Migración interna e intraregional en Bolivia. La mano visible de Adam Smith

 

 

Víctor Vacaflores Pereira

Bolivia- 2003

 

 

Bolivia,  en relación con  otros países latinoamericanos, debe ser, sin lugar a dudas, el país que menos inmigrantes ha recibido en su historia republicana (1825). Razón esencial para que la diversidad étnico-cultural no haya sufrido transformaciones substanciales, salvo las provocadas por el proceso colonial.   Los grandes flujos migratorios de fines del siglo XIX, los provocados por la II Guerra Mundial y los producidos por las guerras internas y desastres naturales y sociales de otras latitudes,  no tomaron  en cuenta a Bolivia como posible espacio de refugio o como escenario para el emprendimiento de nuevos asentamientos.[1]

 

 

El fenómeno migratorio en Bolivia, sea la interna o la externa, está rodeada de niveles intolerables de discriminación y exclusión.  La migración interna, como fenómeno de masas es el resultado de la Revolución de 1952, cuando las masas alzadas en armas terminaron sin el poder, pero imponiendo la Nacionalización de Minas, el Voto Universal y en especial la Reforma Agraria.  Miles de “indios”[2], quechuas o aymaras  como consecuencia de ese extraordinario momento histórico se hacen presentes en las ciudades de manera  notoria y gradual.  La apertura hacia el agro del oriente y la construcción de un Estado Nacional en medio de las mas grandes diversidades, hace presente en las urbes, a una población que e 1950 se concentraba en un  74 %  en el área rural.

 

La migración campo-ciudad, pese a los beneficios que reporta para la población urbana, en tanto mano de obra barata, servidumbre, productos agrícolas diversos y a bajos precios, es un fenómeno tolerable pero discriminatorio en extremo, tal cual, antes en gran parte de las ciudades capitales, se prohibía que los “indios” ingresen a la Plaza Principal.  Los “indios”, campesinos modernamente, eran vistos como animales de carga, de trabajo, de servidumbre. Esta mentalidad, si bien ha cambiado en algo, subsiste en amplios sectores de la población, una mentalidad neocolonial, un colonialismo interno, que incluso demanda comprensión y entendimiento de los indios-campesinos que “no quieren entender las políticas de incorporación a la Nación Boliviana en la que se esfuerzan los gobiernos y el Estado”.

 

La emigración de bolivianos hacia países con mejores condiciones laborales, encontró en la Argentina una plaza para la mano de obra barata, la sumisión y la sobreexplotación, alcanzando según se calcula,  los 2 millones de bolivianos en dicho país.  Los “bolitas” o “cabecitas negras” son algo así como hombres de trabajo de más de 8 hrs. diarias, que no reclaman, no protestan y pueden acomodarse a cualquier condición laboral, en especial aquellas duras, de alta resistencia física. Los niveles de humillación y discriminación de “los bolitas” no tiene parangón en esta parte de Sudamérica.  Mirando hacia otras latitudes, el estigma del narcotráfico también ha hecho presa a los bolivianos que buscan salir de la extrema pobreza o que simplemente desean un mejor futuro que el país no puede proporcionar.

En suma, estimamos que un 30 a 35% de la población boliviana vive en el exterior.

 

MIGRACIÓN INTERNA.

 

Este hecho sólo aparece como fenómeno social, efecto de las transformaciones  de 1952, pues antes las masas campesinas excluidas de todos los derechos y beneficios, apenas contaba con el 5% de las tierras, constituyendo el 80% de la población. Una dinámica productiva minera y emprendimientos industriales estimuló la migración campo-ciudad, a la que debemos sumar los provocados por los desastres naturales en un país con escasa infraestructura.

 

Pero el acontecimiento que ha provocado un flujo interno que está  transformando el país actual, deviene de la implementación de la política neoliberal en 1985. Por ello se dirá que existe una migración antes y otra después del 21060 (número del decreto supremo que dio inicio al neoliberalismo y como se la conoce corrientemente).  El neoliberalismo en Bolivia tiene peculiaridades propias, por su absoluta sumisión, su extrema y vergonzante prescindencia del respeto de los intereses nacionales.  

 

A tono con de la nueva política económica  de 1985 y los sucesivos ajustes estructurales,  se produjo un proceso de  despido masivo de trabajadores que eufemísticamente la denominaron “relocalización”.  Hemos sistematizado la información de los trabajadores mineros, fabriles y empleados públicos despedidos hasta 1990 y ellos alcanzaban a los 160.000, lo que significa que unas 800.00 mil personas (5 miembros por familia) quedaron en el más absolutos abandono.  Los sucesivos ajustes económicos  acarrearon la agudización de los problemas sociales en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales.

 

La migración interna, básicamente se da desde los distintos departamentos (9) hacia el llamado “eje central”, es decir hacia las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. La migración interdepartamental de toda la vida, nos muestran hasta el censo 1992 -pues no se conoce aún la del 2.001 en esta materia- tasas de migración neta negativas del 29.50% y 22.95 para las ciudades de Potosí y Oruro respectivamente. La migración reciente, ratifica estas tendencias negativas y similar fenómeno ocurre con la migración interprovincial de toda la vida y reciente.

 

Nuestra investigación nos dice que desde 1.985 adelante, se está dando una migración interna de unos 100.000 habitantes/año, sea interdepartamental o interprovincial en un país de 8.5 millones de habitantes, cien mil que abandonan sus seculares lugares de vida y subsistencia para buscar desesperadamente nuevas formas de sobrevivencia.

 

El perfil migratorio actual, ha sido definido entonces por la “relocalización” de la fuerza de trabajo a partir de 1985 y que se sigue implementando con la “libre contratación” permitiendo a los empresarios y gobierno echar de su fuente de trabajo a los trabajadores y empleados para reducir sus costos, sin que exista autoridad que imponga la ley; por la extremada pobreza, histórica y crónica de las masas campesinas; por los desastres naturales;  la tenencia desigual de la tierra;  el atraso del agro;  la crisis de la minería de la cual siempre vivió Bolivia; el desempleo alarmante y una subyugación de la población por la sociedad de consumo y la cobertura de la inmundicia de los medios de comunicación. 

 

Las secuelas de este proceso masivo para  los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en Bolivia, se reflejan en las relaciones políticas, religiosas, ambientales, laborales, familiares, económicas y culturales. La pérdida de identidad cultural es uno de ellos, pese al proceso de recuperación generada por los pueblos quechua y aymara; una urbanización desordenada y creciente en todas las  ciudades y específicamente en las del eje con restricciones en salud, educación, vivienda, etc.;  modificación regresiva del aparato productivo en dirección a las  formas informales de generar riqueza; crecimiento de la inseguridad ciudadana como efecto de la ausencia  de alternativas económicas y sociales para sectores sin futuro social o moral y,  mayor desempleo  y agudización de la pobreza real. Es decir, el modelo económico constituye una de las fábricas prósperas en la generación  pobreza , exclusión y violación a los derechos humanos, en especial a los DESC; el modelo, es el mayor impulsor de la migración interna y liquidador en este caso, de cosmovisiones ancestrales  que son moralmente superiores a la trae la decantada globalización.

 

MIGRACIÓN INTRAREGIONAL.

 

La situación de los inmigrantes bolivianos, sea en países de la Región Andina u otros de Norteamérica y Europa, es resultado del extremo atraso, dependencia, pobreza y miseria en la que se debate la gran mayoría del pueblo boliviano y de una política económica globalizada que, habiendo subsumido el discurso de los derechos humanos, crea y genera para su bienestar, ejércitos de desocupados que elevan sus utilidades.

 

La ausencia de normas, políticas, mecanismos e instrumentos para la protección de los recursos humanos – con documentos o sin ellos – están  en sintonía con la manera de percibir y reproducir la economía y la generación de excedentes. Esto por supuesto deviene de la correlación de fuerzas, las mismas que luego de casi 2 décadas del modelo neoliberal en nuestro continente, ha entrado en una fase de quiebre que  hace posible la interpelación y la recomposición  del movimiento social en resguardo  de los DESC de los más desamparados.

 

a.      Los flujos migratorios recientes.

 

La débil información y sistematización de estadísticas migratorias en Bolivia, dan lugar a especulaciones con sesgos pronunciados.  El Servicio Nacional de Migración de Bolivia, luego de haber publicado bajo la iniciativa y colaboración de la OIM en 1997 un Anuario Estadístico, no ha dado continuidad al mismo. Con estas limitaciones, recurrimos a datos provisionales no sistematizados de la Unidad de Informática y Estadística del Servicio Nacional de Migración que son de todas maneras elocuentes.

   

Las prioridades de salidas en relación a los países latinoamericanos tienen que ver con motivos muy diferentes como comerciales, familiares,  turísticos, empresariales y de trabajo. La salida hacia otros continentes y EE.UU. se debe esencialmente a razones de trabajo y de salud.

 

Lo destacable es la cantidad de bolivianos que entraron y salieron durante los últimos años, en relación al flujo de 1997. Para verlo gráficamente:

 

Cuadro 1

Entradas y salidas de bolivianos por año

 

Movimientos

1997

1999

2000

2001*

Salidas

143.322

103.836

76.969

62.170

Entradas

120.813

76.942

55.637

51.541

Saldos

-22.509

-26.332

-21.332

-10.628

 

Fuente:   Unidad Informática y Estadística del Servicio Nacional de  Migración de Bolivia.  

* Datos de enero a octubre 2001

 Elaboración propia.

 

A vista se puede apreciar una reducción del flujo en general en comparación con 1997. Puede atribuirse a la información provisional de migraciones, sin embargo se destacan los saldos de 1999 e incluso del 2000 que nos dan a entender, de más de 20 mil bolivianos que no retornaron  por año. Sin embargo queda pendiente una investigación más minuciosa sobre las circunstancias de esta información y su evaluación respectiva, para entender por ejemplo cómo el 2000 el flujo boliviano prácticamente se redujo a la mitad del 97.

 

Con relación a los totales del movimiento migratorio, para ilustración podemos apreciar también el siguiente cuadro.

 

Cuadro 2

Entradas y salidas totales por año

 

Movimiento

1997

1999

2000

      2001*

Entradas

414.339

307.341

240.991

206.585

Salidas

375.939

266.357

217.988

149.961

Saldo

38.400

40.984

23.503

56.624

 

Fuente:  Unidad Informática y estadística del Servicio Nacional de

              Migración de Bolivia.          * Datos de enero a septiembre 2001            

 

Lo que nos quiere decir, que el flujo hacia Bolivia también ha estado reduciéndose, sobre el cual, puede desarrollarse varias hipótesis que no las tocaremos por el momento.

 

Ahora bien, con relación a los países vecinos y hacia aquellos que despiertan expectativas en miras a lograr fuentes de trabajo, un indicador importante serán los saldos por año que se desprenden de la información estadística.

 

Cuadro 3

Saldos por países latinoamericanos y año

 

Nacionalidad 

1997

1999

2000

2001*

Peruana

+6.996

+6.423

+5.272

   +20.463

Argentina

-5.008

+5.625

+1.614

  +276

Brasil

-2.253

+4.460

+2.238

+2.211

Chile

-2.442

+5.780

+3.200

+4.388

Ecuador

 +158

  +895

  +983

+1.234

Paraguay

 -406

 +276

    +90

     +88

Uruguay

 -146

 +537

  +293

   +110

Venezuela

 +14

 +182

  +165

   +416

 

Fuente:  Unidad Informática y Estadística del Servicio Nacional de  Migración de Bolivia.           

            Elaboración propia.

           * Datos de enero a septiembre 2001

 

Los saldos positivos en su generalidad nos dicen de los ciudadanos de Sur América que habiendo ingresado a Bolivia, permanecerán en el país en una constante que es prematuro interpretar. Si algo llama la atención sin embargo, en el período  2001, es la permanencia en Bolivia de más de 20 mil peruanos, que nos parece comprensible por la cotidianidad de verlos en Bolivia en actividades que van desde el comercio informal, hasta las actividades profesionales y otras.

 

A decir verdad, esta información estadística nos sorprende por el proceso de contracción del mercado laboral en Bolivia  y las enormes dificultades por las que atraviesa el turismo boliviano, en virtud a las movilizaciones sociales cada vez más radicales que paralizan y cercan el territorio nacional con bloqueos de caminos. Luego de la toma física de las carreteras del país por los campesinos en septiembre del 2000, se han reproducido de manera consecutiva varios bloqueos y conflictos de trabajadores que están poniendo en jaque al turismo y a la producción nacional.

 

 

b.         Xenofobia y discriminación.  Una llaga permanente.

 

El Acuerdo Institucional de los Defensores del Pueblo de Bolivia, Argentina y Perú firmado en agosto del 99, ha tenido  productos positivos en  la interpelación a las instancias gubernamentales sobre xenofobia y discriminación en lo que hace por lo menos a Bolivia. La disposición de los Defensores del Pueblo de varias provincias argentinas y la actitud contundente y solidaria de Alcira Olivera, Defensora del Pueblo de Buenos Aires, ha permitido sacar de la oscuridad un sinnúmero de hechos que en el pasado terminaban en el olvido.

 

Sin embargo, la realidad de violación de derechos humanos de los inmigrantes bolivianos no ha mermado substancialmente. Los abusos y agresiones a la comunidad boliviana en la República Argentina de antigua data, como el desprecio, el insulto, el rechazo y la discriminación, ha adquirido matices criminales en el transcurso de los dos últimos años. Es la intolerancia hecha tortura y la agresión hecha muerte.

 

Abundan los casos y hechos crueles sucedidos en estos últimos años que desgraciadamente se van convirtiendo en cotidianos y que  sería largo detallarlos.  

 

Pasar del desprecio y la intolerancia a acciones criminales contra los inmigrantes, sea de donde sea, es entrar en un terreno minado que no podemos permitir y debemos evitar.

 

c.          El correlato boliviano.

La política peruana respecto a los grupos opositores que sufrieron persecución y exilio en relación al modelo económico, no ha cambiado substancialmente, pese a la fuga de Fujimori y la constitución de un nuevo gobierno.

La crisis general y los altos índices de subocupación peruana provocan un flujo migratorio hacia Bolivia que esta relacionado con razones económicas y con desplazamientos culturales tradicionales como puede observarse en el flujo de entradas del presente año. Bolivia no solo es un territorio inmediato, sino, es el apto para  generar recursos para una población peruana emigrante que por supuesto tiene una mayor capacidad en el comercio informal y en servicios.

 

Una de las agresiones permanentes a los ciudadanos peruanos en tránsito o inmigrantes establecidos,  es el relacionado a la estigmatización torpe y sutilmente expresada por las autoridades gubernamentales encargadas del control de la seguridad nacional, así como por algunos medios de prensa, con un peligroso crecimiento de la percepción ciudadana que tiende a reproducir dichas justificaciones.

 

Los índices de atracos, robos y asesinatos definitivamente se han multiplicado en Bolivia y las políticas estatales al respecto han fracasado rotundamente. Los responsables de la administración del modelo generador de desocupación, ante la incomprensión de las causas del acelerado crecimiento de la inseguridad ciudadana, recurren para justificar su incapacidad, a medidas básicamente policíacas y punitivas y a explicaciones discriminadoras.

 

La ola delincuencial se ha multiplicado cuantitativa y cualitativamente como efecto de los niveles de desocupación y pobreza y la explicación más fácil es recurrir al argumento de la presencia de “súbditos peruanos”. Prácticamente se ha hecho una costumbre para la prensa y la policía boliviana afirmar que los asaltantes que perpetraron un  golpe o robo cualquiera,  sean “elementos de origen peruano”.

 

El caso del ciudadano Cayo detenido por INTERPOL y luego misteriosamente quemado en su celda sin que hasta el momento se haya esclarecido definitivamente el caso, es uno de los más graves de xenofobia antiperuana que se anida en el seno de la policía.  Precisamente el organismo más corrupto de la institucionalidad boliviana como es la Policía Boliviana es la encargada entre otras cosas del seguimiento de la legalidad de inmigrantes peruanos sin documentos. Lo evidente es que los  ciudadanos peruanos  son víctimas de permanentes atropellos en el  tránsito, en la regularización de su estadía y en el control policíaco de rutina.

 

Debe reconocerse que en Bolivia no existe el discurso xenófobo por razones de trabajo, es decir por la presencia de extranjeros que nos estarían quitando las fuentes de empleo, pero si por razones de seguridad ciudadana.

 

Ha transcurrido más de dos años por ejemplo desde el inicio de trámites que realizaron 25 refugiados peruanos para lograr el carnet de extranjero, que no debe durar más de un mes y aun continúan esperando para que las autoridades de migración den cumplimiento a normas como el Protocolo y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del cual Bolivia es signatario.  Supuestas investigaciones han congelado esos trámites en franca violación de los derechos de los refugiados, imposibilitándolos a estudiar, trabajar y a integrarse plenamente al país.

 

Pensando en políticas inmediatas, la necesidad de una amnistía migratoria, acompañada de nuevas reglas de circulación de ciudadanía en la región andina, especialmente para el intenso flujo migratorio de peruanos, sigue siendo una de las prioridades de articulación y convivencia continental.

En relación a la inmigrantes bolivianos en Chile, el flujo de salidas hacia ese país son positivas, es decir salieron más de los que entraron en el transcurso de los años 99, 2000 y 2001, esto en comparación al año 97. Si tomamos en cuenta que se refiere a los registrados, se entenderá que el flujo de los campesinos agricultores o mano de obra barata, especialmente del sudoeste potosino y deduciremos que los mismos lo hacen clandestinamente.

 

El tráfico de adolescentes a ese país para trabajos en la agricultura es otra realidad denunciada en el transcurso de la presente gestión. La prosperidad de años pasados conquistó a muchos campesinos que de manera periódica o definitiva ofrecen su fuerza de trabajo en condiciones desfavorables, ante la extrema pobreza en la que viven en el altiplano de las ciudades de Potosí y Oruro.

 

Si la explotación es una expresión singular de la discriminación económica, esta tiene que ver con la lógica capitalista, que ha decir verdad,  no es precisamente contra los bolivianos en Chile.  

 

d.         Sobre la normativa bolivina.

 

La norma vigente en la actualidad, es nada más que un Decreto Supremo, el 24423 firmada por Gonzalo Sánchez de Lozada  en noviembre de 1996. Los vacíos de este instrumento en las condiciones actuales, llevó a la elaboración del Proyecto de Ley de Migración 124/ 98-99 que habiendo ya pasado por la Cámara de Diputados ha vuelto a manos de sus proyectistas, el Servicio Nacional de Migración,  para su revisión, dilatando de esta manera la urgencia de una norma que esté a la altura de las necesidades.

 

Si bien el Proyecto de Ley recupera en el lenguaje principios de tolerancia y amplitud y está en la línea moderna del rol socioeconómico de las migraciones, no logra escapar a la mentalidad punitiva y policíaca. El control severo de las fronteras como mecanismo de protección del fenómeno del narcotráfico y del terrorismo, son dos objetivos que obnubilan los reales problemas que tiene la entrada, la salida y radicatoria de ciudadanos. 

 

Espacios de análisis[3] desde la problemática de los refugiados, arrojaron conclusiones en sentido de que el proyecto es un retroceso conceptual y cercena los derechos de los refugiados, en relación a la liquidación de disposiciones de real beneficio para este sector (art.112);  establece la posibilidad de renunciar al status de refugiado, derecho irrenunciable (art.51); es restrictivo y discriminatorio, por pretender otorgar residencia temporal a ciudadanos  cuya estadía en Bolivia es indefinida (art.49); es atentatorio también a los derechos fundamentales de libertad de expresión de tránsito, de asociación consagrados por la DUDH (arts. 50, 52,53, 54, 55, 58); etc.   

 

Los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, están sirviendo de caldo de cultivo para engendrar nuevos mecanismos, estrictos controles y seguramente restricciones a los derechos, es el caso de las conclusiones de una Conferencia  realizada en Bolivia sobre “Seguridad Nacional y Amenaza Terrorista” (29/11/01), que recomienda la creación de un Instituto contra el terrorismo, como entidad multidisciplinaria especializada en el control fronterizo para evitar este fenómeno. Bajo este pretexto nos espera una dura lucha contra la xenofobia, endurecimiento de la legislación, perdida de libertades y la lógica del castigo.

 

e.          Un futuro incierto.

 

La crisis boliviana soporta hoy impactos internos y externos que nos están poniendo en límites intolerables. Hay un mayor empobrecimiento de la población; la crisis económica  ha tocado las puertas también de las clases medias, de los sectores empresariales que vienen asimilando el estilo de lucha popular de presión y enfrentamiento con su Estado en franca contradicción con un modelo del que usufructúan, pero demandan   políticas de apoyo e incluso subvención estatal.

 

Los niveles de desocupación y subocupación  se han ido ampliando gradualmente. La desocupación bordea 12% según fuente oficial y el de subocupación amenaza al 70%  de la población económicamente activa[4]. Para el presente año, se estima una desocupación abierta de 13.5%.

 

Bolivia no alcanzará llegará al 2% de crecimiento económico. Cuenta con una mora bancaria que se acerca al 20% según fuentes respetables; el déficit subió al 8.5% del PIB y amenaza llegar a los 2 dígitos; las exportaciones bajaron prácticamente en los últimos años al mismo nivel de hace 20 años; las recaudaciones aduaneras e impositivas de igual forma sufrirán caídas alarmantes, lo mismo que la demanda agregada que tiene efectos multiplicadores.

 

Para verlo desde otro punto de vista, la quinta parte de los hogares  más ricos, recibe ingresos 50 veces superiores al de la quinta parte más pobre[5], cuando en América Latina las diferencias llegan a solo 23 veces. La décima parte de la población más acaudalada tiene un conjunto, más ingresos que el 70% de los bolivianos. Finalmente 70.4% de nuestra población tiene un ingreso percápita que está por debajo del promedio nacional, estimado en 950 dólares al año; por si fuera poco, el 45.5% de los bolivianos tiene un ingreso tan bajo que ni siquiera alcanza a la mitad del promedio nacional.

 

Según los propugnadores y  defensores  del actual modelo como son los empresario privados, la situación económica se precipita hacia un colapso del aparato productivo y del sistema financiero. La crisis que la consideran la más grave de la historia, tiene estos indicadores[6]:

 

-         Dramática caída de 30 a 50% de las ventas desde hace 3 años.

-         Deflación de precios por la recesión.

-         Alta capacidad productiva ociosa, de 45 a 55%

-         Persistente reducción del empleo que afecta a 600 mil personas.

-         Constante cierre de empresas.

-         Substancial caída de la demanda agregada.

-         Disminución de la inversión privada doméstica.

-         Drástica contracción del crédito

-         Etc.

 

Algo mas, según el estudio realizado en el “Diálogo Nacional” promovido por el gobierno anterior (Banzer), en dirección a desarrollar propuestas alternativas, establece que para disminuir la pobreza (70% de la población en general y 95% de la rural) en un 10%, se requiere un crecimiento sostenido de 7% durante 131 años.

 

La recesión peligrosamente tiende a transformarse en depresión. El colapso económico tiene derivaciones en la pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía, pérdida de la autoestima, frente a la imposibilidad de encontrar soluciones, descreimiento en el sistema democrático y desilusión en el país mismo. Pero esta crisis no solo es económica, es también moral, política, y social.   

 

En este escenario, huelgan palabras para comprender la presión migratoria en busca de fuentes de trabajo allá donde se pueda o se crea obtener. La ilusión o desesperación para más de 170 mil personas que perdieron su fuente de trabajo desde 1997, los 70 mil despedidos estimados[7] para el presente año y las nuevas incorporaciones, pueden mostrar la profunda recesión de la economía boliviana y el calvario para las familias de los trabajadores.

 

Las alternativas estatales –perciba  el lector– se han concentrado en un plan llamado “obras con empleo”, como si pudiese haber obras sin trabajo. Dicho plan promueve empleo eventual y precario para obreros, con un salario de $us. 71 y para  profesionales con $us. 235 mes.

 

En realidad esta vendría ser una expresión clara de la mano visible de Adam Smith, la mano visible del modelo neoliberal que está provocando mayor desarraigo, discriminación y pobreza a nombre de la globalización que algunos sostienen que es inevitable.

 

f. Una acción diluida.

 

Los esfuerzos esporádicos de los organismos de DD.HH en Bolivia, son el rasgo fundamental de la acción contra la discriminación, cuando se hace necesario un seguimiento e involucramiento de más sistemático que ejerza en los hechos la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que hemos estado reclamando.

 

En materia de investigación, estamos cortos ante los desafíos que la realidad migratoria demanda, más aún, cuando el proyecto neocolonial del ALCA se nos viene encima y pretende globalizar a ultranza la dominación y el saqueo salvaje.

 

 

 

Fuente:

Documento elaborado para la Conferencia Regional Globalización, migración y derechos humanos, Quito, setiembre 2003

 

Universidad Andina Simón Bolivar

Sede Ecuador

 



[1]  Vacaflores V. “La situación de los inmigrantes bolivianos en Argentina y Chile y de peruanos en Bolivia”,   

    en : Los Derechos Humanos de los Migrantes, CBDHDD-PIDHDD, La Paz, pág. 17.

[2]  Adjetivo despectivo usado por las élites y clases medias citadinas.

[3] Capítulo Boliviano DHDD. Análisis preliminar de Proyecto de Ley Nº 124/98-99  y  Memoria: Taller sobre el Régimen  

   legal de migración en torno   a la problemática del refugio en Bolivia. 2001                                                   

[4] Informe presentado por el Ministerio de Trabajo Boliviano en la reunión regional de Ministros del Ramo, realizado en la ciudad de La Paz el 5 de diciembre del presente.

[5] CEPAL. Panorama Social 2000 – 2001

[6] Confederación de Empresarios privados de Bolivia. Resoluciones Congreso Nal.(Nov.2001)

[7] CEDLA