Los bolivianos en Buenos Aires fortalecen la democracia

Derechos Humanos, inmigración  y participación democrática

 

Por: Eduardo J. Vior, Dr. en Ciencias Sociales, Profesor de Ciencia Política Departamento de Derecho y Ciencia Política Universidad Nacional de La Matanza San Justo, ARGENTINA

Texto del artículo presentado para su publicación en el volumen con las conclusiones del Congreso de la Asociación Alemana de Estudios sobre América Latina (ADLAF) sobre “Migraciones” celebrado en Friburgo, Alemania, en noviembre de 2003.

 

En el campo de los estudios migratorios se habla habitualmente de países emisores y países receptores. Ciertamente, ningún país es emisor o receptor puro. Por distintas razones, aún en los países más ricos se registra anualmente la salida de cientos de miles de personas. También países típicamente expulsores de población reciben contingentes inmigratorios de otros más pobres. Pero son pocos aquellos países que a la vez registran importantes flujos migratorios de entrada y de salida. Argentina es uno de ellos, ya que, aunque desde hace tres décadas expulsa masivamente población hacia Brasil, los Estados Unidos y Europa Occidental, sigue atrayendo población, fundamentalmente desde los países vecinos. Este transvasamiento poblacional comenzó durante la dictadura militar (1976-83) y se profundizó en la democracia. Desde principios de la década pasada la población procedente de los países limítrofes ya representa más del 50% del total de la población extranjera en el país (Benencia, 2004:2).

 

Este proceso es simultáneo a la fractura de la imagen de Nación “europea” construida por la élite oligárquica entre 1853 y 1880. La combinación de represión, transnacionalización cultural, retroceso económico y exclusión social deslegitimó „el mito argentino“ que suponía que la mezcla de poblaciones europeas en el país produciría un progreso escalonado de generación en generación. Las actuales generaciones argentinas de clase media son las primeras en saber que sus hijos no podrán ascender socialmente más allá del nivel alcanzado por sus padres, que más probablemente desciendan hacia la pobreza y marginación (Volnovich, 2004). Este conjunto de factores ha alterado la solidaridad de valores, normas y símbolos que dan sustento a la convivencia comunitaria.

La combinación de la crisis de la imagen nacional como referente para la legitimación del Estado con el transvasamiento poblacional pone en cuestión el carácter de la democracia argentina. La democracia se basa en un sistema de creencias compartidas performativo de la conducta de los ciudadanos. Al romperse los vínculos comunitarios y modificarse la composición de la población, quedan en suspenso tanto las bases conceptuales y simbólicas de la democracia como el carácter de los ciudadanos que la animan. Pero esta crisis también ofrece a la sociedad argentina distintas alternativas de desarrollo. En este trabajo se trata de saber, primero, en qué medida la minoría resultante de la inmigración boliviana hacia Argentina está conformando un nuevo sujeto popular, o sea construyendo ciudadanía, y segundo, cómo influyen las relaciones entre el Estado y la mayoría de la sociedad argentina por un lado con esa minoría por el otro sobre el carácter de la democracia argentina.

Interculturalidad, Derechos Humanos y migración

Para quienes trabajamos en educación e investigación en, sobre y para los Derechos Humanos desde una perspectiva intercultural, el fenómeno migratorio tiene ética y teóricamente un interés central: la migración aparece como condición existencial del ser humano a través de su historia y en todo el mundo[1]. Los seres humanos siempre han migrado. Will Kymlica (1996:13) dice que sólo Islandia y Corea tienen poblaciones étnicamente homogéneas; los demás países han resultado de migraciones y mestizaciones más o menos recientes. La migración es la materialización del intercambio entre las culturas. En esta “zona de contacto” se mide la capacidad de cada sociedad para tratar con otras culturas. Este intercambio define a la humanidad como tal desde su origen, pero significa también que ninguna cultura puede estar segura de sí misma, porque el intercambio pone en duda las certezas, elabora un producto nuevo (Vior, 2003:3).

La humanidad siempre ha estado condicionada por relaciones inter- e intraculturales. Nunca hubo culturas que pudieran vivir aisladas o sin estar signadas por las distintas percepciones de sus miembros sobre el sentido de sus códigos. Las culturas son el resultado de procesos continuos de aprendizaje colectivo para poder adaptarse a las cambiantes condiciones circundantes al mismo tiempo que resultados de complejos procesos de entendimiento entre las personas y los grupos componentes sobre sobre reglas racionales y simbólicas de convivencia como condición de supervivencia. Por este doble carácter las relaciones inter- e intraculturales son una misma cosa.

Desde la perspectiva intercultural aquí propuesta los estudios sobre la migración permiten relativizar las „verdades“ de los sistemas políticos, formuladas como universales, pero en realidad originadas en constelaciones de poder y de pensamiento circunstanciales[2]. Si aceptamos que ninguna cultura y por lo tanto ningún sistema de valores, normas y representaciones simbólicas puede ser juzgado desde sí misma, sino que su autoimagen debe ser confrontada con la que sobre ella tienen las otras culturas con las que entra en contacto, al estudiar la migración hay que traspasar el juicio de los representantes de la sociedad de acogida incluyendo el de los inmigrantes sobre la sociedad de arribo. Recién al combinar ambos juicios puede alcanzarse un mínimo criterio de verdad para juzgar las relaciones entre la mayoría y la minoría resultante de la inmigración. Esta apreciación intercultural sirve para fundamentar una convivencia civilizada acorde con los principios de los Derechos Humanos.

Al aplicar esta perspectiva al nivel de las políticas de migración veremos que para organizar una convivencia democrática no basta con que los Estados y los representantes de la mayoría social en los países de acogida adopten criterios más o menos liberales para tratar a las poblaciones que arriban desde más allá de las fronteras. Esta meta sólo puede alcanzarse incorporando la perspectiva de los inmigrantes sobre la sociedad de acogida a la formulación de políticas migratorias. Sólo cuando los inmigrantes estén en condiciones de incorporar sus experiencias, de formular sus opiniones sobre la convivencia entre mayoría y minorías y de actuar democráticamente podrá hablarse de una política inmigratoria exitosa.

En las ciencias sociales los fenómenos migratorios son tratados predominantemente como desviaciones del supuesto sistémico de que a cada Estado le corresponde un contingente poblacional más o menos homogéneo. Se trataría de fenómenos ocasionales originados en situaciones de emergencia resolubles mediante ciertos paquetes de medidas económicas, sociales y educativas. Por el contrario supongo aquí que la migración es la condición natural del ser humano; la convivencia en territorios más o menos cerrados y contextos estables constituye la excepción a la regla. Así lo entiende la nueva Ley argentina de Migraciones, número 25.871 del 17 de enero de 2004: “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad” (art. 4).

Con esta definición, que va mucho más allá de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes de 1990, Argentina proclama el Derecho Humano a la migración. Este derecho no aparece codificado en ninguna de las declaraciones y documentos internacionales de los Derechos Humanos, pero se construye a partir de la combinación de otros ya codificados.

·        “Todos los seres humanos tienen el derecho de abandonar cualquier país, incluido el propio, y de retornar al suyo. (DUDH, art. 13.2)”.

·        “Todos los seres humanos tienen el derecho al trabajo, a lalibre elección de la profesión, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. (DUDH, art. 23.1)”.

·        “Los Estados contratantes reconocen el Derecho al Trabajo, que incluye el derecho de todos los seres humanos a disfrutar de la posibilidad de ganar su sustento mediante todo tipo de trabajo independiente o libremente aceptado, y adoptan las medidas adecuadas para la protección de este derecho (PIDESC, art. 6.1)”.

·        “1. Toda persona que reside legalmente en el territorio bajo la soberanía de algún Estado tiene el derecho de trasladarse libremente dentro del mismo y elegir libremente su lugar de residencia.   
2. Todos los seres humanos tienen el derecho a abandonar libremente cualquier país, incluido el propio (PIDCP, art. 12.1 y 12.2)”.

Si consideramos que el derecho a salir de cualquier país implica el derecho a entrar en otro, la restricción arriba mencionada (PIDCP, 12.1), de residir “legalmente” en el territorio de otro país, sólo puede entenderse como la obligación de convalidar legalmente una residencia que per se es conforme a Derecho. A ningún Estado le cabe en esta argumentación el derecho a interpretar restrictivamente este pasaje. Toda persona tiene el derecho a salir de su país, entrar en otro, residir en él, cambiar de lugar de vivienda, ejercer libremente toda profesión no penada por la ley y/o a aceptar libremente todo trabajo en relación de dependencia en condiciones dignas. Así se configura un Derecho Humano a la Migración obligatorio para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este Derecho es inherente a la persona, universal e inseparable del resto de los Derechos Humanos.

Esta inversión de la óptica acarrea ciertas consecuencias:

1.      Si bien tanto los inmigrantes como la sociedad de acogida deben adaptarse recíprocamente, considerando las relaciones de fuerza y la mayor responsabilidad que cabe a los Estados desde la óptica de los Derechos Humanos, son éstos los principales responsables por las condiciones políticas, sociales e institucionales del encuentro entre los inmigrantes y la sociedad de acogida.

2.      Los Estados no tienen derecho a prohibir o limitar la inmigración, sino la obligación de crear las condiciones para que ésta se produzca en condiciones dignas afectando lo menos posibles los intereses tanto de los miembros de la sociedad de acogida como los de los recién llegados.

3.      Dado que la inmigración implica incorporar a la sociedad en general y en particular a la vida profesional y laboral nueva población que trabaja y tiene necesidades a ser satisfechas, crea nuevas reponsabilidades especiales para el Estado.

4.      Estos grupos deben ser al mismo tiempo alentados a organizarse para expresar sus demandas como un sujeto de derechos más, o sea que la inmigración modifica la idea de ciudadanía vigente en la sociedad de llegada. Este cambio se extiende a la autopercepción de la sociedad como una comunidad de valores, normas y sistemas simbólicos. La reflexión pública sobre estos cambios es tanto más necesaria cuanto profundas sus consecuencias.

5.      Por pequeña que sea la inmigración confronta a la sociedad receptora en su totalidad con la necesidad de adaptarse a la nueva situación. La migración se convierte así en un tema transversal de toda la política del Estado.

6.      Formulado más generalmente, podemos decir que los Estados no son quienes tienen el derecho a legitimar a los migrantes, sino éstos a los Estados, en tanto son portadores de un derecho anterior a los mismos que les da razón de existir.

Nación, inmigración y ciudadanía

Para estudiar la migración como objeto de las Ciencias Políticas parto de la noción de que la Nación es la „comunidad imaginada“ (Anderson, 1991) con la que un sistema político define sus criterios de inclusión y exclusión precisando las características simbólicas de los sujetos aptos para participar en la dirección y gestión del mismo.

Anderson demostró que la construcción de la imagen nacional y su ubicación como referente máximo para la legitimación del Estado en un lento proceso que va del siglo XVI al XIX permitió por primera vez en la historia de la Humanidad organizar políticamente el mundo con una única forma que, paradójicamente, resulta tanto más eficaz cuanto más refirma la particularidad de su objeto de representación.

De este modo la imagen nacional es la visión de una comunidad sobre sí misma en la que se articulan simbólicamente los principios de autodeterminación y de soberanía con las ideas prevalecientes sobre el orden económico y social, el lugar de esa determinada comunidad en el orden mundial, la historia y el espacio en que se asienta la misma[3]. Pero la imagen nacional no sólo tiene una función representativa. Por su función de legitimadora del Estado, sus símbólos son incorporados a políticas sectoriales que influyen sobre las relaciones sociales. De esta manera la representación simbólica nacioanl tiene un efecto performativo sobre la constitución de sujetos políticos y sociales (Butler, 1997).

La referencia a la imagen nacional es normativa, prefigurando el tipo de sujetos políticos y sociales deseables, los que deben ser subordinados, los que deben ser excluidos y, en muchos casos, contra qué tipo de sujetos sociales y políticos debe ejercerse la soberanía del Estado. Por ello es que en estudios sobre migración considero tan importante determinar primero el carácter de los sujetos prefigurados en la imagen nacional, cuál es la imagen de “pueblo” como comunidad de los ciudadanos que la misma diseña, cómo se ve en ella al inmigrante deseado y cómo al que se pretende mantener alejado de las fronteras nacionales. La referencia a la imagen nacional es constitutiva de identidad. Por ello es que, por el camino inverso, el estudio de las prácticas estatales en relación con las comunidades de origen inmigrante nos brinda indicios para entender qué tipo de sujeto “normal” se está deseando. O sea que al fijar las fronteras de la comunidad nacional y segregar grupos poblacionales a los que se adscriben determinadas características, también se está definiendo normativamente cómo debe ser el ciudadano deseado.

La investigación del modo de construcción simbólica de ese Otro interno que es el inmigrante en el sistema de la „comunidad imaginada“ nos permite comprender las condiciones de reconocimiento de actores en el sistema político. Al posicionarse ante la inmigración un Estado define las características de la democracia en su territorio. De este modo el estudio de la migración permite escudriñar los sistemas políticos desde sus periferias.

La minoría de origen boliviano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Tanto la complejidad creciente de los estudios migratorios internacionales como las necesidades prácticas de ordenamiento del Estado y de formulación de políticas públicas han llevado en los últimos diez años a una creciente atención hacia las minorías étnico-culturales resultantes de la inmigración. No todos los grupos migratorios forman minorías. El que lo hagan o no y cómo lo hagan depende de la capacidad integrativa de los sistemas de acogida, pero también de las circunstancias de la inmigración y del peculiar bagaje cultural, especialmente de la infraestructura organizativa del grupo inmigrante.

En este trabajo se entiende como minoría étnico-cultural a aquellas poblaciones que viven en un territorio mayoritariamente poblado por otros grupos y que, por efecto de las políticas públicas, la influencia de los discursos de la mayoría social sobre la minoría y por procesos de autoidentificación tienden a constituir de modo duradero sistemas de valores, normas y símbolos así como relatos míticos cualitativamente diferentes del entorno mayoritario que los constituyen como “pueblo” (Manjuk / Manolcheva / Vior, 2004:138-139).

Si consideramos comparativamente los procesos inmigratorios de los últimos cincuenta años en Europa Occidental y América del Norte se puede afirmar en términos generales que un país de acogida en proceso de crecimiento económico, con políticas de equidad social, expansión de la democracia y respeto por la diferencia y el pluralismo, confrontado con un proceso de inmigración progresiva de población medianamente calificada, con organizaciones transparentes y gran capacidad de aprendizaje e innovación, está en buenas condiciones de asimilar a dichos grupos a medida que van llegando. Su capacidad y/o disposición a hacerlo disminuye con cada uno de los elementos componentes.

Por el contrario, países en crisis o con gran desigualdad social y regional, con definiciones de nacionalidad monoétnicas, tendencias a limitar poliárquicamente la democracia y desconocimiento de la diferencia social y cultural favorecen implícita o explícitamente la formación de minorías. Mucho más si tienen que tratar con contingentes migratorios organizados de modo intransparente, procedentes de culturas tanto o más intolerantes que las de acogida. La constitución de minorías no es un proceso “objetivo” que acaezca al margen de la voluntad de mayorías y minorías numéricas, sino un proceso de formación de identidades subgrupales referidas a la del grupo mayoritario. Si bien no existe planificación previa, el conjunto de interacciones que cristalizan en la constitución de identidades minoritarias se articula siempre en torno a acontecimientos políticos significativos. Una vez constituida una minoría etnocultural no es reductible en el corto plazo. Toda política sensata de estabilización de la democracia tiene que reconocer a las minorías como parte de la sociedad y actores involucrados en la toma de decisiones.

Debido a las desogualdades sufridas, la discriminación y la memoria viva de las propias tradiciones, la población procedente de Bolivia ha formado en Argentina una minoría étnico-cultural con fuertes peculiaridades. Pero también la conducta del Estado y de la mayoría de la sociedad hacia esta minoría tiene aspectos peculiares. Ningún otro grupo inmigrante recibe mensajes tan ambiguos como éste. El esfuerzo de las clases medias de Buenos Aires por ser tolerantes en su relación con los nuevos vecinos se conjuga con una compleja estructura de  prejuicios (Benencia, 2004) y alterna con momentos de franca xenofobia, como sucedió entre 1997 y 1999. Sobre este grupo se concentran tensiones no resueltas en la identidad argentina. Por estas causas he tomado en este trabajo las relaciones entre el Estado y la mayoría de la sociedad argentina por un lado y la minoría originada en la inmigración desde Bolivia por el otro como un caso ejemplar para estudiar la dinámica de la crisis y la reconstrucción de la democracia argentina[4].

La inmigración boliviana es especialmente interesante, porque crece permanentemente, en etapas sucesivas se fue concentrando en el AMBA, está incorporando con éxito al espacio urbano modos asociativos de raíz andina con fuertes señas identitarias[5], da a las mujeres un papel central, trajo sus propios intelectuales (maestros, periodistas y artistas) con los que va ocupando espacios públicos y, finalmente, está resignificando usos y costumbres populares regionales de Bolivia, como la fiesta de la Virgen de Copacabana o el Carnaval de Oruro, convirtiéndolos en cristalizadores de la „nueva bolivianidad“ en desarrollo (Grimson, 2000:43-46; Santillo, 2003:6-8)[6]. Se trata ya de una presencia política, social y cultural insoslayable e inamovible, con fuerte peso en la zona urbana más importante de Argentina.

En los estudios internacionales sobre migraciones es habitual caracterizar el fenómeno como „un problema de gobernabilidad“. Como lo define L. Mármora (1996:89) “El principal desafío que tienen las políticas migratorias es el de la posibilidad de goebrnabilidad de este fenómeno social”. Según esta idea se trata de saber en qué grado la misma afecta la estabilidad de los sistemas políticos y de arbitrar las medidas para asegurarla. La función de las políticas migratorias sería entonces canalizar y regular las migraciones para que no desestabilicen los sistemas políticos. Desde la persepctiva intercultural de los Derechos Humanos aquí sostenida la argumentación descrita invierte las condiciones históricas: ya no se trata de que cada ser humano tenga un derecho a la migración hacia donde quiera y cuando quiera, sino que son los Estados quienes retienen el privilegio de decidir quién y cuándo entra. Desde la fundamentación que di al principio de este texto, tal modo habitual de explicación representa una inversión ideológica de la realidad migratoria. Tomando los Derechos Humanos como base los sistemas políticos se justifican por su capacidad de asegurar la justicia, la libertad y la democracia al mayor número posible de individuos y grupos que quieran integrarlos. Sobre esta base estudiamos las migraciones preguntando qué deben hacer los sistemas políticos para garantizar el derecho de todas las personas a inmigrar dónde y cuándo quieran, con las mejores condiciones posibles para la convivencia democrática entre la mayoría de la sociedad y los grupos resultantes de la inmigración.

En este contexto nos interesa discutir en qué medida la inmigración boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires está aportando a la construcción de un nuevo sujeto popular democrático y pluralista capaz de participar en la reconstrucción de la imagen nacional argentina con justicia, democracia y libertad.

Desde los primeros asentamientos en la zona centro- y surandina siempre existieron movimientos de población entre el altiplano y las regiones colindantes que se mantuvieron durante la dominación española. Los cultivos regionales en el último cuarto del siglo XIX y la industrialización sustitutiva de importaciones en la primera mitad del siglo XX crearon una demanda estacional de trabajadores que la población argentina y los inmigrantes europeos no podían satisfacer. Como lo explica R. Benencia (2004:1), “Los diversos estudios sobre la inmigración en la Argentina coinciden en señalar que, hasta mediados del siglo XX, la inmigración de los países limítrofes desempeñó un papel de complementación de la migración interna, pero a partir de la década del 60 de dicho siglo estas corrientes tendieron a concentrarse en algunos sectores del mercado de trabajo atendiendo a demandas específicas, geográficamente concentradas.”

Desde la crisis de las economías regionales en los años 60 los trabajadores bolivianos comenzaron su migración a Córdoba y al Litoral, especialmente a Buenos Aires, para trabajar en la construcción, el servicio doméstico y las industrias y manufacturas con demanda intensiva de mano de obra. Pero todavía era una inmigración que pretendía ser transitoria, mayoritariamente masculina y procedente de Tarija y Santa Cruz, regiones tradicionalmente influidas por la cultura argentina (Grimson, 2000:16).

Como resalta Benencia (2004:2), “(...) la población representada por los inmigrantes de países limítrofes fue creciendo cada vez más en importancia respecto de la pobración migrante no limítrofe, hasta llegar a representar a inicios de la década del 90 más del 50% del total de la población inmigrante en la Argentina. No obstante, esta información provista por los censos nacionales de población no concuerda habitualmente con el número de inmigrantes limítrofes indocumentados que ingresan anualmente en el territorio nacional, así como aquellos que en un mismo año entran y salen del país, sin que su paso quede registrado, como es el caso de los cosecheros o trabajadores por temporada.”

Desde la llegada de los primeros bolivianos a Buenos Aires las redes de parentesco y origen indujeron su concentración en determinados barrios generándose así una fuerte conciencia identitaria ligada a la lucha por la defensa de los asentamientos. Tras el cierre de las minas de estaño y la instauración del neoliberalismo en Bolivia en 1985 comenzó la emigración de familias y comarcas enteras en distintas direcciones. Por su tamaño, accesibilidad y la preexistencia de redes asociativas bolivianas una de las más apreciadas fue el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Características distintivas de las migraciones de los últimos veinte años son: 1) que proceden de distintas regiones de Bolivia (Oruro, Sucre, La Paz, Cochabamba y Tarija, entre las más importantes) configurando en la emigración en Buenos Aires una mezcla demográfica y cultural desconocida al interior del país de origen; 2) que emigran redes familiares enteras con las prácticas asociativas económico-culturales de sus regiones de procedencia que reproducen en el nuevo contexto, destacándose el papel singular que tienen las mujeres en las relaciones de mercado[7]; 3) que traen consigo a sus intelectuales, especialmente maestros y periodistas, capaces de montar rápidamente las redes de comunicación intracomunitarias así como acrecer su presencia pública en el espacio urbano de Buenos Aires; 4) su tendencia a asentarse de modo duradero en las zonas de acogida y, por lo tanto, su disponibilidad a relacionarse y comprometerse con la sociedad circundante y 5) la resignificación de cultos y costumbres populares de distintas regiones de su país que contribuye de modo decisivo a la configuración de la „nueva bolivianidad“ en Buenos Aires[8].

Para entender las relaciones de este nuevo actor con el sistema político argentino, debemos caracterizar primero el marco jurídico. El régimen legal para la inmigración a la Argentina se ha definido tradicionalmente por la contradicción entre la ausencia fáctica de restricciones a la entrada de extranjeros al país y las enormes dificultades para la legalización de la residencia, generando así una tendencia a la ilegalidad que es funcional a la explotación y el sometimiento de los inmigrantes.

Pero sería un error circunscribir el racismo y la discriminación a los últimos años. Aunque el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853/60 termina proclamando que la misma se promulga para “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, el art. 25 la limita al fomento de la inmigración europea. La primera Ley de Ciudadanía 346 de 1869 mantenía todavía un espíritu de apertura hacia la inmigración, pero ya la Ley 4.144 de 1902, llamada “Ley Cané” (por su autor) o “Ley de extrañamiento”, autorizó al gobierno nacional a expulsar sin proceo judicial a los extranjeros que “atentaran contra el orden público”. Esta ley, reactivada durante la Dictadura Militar en 1978 mediante la llamada “Ley Videla” de Migraciones (Ley 22.439), rigió hasta enero de 2004, cuando fue remplazada por la nueva Ley de Migraciones 25.871. De modo que la discriminación contra los pueblos sudamericanos fue una constante desde la organización del Estado argentino. A ella se añadió hace cien años el control represivo de todos los extranjeros en general. Este contexto estructural condiciona toda la cuestión de la migración en la Argentina.

Cuando comenzó la recesión de la economía argentina a partir de 1998, el desempleo afectó primero a los inmigrantes. La persistencia de sus redes asociativas permitió, sin embargo, a los trabajadores bolivianos soportar la crisis relativamente mejor que a otros grupos sociales sometidos[9]. Especialmente su ingreso masivo en las explotaciones hortícolas que circundan Buenos Aires, en la importación de dichos productos desde Bolivia y en el abastecimiento callejero y en pequeñas tiendas de verdulería y frutería en toda el área urbana generaron numerosos puestos de trabajo sucedáneos de los perdidos en la industria y una acumulación intracomunitaria de capital, al mismo tiempo que valorizaron el rol social de las mujeres. Mujeres son las propietarias de verdulerías y otras tiendas, quienes cierran los negocios, dan siempre la última palabra en los tratos comerciales y son las titulares de flotas de camiones (Casaravilla, 1999; Neufeld / Thisted, 1999).

La minoría de origen boliviano, ¿nuevo sujeto popular?

La comprobación de que la población originada en la inmigración desde Bolivia tiene características socioculturales y económicas peculiares no basta para caracterizarla como minoría y definir sus relaciones con el Estado y la mayoría de la sociedad argentina. Debemos tener en cuenta también su variado espectro de asociaciones y organizaciones (asociaciones vecinales, parroquiales, cofradías religiosas, cooperativas de comerciantes, radios FM, dos periódicos de gran circulación - “Renacer boliviano” y “El vocero boliviano” -, dos federaciones de asociaciones - FIDEBOL y FACBOL, ésta intervenida por la justicia -, un movimiento de derechos humanos, ligas deportivas, etc.). Pero también hay que considerar su progresiva ocupación del espacio urbano con ferias, mercados, procesiones y festividades[10]. Al mismo tiempo su capacidad de movilización contra el racismo y su habilidad para vinculares a los nuevos movimientos sociales argentinos le permitieron ganar cierto reconocimiento social[11].

En un artículo de abril de 2003 A. Grimson se preguntaba en qué medida la construcción de la etnicidad como modo de articular intereses seguía siendo válido en un contexto de crisis social generalizada en la que todos los sectores populares y de clase media estaban movilizados en defensa de sus intereses (Grimson, 2003:155). Sin embargo, un año y medio después, el relanzamiento del crecimiento económico y un modesto retroceso de la pobreza y la desocupación han diferenciado el panorama de los reclamos, también al interior de la comunidad de origen boliviano. Si bien en sectores del conurbano bonaerense la comunidad boliviana, al incluir una gran cantidad de indocumentados, se ubica entre los más castigados por la pobreza y la indigencia[12], en barrios más consolidados la pobreza está contenida y hay indicios de recuperación del empleo. En el otro extremo de la pirámide sectores de horticultores bolivianos avanzan sobre la comercialización, fundando sus propios mercados mayoristas para venderle a las verdulerías de sus connacionales y reducir la intermediación.

Actualmente puede hablarse de un proceso de diferenciación intracomunitaria con manifestaciones en el nivel asociativo. Los grupos ascendentes tienden a abandonar los barrios típicamente bolivianos, a mudarse a otros indiferenciadamente habitados por argentinos “medios” y a asimilarse a ellos en sus hábitos y costumbres. En el otro extremo de la pirámide los inmigrantes indocumentados y los trabajadores en negro no están en condiciones de organizarse por la misma precariedad de sus condiciones de vida. Muchas veces van y vienen repetidamente entre Bolivia y el AMBA antes de decidirse a retornar definitivamente o a asentarse para siempre en la nueva patria.[13]

Las asociaciones de la colectividad boliviana en el AMBA representan al “main stream” de este grupo. De modo similar a las organizaciones de inmigrantes en otros países su estructura organizativa es endeble y generalmente está limitada a un pequeño grupo de activistas, a veces emparentados, que trabajan mucho para defender los intereses de sus representados. Pero esta debilidad organizativa no es falta de repressentatividad, ya que cada vez que las asociaciones bolivianas convocan a la movil.lización tienen un gran éxito de asistencia.

Finalmente está el problema de las federaciones o uniones de asociaciones. A pesar de la riqueza y el desarrollo asociativos, la colectividad de origen boliviano no logra consolidar estructuras nacionales para representar sus intereses. Distinto tipo de rivalidades ha impedido hasta ahora la unidad organizativa. Una de las federaciones nacionales (la FACBOL) está intervenida por la justicia argentina por irregularidades admnistrativas. Los representantes de la colectividad tienen buen acceso a representantes del Estado y de fuerzas representativas de la mayoría social argentina, pero lo hacen generalmente por canales informales.

Aunque hay datos dispersos en los estudios e investigaciones, faltan estudios sistemáticos sobre las percepciones y actitudes políticas de la colectividad boliviana, o sea, cómo se ve a sí misma como sujeto de derechos y cómo ve al Estado y a las fuerzas representativas de la mayoría de la sociedad argentina. ¿Se ve como un fenómeno marginal, segregado, no perteneciente a la sociedad en la que vive? ¿O más bien como sujeto activo en condiciones de defender sus derechos y sus intereses y de aportar a la democracia argentina? ¿O quizás está decidida a abandonar el perfil étnico y cultural para buscar su incorporación a la sociedad argentina a título individual o, a lo sumo, como grupo social? Esta carencia se debe en parte a la omisión de la ciencia política argentina que no ha dedicado ningún estudio de envergadura a la cuestión de la inmigración desde los países limítrofes.

La inmigración boliviana en el AMBA representa una minoría con claros signos identitarios que en el corto y mediano plazo no será asimilada por la mayoría social. Todo proyecto de Nación deberá tenerla en cuenta. La reconstrucción de la Nación unitaria, homogeneizadora, monolingual y „blanca“ impuesta en el siglo XIX es ya imposible. El intento de excluirla de la gestión de los asuntos públicos acarrearía la exclusión de la mayoría de la población y, por lo tanto, la negación de los Derechos Humanos.

La nueva Ley de Migraciones 25.871, en vigor desde el 17 de enero de 2004, representa una posibilidad de articular de un modo diferente la articulación de la minoría de origen inmigrante con el Estado y la mayoría de la sociedad argentina. Al consagrar en su artículo 4 el Derecho Humano a la migración sienta un precedente revolucionario en la normativa internacional sobre la materia. La migración es ahora un derecho subjetivo de la persona que no depende de la voluntad de ningún Estado.

Las dificultades actuales en el proceso de reglamentación, en el que algunos funcionarios pretenden someter a los inmigrantes a controles que limitarían su libertad de movimiento y sus derechos, arrojan sin embargo dudas sobre la suerte futura de esta norma. Un retroceso de la legislación hacia perfiles represivos podría provocar la guetoización de las colectividades inmigrantes y la criminalización de los indocumentados, o sea la quiebra del diálogo entre los representantes de los inmigrantes y el resto de la sociedad. El subsecuente resurgimiento de la intolerancia y la xenofobia sería un grave freno para el desarrollo democrático argentino.

Si aspira al reconocimietno social, la minoría de origen boliviano en Buenos Aires deberá superar sus problemas de organización y coaligarse con otros sectores populares en la búsqueda de más democracia, justicia y equidad. También deberá encontrar formas de representación de sus intereses ante el Estado en todos sus niveles. Fundamentalmente deberá superar la tendencia al autoaislamiento que sólo puede conducir a un bloqueo de las relaciones con el Estado y la mayoría de la sociedad argentina.

El diálogo y la negociación racional entre ambas partes son imprescindibles para hablar de un sujeto independiente surgido de la colectividad de origen boliviano. Sin el reconocimiento de esta minoría etnocultural, no hay democracia. Sin su activa participación en los asuntos públicos, tampoco. Al hacer visible lo que por tanto tiempo se ocultó debe sucederle la búsqueda de los instrumentos para la inclusión. Del conocimiento debemos pasar al reconocimiento y la intervención social.

Bibliografía

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[1]             En esta argumentación sigo las ideas de Raúl Fornet Betancourt (2003:89-98) y mi propia exposición en Vior (2003), de próxima aparición en Argentina.

[2]             Sigo en este paso los estudios sobre la ideología en la tradición de Karl Mannheim (1952), Kurt Lenk (1974) y Teun van Dijk (1999).

[3]             Esta idea fue desarrollada por el autor en el cap. 4 de su tesis de doctorado sobre “Bilder und Projekte der Nation in Brasilien und Argentinien” [Imágenes y proyectos de Nación en Brasil y Argentina], defendida en 1991 en la Universidad de Giessen (microfilmada). Su reedición parcial está prevista en Buenos Aires para 2005.

[4]             Para la metodología de análisis de casos v. Bonilla (2002).

[5]             Sobre las “redes asociativas transancionales” de la migración boliviana v. Benencia, 2003:166.

[6]             El concepto de “nueva bolivianidad” fue elaborado científicamente por Alejandro Grimson (1999 y 2003). Con él designa por un lado el fenómeno del encuentro de distintas tradiciones regionales y sociales que en Bolivia funcionan sin conexión. Pero el concepto refiere también a la voluntad manifestada por la mayoría de la colectividad de origen boliviano de integrarse activamente al desarrollo de la ciudadanía democrática argentina. De este modo la “nueva bolivianidad” sería parte de la “nueva argentinidad”.

[7]             Sobre el peculiar papel de las mujeres en la inmigración boliviana en Buenos Aires v. en este mismo volumen el trabajo de A. Bonilla “Autonomía moral entre limones y colectivos: las ‘mamacitas’ bolivianas en Buenos Aires”.

[8]             Sobre la resignificación del carnaval de Oruro en el entorno urbano del AMBA v. la tesis de Licenciatura en Antropología de N. Gavazzo (2003).

[9]             Tratar la cuestión de las redes asociaticsa excedería los límites de este trabajo. El concepto está tomado de la obra de Manuel Castells y pretende caracterizar distintos tipos de asociaciones no institucionalizadas mediante las cuales múltiples grupos en todo el mundo intentan adaptarse a ls condiciones de la Tercera Revolución Industrial. Estas redes pueden ser de base migratoria, mafiosa, etnocultural, religiosa u otras. 
                Roberto Benencia incorporó el concepto para la descripción de los modos de organización de la inmigración boliviana en Argentina. Por tal se entiende el sistema de conexiones que unen a individuos, grupos familiares y comunidades de origen en una vinculación que asocia personas y esfuerzos transversalmente entre Bolivia y distintas regiones de Argentina.

[10]           Sobre la resignificación del Carnaval de Oruro en Buenos Aires v. la tesis de mi colaboradora N. Gavazzo (2003).

[11]           Sobre la situación de los Derechos Humanos de la colectividad boliviana en Argentina v. CEDLA (2000:21-31).

[12]           Primeros relevamientos del proyecto de investigación sobre “Los Derechos Humanos y la participación de los inmigrantes bolivianos en el Partido de La Matanza” dirigido por el autor en la Universidad Nacional de La Matanza permiten confirmar esta impresión.

[13]           Agradezco en este aspecto la experiencia de trabajo de campo y los comentarios de mi colaboradora Consuelo Tapia.