Exp: 00-200032-0288-PE

Res: 2002-01050

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil dos.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra SONIA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ GONZÁLEZ, mayor, soltera, periodista, cédula de identidad número 2-489-635, vecina de Ciudad Quesada, KARLA MARÍA HERRERA MASÍS, mayor, casada, periodista, vecina de Ciudad Quesada, cédula de identidad número 1-848-877, VIRGINIA PATRICIA LUNA SALAS c.c.VICKY, mayor, soltera, periodista, vecina de Ciudad Quesada, cédula de identidad 2-469-427, JORGE GUTIERREZ ESPELETA, mayor, casado, vecino de Ciudad Quesada, cédula de identidad 1-418-475, JUAN VICENTE MUÑOZ RAMÍREZ, mayor, casado, vecino de Ciudad Quesada, cédula de identidad número 2-323-267 y JORGE EDUARDO ROJAS BOLAÑOS, mayor, casado, oficinista, vecino de Ciudad Quesada, cédula de identidad número 2-311-462, por los delitos de INJURIAS, CALUMNIAS, DIFAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE OFENSAS, en perjuicio de JOSÉ FRANCISCO VARGAS NÚÑEZ.  Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados Daniel González Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Rodrigo Castro Monge, José Manuel Arroyo Gutiérrez y Joaquín Vargas Gené, éste último como Magistrado Suplente.  También intervienen los licenciados Hubert Rojas Araya y William Santamaría Monge, como defensores particulares de los querellados y el licenciado Juan Luis Vargas Alfaro como apoderado del querellante.

Resultando:

1-  Que mediante sentencia N° 174-2001 de las diecisiete horas del once de octubre de dos mil uno, el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 11, 28, 29, 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 25, 30, 31, 145, 146 y 147 del Código Penal; 265 a 270, 360, 361, 363, 364 y 365 del Código Procesal Penal, 1045 del Código Civil, 122, 123, 124 y 126 del Código Penal de 1941, que son reglas vigentes sobre responsabilidad civil según Ley Número 4891 del 8 de noviembre de 1971, artículo 7 de la Ley de Imprenta, artículo 24 inciso F, del Reglamento de uso interno de vehículos del Ministerio de Obras públicas y transporte, artículo 17 inciso b y f), 23, de la Ley Número 1758, artículo 13, 111, 113, 114, de la Ley General de Administración Pública; este Tribunal por unanimidad resuelve: ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a las querellados SONIA JIMENEZ GONZALEZ, KARLA MARIA HERRERA MASIS, VIRGINIA PATRICIA LUNA SALAS y a los querellados JUAN VICENTE MUÑOZ RAMIREZ, JORGE GUTIÉRREZ EZPELETA Y JORGE EDUARDO ROJAS BOLAÑOS, por los delitos de INJURIAS, CALUMNIAS, DIFAMACION Y PUBLICACION DE OFENSAS que se les ha venído atribuyendo como cometidos en perjuicio del querellante JOSE FRANCISCO VARGAS NUÑEZ.  Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria instaurada por el querellante dicho en contra de las demandas civiles SONIA JIMENEZ GONZALEZ, KARLA MARIA HERRERA MASIS, VIRGINIA PATRICIA LUNA SALAS y los demandados civiles JUAN VICENTE MUÑOZ RAMIREZ, JORGE GUTIERREZ ESPELETA y JORGE EDUARDO ROJAS BOLAÑOS, así como a la COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R. L. (Coopelesca), Noticias del Norte- Noti-catorce S. A y T.V. Norte Canal Catorce S. A. en virtud de lo anterior se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual opuestas por los demandados Muñoz Ramírez, Rojas Bolaños, Cooperativa de Electrificación rural de San Carlos R. L. y T. V. Norte Canal Catorce. S. A.  En cuanto a las querelladas dichas y Noticias del Norte NOTICATORCE. S. A., se falla el presente asunto sin especial condenatoria en costas, debiendo cada parte correr con las suyas.  Por improcedente se rechaza la solicitud de daños y perjuicios, solicitados por el representante de las mismas.  En cuanto a los querellados Muñoz Ramírez, Gutiérrez Espeleta y Rojas Bolaños, así como las demandades Civiles Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R. L., T..V. NORTE CANALCATORCE. S. A, se condena al aquí querellante al pago de las costas procesales y personales, los cuales deberán ser liquidados en su respectiva etapa procesal." (SIC) FS.  Lic. Gilberto Corella Quesada  Lic. Rafael Mayid Torres González  Lic. Antonio Barrantes Torres.

2.-  Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Juan Luis Vargas Alfaro, apoderado especial del querellante y actor civil, José Francisco Vargas Núñez interpuso recurso de casación, acusa quebranto por aplicación indebida de los artículos 11, 28, 29, 39 y 41 de la Constitución Política, así como los numerales 1, 25, 30, 31, 145, 146 y 147 del Código Penal y 7 de la Ley de Imprenta; asimismo, estima que se dejaron de aplicar los artículos 17 inciso d) de la Ley de Radio y Televisión, así como los numerales 18, 22, 45, 71, 73, 74, 76, 152 y 155 del Código Penal; cuestiona la aplicación en la especie del artículo 25 del Código Penal;, estima quebranto del debido proceso, irrespeto a la necesaria correlación entre la pieza acusatoria y la sentencia, inobservancia al principio de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y manifiesta que no se apreció el material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.

3.-  Que se celebró vista a las 14:00 horas del 24 de enero de 2002.

4.-  Que verificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.

5.-  Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,

Considerando:

I.  El licenciado Juan Luis Vargas Alfaro, apoderado especial judicial del querellante y actor civil, José Francisco Vargas Núñez, interpone recurso de casación contra la sentencia N° 174-2001, dictada por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Ciudad Quesada, a las 17:00 horas del 11 de octubre de 2001.  Mediante dicho fallo, visible a folio 284, se absolvió de toda responsabilidad y pena a Sonia Jiménez González, Karla María Herrera Masís, Virginia Patricia Luna Salas (c.c. Vicky), Juan Vicente Muñoz Ramírez, Jorge Gutiérrez Espeleta y Jorge Eduardo Rojas Bolaños por los delitos de calumnias, difamación y publicación de ofensas que se les atribuían en perjuicio de José Francisco Vargas Núñez.  Asimismo, se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria promovida contra los querellados, así como contra la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. (COOPELESCA), Noticias del Norte Noti-Catorce, S.A. y T.V. Norte Canal Catorce, S.A.  También se dispuso la condena del querellante al pago de las costas personales y procesales en que incurrieron los querellados Muñoz Ramírez, Gutiérrez Espeleta, Rojas Bolaños, así como los demandados civiles Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. y T.V. Norte Canal Catorce, S.A.

II.  Como primer motivo por el fondo, el licenciado Vargas Alfaro acusa el quebranto, por aplicación indebida, de los artículos 11, 28, 29, 39 y 41 de la Constitución Política, así como los numerales 1, 25, 30, 31, 145, 146 y 147 del Código Penal y 7 de la Ley de Imprenta.  Asimismo, estima que se dejaron de aplicar los artículos 17 inciso d) de la Ley de Radio y Televisión, así como los numerales 18, 22, 45, 71, 73, 74, 76, 152 y 155 del Código Penal.  Luego de resumir los hechos que el a-quo tuvo por demostrados, así como el razonamiento expuesto por el cuerpo juzgador para acreditar dicho cuadro fáctico y el referido a las consecuencias jurídicas de éste, procede el recurrente a exponer los argumentos para sustentar su disconformidad.  Primero sostiene que se aplicó erróneamente la Ley de Imprenta en esta causa, pese a que se trata de un medio televisivo el involucrado, el cual no está cubierto por aquel texto legal.  Luego, dice que los hechos querellados efectivamente se dieron y son constitutivos de los delitos de injurias, difamación y publicación de ofensas.  Estima que las informaciones divulgadas por Noti-Catorce los días 1 y 3 de noviembre, así como el 2 de diciembre, todos de 1999, son lesivas del honor de su patrocinado.  Considera que el ejercicio del periodismo no exime a los reporteros ni a los medios de comunicación del deber de responder por los daños y perjuicios que causan con ocasión de su actividad.  Afirma que los directores del canal de televisión tienen una posición de garante respecto de la veracidad de las informaciones que se transmiten por dicho medio.  El reclamo es improcedente.  De previo a exponer las razones por las cuales estima esta Sala que no se configuran los vicios apuntados por el licenciado Vargas Alfaro, es pertinente recordar –de forma resumida- los hechos que el a-quo tuvo por demostrados.  A partir del folio 341 puede apreciarse que para el Tribunal de instancia, se pudo probar lo siguiente:  a)  Debido a denuncias de habitantes de la región sobre mal uso de bienes públicos, referidas en particular a vehículos estacionados frente a locales donde se vende licor, la dirección de Noti-Catorce decidió realizar un reportaje sobre el problema; b)  Antes del 7 de octubre de 1999, Noti-Catorce recibió denuncias de vecinos de Cedral, quienes afirmaron que un vehículo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se ubicaba frente al Bar Las Cañitas, por lo que ese 7 de octubre la dirección del noticiero indicado envió al camarógrafo William Murillo Cordero a realizar tomas del lugar, en virtud de lo cual se logró verificar que ciertamente el automotor placas 202-463 de dicha cartera ministerial estaba estacionado a un costado del bar, que se encontraba abierto; posteriormente se supo que el vehículo mencionado estaba asignado al aquí querellante; c)  Luego de que se efectuaron las tomas supra indicadas y antes de los días 1 y 2 de noviembre de 1999, las querelladas Jiménez González, Herrera Masís y Luna Salas trataron de obtener la versión del ingeniero René Quirós Alpízar, Jefe de la Zona 2-3 de la sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en San Carlos, así como la del querellante José Francisco Vargas Núñez, sin que fuera posible contactar a este último, aunque sí al primero, quien fue el que dijo que el vehículo en mención estaba asignado a Vargas Núñez; d)  El lunes 1 y el miércoles 3, ambos de noviembre de 1999, con la presentación de las querelladas Herrera Masís y Jiménez González, Noti-Catorce difundió las imágenes grabadas el 7 de octubre anterior en el noticiero que se proyecta de lunes a viernes entre las 19:00 y las 20:00 horas, por los canales 14 y 16 de televisión; la difusión de estas imágenes –en las que se observa el vehículo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes supra mencionado estacionado a un costado del Bar Las Cañitas- obedecía a que con ellas se ilustraba una información divulgada por ese medio televisivo; se indicó en el noticiero que ante la denuncia de varios vecinos de Cedral, Noti-Catorce acudió a grabar la prueba y encontró un vehículo de la cartera ministerial tantas veces mencionada, estacionado a la par del local ya indicado; se dijo –alguno de esos dos días- que existe un reglamento para el uso de los automotores y se agregó que ya en una oportunidad, con ocasión de una denuncia de vecinos de Cedral, se despidió a dos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía que fueron vistos en el Bar Biriteca; e)  Vargas Núñez no pudo ser habido –pese a que se le buscó- antes del 3 de noviembre de 1999, fecha en que se trató este tema por segunda vez en Noti-Catorce, pero el 4 de dicho mes se presentó al canal de televisión para ejercer su derecho de respuesta y así expuso su versión en el sentido de que el día en que se efectuaron las tomas, él estaba realizando una inspección de un tanque de agua que se rebalsaba, causando daños a la vía asfáltica, mas no desmintió la ubicación del vehículo; f) El 2 de diciembre de 1999, Noti-Catorce informa sobre la inminente destitución del querellante como servidor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, noticia que ilustra con las tomas efectuadas el 7 de octubre de ese mismo año.

III.  De conformidad con el elenco de hechos que el cuerpo juzgador tuvo por probados (resumido en el Considerando anterior), estima esta Sala que lleva razón el a-quo al determinar que en la especie no se ha producido delito alguno en perjuicio del querellante José Francisco Vargas Núñez, por lo que la absolutoria dictada resulta conforme a Derecho.  El conflicto entre el derecho al honor y las libertades de información y prensa es uno de los más difíciles de resolver, pues se está ante derechos fundamentales de la persona y ello obliga a definir muy bien cuándo alguno de ellos tiene primacía sobre los otros.  El problema no se resuelve teniendo en cuenta solamente lo dispuesto en el Código Penal, sino que debe partirse directamente de la Constitución y de la normativa internacional sobre derechos humanos para así comprender los alcances de la legislación punitiva.  En ese sentido, lo primero que debe decirse es que el honor está comprendido como uno de los intereses morales a los que se refiere el artículo 41 constitucional y está expresamente previsto en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su honra.  Así, es evidente que se está ante un bien jurídico esencial de la condición humana, por lo que –partiendo de lo anterior- su tutela mediante el Derecho Penal resulta conforme con el ordenamiento jurídico.  Lo que sucede es que igualmente fundamentales para el ser humano son las libertades de información y de prensa, siendo esta última una derivación de la primera.  Ambas libertades se encuentran reconocidas en la Constitución, específicamente en el artículo 29, en el cual se reconoce la posibilidad que tiene toda persona de comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, e incluso hacerlos públicos.  Además, están también comprendidas en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Como salta a la vista, se está en presencia de bienes jurídicos merecedores de igual tutela por parte del ordenamiento.  En virtud de lo recién indicado, el problema que debe abordarse en este caso es el de cuándo prevalece el derecho al honor sobre las libertades indicadas.  De conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales humanitarias, ese conflicto entre derechos fundamentales sólo puede resolverse a favor del derecho al honor cuando se constata un ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa.  Lo anterior obedece a que el ordenamiento jurídico costarricense contempla como regla general (consagrada en el artículo 22 del Código Civil) el no amparar el abuso del derecho ni el uso antisocial de éste.  Ello se debe precisamente a que si se abusa de un derecho, eso implica que se ha excedido o extralimitado el ámbito de protección que el mismo contempla, de modo que dicho exceso no queda cubierto por éste y carece de tutela.  Así, si no se incurre en abuso alguno, sino que se ejercen legítimamente las libertades de información y de prensa, entonces no hay posibilidad alguna de sancionar penalmente al comunicador, pues no habría cometido ningún delito contra el honor.  Esto es lo que explica el por qué de la absolutoria dictada en este caso.

IV.  Los acontecimientos que aquí interesan –sea la grabación en video del vehículo del querellante, así como la información divulgada por Noti-Catorce y la respuesta dada por Vargas Núñez a los reportajes de dicho noticiero- ocurrieron entre octubre y diciembre de 1999.  En aquel entonces la Constitución Política disponía en su artículo 11 lo siguiente:  Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede.  Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.  La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública.” (Cabe acotar que tras la reforma constitucional efectuada mediante Ley N° 8003 de 8 de junio de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 126 de 30 de junio de 2000, se modificó dicho artículo de la Constitución y se agregó una disposición en el sentido de que los funcionarios públicos deben cumplir los deberes que la ley les impone; además, se instauró formalmente el principio de rendición de cuentas, aspectos que estima esta Sala –como se verá a lo largo de este Considerando- podían extraerse de la redacción anterior aunada a disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, aunque ciertamente la reforma hace más fácil de apreciar el rango constitucional de dicho principio).  Como puede observarse, la Ley Fundamental (tal cual es aplicable al caso concreto) claramente establece que los servidores públicos están sujetos al ordenamiento jurídico, eso es lo que se deriva de que se les califique como simples “depositarios de la autoridad”; en otras palabras, no están por encima del Derecho.  En esa tesitura, se desprende de la disposición constitucional de comentario (precepto que se revitaliza con la reforma del año 2000 ya aludida) que los funcionarios públicos se ven vinculados tanto por las normas permisivas, como por las ordenatorias y las prohibitivas, agregándose además que sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza.  Así las cosas, en Costa Rica todo funcionario público (sea que haya sido elegido popularmente, haya sido designado por otro o algún cuerpo colegiado, o haya ganado la plaza mediante concurso; sea propietario, suplente o interino; esté nombrado indefinidamente o a plazo; sea de confianza o goce de estabilidad laboral; sea funcionario de carrera o no; etc.) está expuesto, desde que asume el cargo, a la fiscalización de sus actos en el desempeño del cargo.  Ello obedece a que todo lo que haga esa persona con ocasión del puesto público que ocupa es de interés para la generalidad de habitantes de la República, ya que de lo que se trata es de velar porque actúe, como servidor, en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico.  Esa supervisión constante de sus actos es una de las consecuencias que acarrea el ser servidor público, de modo que quien asume un cargo de esta naturaleza acepta de forma implícita que se examine públicamente su actuación.  Por la investidura, el funcionario está sujeto al principio de legalidad, según el cual sólo le está autorizado hacer aquello que la ley –en sentido amplio y en adecuación de la escala normativa- expresamente le permite, estándole prohibido todo lo demás.  Así las cosas, desempeñar una función pública conlleva para la persona una sujeción a controles, los cuales han sido concebidos para verificar que el ejercicio de las atribuciones que derivan del puesto sea correcto, así como para evitar que se incumplan los deberes inherentes al cargo.  Ahora bien, dentro de estos controles se cuentan no sólo los institucionalizados (como lo son los propios de la Administración Pública, al igual que los judiciales), sino que en un Estado democrático –la Constitución define a Costa Rica como tal en su artículo 1- es necesario considerar también el papel de los comunicadores.  Si todo ser humano tiene el derecho de ser informado, si existe además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones, incluso publicándolos, y si se considera que los comunicadores tienen como profesión el recabar datos, analizarlos y con base en ellos informar a los demás sobre los temas que les interesan, entonces es evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de las libertades de información y de prensa.  En esa tesitura, es irrebatible que los medios de comunicación colectiva, los periodistas y demás comunicadores tienen el derecho de informar –haciendo públicos los datos que manejan- a los habitantes.  Esa es la premisa que debe prevalecer en una sociedad democrática.  Lo anterior requiere de ciertas precisiones cuando se está ante un asunto de interés público relacionado con la actuación de un servidor estatal.  Lo primero es que asunto de interés público es todo aquello que de manera razonablemente presumible atrae de forma coincidente el interés individual de los administrados (artículo 113 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública); obsérvese que al hablarse de “administrados” se pone en evidencia que se trata de temas relacionados con la conducción del Estado (en sentido amplio, es decir, el Gobierno de la República –descrito en el artículo 9 constitucional- y los demás entes públicos) y el manejo de sus recursos, aspectos que se puede válidamente presumir interesan a la generalidad de habitantes de un país, pues son ellos quienes contribuyen a sufragar los gastos del Estado.  Lo segundo es que lo normal, tratándose de asuntos de interés público, es que medie la intervención de un funcionario estatal, aunque también es posible (aspecto que se verá al final de este Considerando) que haya sujetos no investidos como servidores públicos que llevan a cabo una tarea que sí es pública, por lo que también estarían sujetos a la fiscalización de sus actuaciones en el ejercicio de esa función pública.  Así, tratándose de asuntos de interés público, las libertades de información y de prensa que amparan a los comunicadores es tan importante, por constituir uno de los medios de control de la gestión pública en un Estado democrático, que si se le enfrenta con el derecho al honor que como personas también ostentan quienes cumplen una función pública, este último puede ceder ante las primeras, sólo en lo que atañe a la faceta pública de su conducta.  De conformidad con ese planteamiento, únicamente cuando se incurra en abuso por parte del comunicador a la hora de informar, será posible anteponer el derecho al honor del funcionario frente a las libertades de información y prensa que amparan al comunicador, así como al derecho de ser informado que le asiste a toda persona.  Hay gran cantidad de normas que respaldan esta posición.  Por ejemplo, obsérvese que el artículo 26 constitucional garantiza a los habitantes del país el reunirse pacíficamente y sin armas para examinar la conducta pública de los funcionarios.  Esto es importante, pues salta a la vista que el constituyente tuvo conciencia de que hay aspectos públicos y privados en el comportamiento de los servidores del Estado, siendo sólo los primeros susceptibles de examen y discusión abiertos por parte de la sociedad.  Esos actos públicos de los funcionarios son precisamente los que aquí se ha establecido se relacionan con el cumplimiento del cargo; los privados –y por ende no susceptibles de ser debatidos públicamente- son los propios de la intimidad personal y familiar no conexos con el ejercicio de la función.  Si se puede debatir públicamente, en una reunión, aspectos de la actuación pública de los servidores estatales, es entonces innegable que ha de poderse informar sobre sus actos para que sean examinados por los habitantes del territorio nacional.  Además, debe recordarse que al tenor del artículo 28 constitucional, nadie puede ser siquiera inquietado por la manifestación de sus opiniones, ni por actos que no infrinjan la ley.  Como corolario de lo anterior, debe observarse que el artículo 29 de la Constitución expresamente prevé la posibilidad de que toda persona comunique (que dirija a otra) sus pensamientos, de palabra o por escrito, e incluso que los publique (que los haga de conocimiento público) sin previa censura, de modo que sólo serán responsables si abusan de estos derechos.  En esa tesitura, resulta que el ejercicio de la actividad de los comunicadores, que es indispensable para garantizar el derecho de ser informado que le asiste a toda persona, permite informar libremente aspectos relacionados con el desarrollo de la función pública, por ser éste un asunto de evidente interés público.  Sólo cuando se abuse de las libertades de información y de prensa (como podría ser el caso de que se divulguen datos falsos a sabiendas de que lo son, que no se trate de obtener la versión del funcionario para ofrecer una información balanceada, que se le niegue al servidor sus derechos de rectificación y/o respuesta, que se trate de asuntos meramente privados o información sensible que no se relacionen con el cargo que ocupa la persona, que se dé por cierto ante el público que la conducta del servidor es delictiva sin que medie sentencia judicial en ese sentido, que se tenga como intención únicamente el ofender a alguna persona –aspecto que ha de examinarse caso por caso y en el que podrían tener relevancia varios factores, tales como el contexto en que se divulgue alguna información, la forma como se manejen fotografías o imágenes, la manera como se presente la noticia o los comentarios en torno a la misma, o situaciones semejantes) se podrá responsabilizar al comunicador, pues el abusar de un derecho (situación que habrá de verificarse en cada caso concreto) implica que se excede el ámbito de protección del mismo.  Ese abuso no es amparado por el ordenamiento jurídico (artículo 29 constitucional relacionado con el 22 del Código Civil), por lo que aquel comunicador que incurra en una conducta abusiva habrá de responder por sus actos (lo cual podría incluso acarrear eventualmente la responsabilidad del medio que difundió la información).  Ahora bien, la normativa constitucional supra mencionada se complementa con disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.  Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que toda persona puede difundir informaciones, al mismo tiempo que garantiza el derecho de todo individuo de ser informado.  Adviértase que este instrumento internacional sólo protege al ser humano de las injerencias arbitrarias en su vida privada (artículo 12); sea que la que podría entenderse como vida pública (la relacionada con el desempeño de un cargo público) es susceptible de examen por la generalidad de las personas y por ende puede darse libre información en cuanto a ésta.  Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más amplia en la regulación de estos temas.  Así, en el artículo 13 se garantiza el derecho de recibir y difundir informaciones, siendo responsable el comunicador sólo de manera posterior a la divulgación de la información y por las situaciones fijadas en la ley.  Por su parte, en el artículo 11 se dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su honra y su dignidad, agregándose luego que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el ámbito de su vida privada.  Claro está que la coexistencia de esas dos disposiciones en el mismo texto normativo revela que son complementarias.  En ese sentido, las libertades de información y de prensa relacionadas con asuntos de interés público desplazaría la protección de la honra y la dignidad en lo que se refiere a los funcionarios públicos; adviértase de una vez que esta regla no se aplicaría a las personas que no ostentan tal carácter.  Ello se debe a que en estos supuestos (cuando se está ante un caso de trascendencia pública relacionado con servidores estatales) de lo que se trata no es de la intimidad de una persona, sino de la forma como ella se desempeña en el ejercicio de un cargo público, aspecto que –ante el conflicto de los bienes jurídicos en cuestión, a saber el derecho al honor y las libertades de información y de prensa- es el más importante desde el punto de vista de la comunidad nacional.  Si lo difundido es correcto y en efecto corresponde a un asunto de interés público, entonces no hay posibilidad alguna por parte del funcionario de reclamar que su honor se ha visto lesionado (en todo caso, si de lo que trata la noticia es de algún acto inapropiado, quien habría lesionado su honor sería el propio servidor y no el comunicador, de modo que a este último no podría trasladársele la responsabilidad de aquél).  Claro que si la información es falsa o no se relaciona con un asunto de interés público, entonces eventualmente podría estarse ante alguno de los supuestos de conducta abusiva mencionados supra (que incluso podrían ser constitutivos de delito) que sí conllevan la declaratoria de responsabilidad del comunicador.  En esa tesitura, las dos disposiciones internacionales de comentario (artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), vistas en conjunto, revelan que tratándose de asuntos de interés público relativos a la forma como los servidores desempeñan sus cargos, el derecho al honor cede ante la libertades de información y de prensa, así como ante el derecho de ser informado.  Entender que no lo desplaza sería tanto como crear una esfera muy amplia de temas en la que no podrían ejercerse las libertades referidas, lo cual sería un atentado contra el régimen democrático que se contempla en la Constitución costarricense.  Aunado a lo anterior debe indicarse que en los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se aborda el problema que nos ocupa.  En el primero de ellos se establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  Esta redacción es importante destacarla porque –examinada a contrario sensu- evidencia que el honor puede verse afectado legalmente, lo cual refuerza la tesis de que hay casos (como los que aquí interesan) en que pese a existir una afectación de dicho bien jurídico no se puede responsabilizar a nadie por ello.  Estima esta Sala que lo anterior se da precisamente en los casos en que se publican informaciones sobre asuntos de interés público relacionados con actuaciones cuestionables por parte de funcionarios públicos (o incluso de personas que cumplen una función pública), supuestos en los que evidentemente se ve afectado (como consecuencia y no como intención) el honor de las personas involucradas.  En esos supuestos en que lo divulgado inevitablemente afectará a algún servidor público, en los cuales además no ha de mediar un único ánimo de ofender, las libertades de información y de prensa deben prevalecer sobre el derecho al honor, ya que el comunicador actúa cumpliendo con su derecho de informar y no deviene responsable por la consecuente afectación del honor de los funcionarios (que en todo caso, como ya se dijo, tendría su causa en sus propios actos y no en lo que se publica) relacionados con la noticia.  Claro está –vale la pena reiterarlo- que si la información no es de interés público, se quiere solamente ofender a alguna persona, o lo que se informa es falso, ahí sí deviene responsable el comunicador (y eventualmente el medio) por el abuso cometido.  En síntesis, tanto en la Constitución Política como en las disposiciones internacionales de Derechos Humanos aplicables en Costa Rica hay normativa que permite afirmar que los funcionarios públicos (no así los particulares, salvo en los supuestos en que cumplen una función pública) están sometidos al examen público de sus actuaciones en el ejercicio del cargo, por lo que la libertad de difundir informaciones sobre sus actos en relación con asuntos de interés público desplaza su derecho al honor, de modo que ningún comunicador puede ser penalmente responsable por ese tipo de informaciones, salvo que hubiese actuado de manera abusiva.  Esto obedece a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Código Penal, quien ejerce legítimamente un derecho no delinque.  A lo ya expuesto debe agregarse que también existen disposiciones de rango legal que refuerzan el criterio que aquí se sostiene.  Reviste especial importancia lo establecido en los artículos 113 y 114 de la Ley General de la Administración Pública.  El primero de ellos dispone:  1.  El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.  2.  El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto.  3.  En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.  Por su parte, el segundo de los numerales mencionados estipula:  1.  El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.  2.  Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérese, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados.  Como puede apreciarse, el legislador otorga gran importancia a la satisfacción del interés público como eje rector de la actividad administrativa, tanto que formula el principio de objetividad de la función pública como el actuar en aras de satisfacer dicho interés.  Además, salta a la vista el deber de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, quienes deben considerarse –en cada caso concreto- servidores de la persona con la que se relacionen en virtud del cargo que desempeñan (cabe acotar que estas disposiciones existen desde 1978, de modo que si se les relacionaba con la redacción anterior del artículo 11 constitucional era evidente la consagración en el ordenamiento costarricense del principio de rendición de cuentas, aún antes de la reforma constitucional del año 2000 a la que se aludió previamente).  Esto realza aún más el carácter público de la actuación de los funcionarios en lo que se refiere al cumplimiento de las atribuciones propias del puesto que ocupan.  En esa tesitura, es impensable –salvo que se desconozca el principio democrático establecido en la Constitución Política- sancionar penalmente a una persona que actúe de conformidad con su derecho de divulgar informaciones relacionadas con las actuaciones de funcionarios estatales en asuntos de interés público, salvo que haya incurrido en algún abuso (como los expuestos líneas atrás) a la hora de hacer pública la información.  Es oportuno mencionar que la tesis expuesta a lo largo de estas líneas se complementa con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 389 del Código Penal.  En ese texto legal, pese a estar referido a una contravención, se observa que el legislador dispuso no sancionar la crítica razonada (otra cosa son los insultos) de personas e instituciones cuando se trate de asuntos de interés público, tal como lo ha expuesto esta Sala en la presente sentencia. Con lo anterior se refuerza el punto de que el ejercicio legítimo (sea, sin incurrir en abusos) de las libertades de información y de prensa en estos casos no permite la punición de quien se expresa. Por último, es importante reiterar que si bien es cierto aquí se ha referido el problema del choque de derechos al caso de los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, también es posible –dependiendo de la trascendencia de cada caso concreto- que las libertades de información y de prensa justifiquen la discusión pública (y por ende la divulgación de informaciones sobre el tema) de actuaciones de personas que no están investidas como funcionarios estatales pero que cumplen una función que sí es pública, como podría ser el caso de concesionarios de servicios u obras públicas y notarios, eso sí, sólo en lo que atañe a la faceta pública de su comportamiento y sin que los comunicadores incurran en abusos.

V.  En la presente causa, el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela determinó que los hechos demostrados no generan responsabilidad penal alguna para los querellados.  A partir del folio 367 se exponen las razones por las cuales llegó el cuerpo juzgador a dicha conclusión.  Salta a la vista que se consideró el interés público que reviste el uso de los vehículos estatales.  Precisamente por ello es que se efectuó la investigación periodística, para determinar si tenía algún fundamento la queja de vecinos de Cedral en el sentido de que un vehículo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes había sido visto días antes aparcado a la par de un bar, lo que ellos estiman como uso indebido del automotor.  Debido a ese malestar es que el 7 de octubre de 1999 se envió a un camarógrafo de Noti-Catorce a confirmar –mediante la grabación en video- si efectivamente se encontraba el vehículo en el lugar.  Esto resultó ser cierto y por ello se buscaron explicaciones al Jefe Regional de la cartera ministerial supra mencionada, quien fue el que reveló el nombre del servidor que utilizaba dicho vehículo.  Con base en esos elementos es que el órgano de instancia –con buen criterio- descartó cualquier ánimo puramente ofensivo por parte de los querellados.  Más bien, lo que hizo el a-quo fue destacar la rectitud en la actuación de estos últimos, quienes en todo momento se apegaron a su derecho de divulgar informaciones atinentes a asuntos de interés público.  Desafortunadamente para el querellante su nombre salió a la luz y es lógico que no le agradase ser cuestionado.  Pero él era funcionario público al momento de los hechos, de modo que estaba sujeto al deber de rendir cuentas de sus actos.  Además, de conformidad con los artículos del 221 al 243 de la Ley de Tránsito, hay ciertas restricciones en el uso de los vehículos estatales (las cuales varían según se trate de automotores de uso administrativo, de uso discrecional o de uso por las fuerzas de policía), entre las que se comprende (artículo 234 inciso a) del último texto normativo de cita) el utilizar vehículos de uso administrativo en actividades que no sean las normales de la institución.  Por ello, el observar uno de estos automotores al costado de un bar en horas laborales es algo que razonablemente genera inquietudes y que amerita el desarrollo de una investigación.  Además, la intervención de la prensa en estos casos es completamente legítima en un Estado democrático, pues de lo que se trata es de verificar que los recursos públicos sean utilizados adecuadamente por parte de los servidores, de modo que en efecto es un tema de interés público, toda vez que el problema de comentario atañe a la colectividad.  Cabe agregar que en ningún momento los comunicadores achacaron a Vargas Núñez el haber cometido una falta y mucho menos un delito, sino que simplemente pidieron explicaciones sobre el por qué se encontraba el mencionado automotor en ese sitio a la hora que fue filmado.  Esto último revela que no se está más que ante el ejercicio del derecho de informar a la comunidad sobre un asunto de interés público.  Nunca se ha perseguido lesionar el honor del querellante; solamente se le ha pedido que rinda cuentas, sin que medie abuso alguno por parte de los personeros de Noti-Catorce.  De conformidad con lo expuesto, efectivamente no aprecia esta Sala que los querellados hayan cometido delito alguno por el que deban responder y en ese sentido resulta adecuada a Derecho la decisión del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.  Debe agregarse que si bien es cierto en sentencia se cita la Ley de Imprenta y no la de Radio y Televisión, el punto es irrelevante, pues en todo caso se está en presencia de una causa de justificación (el ejercicio legítimo de un derecho, regulado en el artículo 25 del Código Penal) que en cualquier supuesto exoneraría de responsabilidad penal a los encartados.  Además, debe advertirse que la existencia de las informaciones periodísticas se tiene por acreditada, pero –por las razones ya mencionadas, es decir, por la concurrencia de una causa de justificación- no son constitutivas de delito alguno.  También es necesario resaltar que ciertamente el ejercicio del periodismo no es per sé un permiso para afectar el honor de las personas, pero también debe reconocerse que en cualquier caso los comunicadores responden sólo cuando abusan de su profesión (artículo 29 constitucional) y además dicho bien jurídico no se afecta cuando se trata de informaciones verdaderas (como lo es el que el vehículo conducido por el querellante estaba estacionado a la par de un bar en horas laborales, lo cual ameritaba la investigación) relacionadas con asuntos de interés público en los que intervienen servidores del Estado.  Finalmente, debe decirse que en este caso la veracidad de la información difundida por Noti-Catorce ha sido constatada por el órgano sentenciador, de modo que no hay razón alguna para pensar que los servidores del medio televisivo (TV Norte Canal Catorce, S.A.) o de la compañía dueña de esa empresa, Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. (COOPELESCA), no verificaron que lo divulgado por el noticiero fuese cierto, por lo que el reclamo en cuanto a este extremo deviene infundado.  En virtud de todo lo anterior, estima esta Sala que en la especie no se ha producido quebranto alguno de la ley sustantiva, toda vez que la conducta de los querellados encuentra respaldo en la causa de justificación prevista en el artículo 25 del Código Penal, con base en lo cual se declara sin lugar este extremo del recurso. 

VI.  Como segundo motivo por defectos in iudicando, el recurrente alega que se aplicó indebidamente el artículo 1045 del Código Civil, así como los artículos 122, 123, 124 y 126 del Código Penal de 1941, que son reglas aún vigentes en cuanto a la responsabilidad civil derivada de un hecho punible.  Estima que por haber incurrido los querellados en un delito, los demandados civiles deben responder por las consecuencias del mismo.  El reclamo es inatendible.  Tal como se explicó supra, en la especie no se ha constatado la comisión de delito alguno por parte de los querellados, sino que más bien se tiene por acreditada la concurrencia de una causa de justificación que ampara su actuación.  En ese sentido, no se configura ninguno de los supuestos que de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil harían posible en esta sede derivar consecuencias civiles por los hechos que aquí interesan.  Tampoco pueden utilizarse las disposiciones del Código Penal de 1941 aún vigentes en lo que se refiere a responsabilidad civil, porque en ellas se parte de la existencia de un hecho punible, el cual aquí no se ha acreditado.  Por lo anterior, estima esta Sala que no se configura el vicio alegado y por ello procede declarar sin lugar este acápite del recurso.

VII.  En los motivos tercero y cuarto del reclamo por el fondo, el licenciado Vargas Alfaro cuestiona la aplicación en la especie del artículo 25 del Código Penal, pues estima que los querellados actuaron de manera abusiva al publicar las informaciones que afectaron a su patrocinado; además, considera que no se está ante un asunto de interés público, por lo que a los comunicadores no los cubren las libertades de información y publicación.  El reproche no es de recibo.  Estos puntos ya fueron dilucidados en los Considerandos II, III, IV y V de esta sentencia.  En la especie sí media una causa de justificación que ampara la actuación de los personeros de Noti-Catorce al difundir las imágenes del vehículo de la sede regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en San Carlos estacionado a la par de un bar, así como la investigación de qué hacía ese automotor allí el 7 de octubre de 1999 en horas laborales.  Además, ya quedó establecido que sí se trata de un asunto de interés público.  En ese sentido, no se configura ninguno de los vicios alegados, por lo que el alegato debe ser rechazado.

VIII.  Como motivos por la forma, el licenciado Vargas Alfaro formula los siguientes:  a)  estima quebrantado el debido proceso, toda vez que el a-quo habría omitido fundamentar adecuadamente todos y cada uno de los puntos debatidos en esta causa; b) considera que se irrespetó la necesaria correlación entre la pieza acusatoria y la sentencia, pues no se habría resuelto el punto quinto de la querella, relativo a la afectación que se le causó con la divulgación de las informaciones que interesan en esta causa; c) señala que se inobservó el principio de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en el tanto no se puede saber si el vehículo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes mencionado en esta causa estaba al frente o a un costado del bar Las Cañitas; d) indica que en la especie se ha quebrantado el debido proceso, toda vez que el Tribunal de instancia admitió evacuar prueba sobre la reputación del querellante, que es un tema inconexo con el que se plantea en la querella; e) manifiesta que no se apreció el material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, pues no se puede afirmar –como lo hace el órgano juzgador- que José Francisco Vargas Núñez ciertamente haya estado ingiriendo licor en el citado bar cuando se realizaron las tomas de Noti-Catorce el 7 de octubre de 1999 (nótese que el texto del fallo impugnado que transcribe el querellante a folio 421 vuelto es claro al resaltar que esa es una conclusión del Tribunal, pues los comunicadores lo que mencionaron fue la posibilidad de que estuviese dentro del local); f) nuevamente expresa que se habría vulnerado el principio de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, porque la difusión que se hizo el 2 de diciembre de 1999 de las imágenes grabadas el 7 de octubre anterior es ejemplo de una actitud revanchista por parte de Noti-Catorce, luego de que el querellante había ejercido su derecho de rectificación y respuesta; g) una vez más acusa como inobservadas las reglas de la sana crítica a la hora de fundamentar el fallo impugnado, tanto en lo que se refiere a la conducta de los querellados a quienes se les atribuyeron delitos a título de comisión por omisión, como en lo atinente a la condena impuesta al querellante de pagar las costas.  Todos los reclamos son improcedentes.  El recurrente cuestiona aspectos irrelevantes para efectos de la absolutoria de los querellados, así como para la exoneración de responsabilidad de los demandados civiles.  Tal como se indicó supra en los Considerandos II, III, IV y V de este fallo, las querelladas Sonia Jiménez González, Karla María Herrera Masís y Virginia (c.c. Vicky) Patricia Luna Salas, todas comunicadoras que laboran para Noti-Catorce, actuaron al amparo de una causa de justificación, cual es el ejercicio legítimo de sus derechos de informar y publicar, por lo que en este caso no han cometido delito alguno.  Así las cosas, los otros querellados, personeros de T.V. Norte Canal Catorce, S.A. y de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. (COOPELESCA), no devienen responsables por las informaciones divulgadas por Noti-Catorce.  Ese es el punto central del fallo venido en alzada y, como ya se expuso, es un extremo debidamente fundamentado en el que se aplicó de forma correcta la ley sustantiva.  En esa tesitura, los aspectos formales que se atacan en estos alegatos no son suficientes para revertir el núcleo esencial que obliga a absolver a los querellados.  En primer lugar, en lo que atañe al punto a), no se explica cuáles aspectos habrían sido dejados sin resolver, ni la relevancia de los mismos, por lo que no puede acreditarse la existencia de algún agravio para el recurrente.  Respecto del reclamo b), nótese que se está ante la apreciación subjetiva de que no se resolvió el tema relativo al daño causado al querellante por las informaciones divulgadas.  Estima esta Sala que si se absolvió a los querellados está implícito el rechazo a la supuesta afectación ilegítima del honor del querellante, por lo que salta a la vista que el problema sí se decidió.  En relación con el apartado c), debe advertir el impugnante que carece de todo interés saber si el automotor conducido por Vargas Núñez estaba al frente o a un costado del bar, pues lo que es irrebatible y ameritó la investigación periodística es que estaba junto al negocio.  De allí que el ejercicio de las libertades de información y publicación fuese legítimo y justifique la absolutoria de todos los querellados.  Sobre el punto d), es oportuno aclarar que si bien es cierto no era importante conocer en esta causa aspectos ajenos a si las informaciones difundidas por Noti-Catorce eran lesivas del honor de Vargas Núñez, también lo es que la discusión de esos temas en esta causa no conlleva a estimar que los querellados hubiesen cometido delito alguno, por lo que no se causa agravio al querellante por la admisión de la prueba que ahora cuestiona.  En lo que atañe al reproche identificado como e) es necesario destacar que no fue en las informaciones que suscitaron la querella que se afirmó que el querellante estaba ingiriendo licor dentro del bar junto al cual estaba el vehículo que él conducía, sino que esa es una conclusión de los juzgadores, por lo que aún suprimiéndola del fallo no permite responsabilizar penalmente a los querellados.  Respecto del alegato f), debe indicarse que sólo el recurrente aprecia una actitud revanchista por parte de Noti-Catorce al informar sobre el inminente despido del querellante como servidor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  Esa información es lógica secuencia de las anteriores, por lo que también se ve amparada por la causa de justificación mencionada en este fallo y no es constitutiva de delito alguno.  Finalmente, en lo que se refiere al apartado g), debe reiterarse que los personeros de TV Norte Canal Catorce, S.A. y los de Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. (COOPELESCA), no pueden responder penalmente, si a través de Noti-Catorce no se cometió delito alguno.  Además, se aprecia a folio 392 que sí se explican las razones por las cuales se condenó a José Francisco Vargas Núñez a pagar costas personales y procesales, con lo que se evidencia que no se incurre en el vicio de falta de fundamentación en cuanto a este extremo.  Por todo lo anterior, procede declarar sin lugar todos los reproches formales planteados por el licenciado Juan Luis Vargas Alfaro.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el recurso de casación.

 

 

Daniel González A.

 

 

Jesús Ramírez Q.                                                                               Rodrigo Castro M.

 

 

José Manuel Arroyo G.                                                                         Joaquín Vargas G.

                                                                                                                  (Mag. Suplente)

Exp: N°1201-2/7-01                                                                                          dig.imp.scg.