional de acción
destaque la necesidad de luchar contra el racismo dentro del sistema de
justicia penal;
b) Garantizar que el personal de la administración
de justicia (magistrados, fiscales, empleados del sistema de justicia y
letrados), el personal de las instituciones penitenciarias, de la policía y de
inmigración a todos los niveles reciba formación especializada en derechos
humanos relacionada con la discriminación racial;
c) Llevar a cabo investigaciones
multidisciplinarias sobre las repercusiones del racismo en todos los ámbitos
del sistema de justicia penal, en particular, por ejemplo, para los resultados
de las medidas policiales, las sentencias dictadas por la judicatura y la concesión
de la libertad condicional u otros beneficios jurídicos para las personas encarceladas;
d) Adoptar medidas para promover la diversidad al
contratar personal para todos los ámbitos del sistema de justicia penal;
e) Garantizar que todos los funcionarios del
sistema de justicia penal respondan por sus actos racistas, desde la policía
hasta los miembros del poder judicial, desde los funcionarios de prisiones
hasta el personal de inmigración;
f) Garantizar un trato imparcial y humano, así como
asistencia letrada e interpretación para los migrantes
detenidos;
g) Garantizar que se adopten medidas para la
abolición de
i) la pena capital;
ii)
la práctica de sancionar a los menores con condenas reservadas para los
adultos;
iii)
todas las disposiciones relativas a sentencias obligatorias en vista de sus
efectos
racialmente dispares;
h) Garantizar una evaluación plena e independiente
de los riesgos de discriminación específicamente racial que encierran las
instituciones privadas de justicia penal y la utilización privada del trabajo
penitenciario;
i) Garantizar mecanismos independientes de
supervisión, inspección y control en todos los lugares de detención, prestando
especial atención a las condiciones y al trato de los detenidos vulnerables al
racismo, la discriminación racial, la xenofobia o las formas conexas de
intolerancia;
j) Crear mecanismos para que las leyes sean
ampliamente respetadas, reconocidas, ejercidas y divulgadas en las lenguas de
todos los pueblos indígenas y comunidades étnicas que habitan el país.
69. Se solicita a la Federación Iberoamericana de
Defensores del Pueblo (Ombudsman) que se involucre
en el monitoreo del plan de acción y en la protección de derechos de las
poblaciones meta.
D. Capacitación y educación en derechos humanos
Ámbito internacional
70. Se exhorta a los Estados a que difundan
ampliamente el conocimiento y utilización de normas y mecanismos
internacionales existentes para la protección de los derechos humanos de las
poblaciones meta. Para tal propósito:
a) Solicitar al Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) que considere la creación de una convención
interamericana contra la
discriminación
racial;
b) Adoptar medidas concretas para la amplia
difusión de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Awas Tingni
y otras futuras que protejan derechos colectivos respecto a la protección
de las tierras.
Ámbito nacional
71. Se solicita a los Estados que armonicen leyes
nacionales y políticas públicas con estándares internacionales por ellos
aprobados con respecto a los derechos de las poblaciones meta, de manera
especial la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y el Convenio Nº 169 de la OIT. Para tal
propósito:
a) Difundir ampliamente los estándares mínimos de
protección establecidos en los
textos
constitucionales de los 35 países del continente americano con relación a normas
expresas de prohibición a la discriminación. En los casos pertinentes, dar a conocer
las normas expresas de protección a las poblaciones afrodescendientes,
indígenas y/o nativas, con respecto a sus lenguas y a acciones específicas de protección
en cuanto al reconocimiento de tierra y/o territorio.
b) Ampliar la publicidad respecto de los países que
han ratificado la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial,
que
por ello se han obligado a ser supervisados por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, e investigar cuántos informes por país se han
presentado al Comité y dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de los
mismos. En el caso de los países que no lo han hecho, definir estrategias de
incidencia de la sociedad civil en las cancillerías para el cumplimiento de
este objetivo.
En el fortalecimiento de destrezas de
organizaciones de la sociedad civil
72. Se exhorta a los Estados a que monitoreen el cumplimiento
de los resultados y
compromisos de la Declaración y el Programa de
Acción de Durban, con los informes y el trabajo que realizan los comités
correspondientes de las Naciones Unidas, y para estos fines, que fortalezcan y
coordinen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente
en la realización de los informes paralelos o "sombra", que tanta
utilidad prestan a estos comités.
73. Se exhorta a los Estados a que capaciten a
organizaciones civiles afrodescendientes e indígenas
en las Américas en formas de monitoreo y rendición de
cuentas, teniendo en cuenta los mecanismos creados a partir de los tratados
internacionales para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los
Estados partes en tales instrumentos.
74. El Seminario solicita a la Comisión de Derechos
Humanos que vincule el Programa de Acción de Durban con la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, a fin de que cada derecho establecido en la Convención pueda hacerse operativo a través del Programa
de Acción.
En campañas de sensibilización de la ciudadanía
75. Se invita a los Estados en el marco del Plan
Interamericano de Educación a promover campañas educativas con la participación
de instituciones públicas, especialmente en el campo de la educación, la
capacitación y la cultura, para combatir los prejuicios que son causa de la discriminación
racial, promover la toma de conciencia con respecto a estereotipos negativos y estimular
relaciones más positivas entre las razas, las culturas y las etnias. Para tal
propósito:
a) Incorporar en la capacitación regular de
educadores el tema de la diversidad cultural y su contribución a la sociedad,
según la realidad de cada país, promoviendo conocimientos y valores de
aceptación, tolerancia y respeto a culturas de pueblos indígenas y afrodescendientes.
b) Revisar los contenidos de textos y materiales
didácticos de la educación formal, para detectar elementos
explícita o sutilmente racistas o discriminatorios hacia cualquier grupo
racial o étnico, así como la proporcionalidad de la información que se brinda sobre
cada grupo poblacional.
c) En el ámbito de la educación formal es
importante promover investigaciones que determinen
en qué medida este sistema brinda igualdad de cobertura y de calidad de la
educación sistemática a las poblaciones racial o étnicamente diversas del país.
Esto supone analizar las condiciones reales de
equidad en el acceso de estas poblaciones a la escuela pública, su permanencia
en el sistema y su egreso exitoso.
E. Salud, incluyendo el VIH/SIDA
76. El Seminario constata que, a pesar de la
insuficiente información disponible en este campo, los grupos afrodescendientes, indígenas y migrantes
de América Latina y el Caribe están afectados por desigualdades en el ámbito de
la salud en proporciones considerablemente más elevadas que la población
general de la región. Dichas desigualdades se refieren tanto a la situación de
salud como al acceso, la utilización y el financiamiento de los servicios de
salud. Su reducción exige la acción
mancomunada de los Estados, las comunidades interesadas, la sociedad civil y la
cooperación externa en el desarrollo de políticas y programas de salud que discriminen
positivamente a dichos grupos.
77. Teniendo en cuenta la prioridad asignada por la
Declaración y el Programa de Acción de Durban a la reducción de las
desigualdades de salud producidas por causas raciales o étnicas, los expertos
sugieren las siguientes líneas de acción que deben ser seguidas por los Estados
de América Latina y el Caribe para alcanzar este objetivo:
a) Desarrollar políticas y programas destinados a
reducir las desigualdades en situación de salud y acceso, utilización y
financiamiento de los servicios de salud que afectan a los grupos afrodescendientes, indígenas y migrantes;
b) Focalizar los proyectos apoyados por los fondos
globales de salud y las estrategias de reducción de la pobreza en beneficio de
las comunidades afrodescendientes, indígenas y migrantes;
c) Utilizar las buenas prácticas desde el punto de
vista étnico de los programas contra el VIH/SIDA y de salud reproductiva en el
desarrollo de programas de prevención y control de otras enfermedades que
afectan a los grupos afrodescendientes, indígenas y migrantes;
d) Establecer en los ministerios de salud unidades
dedicadas a promover la participación de la sociedad civil, los parlamentos y
el poder judicial en la reducción de las desigualdades de salud que afectan a
las comunidades afrodescendientes, indígenas y migrantes;
e) Facilitar la incorporación de conocimientos y
prácticas de salud de los grupos
afrodescendientes e
indígenas en las políticas y programas de salud;
f) Introducir la identificación étnica de
individuos y comunidades en los censos
demográficos,
encuestas de hogares, estadísticas y sistemas de información de salud, en
consulta con las comunidades interesadas;
g) Realizar la estimación del gasto nacional y
financiamiento de salud desde una
perspectiva
étnica, como un instrumento para monitorear la asignación de recursos a las
políticas y programas de salud en beneficio de los grupos afrodescendientes
e indígenas;
h) Promover la capacitación de las comunidades afrodescendientes e indígenas en aspectos relacionados con
la promoción y protección de la salud, así como la
prevención y
el control de la enfermedad;
i) Promover la cooperación entre los ministerios de
salud y de educación para facilitar la formación como profesionales de salud de
personas de origen africano e
indígena;
y
j) Capacitar al personal de salud en general sobre
la identificación y manejo de las
dimensiones
étnicas de la salud y enfermedad con el propósito de reducir la discriminación
racial en el sector salud.
F. Empleo
78. El Seminario solicita a los Estados y las
organizaciones internacionales y regionales
que realicen diagnósticos nacionales sobre la situación de empleo con énfasis
en la situación particular de las poblaciones meta.
79. Se exhorta a que se recopile información por
parte de los Estados, organismos
internacionales y
organizaciones gubernamentales de cómo se expresa la discriminación de empleo
en las poblaciones de afroamericanos e indígenas para
definir estrategias de atención.
80. Teniendo en cuenta que el Programa de Acción de
Durban insta a los Estados a que adopten medidas concretas que eliminen el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia en el lugar de trabajo y aseguren la plena igualdad de todos ante la
ley y a que eliminen otros obstáculos, el Seminario recomienda a los Estados
que tomen las siguientes medidas:
a) Realizar programas de capacitación focalizados en destrezas específicas para la consecución de
empleo de las poblaciones afrodescendientes e
indígenas;
b) Tomar medidas legislativas y políticas públicas
relacionadas con el empleo de estos sectores;
c) Identificar e implementar prácticas de acciones
afirmativas para incrementar el
empleo
en poblaciones afrodescendientes e indígenas;
d) Generar medidas focalizadas
en el ámbito comunitario de creación de empleo, como estrategia de promoción
laboral y seguridad ciudadana;
e) Realizar seminarios con sindicatos y ministerios
de planificación y economía a nivel de los países para definir estrategias de
incorporación; y
f) Crear mecanismos eficientes de regulación con
respecto a las trabajadoras
domésticas.
81. Se exhorta a las empresas privadas y públicas a
que promocionen políticas de igualdad en el empleo al interior de éstas y
generen mecanismos internos de resolución de conflictos laborales.
82. Se recomienda a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la OIT que evalúen
y diseminen información sobre experiencias de acciones positivas.
83. Se exhorta a los gobiernos a que se aseguren
que no asuman compromisos internacionales que menoscaben los derechos laborales
de las poblaciones meta.
84. Se exhorta a los gobiernos a que se aseguren
que respeten los derechos de las poblaciones metas y en ningún caso suspendan o
menoscaben estos derechos para crear incentivos a la inversión extranjera.
G. Género
Mejorar la recolección de datos desglosados
85. El Seminario solicita a los Estados y a las
organizaciones internacionales y regionales:
a) La incorporación del tema de la raza y la etnia
en los instrumentos de recolección de información sobre población;
b) La desagregación del índice de desarrollo humano
por raza y género para todos los Estados de la región.
Discriminación positiva
86. El Seminario invita a los Estados a establecer
cuotas porcentuales por raza y género, como parte de sus programas de acción
afirmativa, en la composición de sus estructuras ejecutivas, legislativas y
judiciales. Se invita igualmente a las empresas privadas y públicas, incluyendo
a empresas de comunicación, a establecer dichas cuotas en la selección y
promoción de personal.
87. Se alienta a los Estados a crear programas de
generación de empleo, ingreso y autosustento que
ofrezcan capacitación técnica y gerencial incluso en actividades no
tradicionales y con el uso de nuevas tecnologías, destinadas a las mujeres
negras, en especial a aquellas de comunidades remanentes de quilombos
o cimarrón, e indígenas de zonas rurales.
Propuestas sectoriales
88. Se hace un llamado general a los gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil a
desarrollar:
a) Campañas de valorización de las mujeres negras e
indígenas como forma de revertir los estereotipos presentes en el imaginario
social que aprisionan a las mujeres negras y promueven su descalificación, en
especial en el mercado de trabajo y en el campo de los valores afectivos.
b) Campañas de sensibilización del sector privado
para la inclusión de la diversidad étnica y racial y de género en el conjunto
de sus responsabilidades sociales.
c) Programas de capacitación profesional e
implantación de un sistema financiero de microcrédito
de estímulo a la creación de microempresas y cooperativas que saquen las
mujeres negras e indígenas del "gueto" del servicio doméstico.
d) Programas de alfabetización de mujeres adultas.
Estudios realizados demuestran que la alfabetización de mujeres adultas tiene
gran impacto sobre la reducción de la pobreza e influencia decisiva sobre la
educación de sus hijos e hijas y de otros niños y niñas de su entorno.
e) Inversiones en la educación de niños negros e
indígenas y niñas negras e indígenas con edades entre 4 y 6 años para compensar
las ausencias culturales del ambiente familiar.
f) Programas de acceso a las nuevas tecnologías que
permitan superar la actitud
tecnofóbica
que la exclusión social produce en las mujeres negras e indígenas.
g) Programas de desarrollo sustentado para los y
las "quilombolas" y cimarrones.
h) Programas de trabajo solidario para la
construcción comunitaria de viviendas.
i) Programas de formación política: desarrollo de
la capacidad de reivindicación, de promoción de nuevos liderazgos y nuevas
organizaciones de mujeres negras e
indígenas.
j) Programas de formación en derechos humanos,
derechos reproductivos y derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
k) Programas de formación de agentes de salud y de
grupos de portadores de
enfermedades etnicorraciales y de portadores de las enfermedades de
mayor
incidencia
en la población negra e indígena.
l) Incentivos a la formación de investigadoras
negras e indígenas en las temáticas de género y raza.
m) Programas de erradicación de los estigmas y
estereotipos de género y raza en los instrumentos didácticos utilizados en el
sistema educacional.
n) Proyecto editorial de traducción y divulgación
en los idiomas de la región acerca de estudios
sobre mujeres negras.
o) Producción de instrumentos de comunicación de
carácter regional: revistas, páginas en la Internet, boletines sobre las
mujeres negras e indígenas.
p) Apoyo a los encuentros regionales de mujeres afrolatinoamericanas y caribeñas.
q) Capacitación de mujeres negras e indígenas para
intervención en los organismos internacionales de derechos humanos y derechos
de minorías en agencias multilaterales.
H. Agencias internacionales, financieras y de
desarrollo
89. El Seminario reconoce que existe un creciente
consenso entre agencias multilaterales y de desarrollo sobre la urgencia de
combatir la exclusión social. Asimismo, se han hecho avances importantes en
entender que la pobreza tiene un fuerte componente étnico y racial, con características
de mayor exclusión en el caso de las mujeres.
90. Es necesario crear sensibilidad entre los
gobiernos de la región para la implementación de políticas públicas enfocadas
hacia grupos vulnerables desde la dimensión racial y étnica.
91. Se solicita a las agencias de cooperación al
desarrollo que sensibilicen y capaciten a sus funcionarios y técnicos
especializados para que puedan integrar en todos sus proyectos y programas las
especificidades raciales, étnicas y de género.
92. Se solicita a las agencias de las Naciones Unidas
y a las organizaciones multilaterales de desarrollo que incorporen en sus
informes anuales los avances realizados en el alcance de los objetivos del
milenio y de seguimiento de la Conferencia de Durban, en relación con los
grupos meta.
93. Se pide a las agencias de las Naciones Unidas y
a las organizaciones multilaterales de desarrollo el establecimiento de puntos
focales al interior de las organizaciones con mandatos al seguimiento del
Programa de Acción de Durban y el establecimiento de diálogos productivos con
los gobiernos, las agencias y la sociedad civil.
94. El Seminario urge a las agencias de las
Naciones Unidas y a las organizaciones multilaterales de desarrollo a que
apliquen políticas de diversidad en los procesos de reclutamiento de personal
en las áreas técnicas, especializadas y gerenciales.
95. Se exhorta a los Estados a que integren la
Declaración de Durban, sus pautas y aspiraciones a las metas de desarrollo y
eliminación de pobreza acordadas por la comunidad internacional bajo los objetivos
del milenio. Los grupos meta deben ser sujetos de especial atención en la
superación del déficit educativo y en la mejoría de la calidad de la educación;
disminuir los niveles de incidencia del VIH/SIDA particularmente en las
poblaciones afrodescendientes; y aumentar la
participación de los grupos excluidos en su acceso a fuentes de empleo. Los
avances hechos en esta área deben ser reportados en las subsecuentes reuniones
de seguimiento de los acuerdos de Durban.
96. Se pide que se fortalezcan iniciativas de
coordinación y diálogo alrededor de estas
metas y su implementación entre agencias multilaterales, de cooperación y
desarrollo, gobiernos y organizaciones civiles.
97. Se exhorta a los Estados a que creen
herramientas e indicadores para evaluar los avances en el cumplimiento de estas
metas, identificar obstáculos, ampliar y difundir experiencias exitosas a nivel
nacional y regional.
98. El mejoramiento de la salud, educación y las
oportunidades de empleo debe conllevar el fortalecimiento de la sociedad civil.
99. Se solicita a las agencias privadas de
cooperación que apoyen financieramente
los planes de trabajo de seguimiento de la Conferencia de Durban de las
organizaciones civiles.
100. Se exhorta a los Estados a que generen
alianzas estratégicas y programas piloto con el sector privado para:
a) Mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito
laboral, por ejemplo a través de
códigos
de conducta;
b) Fortalecer la capacidad de inversión y gestión
de pequeños productores y
microempresarios
(créditos y apoyo técnico);
c) Crear programas de capacitación para acceso al
empleo y expansión de capacidades en el mercado laboral.
101. El Seminario recomienda a las agencias de las
Naciones Unidas que incorporen en sus planes de trabajo acciones específicas para
el combate del racismo, la discriminación racial y de género de conformidad con
las recomendaciones de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.
102. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos
que adopte las medidas necesarias para proclamar el "Decenio de las
Naciones Unidas de los Pueblos y Comunidades Afrodescendientes".
103. Se recomienda al Grupo de Trabajo sobre
Minorías la organización de un seminario anual de expertos y organizaciones afrodescendientes, indígenas y otras minorías para evaluar
el nivel de implementación del Programa de Acción de Durban.
104. Se recomienda a la Comisión la organización de
una conferencia regional del hemisferio, dentro de tres años, para evaluar el
proceso de implementación del Programa de Acción de Durban.
105. El Grupo de Trabajo sobre Minorías debe
establecer una coordinación con organizaciones de derechos humanos para la
inclusión sistemática de la población de afroamericanos
en sus diversos informes.
106. Se recomienda al Grupo de Expertos Independientes
sobre personas afrodescendientes que, a través de los
medios a su disposición, evalúe la situación de los derechos humanos de las personas
afrocolombianas y pueblos indígenas en el contexto
del conflicto armado de ese país.
XI. CLAUSURA DEL SEMINARIO DE EXPERTOS
107. Los expertos aprobaron en conjunto las
recomendaciones presentadas al plenario.
108. El Sr. Roberto Jarretón,
Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, dio el discurso de clausura del Seminario.
Anexo
LISTA DE PARTICIPANTES
Expertos
Sra. Sueli Carneiro, GELEDES, organización no gubernamental de mujeres
afro del Brasil
Sr. Julio Faúndez,
Profesor de Derecho de la Universidad de Warwick,
Reino Unido
Sr. Gustavo Makanaky Córdoba,
Fundación Assim Bonnaga,
afiliada al Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades
Afro Colombianas Cimarrón
Sra. Gilda Pacheco,
Directora del Departamento de Entidades y Sociedad Civil del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos de Costa Rica
Sr. Álvaro Ramazzi Imeri, Obispo de la Diócesis de San Marco, Guatemala y
responsable de la Comisión Episcopal de la Movilidad Humana de la Conferencia
Episcopal de Guatemala
Sr. Rodolfo Stavenhagen,
Colegio de México y Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas
Sra. Josefina Stubbs,
especialista en desarrollo social de la región de América Latina y el Caribe, Banco
Mundial
Sr. Luis Valencia Rodríguez, miembro del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas
Sr. Cesar Vieira, Coordinador del Programa de
Políticas Públicas y Salud, Organización Panamericana de la Salud.
Estados Miembros de las
Naciones Unidas
Austria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chipre, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Israel, Italia,
México, Nicaragua, Perú, Venezuela.
Organizaciones
intergubernamentales, y otras organizaciones o entidades que hayan recibido una
invitación permanente para participar como observadores en las sesiones y en el
trabajo de la Asamblea General, manteniendo oficinas en la Sede
Palestina, Comunidad Europea.
Órganos de las Naciones
Unidas y organismos especializados
Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer, Fondo de Población de las Naciones
Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Banco Mundial.
Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
de México, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos de México.
Organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social
Amnistía Internacional, Canadian
Council of Churches, Centro Simon Wiesenthal, Consejo Nacional de Tratados Indios, Grupo
Jurídico Internacional de Derechos Humanos, Internacional Pro Reforma Penal,
Organización Mundial contra la Tortura.
Organizaciones no
gubernamentales no reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social, acreditadas para la Conferencia Mundial contra el Racismo
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, Fundación Ford, Franklin H. Williams Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, Mundo Afro, National Coalition to Abolish the
Death Penalty, Organización
de Desarrollo Étnico Comunitario, Programa Universitario de Estudios de Género, Tribuna Israelita, Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, World Wins
Corporation.