OEA/Ser.L/V/II.111
Doc. 20 rev.
16 abril 2001
Original:  Español

INFORME ANUAL DEL RELATOR ESPECIAL PARA LA 
LIBERTAD DE  EXPRESIÓN  2000

Índice

 

INTRODUCCIÓN                

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CAPÍTULO I   INFORMES GENERALES

 

A.                Mandato y Competencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión

B.    Principales actividades de laRelatoría durante el 2000 

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CAPÍTULO II  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

A.      Antecedentes         

 

 

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL PARA
LA LIBERTAD DE EXPRESION

 

CAPÍTULO I 

INFORMES GENERALES 

A.         Mandato y Competencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión

1.                  La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, que fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la esfera de sus atribuciones y competencias y opera dentro del marco jurídico de ésta. [1]

2.                  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función primordial es promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos. Con tal propósito, la Comisión investiga y decide sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos, celebra visitas in loco, prepara proyectos de tratado y declaraciones sobre derechos humanos, así como informes sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región.

3.                  En lo que se refiere específicamente a la libertad de expresión, la Comisión ha tratado este tema a través de su sistema de peticiones individuales, en los cuales se ha pronunciado sobre casos de censura [2] , crímenes contra periodistas y otras restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión. Asimismo, se ha pronunciado sobre las amenazas y restricciones a los medios de comunicación social por medio de informes especiales, como fue por ejemplo, el Informe sobre leyes de desacato. [3] De igual manera, la Comisión ha analizado la situación de la libertad de expresión e información en sus diversas visitas in loco y en sus informes generales. [4] Por último, la Comisión ha adoptado medidas cautelares con el objetivo de actuar de manera urgente a fin de evitar daños irreparables a las personas. [5] Estas medidas se adoptaron para posibilitar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y proteger a periodistas. [6]

4.                  En su 97º período ordinario de sesiones celebrado en octubre de 1997 y en ejercicio de las facultades que le otorgan la Convención y su Reglamento, la Comisión decidió, por unanimidad de sus miembros, establecer una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en lo sucesivo “la Relatoría”), con carácter permanente, independencia funcional y estructura operativa propia. La creación de la Relatoría obedeció también a las recomendaciones efectuadas por amplios sectores de la sociedad de los Estados del hemisferio, sobre la profunda preocupación que existe por las constantes restricciones a la libertad de expresión e información. Asimismo, también obedeció a las propias observaciones de la CIDH acerca de la realidad de la libertad de expresión e información, con las cuales ha podido constatar las graves amenazas y problemas que existen para el pleno y efectivo desenvolvimiento de este derecho de vital importancia para la consolidación y desarrollo del estado de derecho. En su 98º período extraordinario de sesiones celebrado en marzo de 1998, la Comisión definió de manera general las características y funciones que debería tener la Relatoría y decidió crear un fondo voluntario de asistencia económica para la misma. Durante 1998 la Comisión llamó a concurso público para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión en las Américas. Luego de evaluar todas las postulaciones y haber sostenido entrevistas con varios candidatos, la Comisión decidió designar al abogado de nacionalidad argentina Santiago Alejandro Canton como Relator Especial, quien asumió el cargo el 2 de noviembre de 1998.

5.                  Al crear la Relatoría, la Comisión buscó estimular de manera preferente la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión e información en el hemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos; formular recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la libertad de expresión e información, a fin de que se adopten medidas progresivas en su favor; elaborar informes y estudios especializados sobre la materia y actuar prontamente respecto a aquellas peticiones y otras comunicaciones en donde se señale que este derecho está siendo vulnerado en algún Estado miembro de la OEA.

6.                  En términos generales la Comisión señaló que los deberes y mandatos de la Relatoría deberían comprender entre otros:  l. Preparar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en las Américas y presentarlo a la Comisión para su consideración e inclusión en el Informe Anual de la CIDH a la Asamblea General de la OEA.  2. Preparar informes temáticos. 3. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los informes.  4. 0rganizar actividades de promoción encomendadas por la Comisión, incluyendo pero no limitándose a presentar documentos en conferencias y seminarios pertinentes, instruir a funcionarios, profesionales y estudiantes sobre el trabajo de la Comisión en este ámbito, y preparar otros materiales de promoción.  5. Informar inmediatamente a la Comisión de situaciones urgentes que merecen que la Comisión solicite la adopción de medidas cautelares o de medidas provisionales que la Comisión pueda solicitar a la Corte Interamericana para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos. 6. Proporcionar información a la Comisión sobre el procesamiento de casos individuales relacionados con la libertad de expresión.

7.                  La iniciativa de la Comisión de crear una Relatoría para la Libertad de Expresión de carácter permanente encontró pleno respaldo en los Estados miembros de la OEA durante la Segunda Cumbre de las Américas. En esta Cumbre, los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas reconocieron el papel fundamental que la libertad de expresión e información juega en materia de derechos humanos y dentro del sistema democrático y expresaron su satisfacción por la creación de esta Relatoría. Es así, que en la Declaración de Santiago adoptada en abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron expresamente que:

            Coincidimos en que una prensa libre desempeña un papel fundamental [en materia de derechos humanos] y reafirmamos la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión. Celebramos la reciente constitución de un Relator Especial para la Libertad de Expresión, en el marco de la Organización de los Estados Americanos. [7]

8.                  Asimismo, en esta misma Cumbre los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas expresaron su compromiso de apoyar la Relatoría para la Libertad de Expresión. Sobre el particular, en el Plan de Acción de la citada Cumbre se recomendó lo siguiente:

Fortalecer el ejercicio y respeto de todos los derechos humanos y la consolidación de la democracia, incluyendo el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y de pensamiento, mediante el apoyo a las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [8] 

B.        Principales actividades de la Relatoría

9.                  Desde que comenzó sus funciones en noviembre de 1998, el Relator Especial ha participado en numerosos eventos para dar a conocer la creación de la Relatoría y los objetivos de la misma. El conocimiento amplio de la existencia de la Relatoría permitirá que ésta cumpla con éxito las tareas que tiene encomendadas. Las tareas de promoción y difusión fueron orientadas principalmente a la participación en foros internacionales, a la coordinación de esfuerzos con otras organizaciones no gubernamentales, el asesoramiento a los Estados en proyectos de ley relacionados con la libertad de expresión y a dar a conocer la Relatoría a través de los medios de comunicación. Estas actividades tuvieron como principales objetivos crear conciencia y conocimiento entre los sectores de la sociedad sobre la importancia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, las normas internacionales sobre libertad de expresión, la jurisprudencia comparada de la materia y la importancia de la libertad de expresión en el contexto y desarrollo de una sociedad democrática.

10.              La Relatoría se ha constituido como un fuerte propulsor de reforma legislativa en materia de libertad de expresión. A través de los lazos que se han establecido con los Estados miembros y distintos organismos de la sociedad civil, esta oficina ha iniciado un proceso de colaboración para la puesta en marcha de iniciativas que promuevan la modificación de leyes que limitan el derecho a la libertad de expresión como así también para la inclusión de leyes que amplíen el derecho de los ciudadanos a participar activamente en el proceso democrático a través del acceso a la información.

11.              La Relatoría se ha abocado a la protección de la libertad de expresión a través de diversas acciones que constituyen el trabajo diario de esta oficina. A continuación se enumeran las principales actividades que desarrolla la Relatoría diariamente:

12.              Analiza las denuncias recibidas ante la Comisión referidas a violaciones a la libertad de expresión y remite a dicho organismo sus consideraciones y recomendaciones con respecto a la apertura de casos. Hace seguimiento de los casos abiertos ante la Comisión relacionados con violaciones a este derecho. Requiere a la Comisión la solicitud de medidas cautelares a los Estados miembros para proteger la integridad personal de los periodistas y otros comunicadores sociales amenazados o en riesgo de sufrir daños irreparables. Efectúa sus recomendaciones a la Comisión en el otorgamiento de audiencias para el período ordinario de sesiones, y durante el mismo la Relatoría participa junto a la Comisión en aquellas audiencias relacionadas con denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Asimismo, la Relatoría colabora con las partes para encontrar soluciones amistosas dentro del marco de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos.

13.              Desde la creación de la Relatoría se han realizado estudios de asesoramiento y se efectuaron recomendaciones a algunos  Estados miembros para que modifiquen las leyes y artículos, vigentes en sus legislaciones, que afectan la libertad de expresión con el fin de que las adecúen con los estándares internacionales para una más efectiva protección del ejercicio de este derecho. Por otra parte, para la elaboración de sus informes tanto temáticos como anuales, la Relatoría remite correspondencia con pedidos de información a los Estados miembros.

14.              Por otra parte, a través de su red hemisférica informal de protección a la libertad de expresión, la Relatoría recibe información sobre el estado de la libertad de expresión en los Estados miembros. Esta información es enviada por distintas organizaciones de defensa de este derecho, periodistas en general y otras fuentes. En los casos que considera que existe una violación grave a la libertad de expresión, la Relatoría emite comunicados de prensa sobre la información recibida manifestando su preocupación a las autoridades y efectuando sus recomendaciones para el restablecimiento de este derecho. En otros casos, la Relatoría se dirige directamente a las autoridades del Estado para obtener mayor información y/o solicitar que se reparen los daños efectuados. La Relatoría ha creado una base de datos conformada por un importante número de medios de comunicación, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, abogados especialistas en la materia y universidades, entre otros, a través de la cual difunde sus comunicados y/o cualquier otra información que considere relevante.

15.              La difusión sobre las actividades y el mandato de la Relatoría ha permitido que diversos sectores de la sociedad civil del hemisferio acudan a ella para proteger su derecho a emitir, difundir y recibir información.

1.         Actividades de Promoción y Difusión

16.              A continuación se enumeran las principales actividades de promoción y difusión realizadas durante el año 2000 por la Relatoría. 

17.              En marzo de 2000 el Relator Especial participó del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos invitado por Washington College of Law de American University, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de Lanús que se realizó en Buenos Aires, Argentina, en el cual disertó sobre los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y al derecho a la libertad de expresión. Este seminario contó con el auspicio de la Relatoría para la Libertad de Expresión. También participó de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se llevó a cabo en México entre el 10 y el 14 de marzo.

18. En el mes de abril el Relator Especial asistió a las sesiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, invitado por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de ese organismo, señor Abid Hussain, y expuso ante ese organismo las principales preocupaciones en materia de libertad de expresión de la Relatoría y la situación general de este derecho en las Américas.

19.              En el marco del desarrollo de la red hemisférica de protección a periodistas, en abril la Relatoría organizó un panel titulado “Fortaleciendo Redes Electrónicas para la Protección de los Periodistas” en donde participaron periodistas de Centroamérica en el marco de la “Reunión Centroamericana sobre Anticorrupción:  El Rol de los Medios de Comunicación” que se realizó en San José, Costa Rica. El panel contó con la participación de Jorge Salazar, Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad de Lima, Perú, Marylene Smeets, Coordinadora del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas y Danilo Arbilla, por entonces Vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.

20.              Con motivo del Día Mundial de la libertad de prensa, en el mes de mayo el Relator Especial fue invitado por la UNESCO a participar en una conferencia en Ginebra que contó con la presencia de las principales organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión. Durante dicho evento el Relator Especial se reunió con los otros dos relatores de la libertad de expresión en el mundo, Abid Hussain, Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la ONU y Freimut Duve, Representante de OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) sobre Libertad en los Medios de Comunicación. Los tres Relatores firmaron una declaración conjunta sobre las constantes amenazas y asesinatos de periodistas en situaciones de conflicto. [9]

21.              A fines de mayo la Relatoría organizó en conjunto con la Presidencia de Guatemala una conferencia internacional titulada “El derecho al acceso a la información en Guatemala”  con el objetivo de colaborar con las autoridades guatemaltecas en la elaboración de un proyecto de acceso a la información y habeas data. La organización de esta conferencia fue el resultado del compromiso de colaboración asumido por la Relatoría y por el gobierno guatemalteco, tras la visita del Relator Especial a Guatemala realizada en el mes de abril del 2000, para trabajar conjuntamente en la promoción de una amplia y firme libertad de expresión en el país.

22.              Los primeros días de junio, el Relator Especial participó, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Trigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General en Windsor, Canadá. Ante dicha Asamblea, la CIDH presentó el Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, el cual incluyó un capítulo elaborado por la Relatoría referido a la situación de la libertad de expresión en ese país.

23.              Durante el mes de junio, el Relator Especial fue invitado a la XXX Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) que se realizó en Madrid, España. Asimismo, participó como orador en el seminario Cuando el periodismo es delito – Conferencia sobre leyes de difamación criminal en Latinoamérica que organizó el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en Buenos Aires, Argentina. El Dr. Canton disertó acerca del marco legal internacional para la libertad de prensa. Posteriormente, el Relator Especial acompañó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 107° período extraordinario de sesiones que se realizó en San Pablo, Brasil. [10]

24.              Asimismo, en julio el Dr. Canton fue invitado a participar como panelista en la conferencia Declaración Interamericana de Libertad de Expresión convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Miami. [11]

25.              En agosto el Relator Especial fue invitado a participar de la inauguración de las actividades de la Cátedra UNESCO – Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y a un seminario de especialización en Libertad de Expresión en América para el plantel docente de esa universidad. Dicha Cátedra ha editado uno de los informes anuales de esta Relatoría en formato de libro de texto para ser utilizados en sus actividades docentes.

26.              En septiembre el Relator Especial participó en Quebec, Canadá, junto a otras autoridades de la Comisión de una reunión de planeamiento de las actividades para la Cumbre de las Américas que se realizó entre el 20 y 22 de abril del 2001.

27.              En octubre el Dr. Canton asistió a la 56° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en Santiago, Chile. También en octubre el Dr. Santiago Canton participó de la reunión Desafíos para la Democracia en las Américas (Challenge to Democracy in the Americas) organizada por el Centro Carter en Atlanta. En dicho evento, la Relatoría formó parte de un taller de trabajo en el que presentó para su discusión la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que elaboró esta Relatoría como marco jurídico para la protección de la libertad de expresión en el hemisferio. Los antecedentes de dicha declaración y la interpretación de la misma se analizan en el siguiente capítulo.

28.              Durante el 108° período ordinario de sesiones de la CIDH realizado en octubre de 2000 se aprobó el documento definitivo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Asimismo, la Relatoría organizó una reunión para las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos con el fin de darles a conocer las principales actividades realizadas desde su creación. El objetivo de esta reunión también estuvo dirigido a recibir inquietudes y comentarios de dichas organizaciones con respecto a las actividades que viene realizando la Relatoría.

29.              En noviembre el Relator Especial participó en el VI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y el Centro Iberoamericano de Comunicación y Estudios Sociales en Panamá, en el cual expuso sobre la libertad de expresión como condición de desarrollo. Durante ese mes, también fue invitado a disertar en el seminario Información para la Democracia organizado por el Consejo de Prensa Peruano y The British Council en Lima, Perú. Durante el mismo, el Relator Especial realizó el cierre del seminario con el tema “Acceso a la información en América: nuevos retos”. Asimismo, a fines de ese mes el Relator Especial viajó a Johannesburgo, Sudáfrica, para participar de la conferencia Freedom of Expression and the African Charter [12] , en donde dio a conocer las principales actividades de la Relatoría y se refirió a la situación de la libertad de expresión en las Américas.

30.              Convocado por Article XIX, el Dr. Canton participó en Londres del Seminario Internacional para la promoción de la libertad de expresión (International Seminar for Promoting Freedom of Expression). Allí tuvo la oportunidad de reunirse por tercera vez con los otros dos relatores de libertad de expresión en el mundo, Abid Hussain (ONU) y Freimut Duve (OSCE). Tras la finalización del seminario, los tres relatores emitieron una nueva declaración conjunta sobre libertad de expresión en la que expresaron su preocupación por los asesinatos a periodistas y por la existencia de leyes restrictivas a la libertad de expresión en el mundo. [13]  

31.              En el mes de diciembre, la Relatoría organizó la Reunión de Coordinación para la Tercera Cumbre de las Américas, a la cual convocó a representantes de las principales organizaciones de defensa de la libertad de expresión. El objetivo de dicha reunión fue  coordinar una agenda en común con los puntos más importantes sobre libertad de expresión para ser presentada en la Tercera Cumbre de las Américas. A su vez, la Relatoría organizó también un Taller sobre Libertad de Expresión en Colombia con el fin de coordinar esfuerzos entre las principales organizaciones de defensa de la libertad de expresión que lleven a la búsqueda concreta de soluciones y a la elaboración de planes de acción efectivos para los periodistas de ese país.

3.         Visitas a países

32.              Entre el 10 y el 14 de abril el Relator Especial realizó una visita a Guatemala en respuesta a una invitación formulada por el Presidente Alfonso Portillo Cabrera y en atención a posteriores requerimientos de diversos sectores de la sociedad. El Relator Especial cumplió una agenda de actividades y reuniones que incluyeron autoridades del gobierno guatemalteco, la Procuraduría de Derechos Humanos, directores de los medios de comunicación, asociaciones gremiales de trabajadores de la prensa, cámaras de propietarios y trabajadores de medios de comunicación, periodistas independientes, instituciones académicas, representantes de organizaciones de los pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y otras instancias de la sociedad civil, así como representantes de misiones y organismos internacionales, con el fin de tomar contacto, recabar información y analizar el estado de libertad de expresión en Guatemala.

33.              A invitación del Estado panameño y tomando en cuenta los requerimientos de diversos sectores de la sociedad, el Dr. Santiago Canton realizó una visita a Panamá en julio con el objetivo de evaluar el estado de la libertad de expresión en ese país. Durante esa visita, el Relator Especial cumplió con una agenda de actividades que incluyó reuniones con la presidenta Mireya Moscoso y otras autoridades del Estado panameño, entre ellos, directores de los medios de comunicación, asociaciones gremiales de trabajadores de la prensa, periodistas independientes, representantes de organizaciones de derechos humanos y otras instancias de la sociedad civil, con el fin de recabar información y analizar el estado de la libertad de expresión en ese país.


[1] Véase, artículos 40 y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[2] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile) Sentencia de 5 de febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión; Francisco Martorell v. Chile en Informe Anual de la CIDH (1996).

[3] CIDH, Informe Anual 1994, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/ser L/V/II.88, Doc. 9 Rev (1995).

[4] Véase, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc.7 rev. 1, 24 de septiembre de 1998 e Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/II. 102 Doc.9 rev.1, 26 de febrero de 1996. 

[5] El artículo 29(b) del Reglamento de la Comisión señala que: “En casos urgentes, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Comisión podrá pedir que sean tomadas medidas cautelares para evitar que se consume el daño irreparable, en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados”.

[6] En este sentido cabe mencionar por ejemplo que el 21 de noviembre de 1999, la Comisión solicitó al Gobierno peruano la adopción de medidas cautelares en favor del periodista Guillermo Gonzáles Arica, las cuales se tramitaron en el contexto del caso número 12.085. Asimismo, el 17 de setiembre de 1999 la CIDH solicitó al Gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares para la protección de la vida e integridad del periodista Jesús Barraza Zavala.

[7] Declaración de Santiago, Segunda Cumbre de las Américas, 18-19 de abril de 1998, Santiago, Chile, en “Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago”,  Volumen I, Oficina de Seguimiento de Cumbres, Organización de los Estados Americanos.

[8] Plan de Acción, Segunda Cumbre de las Américas, 18-19 de abril de 1998, Santiago, Chile, en “Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago”,  Volumen I, Oficina de Seguimiento de Cumbres, Organización de los Estados Americanos.

[9] Veáse anexos.

[10] Véase anexos.

[11] Veáse Capítulo II – Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

[12] La Carta de la Organización de la Unidad Africana, adoptada en 1963, reafirma la adhesión de los Estados africanos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como base sólida para una cooperación pacífica y positiva entre los Estados. Para mayor información véase International  Human Rights in Context: Law Politics Morals, Henry J. Steiner and Philip Alston, Clarendon Press Oxford, (1996), pág 689

[13] Véase en anexos, Declaraciones conjuntas sobre libertad de expresión.

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

PREÁMBULO

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

1.         La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2.         Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3.         Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

4.         El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

5.         La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

6.         Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

8.         Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

8.         Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

9.         El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

10.       Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11.              Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

12.              Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

13.       La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

        A.  Antecedentes

1.                  En respuesta al mandato encomendado con la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, durante el año 2000 la Relatoría trabajó en la elaboración de un proyecto de Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

2.                  La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales.

3.                  Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil y en respaldo a la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.  Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

4.                  La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. 

5.                  A fines de julio, el Relator Especial fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a participar de una conferencia titulada Declaración Interamericana de Libertad de Expresión que se realizó en Miami. Durante la misma, el Relator Especial participó en un panel sobre la Declaración de Chapultepec [14] y presentó el proyecto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión para consulta ante las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Carter Center, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Americas Watch, Asociación Periodistas, World Press Freedom Committee y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)  y juristas especialistas en libertad de expresión.  La Declaración tuvo una importante repercusión internacional en los medios de comunicación y una muy buena acogida en organizaciones internacionales, muchas de las cuales manifestaron su apoyo al documento elaborado por la Relatoría.

6.                  Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la Declaración.

        B. Interpretación

Principio 1

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

7.                  El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que da otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación.  Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

[L]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.  La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma. [15]

8.                  Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones.”  La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.

Principio 2

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

9.                  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio. [16] La Carta de la OEA en sus artículos 33 y  44 establece:

La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral[…y fomenta] la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático.

10.              La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones.  En este sentido, la Corte Interamericana expresó que: 

Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto […]Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. [17]

11.              El Relator Especial considera que es precisamente a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de sectores marginados.

Principio 3

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

12.              Este principio se refiere a la acción de habeas data.  La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles [18] , falsos, tendenciosos o discriminatorios [19] y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de fiscalización. [20] Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos. [21]  

13.              Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas. Asimismo la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para los objetivos específicos y explícitos establecidos; y  garantizar la seguridad de los datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación. En los casos en que entes del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma irregular y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, inclusive cuando ésta sea de carácter clasificada.  

14.              En cuanto al carácter fiscalizador de la acción de habeas data, es importante destacar que en algunos países del hemisferio, dicha acción constituye un importante mecanismo de control de la actividad de las agencias de seguridad e inteligencia del Estado. El acceso a los datos personales permite verificar la legalidad utilizada por parte de estas agencias del Estado en la recopilación de datos de las personas.  El acceso a dicha información, por  otra parte, habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus responsables. [22]

15.              Para que la acción de habeas data sea llevada a cabo con eficiencia, se deben eliminar las trabas administrativas que obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.

16.              Asimismo, es necesario que para el ejercicio de dicha acción, no se requiera revelar las causas por las cuales se requiere la información.  La mera existencia de datos personales en registros públicos o privados es razón suficiente  para el ejercicio de este derecho. [23]

Principio 4

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

17.              El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las democracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.” [24] Este principio establece que el acceso a la información en poder del Estado se constituye como un derecho fundamental de los individuos y que los mismos están obligados a garantizarlo. En relación con el objeto particular de este derecho, se entiende que las personas tienen derecho de requerir documentación e información registrada en archivos públicos o procesada por el Estado, es decir información considerada de una fuente pública o documentación oficial del Estado. 

18.              Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos.

El principio de transparencia lo que demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en la medida en que no se encuentre temporalmente excluida del ejercicio del derecho. [25]

19.              Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental. Este control se hace aún más necesario por cuanto uno de los graves obstáculos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables”. [26] Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal. 

20.              Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países del hemisferio,  las limitaciones a los archivos en poder del Estado deben ser excepcionales. Estas deben estar claramente establecidas en la ley y aplicable sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Se considera por lo tanto que cada acto restrictivo de acceso a la información debe ser resuelto sobre la base de cada caso peticionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado  que las restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas” dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático. [27]   Por lo tanto, dentro de este contexto, el Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado una vez concluida la situación de emergencia. [28] El Relator Especial recomienda que se asegure la revisión de la información considerada de carácter clasificada, a cargo de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional. 

Principio 5

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

21.              La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información. El artículo 13 de la Convención Americana explícitamente prohibe la censura previa. [29]   El deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a información se extiende a la libre circulación de información e ideas y la exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales. [30]

22.              La imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley donde los fines que se persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer la responsabilidad sean  necesarios para asegurar el fin que se procura. [31]  

23.              Las responsabilidades ulteriores se encuentran reguladas por el artículo 13 de la Convención y solo proceden de manera restringida cuando fuere necesario para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros.  “La restricción de la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores se dispone como garantía de la libertad de expresión evitando que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión queden a priori excluidos del debate público.” [32] La legitimidad no constituye un concepto vacío que los Estados pueden determinar libre o arbitrariamente, sino que configuran lo que la doctrina jurídica conoce como conceptos jurídicos indeterminados. Estos consisten en conceptos cuyo contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva sólo permite una solución justa. [33]

24.              El derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones y fricciones dentro de la misma. [34] Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma. [35] Dentro de este contexto, la Corte Interamericana ha manifestado que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo haya cometido.  En este caso, la aplicación de responsabilidades ulteriores deben ser llevadas a cabo a través de  sanciones civiles posteriores y no a través de la censura previa a la expresión no publicada. [36]

25.              Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas.  Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. [37] Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido:  

La censura previa produce “una suspención radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias.  Esto constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. [38]  

26.              Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”, porque ”tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática.” [39]

27.              Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación.  La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas.  La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales. [40]

Principio 6

Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

28.              Este principio establece que toda persona tiene el derecho pleno de ejercer su libertad de expresión sin la exigencia de títulos o asociaciones que legitimen dicho derecho. Como se ha expresado anteriormente, la Corte Interamericana ha manifestado que el ejercicio de la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, por lo que éste representa un derecho de cada individuo, pero también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.  Cuando la Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir información e ideas a través de cualquier medio está señalando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. [41]  

29.              La Corte Interamericana consideró esta problemática en su opinión consultiva sobre colegiación de periodistas:

El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento  y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. [42]

30.              Asimismo, la Corte identifica que el periodismo no podría existir sin la existencia de un pleno ejercicio de la libertad de expresión, creando así una relación simbiótica entre ambos. 

El periodista profesional no es otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.  Por tanto, la colegiación obligatoria conduce a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención Americana y el principio aquí analizado, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que la misma se fundamenta. [43]

Finalmente, la Corte Interamericana ha señalado:

Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. [44]  

Principio 7

Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

31.              Una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “errónea,” “no oportuna” o “incompleta”.  Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho  a la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la información veraz no protegería la información que, por oposición a veraz, denominaremos errónea. Por lo tanto, toda aquella información que pueda ser considerada errónea, no oportuna o incompleta no estaría protegida por este derecho.

32.              Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. En este aspecto, es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios de valor. En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información. La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas.

33.              Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información. Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas. La doctrina de la información veraz representa un retroceso para la libertad de expresión e información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se vería limitado a la calificación previa de la misma entre “veraz” o “errónea”, lo que va en contraposición con la concepción amplia otorgada a este derecho dentro del Sistema Interamericano.

34.              La Corte Interamericana sostuvo al respecto que las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. [45]

35.              Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión protege también a aquella información que hemos denominado “errónea”. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser producida con “real malicia” podría ser sancionada. [46] Pero inclusive en este caso esa sanción debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad.

Principio 8

Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

36.              Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a  entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.  Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional. [47]

37.              Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.  Asimismo, el secreto profesional consiste en “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información.” [48]   “Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes.” [49] Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público. [50]

Principio 9

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

38.              La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho. [51]   En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad.  En dichos países, la prensa se ha transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado.  En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque y desprestigio.

39.              El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos.

40.              Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores.  La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación:

Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad.[52]

41.              La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Este tipo de crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión. [53]

Principio 10

Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

42.              Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública.

43.              La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. “Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse, sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones no penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado a la reputación de los individuos.” [54]   La democracia representativa exige que los funcionarios públicos, o todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean responsables frente a los hombres y mujeres que representan. Los individuos que conforman una sociedad democrática delegan en los representantes el manejo de los asuntos de interés para toda la sociedad. Pero, la titularidad sobre los mismos se mantiene en la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para monitorear con las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte de los representantes. [55] En este sentido la CIDH sostuvo:

Una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión. [56]

44.              La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público. Dentro de este contexto la Comisión Interamericana ha manifestado que la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan con carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. [57]

Por otra parte, el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor. [58]

45.              La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y expresarla. [59]

46.              Asimismo, este principio establece el estándar de la real malicia como ordenamiento legal a ser utilizado en la protección del honor de los funcionarios públicos o personas públicas. En la práctica dicho estándar se traduce en la imposición de sólo sanciones civiles en aquellos casos en que exista información falsa y producida con “real malicia“, [60] es decir producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia.

47.              Cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad. Uno de los requisitos para que exista responsabilidad es que se demuestre la falsedad de la información o que se compruebe que el demandado publicó una declaración con conocimiento o alto grado de posibilidad sobre su falsedad en el momento de la publicación. Si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba.

48.              La Comisión ha manifestado que este es especialmente el caso en la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos. [61] Puede resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba. De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental. Dichas normas plantean la posibilidad de que quien critica de buena fe al gobierno sea sancionado por su crítica. [62]

49.              Asimismo, en base a la doctrina sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona.  Las bases de  esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática.  Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio.  La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro.  Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas.

Principio 11

Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

50.              Como ha sido señalado anteriormente, el pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. La CIDH se pronunció claramente la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana:

La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.

Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. A este respecto, la Corte Europea afirmó que, si bien las penas posteriores de multa y revocación de un artículo publicado no impiden que el peticionante se exprese, "equivalen, no obstante, a una censura, que posiblemente lo disuada de formular críticas de ese tipo en el futuro". El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor.

 La crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. Las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es más, la Comisión observa que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato, en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica. [63]

51.              La Comisión ha establecido … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…” Y  agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…”

52.              En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se hace indispensable. La protección que otorgan a los funcionarios públicos las denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios. Estas leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas leyes en los países en que aún subsisten. Por su estructura y utilización, estas leyes representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse.

Principio 12

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

53.              La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la recepción de opiniones diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión.  Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. [64]

54.              Dentro de este contexto, se debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo. Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, afecta seriamente el requisito de pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información    que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad.

55.              En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.   

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación.  No basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión publica, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio. [65]

Principio 13

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

56.              El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

57.              La utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades.  Al analizar el alcance de la libertad de expresión dentro del contexto de los derechos protegidos bajo la Convención, la Corte Interamericana reconoció que la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensamiento y de la información.  En este sentido, ésta tiene una dimensión individual y una dimensión social.  La Corte expresó:

la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor numero de destinatarios […] Asimismo, es fundamental que los periodistas […] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad. [66]

58.              El Relator Especial destaca, asimismo, que al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el hemisferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas.




[14] Véase anexo. 

[15] Véase CIDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 70.

[16] Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo I,  Obligaciones Generales:  Artículo 1: Obligación de Respetar los Derechos y Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos, Artículo 13: Libertad de Expresión.

[17] CIDH, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 69

[18] Se entiende por “dato sensible” toda aquella información relacionada con la vida íntima de la persona.

[19] Véase Alicia Pierini, Valentín Lorences y María Inés Tornabene.  Habeas Data:  Derecho a la Intimidad.  Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999 pág. 16.

[20] Véase, El acceso a la información como derecho. Víctor Abramovich y Christian Courtis.  CELS, 2000. Pág. 7.

[21] Veáse Secretaria de Investigación de Derecho Comparado, Tomo 1 (1998) pág. 121. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

[22] Véase El acceso a la información como derecho. Víctor Abramovich y Christian Courtis.  CELS, 2000. Abramovich y Courtis, pág. 9.

[23] Veáse Derecho a la Información:  Reforma Constitucional y Libertad de Expresión, Nuevos Aspectos.   Miguel Angel Ekmekdjian. Ediciones Depalma (1996) p.115.

[24] CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70.

[25] Véase El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los Archivos y Registros Administrativos. Pomed Sanchez, Luis Alberto. Editorial M.A.P., Madrid, 1989, pág.109.

[26] Véase Pierini y Otros, Supra 6, pág. 31.

[27] CIDH, OC-5/85 párr.70.

[28] Véase Capítulo IV, Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla las obligaciones de los Estados bajo situaciones de emergencia.

[29] La única excepción a la prohibición de censura previa es para regular el acceso a los espectáculos públicos de los menores de edad para su protección moral. Véase, Artículo 13, inciso 4.

[30] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile)  Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr. 61c.

[31] CIDH, OC-5/85,  párr.59.

[32] Véase Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile)  Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr. 61e.

[33] Véase Hacia una Nueva Justicia Administrativa,  Eduardo Garcia de Enterría. Madrid, 1996.

[34] Véase Denis v. U.S., 341 U.S. 494, 584 (1951).

[35] Informe No. 11-96, Caso 11.230, Chile, Francisco Martorell, 3 de mayo de 1996.

[36] CIDH, OC-5/85,  párr.39.

[37] Ibidem, párr. 30-32.

[38] Ibidem, párr. 54.

[39]Castells v. España, sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, N1 236, párr. 20.

[40] CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995.

[41] CIDH, OC-5-85, párr. 30-31.

[42] Ibid, párr. 71.

[43] Ibid., párr. 74-76.

[44] Ibid., párr. 77.

[45] CIDH, OC-5-85, párr. 33.

[46] La doctrina de la real malicia se refiere a que “las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohiba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente en su conducta, como tal, a menos que pruebe que fue hecha con conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de la verdad o falsedad.” New York Times v. Sullivan, 376  U.S., 255 (1961).

[47] Véase El derecho y la libertad de expresión en México, debates y reflexiones. Felipe Fierro Alvídez.  Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna.  Dic. 2000 #36, pág.5.

[48] Véase. La clausura de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. Marc Carrillo. Civitas y Centre de Investigació.  Barcelona 1993, pág. 170.

[49] Article XIXDefinir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación.  Principio 6:  Protección de las fuentes.

[50] Fierro Alvídez, supra nota 42, pág. 6.

[51] Véase CIDH, Informe de la situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc 7 rev.1, Septiembre 24, 1998, párr. 649, pág.142. y Caso #11,739 Reporte No. 5/99 Héctor Felix Miranda .

[52] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 177.

[53] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No 50/90 caso No 11.739 (México) OAS/Ser/L/V/II. Doc. 57 13 de abril de 1999.

[54] Article XIXDefinir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación.  Principio 4 Comentario.

[55] Véase CIDH, Informe Sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995.

[56] CIDH, Informe Anual, OEA/Ser.L/V/II.88.Doc.9.rev. 17 de febrero de 1995, p.218. Véase, ECHR, “Linger v. Austria, Series A, No.103,  1986;  ECHR, “Castells v. España”, Serie A, No. 236, 1992).

[57] Ibid.

[58] Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina, actualmente sujeto de aprobación en el Senado de la Nación Argentina.  Se debe destacar que dicho proyecto de ley surgió dentro del marco de la solución amistosa a la que se ha comprometido a arribar el Estado Argentino con la Asociación Periodistas en la audiencia realizada el 1 de octubre de 1999. Caso 12.128,  CIDH.

[59]Véase Supra nota 49, Principio 2 Comentario.

[60] Véase Supra nota 43.

[61] El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica. Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina en Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 1999, anexos, página 84.

[62]  CIDH, OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995, Supra 36.

[63] CIDH,  OEA/ser L/V/II.88, Doc. 9 rev (1995).

[64] Ibidem.

[65] OEA, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Baruch Ivcher Bronstein contra la República del Perú, Caso 11.762, pág. 27.

[66] Corte  Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 147-150. En el caso particular Ivcher Bronstein, la Corte señaló que “la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboran e investigan para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana.” Véase párr. 162.  Asimismo, la Corte interpretó que “Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opiniones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”.  Véase párr.163.

 

 

CAPÍTULO III

LEGISLACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACION INTERNA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

            A.         Legislación y libertad de expresión

      1.         Acceso a la información

1.                  La Relatoría para la Libertad de Expresión se encuentra actualmente elaborando un informe especial sobre el derecho de acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data que será publicado en el año 2001. La Relatoría considera que el acceso a la información es uno de los derechos fundacionales en el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Contar con procedimientos que garanticen a la ciudadanía este derecho contribuye a la fiscalización de la gestión administrativa fomentando mayor participación de los individuos en asuntos de interés público.

2.                  A fines de mayo la Relatoría organizó en conjunto con la Presidencia de   Guatemala una conferencia internacional titulada “El derecho al acceso a la información en Guatemala” destinada a reflejar la importancia del derecho al acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data en el marco de una sociedad democrática y la necesidad de adecuar las legislaciones en esta materia. Además, el Estado guatemalteco elaboró con la asesoría de la Relatoría un proyecto de ley sobre acceso a la información en poder del Estado, el cual contó con la amplia participación de la sociedad civil de Guatemala. Tanto la redacción  de este proyecto de ley como la organización de la conferencia fueron el resultado del compromiso de colaboración asumido por la Relatoría y por el gobierno guatemalteco, tras la visita del Relator Especial a Guatemala realizada en el mes de abril del año 2000, para trabajar conjuntamente en la promoción de una amplia y firme libertad de expresión en el país. El Relator Especial espera que la presentación del proyecto se haga efectiva lo antes posible y, tras su discusión, espera que sea aprobado e incorporado como ley a la legislación interna de Guatemala.

3.                  Durante el año 1999 la Relatoría solicitó a través de un cuestionario a los Estados miembros de la OEA información sobre normativas constitucionales y legales como así también,  sistemas de regulación existente en cada uno de los países para el ejercicio del derecho de acceso a la información y habeas data. De los treinta y cinco países que integran la Organización de los Estados Americanos, sólo nueve (el 25,7%) respondieron oficialmente al pedido de información solicitada por la Relatoría.

4.                  A través de la información recabada hasta el momento, se pueden apreciar claras diferencias entre los países que ya han desarrollado normativas constitucionales y legales y aquellos que aún deben basarse en normas generales como “derecho de amparo” o “libertad de expresión y opinión”, para proteger el derecho a la información. Más allá de aquellos países que no respondieron la solicitud de la Relatoría, se puede decir que son pocos los países que poseen una normativa específica clara respecto del derecho al acceso a la información y habeas data.

2.        Leyes de desacato

5.                 Las leyes de desacato violan el derecho humano a la libertad de expresión, expresado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos.  Al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público, fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.  A pesar de la condena casi universal a estas leyes, continúan existiendo en una u otra forma en por lo menos 17 Estados de las Américas.  Además, muchos de éstos y otros Estados siguen utilizando leyes sobre delito de difamación, injuria y calumnia, que con frecuencia se utilizan, en la misma forma que las leyes sobre desacato, para silenciar a quienes critican a las autoridades.

6.                 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó un análisis de la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un informe realizado en 1995 [67] . La CIDH concluyó que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas [68] . La CIDH declaró asimismo que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al gobierno a controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos [69] .  En consecuencia, los ciudadanos tienen el derecho de criticar y examinar las acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública [70] .  Además, las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias.  Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas, restringen indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto no pueden probarse.  Las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el “orden público” (un propósito permisible para la regulación de la expresión en virtud del Artículo 13), ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público [71] .  Existen otros medios menos restrictivos, además de las leyes de desacato, mediante los cuales el gobierno puede defender su reputación frente a ataques infundados, como la réplica a través de los medios de difusión o entablando acciones civiles por difamación o injurias.  Por todas estas razones, la CIDH concluyó que las leyes de desacato son incompatibles con la Convención, e instó a los Estados a que las derogaran.

7.                 El informe de la CIDH también presenta ciertas implicaciones en materia de reforma de las leyes sobre difamación, injurias y calumnias.  El reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público, significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias.  La posibilidad del abuso de tales leyes por parte de los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en el caso de estas leyes como en el de las leyes de desacato.  La CIDH ha manifestado:

[E]n la arena política en particular, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión es necesariamente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una sociedad democrática. La Convención requiere que este umbral se incremente más aún cuando el Estado impone el poder coactivo del sistema de la justicia penal para restringir la libertad de expresión. En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica.

La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla. [72]

8.                 Para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos. Además, la responsabilidad por ofensas contra funcionarios públicos sólo debería incurrirse en casos de “real malicia”.  La doctrina de la “real malicia” significa que el autor de la información en cuestión era consciente de que la misma era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de dicha información.

9.                 Estas normas están consagradas en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, promulgada por la Relatoría para la Libertad de Expresión y aprobada por la CIDH en su período ordinario de sesiones de octubre de 2000.  La Declaración constituye una interpretación definitiva del Artículo 13 de la Convención.  Los Principios 10 y 11 se refieren a los delitos contra la reputación y el honor, incluidas las leyes sobre desacato:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

10.             Otras organizaciones de la comunidad internacional han llegado a la misma conclusión con respecto a las leyes sobre desacato y otras leyes que protegen el honor y la reputación de los funcionarios públicos.  Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Freimut Duve, representante sobre Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, y Santiago Canton, [los Relatores] se reunieron por primera vez en Londres el 26 de noviembre de 1999, con el auspicio de Artículo XIX, la organización no gubernamental mundial que toma su nombre del artículo que protege la libertad de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Los Relatores emitieron una declaración conjunta en la que manifestaban que en muchos países existen leyes, como las leyes sobre difamación, que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión, e instaban a los Estados a que revisen estas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.  En otra reunión conjunta celebrada en noviembre de 2000, los Relatores adoptaron otra declaración conjunta, que se relaciona con el problema de las leyes sobre desacato y difamación.  En esta declaración, los Relatores abogaron por el reemplazo de las leyes sobre difamación por leyes civiles y manifestaron que debía prohibirse que se entablaran acciones de difamación relacionadas con el Estado, objetos como las banderas o símbolos, los organismos gubernamentales y las autoridades públicas.  Manifestaban asimismo que las leyes sobre difamación deben reflejar la importancia del debate abierto sobre temas de interés público, y el principio de que las figuras públicas deben aceptar un mayor grado de críticas que los ciudadanos privados, y que en particular, deberían derogarse las leyes que proporcionan protección especial a las figuras públicas.

11.             En su informe de enero de 2001, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión también se manifestó en contra de las leyes sobre difamación, y en particular, contra las leyes que proporcionan protección especial a los funcionarios públicos [73] .  El Relator instaba a los Estados a eliminar el poder de los órganos gubernamentales y los funcionarios públicos para interponer cargos por difamación en su propio nombre.  Sostenía que sólo deberían existir recursos civiles por difamación, y debían abolirse los delitos como la “difamación del Estado”.  Además, cualquier indemnización monetaria por daños y perjuicios debe ser razonable y proporcional, para asegurar que la posibilidad de castigo no tenga un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión [74] .  Por último, expresaba que en estos casos, la carga de la prueba debe recaer sobre la parte supuestamente difamada para probar su falsedad.

12.             En marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una conferencia hemisférica sobre libertad de prensa en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México.  La conferencia reunió a dirigentes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, editores y ciudadanos privados de todo el hemisferio.  La conferencia emitió la Declaración de Chapultepec, documento que contiene diez principios que son necesarios para proporcionar el nivel de libertad de prensa que es suficiente para asegurar una verdadera democracia participatoria.  La declaración ha sido suscrita por los Jefes de Estado de 21 de los países de la región, y se la considera una norma modelo para la libertad de expresión [75] .  Con respecto a las leyes sobre desacato, la Declaración establece en el Principio 10: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.  La SIP emitió un documento en el que se interpretan estos principios, en el que declara que sólo debería haber responsabilidad legal por difamación de “funcionarios públicos, figuras públicas o individuos privados involucrados en temas de interés público” si el demandante puede probar “la falsedad de los hechos publicados y el conocimiento real de esa falsedad” y “dolo directo por parte del periodista o empresa de comunicaciones”.  Esta es esencialmente la norma sobre “real malicia” que propugna el Relator Especial.

13.             Artículo XIX promulgó un conjunto de principios sobre libertad de expresión y protección de la reputación. [76] Estos principios redactados por un panel internacional de expertos sobre aspectos relacionados con la libertad de expresión, “se basan en el derecho y las normas internacionales, la práctica nacional (reflejada, inter alia, en las leyes nacionales y los fallos de los tribunales nacionales) y los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de naciones [77] .  Tienen por finalidad servir de guía a todos los Estados sobre el grado en que puede limitarse el derecho humano fundamental de la libertad de expresión con el fin de proteger el legítimo interés de la reputación.  La conclusión del documento es que tales restricciones deben “fijarse en términos estrechos” y ser “necesarias” para lograr ese propósito legítimo.  El principio 4(a) establece que todas las leyes sobre difamación deben abolirse y reemplazarse, cuando sea necesario, con leyes apropiadas de difamación civil [78] .  En ningún caso, una persona puede tener responsabilidad penal por difamación “salvo que se haya probado que las declaraciones impugnadas son falsas, que fueron hechas con conocimiento real de su falsedad o con negligencia grave en cuanto a su falsedad, y fueron hechas con la intención específica de causar un perjuicio a la parte que alega haber sido difamada” [79] , de acuerdo con el Principio 4(b)(iii).  El Principio 7 establece el requisito de probar la verdad, señalando que “en asuntos de interés público, corresponde al demandante probar la falsedad de cualquier declaración o imputación de hechos supuestamente difamatorios” [80] . El Principio 8, sobre funcionarios públicos, establece que “en ninguna circunstancia las leyes sobre difamación deben proporcionar protección especial a los funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o situación. Este principio abarca la manera en que las demandas se presentan y procesan, las normas que se aplican para determinar si el demandado es responsable y las sanciones que pueden imponerse” [81] .

a.        Leyes sobre desacato en las Américas

14.             El Informe Anual del Relator Especial para Libertad de Expresión correspondiente a 1998 enumera diecisiete países de la región que siguen teniendo leyes de desacato.  Hasta la fecha, ninguna de esas leyes ha sido derogada.  La siguiente sección contiene extractos de las leyes sobre desacato que están actualmente en vigencia en los diversos países de la región.

Bolivia

Código Penal [82]

Artículo 162. El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.

15.             El Código Penal también contempla condenas de prisión o de trabajo por injurias, difamación o calumnias o insultos a la memoria de personas fallecidas.  El Artículo 286 establece la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en los procedimientos de difamación o injurias cuando la parte injuriada es un funcionario público y la ofensa se relaciona con sus obligaciones.

Brasil

Código Penal

Artículo 331. Desacatar al funcionario publico en el ejercicio de sus funciones o en razón de ella:  Pena de detención de 6 meses a dos años, o multa.   

Chile

Código Penal

Artículo 263. El que de hecho o de palabra injuriare gravemente al Presidente de la República, o a alguno de los cuerpos colegisladores o a las comisiones de éstos, sea en los actos públicos en que los representan, sea en el desempeño de sus atribuciones particulares, o a los tribunales superiores de justicia, será castigado con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte sueldos vitales.

Cuando las injurias fueren leves, las penas serán de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales, o simplemente esta última.

Artículo 264. Cometen desacato contra la seguridad:

1. Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores y los que injurian o amenazan en los mismos actos a algún diputado o senador;

2. Los que perturban gravemente el orden de las audiencias de los tribunales de justicia y los que injurian o amenazan en los mismos actos a un miembro de dichos tribunales.

3. Los que injurian o amenazan:

1o: A un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso.

2o: A un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere dado.

3o: A los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos.

4o: A un superior suyo con ocasión de sus funciones.

Artículo 265. Si el desacato consiste en perturbar el orden, o la injuria o amenaza, de que habla el artículo precedente, fuere grave, el delincuente sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Cuando fuere leve, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades  tributarias mensuales o simplemente ésta última.

Artículo 266. Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado o desacato contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias.

Entiéndese también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o desacato con ocasión de ellas o por razón de su cargo.

16.             Las disposiciones del Código Penal permiten la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en el caso de injurias o difamación contra un empleado público con respecto a los hechos relacionados con su cargo.

Ley de Seguridad del Estado

Artículo 6. Cometen delito contra el orden público:

b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, o General Director de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido.

Código de Justicia Militar

Artículo 284. El que amenazare en los términos del artículo 296 [amenazas de atentado contra las personas y propiedades] del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio

17.             La Ley sobre Abusos de Publicidad, en su Artículo 12, también establece que el director de un medio de comunicación “será castigado como autor del delito de desacato” si desobedece una orden de publicar la retractación de una declaración.  Las sanciones incluyen prisión menor, multas y suspensión de la publicación o la transmisión.

18.             En abril de 2001 la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo que, entre otras disposiciones, modifica el artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado. [83]

Costa Rica

Código Penal

Artículo 307. Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ofendiere el honor o el decoro de un funcionario publico o lo amenazare a causa de sus funciones, dirigiéndose a el personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

La pena será de seis meses a tres años, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro de los supremos Poderes, Juez, Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor o Subcontralor General de la República. 

19.             El 1 de febrero de 2001, el Presidente Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica anunció su decisión de procurar la derogación de la ley sobre desacato.  El anuncio se efectuó al finalizar una visita de cuatro días a Costa Rica de la Comisión Mundial sobre Libertad de Prensa.  El presidente también manifestó que respaldaría la reforma de la legislación costarricense sobre difamación.  Se ha creado un comité de periodistas y jueces para comenzar a considerar la forma de llevarla a cabo.  El Relator Especial expresa su aprobación a estos compromisos y ofrece su apoyo al esfuerzo costarricense.

Cuba

Código Penal

Artículo 144.1. El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.

Artículo 204. El que públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

Ecuador

Código Penal

Artículo 230. El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de ciento a quinientos sucres.

Artículo 231. El que con amenazas, injurias, amagos o violencia, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de cincuenta a trescientos Sucres. Los que cometieren las infracciones detalladas en el inciso anterior contra otro funcionario que no ejerza jurisdicción, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 232. El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras, gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla, será reprimido con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 233. Igual pena se aplicará al que insultare u ofendiere a alguna persona que se hallare presente y a presencia de los tribunales o de las autoridades públicas.

El Salvador

Código Penal

Artículo 339. El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de éstas, ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

Si el ofendido fuere Presidente o Vice Presidente de la República, Diputado a la Asamblea Legislativa, Ministro o Subsecretario de Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Cámara de Segunda Instancia, Juez de Primera Instancia o Juez de Paz, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo.

Guatemala

Código Penal

Artículo 411. Quien ofendiere en su dignidad o decoro, o amenazare, injuriare o calumniare a cualquiera de los Presidentes de los Organismos del Estado, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Desacato a la autoridad

Articulo 412. Quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro, a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Artículo 413. Al acusado de injuria contra funcionario o autoridades públicas, si se admitirá prueba sobre la verdad de la imputación si se tratare de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso será absuelto si probare ser cierta la imputación.

20.             Estas leyes contradicen la propia Constitución Política de Guatemala.  El Artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión, expresa lo siguiente con respecto al desacato:

Artículo 35. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

21.             Este artículo también establece que el derecho a la libertad de expresión estará regido por la Ley Constitucional sobre Expresión.  El hecho de que se trate de una ley constitucional significa que también anula las disposiciones del Código Penal.  La Ley Constitucional sobre Expresión establece en el Artículo 35:

Ley de Emisión del Pensamiento

Artículo 35. No constituyen delito de calumnia y injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.

Haití

Código Penal

Artículo 183.  Cuando uno o más funcionarios administrativos o jueces o el comandante de una comuna, en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, hayan sido sujetos a insultos, ya sean verbales o por escrito, que tienden a perjudicar su honor o su sensibilidad, la persona que los ha insultado será sancionada con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 184.         Los insultos proferidos en la forma de gestos o amenazas contra un juez o el comandante de una comuna en el desempeño de sus funciones serán sancionados con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 185.         Los insultos proferidos en la forma de palabras, gestos o amenazas contra cualquier funcionario o agente ministerial encargado del derecho y el orden en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, serán sancionados con una multa de no menos de dieciséis y no más de cuarenta gourdes.

Artículo 390-10.  Será sancionado con una multa de dos hasta e incluyendo cuatro piastras quien, sin provocación, profiera insultos contra cualquier persona que no sean las contempladas en los Artículos 313 a 323.

Artículo 393.         Las personas indicadas en el Artículo 390 serán en todos los casos pasibles de prisión durante tres días.

Honduras

Código Penal

Artículo 323. Quien ofendiere al Presidente de la República en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho o doce años de reclusión.

Artículo 325. Los delitos de que se trata en los tres artículos precedentes cometidos contra los Secretarios de Estado, Diputados al Congreso Nacional y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán sancionados respectivamente con las penas señaladas en dichos artículos, rebajadas en un quinto.

Artículo 345. Se sancionará con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya sea de hecho, de palabra o por escrito.

Si el ofendido fuere el Presidente de la República o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el Art. 325, anterior, la reclusión será de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 158. Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado publico y se trate de hechos concernientes al ejercicio  de su cargo .  En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación.

México

Código Penal [84]

Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.

22.             Si bien esta sección no se refiere específicamente a los delitos de desacato a funcionarios públicos, sino más bien a cualquier delito cuando es cometido contra un funcionario público, el efecto es incrementar las sanciones por difamación, injuria y calumnia cuando éstas se cometen contra funcionarios públicos.  Los Artículos 350 a 363 del Código Penal se refieren a la difamación, injurias y calumnias.  Se contempla la defensa en base a pruebas para acreditar  la verdad en casos de difamación en los que la parte supuestamente difamada es un funcionario público o una persona que actúa en “carácter público” si la imputación se refiere al ejercicio de sus funciones [85] .

Artículo 361. La injuria, la difamación y la calumnia contra el Congreso, contra una de las cámaras, contra un tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial, se castigara con sujeción a las reglas de este  titulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 190  de  este Código.

Ley de Imprenta de 1917

Artículo 3. Constituye un ataque al orden o a la paz pública:

II. Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con cl mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país . . .  [.]

23.             El Artículo 33, Secciones IV a VIII, establece las sanciones por violación del Artículo 3.  Dependiendo del cargo de la persona insultada, las sanciones oscilan entre un máximo de un año y medio de prisión por insultos al presidente, y un máximo de tres meses y una multa por insultos a funcionarios públicos de menor jerarquía.

Artículo 34. Siempre que la injuria a un particular o a un funcionario publico, se haga de un modo encubierto o en términos equívocos, y el reo se niegue a dar una  explicación satisfactoria a juicio del juez, será castigado con la pena que le correspondería si el delito se hubiera cometido sin esa  circunstancia.  Si se da explicación satisfactoria no habrá lugar a pena alguna.   

Nicaragua

Código Penal

Artículo 347. Cometen desacato contra la autoridad:

1.          Los que calumnian, injurian o insultan de hecho o de palabra, amenazan a un funcionario público en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, en su presencia o en notificación o escrito que se les dirija[.] [86]

24.             El Artículo 348 establece que las violaciones al Artículo 347 conllevan una sanción de seis meses a cuatro años de prisión.

Panamá

25.             La legalidad de las leyes sobre desacato y otras formas de mayor protección de los funcionarios públicos está establecida en la Constitución Política de Panamá.  El Artículo 33 establece:

Artículo 33. Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la Ley:

1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas. [87]

El Código Penal contiene las siguientes disposiciones sobre desacato: [88]

Artículo 307. El que ofenda o ultraje públicamente al Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones, será sancionado con prisión de 6 a 10 meses y de 20 a 50 días-multa. 

Articulo 308. El que vilipendie públicamente a uno de los órganos del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 ano y de  50 a 100 días multas.

26.             Además del Código Penal, en varios otros códigos existen disposiciones sobre desacato.  El Artículo 202 del Código Judicial permite a los magistrados y jueces arrestar hasta por cinco días a cualquiera que los ofenda o les falte el respeto.  El Artículo 386 del Código Judicial establece que los agentes del ministerio público pueden arrestar a quienes los desobedezcan o falten el respeto. Esta sección también permite al Procurador de la Nación y al Procurador de la Administración aplicar multas de hasta 50 balboas o decretar prisión de hasta ocho días por desobediencia o falta de respeto.

27.             El Artículo 45 del Código Administrativo permite a los alcaldes arrestar a quienes los desobedecen o faltan el respeto. El Artículo 827 del mismo código permite al Presidente de la República, los Gobernadores Provinciales o los Alcaldes de Distrito sancionar a quienes los desobedecen o faltan el respeto con arresto de cinco días a dos meses. Por último, el Artículo 922 establece que quien injurie o se burle de un ministro del gobierno, aunque el acto pueda no constituir un delito, será sancionado con seis a dieciocho meses de prisión.

28.             Al comienzo del gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, existió un compromiso de reforma de estas leyes; sin embargo, un año y medio después, dichas reformas no se han materializado.  El 20 de diciembre de 1999, las leyes 11 y 68, conocidas como “leyes mordaza”, fueron derogadas mediante la Ley 55.  Al mismo tiempo, el gobierno anunció que pronto se reformarían las leyes que restringen la libertad de prensa.  La Ley 55 incluye el requisito de que el gobierno presente un proyecto integral de reforma de la ley de prensa para junio de 2000.  En junio de 2000, el Defensor de Pueblo de la República de Panamá sometió la Ley 56 a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.  La Ley derogaría los Artículos 307 y 308 del Código Penal, los Artículos 202(2) y 386 del Código Judicial y los Artículos 45(12) y 827 del Código Administrativo.  La ley fue sometida a la legislatura, y la Comisión sobre Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales la aceptó en el primero de tres debates, como requiere la legislación panameña.  Después de un debate de menos de 24 horas, sin embargo, la Comisión rechazó la ley por mayoría abrumadora.  El Relator Especial expresa su preocupación ante este fallido esfuerzo por derogar estas leyes, elogia la actitud del Defensor del Pueblo de procurar derogarlas frente a tal oposición, e insta a que se continúen los esfuerzos por presentar leyes similares a la Ley 56.

Perú

Código Penal

Artículo 374. El que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si el ofendido es Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro años. [89]

29.             Con referencia al delito de difamación, consagrado en el Artículo 132 del Código Penal, el código se refiere a la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad cuando la persona difamada es un funcionario público [90] .

República Dominicana

30.             En la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento rige el desacato y otros delitos cometidos a través de los medios de comunicación.  Si el delito no es cometido a través de los medios de comunicación, se aplica el Código Penal.

Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento

Artículo 26. La ofensa al Presidente de la República por alguno de los medios enunciados en el articulo 23 se castigara con la pena de tres meses a un ano de prisión y  con una multa  de RD $100.00 a RD $1,000.00, o con una de  las dos penas solamente.

Las penas previstas en este mismo artículo son aplicadas a la  ofensa a la persona que  ejerce parte o la totalidad de las prerrogativas del Presidente de la  República.

31.             El artículo 30 establece que la difamación de los tribunales, las fuerzas armadas, la policía nacional, las cámaras legislativas, las municipalidades y otras instituciones son punibles con prisión de un mes a un año, más multas de RD$50 a RD$500.  El Artículo 34 castiga la difamación de miembros del gabinete, miembros de las cámaras legislativas, funcionarios públicos, agentes policiales, personas encargadas de obligaciones públicas o testigos que prestan declaración con tres meses de prisión y una multa de RD$6,00 a RD$60.  La defensa en base a pruebas para acreditar la verdad se aplica cuando la persona agraviada pertenece al sector público [91] .

Código Penal

Artículo 368. La difamación o la injuria pública dirigida contra el jefe del Estado, se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión, y multa de diez a cien pesos y la accesoria durante un tiempo igual al de la condena, de inhabilitación absoluta y especial de los derechos civiles y políticos de que trata el art. 42.

Artículo 369. La difamación o injuria hecha a los Diputados, o Representantes al Congreso, a los Secretarios de Estado, a los Magistrados de la Suprema Corte, o de los tribunales de primera instancia, o a los jefes y Soberanos de las naciones amigas, se castigara con prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta pesos.

Uruguay

Código Penal

Artículo 138. (Atentado contra la vida, la integridad física, la libertad o el honor de los Jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos)

El que en el territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal, la libertad o el honor de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos a nueve años.

Si del hecho se derivara la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría.

Artículo 173. (Desacato)

Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios de alguna de las siguientes maneras:

1.               Por medio de ofensas reales, escritas o verbales, ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciere sus funciones, o fuera del lugar y de la presencia del mismo, pero en estos dos últimos casos, con motivo o a causa de la función.

2.               Por medio de la desobediencia abierta, al mandato de los funcionarios.

Se consideran ofensas reales, el penetrar con armas en el lugar donde los funcionarios ejercieren sus funciones, la violencia en las cosas; los gritos ademanes ofensivos, aun cuando no se dirijan contra éstos.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión.

Artículo 174. (Circunstancias agravantes)

Son aplicables a este delito, las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 172.

Artículo 175. (Concepto del funcionario)

A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público.

32.             El artículo 366 contempla la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad o la notoriedad de los hechos alegados cuando el ofendido es un funcionario público y los hechos y características atribuidas al mismo se refieren al desempeño de sus funciones y son de tal naturaleza que darían lugar a procedimientos legales o disciplinarios contra él.

Venezuela

Código Penal

Artículo 223. El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro del Congreso, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión de uno a tres meses.

2. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro del Congreso o algún funcionario

público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas.

Artículo 225. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes se haya cometido contra algún funcionario público, no por causa de sus funciones sino en el momento mismo de estar ejerciéndolas, se aplicarán las mismas penas reducidas de una tercera parte a la mitad.

Artículo 226. El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, político o administrativo, si el delito se ha cometido en el acto de hallarse constituido, o de algún magistrado en audiencia, será castigado con prisión de tres meses a dos años.

Artículo 227. En los casos previstos en los artículos precedentes, no se admitirá al culpable prueba alguna sobre la verdad ni aun sobre la notoriedad de los hechos o de los defectos imputados a la parte ofendida.

Artículo 228. Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, no tendrán aplicación si el funcionario público ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de sus atribuciones.

Artículo 229. En todos los demás casos no previstos por una disposición especial de la ley, el que cometa algún delito contra un miembro del Congreso o cualquier funcionario público, por razón de sus funciones, incurrirá en la pena establecida para el delito cometido, más el aumento de una sexta a una tercera parte.

Código de Justicia Militar [92]

               Artículo 502. El que amenace u ofenda de palabra o gestos al centinela, será castigado con arresto de seis meses a un año.  Si el hecho se cometiere en campaña la pena será de uno a dos años de prisión.

               Artículo 505. Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades.

b.        Violaciones al derecho a la libertad de expresión mediante el uso de leyes de desacato y difamación

33.             Durante todo el año 2000, en la región se utilizaron leyes sobre desacato y difamación para proteger a los funcionarios públicos e impedir la expresión de críticas al gobierno.  Si bien cada violación al derecho a la libertad de expresión es problemática por sí misma, el problema más grave es el efecto que estos incidentes pueden tener sobre la expresión pública de ideas. Cada una de estas acciones contra periodistas transmite un mensaje silenciador a aquellas personas que ejercen su derecho de informar. Lo que sigue a continuación as registran varios ejemplos prominentes de la región.

34.             En Chile, el periodista José Ale Averena, del periódico “La Tercera”, fue condenado en febrero de 2000 por “insultar” al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Servando Jordán.  Los cargos se basaron en un artículo publicado en 1998, en el cual Ale comentaba las razones por las que Jordán había dejado su cargo.  Ale fue condenado en virtud del Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y recibió una condena condicional de 541 días en prisión, que exige que informe regularmente a las autoridades.  También se presentaron cargos contra Fernando Paulsen, director de “La Tercera”, pero éste fue absuelto posteriormente por la Corte Suprema.

35.             Otro caso es el de Alejandra Matus, que abandonó Chile en 1999 para evitar ser arrestada por la publicación de su libro El libro negro de la justicia chilena.  Matus continúa exiliada en los Estados Unidos, país que le ha acordado asilo político.  El libro criticaba el poder judicial chileno por su falta de independencia y la corrupción de los jueces durante el régimen del general Augusto Pinochet.  La acusación contra Matus se basó en el Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y fue presentada por el juez de la Corte Suprema Servando Jordán por las acusaciones dirigidas contra él. El 19 de diciembre de 2000, un fallo del juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago Jaime Rodríguez “suspendió temporariamente el procedimiento legal...“ confirmando así la orden de arresto de Matus emitida en noviembre, lo que implica que sin otro recurso de apelación no puede retornar a su patria hasta que expire la prescripción en 13 años [93] .

36.             El 24 de enero de 2001, la Tercera Cámara de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó la sentencia de un tribunal inferior contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y el periódico La Nación por difamación. Los cargos fueron presentados por el ex Embajador Honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, a quien Herrera había vinculado a escándalos financieros en un artículo escrito para La Nación. Los hechos alegados habían sido publicados anteriormente en varias conocidas y respetadas publicaciones europeas, pero el tribunal falló contra Herrera porque los informes no habían sido adecuadamente verificados.  La Sociedad Interamericana de Prensa denunció este fallo, denominándolo “una forma de ley sobre insultos o desacato que procura proteger a los funcionarios públicos en forma sin precedentes mediante el castigo...” En vez de la reparación, el fallo procura establecer una sanción disuasiva que tiene por objeto intimidar y promover la autocensura” [94] .

37.             En Cuba, Angel Moya Acosta, miembro del Movimiento Opción Alternativa, y Julia Cecilia Delgado, directora de la Biblioteca Gertrudis Gómez de Avellaneda y presidenta de la Asociación por la Reconciliación Nacional y el Rescate de los Valores Humanos, fueron procesados por “desacato” y ambos fueron condenados a un año de prisión.  A Angel Moya Acosta también se le prohibió viajar por diez años a La Habana, donde viven su esposa y sus hijos.  Ambos fueron arrestados en relación con las detenciones masivas de disidentes que tuvieron lugar en los días anteriores al 10 de diciembre de 2000, el Día de los Derechos Humanos, con el fin de impedirles organizar protestas pacíficas.

38.             En julio de 2000 Néstor Rodríguez Lobaina, presidente del Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, fue acusado de desacato, desorden público y daños y perjuicios y condenado a 6 años y dos meses de prisión.  Eddy Alfredo Mena y González, miembro del mismo movimiento, fue condenado por los mismos cargos a 5 años y un mes.

39. Además de las condenas del año pasado, dos periodistas continuaron presos en 2000, con sentencias por desacato. El periodista Manuel Antonio González Castellanos, corresponsal de la agencia independiente de noticias Cuba News, sirve actualmente una condena de dos años y siete meses de prisión por “falta de respeto” al presidente Fidel Castro.  Fue arrestado el 1 de octubre de 1998 por criticar a Castro frente a agentes de seguridad del Estado que lo detuvieron e insultaron en la calle. Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia independiente de noticias Línea Sur Press, sirve actualmente una condena de seis años de prisión por “falta de respeto” a Fidel Castro y Carlos Lage, miembro del Consejo de Estado de Cuba.  Fue condenado el 31 de octubre de 1997 después de publicar un artículo sobre los privilegios conferidos a los dirigentes políticos cubanos.

40.             El 19 de septiembre, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, editor de la revista Seminario de Ciudad Juárez, México, fue arrestado por cargos de difamación.  La denuncia fue presentada por el entonces Comisionado de Seguridad Pública, Javier Benavides González, contra Pinedo y el periodista Luis Villagrana.  La denuncia se basó en  un artículo escrito por Villagrana y publicado en Seminario, en el que se alegaba que Benavides y otros jefes de policía locales habían ayudado a proteger a traficantes de drogas.  Pinedo permaneció en prisión por una noche y fue dejado en libertad con una fianza de 15.000 pesos (US$ 1.590).  Villagrana se presentó voluntariamente al tribunal y también debió pagar una fianza de 15.000 pesos.  Benavides retiró la petición el 2 de octubre.  Si el caso hubiera prosperado, ambos periodistas habrían enfrentado posibles condenas de dos años de prisión.

41.             En noviembre de 2000, el Relator Especial tuvo noticias de que Juan Manuel Handal, director de La Carta de Panamá había sido sentenciado a 18 meses de prisión por el delito de “calumnia e injuria”. La denuncia en su contra fue presentada por el alcalde de Panamá, por un artículo de opinión que Handal había escrito sobre él durante su campaña.  La sentencia fue posteriormente reemplazada por una multa de 400 balboas.

42.             El 8 de agosto Gustavo Gorriti, director asociado de La Prensa y tres periodistas de ese  periódico, Miren Gutiérrez, Mónica Palm y Rolando Rodríguez, fueron citados a testificar en el caso contra ellos por “calumnias e injurias”. La denuncia contra ellos fue presentada por el Procurador General José Antonio Sossa por artículos publicados en La Prensa, en los cuales alegaban que Sossa había protegido a empresarios estadounidenses sospechosos de tráfico de drogas. La denuncia fue presentada en virtud del Artículo 175 del Código Penal, que establece que cualquier persona que publica o reproduce información perjudicial para la reputación de una persona en cualquier medio puede ser sentenciada a un período de 18 a 24 meses de prisión.  El juicio fue fijado para noviembre de 2000.

43.             Jean Marcel Chéry, periodista del periódico El Panamá América, fue sentenciado a 18 meses de prisión el 14 de julio de 2000, por el delito de “calumnia e injuria”.  Los cargos se basaron en un artículo que publicó en 1996 en El Siglo.  La sentencia se encuentra actualmente en apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

44.             El 22 de junio de 2000 Carlos Singares, director del periódico El Siglo, fue sentenciado a ocho días de prisión por desacato por el Procurador General José Antonio Sossa, en virtud del Artículo 386 del Código Judicial.  Singares había publicado un artículo que contenía acusaciones sexuales contra Sossa. El Artículo 386 confiere al Procurador General atribuciones sumarias para decretar prisión de hasta ocho días a cualquiera que lo ofenda, sin permitir la oportunidad de defensa.  Singares apeló esta condena mediante recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema, que determinó que el Artículo 386 era constitucional en virtud del Artículo 33 de la Constitución.  Singares estuvo preso desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto.  Además, el 2 de agosto el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó una sentencia de 20 meses contra Singares por supuesta difamación contra el ex presidente Pérez Balladares. La sentencia fue conmutada por una multa de US$1.875 y actualmente se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.

45.             Además de estos casos, según un informe publicado por la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, en la actualidad hay hasta 40 periodistas enjuiciados en Panamá por “insultos” o “difamación” [95] .

46.             En diciembre de 2000 James Beuzeville Zumaeta, director del programa radial La Razón, en Perú, fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y daños y perjuicios por 8.000 nuevos soles (alrededor de US$2.300) por insultos y difamación agravada contra José Tomás González Reátegui, ex presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Loreto y ex ministro de la presidencia.  En su programa, Beuzeville alegó irregularidades y actos de corrupción cometidos por González durante su presidencia del CTAR.

47.             El 31 de octubre Adrián Aguilar Reyes, director del programa radial Huandoy Noticias, fue sentenciado a un año de prisión condicional y pago de daños y perjuicios monetarios de 1.500 soles (alrededor de US$430).  Aguilar fue condenado por difamación del Alcalde Pedro Crisólogo Castillo Flores como consecuencia de un informe en el cual mencionó algunas irregularidades graves durante una elección realizada el 9 de abril.  Después de estas declaraciones, la emisión se interrumpió repentinamente, y Aguilar acusó al alcalde Castillo de haberla ordenado para impedir que llegara al público más información sobre las irregularidades cometidas durante la elección.

48.             El 9 de agosto, se presentó una denuncia por difamación contra Alfredo del Carpio Linares, director de un programa radial titulado Veredicto: la voz del pueblo.  El alcalde provincial de Camaná, Enrique Gutiérrez Sousa, presentó la acusación en base a una entrevista con el congresista Rubén Terán Adriazola, del partido oficialista, en la cual Carpio le preguntó sobre ciertas irregularidades en los gastos públicos de la municipalidad de Camaná.  Las últimas informaciones indican que el alcalde estaba procurando una sentencia de tres años de prisión y la máxima multa permitida por la ley, de alrededor de US$28.000.  En agosto de 2000, se entabló juicio contra el periódico Liberación por supuesta difamación agravada de Juan Miguel Ramos Lorenzo, miembro del Tribunal Superior de Lima.

49.             En Venezuela, el abogado y profesor universitario Pablo Aure fue detenido por las autoridades militares el 8 de enero de 2001, por la publicación de un artículo en el que se expresaba sobre la actitud supuestamente sumisa de los militares frente al presidente Hugo Chávez.  Fue dejado en libertad el 10 de enero, pero sigue enfrentando cargos bajo la jurisdicción militar por violar el Artículo 505 del Código de Justicia Militar.

Conclusión

50.             Como lo indican los casos antes señalados, en todo el hemisferio se utilizan las leyes de desacato y difamación para castigar a periodistas y otras personas por difundir información que el público tiene el legítimo derecho de conocer en una sociedad democrática.

51.              Independientemente de la frecuencia con que se invoquen o apliquen, su existencia produce un efecto amedrentador sobre la expresión de críticas al gobierno.  Por esta razón, el Relator Especial insta a los Estados a la inmediata derogación de todas las leyes de desacato citadas en este Informe. Por la misma razón, los Estados deben adoptar medidas para eliminar las leyes penales de difamación, injurias y calumnias, particularmente en los casos en que la parte ofendida sea un funcionario público, e incorporar la doctrina del dolo real y efectivo en su legislación relativa a los delitos contra el honor y la reputación.

 


[[67]CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, 197-212.

[68] Ibid., 212.

[69] Ibid., 207.

[70] Ibid.

[71] Ibid., 209.

[72] Ibid., 211

[73] Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con la Libertad de Expresión, documento de la ONU No. E/C.4/2000/63, 18 de enero de 2000 (también puede obtenerse en inglés con el mismo número de documento).

[74] Ibid., párrafo 49.

[75] La Declaración de Chapultepec fue firmada por los  jefes de Estado de los siguientes países, que se comprometieron a cumplir sus disposiciones: Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y Uruguay.

[76] “Definir la Difamación:  Principios de Libertad de Expresión y de Protección de la Reputación”, aprobado por la organización no gubernamental Artículo XIX, Londres, julio de 2000.

[77] Ibid., Introducción.

[78] Ibid., Principio 4(a).

[79] Ibid., Principio 4(b) (iii).

[80] Ibid., Principio 7.

[81] Ibid., Principio 8.

[82] La Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 establece para los periodistas un proceso diferente que para los ciudadanos corrientes en casos de injurias, calumnias y difamación.  El Artículo 28 establece:

Artículo 28. Corresponde al jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de injuria y  calumnia contra los particulares, serán llevados potestivamente ante  el Jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado. Mas, si a titulo de combatir actos de los funcionarios públicos, se les injuriase, difamase o calumniase personalmente, podrán estos querellarse ante los tribunales ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan de delitos de prensa, aplicarán las sanciones del Código Penal, salvo que el autor o persona responsable diera ante el juez y por la prensa; satisfacción plena y amplia al ofendido, y que este acepte los términos de las satisfacción, con que quedará cubierta la penalidad.

El Artículo 15 establece que aquellos insultos que se dirigen exclusivamente al jurado son sólo pasibles de multas.

[83] Para más información véase Capítulo IV, sección correspondiente a la situación de la libertad de expresión en Chile. 

[84] En una carta dirigida a la Oficina del Relator Especial, de fecha 12 de enero de 2000, el Gobierno de México manifestaba que “no existen leyes llamadas de desacato en México”.  La misma expresaba que la Constitución de México protege decididamente la libertad en numerosos artículos.  El Artículo 6 establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.  El Artículo 7 establece que“es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.  Nuevamente , de acuerdo con este artículo, las únicas limitaciones posibles de este derecho son aquéllas que aseguran el respeto a la privacidad  y la protección de la moral y el orden público.  El Artículo 70 contempla “formas y procedimientos para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.  El Artículo 109 establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.  El gobierno también señalaba algunos ejemplos de la jurisprudencia de la Corte Suprema que respaldan decididamente el derecho a la libertad de expresión.  En una declaración, la Corte afirmaba que “entre los derechos del hombre figura el poder de juzgar a los funcionarios públicos”. (Pleno, Quinta Época Seminario Judicial de la Federación, Tomo X, página 452, Martínez H. Alberto- 21 de febrero de 1922. -Seis votos).  La Corte declaró posteriormente que los funcionarios públicos “que llevan a cabo funciones en interés de la sociedad, están sujetos a las críticas de los gobernados, que tienen el derecho, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Constitución, de que la libre expresión de sus ideas no esté sujeta a ninguna investigación judicial o administrativa, excepto en los limitados casos en que constituya un ataque contra la moral, el derecho de terceros o perturben el orden público”. (Primera Sala, Quinta Época, Seminario Judicial de la Federación, Tomo XLV, página 3810, Arriola Valadez Agustín. 28 de agosto de 1935. - Cuatro votos).  El gobierno afirma que las disposiciones del Artículo 189 del Código Penal y el Artículo 3 de la Ley sobre Delito de Imprenta constituyen legislación secundaria que debe interpretarse en el contexto de la constitución.  Estas disposiciones, afirma el gobierno, están sujetas a los principios de la Constitución y a la interpretación que les da el poder judicial, que aplica las pruebas de jurisprudencia antes descritas que “en el espíritu de la Carta Magna” aseguran a los gobernados el pleno ejercicio de sus derechos individuales en materia de libertad de expresión.

[85] Artículo 351 (I) del Código Penal de México.

[86] Debe señalarse que el Artículo 176 del Código Penal expresa que “no es injuria la crítica que se haga a asuntos de naturaleza política, a los actos del Gobierno, de sus instituciones u organismos, a la filosofía de las leyes o a las actuaciones de los funcionarios públicos”.

[87] Según el Defensor del Pueblo de la República de Panamá, esta sección de la Constitución no tendría efecto si se derogaran las leyes sobre desacato, porque el lenguaje de      la sección con respecto a “los términos precisos de la ley” implica la necesidad de legislación justificativa.  Sin embargo, la sección todavía causa preocupación, ya que constituye la base legal de las leyes sobre desacato.

[88] En las disposiciones penales sobre injurias, calumnias y difamación, la verdad es aceptada como defensa absoluta en casos de injurias; sin embargo, en el caso de calumnias, la prueba de la verdad sólo es aceptada en casos que involucre funcionarios públicos o corporaciones públicas o privadas (Artículo 176).  El Artículo 178 establece que no se comete delito contra la buena reputación a través de la discusión, la crítica y la opinión sobre actos u omisiones de los servidores públicos. 

[89]El Artículo 133 del Código Penal establece que se comete calumnia o difamación en el caso de comentarios o información que contienen opiniones desfavorables acerca de un funcionario público en el desempeño de sus funciones.

[90] Véase el Artículo 134 del Código Penal.

[91] Artículo 37 de la Ley de Expresión y Propagación de Ideas.

[92] Los civiles que violan esta ley están sujetos a enjuiciamiento en un tribunal militar.

[93] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Reiterates Call for Repeal of Insult Laws, Court Upholds Journalist´s Conviction on Contempt Charges”, 27 de diciembre de 2000.

[94] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Condemns Ruling Against Journalist and Daily “La Nación”“ , 29 de enero de 2001.

[95] Reporteros sin Fronteras.

CAPÍTULO III

LEGISLACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACION INTERNA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

            A.         Legislación y libertad de expresión

      1.         Acceso a la información

1.                  La Relatoría para la Libertad de Expresión se encuentra actualmente elaborando un informe especial sobre el derecho de acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data que será publicado en el año 2001. La Relatoría considera que el acceso a la información es uno de los derechos fundacionales en el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Contar con procedimientos que garanticen a la ciudadanía este derecho contribuye a la fiscalización de la gestión administrativa fomentando mayor participación de los individuos en asuntos de interés público.

2.                  A fines de mayo la Relatoría organizó en conjunto con la Presidencia de   Guatemala una conferencia internacional titulada “El derecho al acceso a la información en Guatemala” destinada a reflejar la importancia del derecho al acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data en el marco de una sociedad democrática y la necesidad de adecuar las legislaciones en esta materia. Además, el Estado guatemalteco elaboró con la asesoría de la Relatoría un proyecto de ley sobre acceso a la información en poder del Estado, el cual contó con la amplia participación de la sociedad civil de Guatemala. Tanto la redacción  de este proyecto de ley como la organización de la conferencia fueron el resultado del compromiso de colaboración asumido por la Relatoría y por el gobierno guatemalteco, tras la visita del Relator Especial a Guatemala realizada en el mes de abril del año 2000, para trabajar conjuntamente en la promoción de una amplia y firme libertad de expresión en el país. El Relator Especial espera que la presentación del proyecto se haga efectiva lo antes posible y, tras su discusión, espera que sea aprobado e incorporado como ley a la legislación interna de Guatemala.

3.                  Durante el año 1999 la Relatoría solicitó a través de un cuestionario a los Estados miembros de la OEA información sobre normativas constitucionales y legales como así también,  sistemas de regulación existente en cada uno de los países para el ejercicio del derecho de acceso a la información y habeas data. De los treinta y cinco países que integran la Organización de los Estados Americanos, sólo nueve (el 25,7%) respondieron oficialmente al pedido de información solicitada por la Relatoría.

4.                  A través de la información recabada hasta el momento, se pueden apreciar claras diferencias entre los países que ya han desarrollado normativas constitucionales y legales y aquellos que aún deben basarse en normas generales como “derecho de amparo” o “libertad de expresión y opinión”, para proteger el derecho a la información. Más allá de aquellos países que no respondieron la solicitud de la Relatoría, se puede decir que son pocos los países que poseen una normativa específica clara respecto del derecho al acceso a la información y habeas data.

2.        Leyes de desacato

5.                 Las leyes de desacato violan el derecho humano a la libertad de expresión, expresado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos.  Al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público, fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.  A pesar de la condena casi universal a estas leyes, continúan existiendo en una u otra forma en por lo menos 17 Estados de las Américas.  Además, muchos de éstos y otros Estados siguen utilizando leyes sobre delito de difamación, injuria y calumnia, que con frecuencia se utilizan, en la misma forma que las leyes sobre desacato, para silenciar a quienes critican a las autoridades.

6.                 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó un análisis de la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un informe realizado en 1995 [67] . La CIDH concluyó que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas [68] . La CIDH declaró asimismo que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al gobierno a controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos [69] .  En consecuencia, los ciudadanos tienen el derecho de criticar y examinar las acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública [70] .  Además, las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias.  Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas, restringen indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto no pueden probarse.  Las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el “orden público” (un propósito permisible para la regulación de la expresión en virtud del Artículo 13), ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público [71] .  Existen otros medios menos restrictivos, además de las leyes de desacato, mediante los cuales el gobierno puede defender su reputación frente a ataques infundados, como la réplica a través de los medios de difusión o entablando acciones civiles por difamación o injurias.  Por todas estas razones, la CIDH concluyó que las leyes de desacato son incompatibles con la Convención, e instó a los Estados a que las derogaran.

7.                 El informe de la CIDH también presenta ciertas implicaciones en materia de reforma de las leyes sobre difamación, injurias y calumnias.  El reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público, significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias.  La posibilidad del abuso de tales leyes por parte de los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en el caso de estas leyes como en el de las leyes de desacato.  La CIDH ha manifestado:

[E]n la arena política en particular, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión es necesariamente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una sociedad democrática. La Convención requiere que este umbral se incremente más aún cuando el Estado impone el poder coactivo del sistema de la justicia penal para restringir la libertad de expresión. En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica.

La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla. [72]

8.                 Para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos. Además, la responsabilidad por ofensas contra funcionarios públicos sólo debería incurrirse en casos de “real malicia”.  La doctrina de la “real malicia” significa que el autor de la información en cuestión era consciente de que la misma era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de dicha información.

9.                 Estas normas están consagradas en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, promulgada por la Relatoría para la Libertad de Expresión y aprobada por la CIDH en su período ordinario de sesiones de octubre de 2000.  La Declaración constituye una interpretación definitiva del Artículo 13 de la Convención.  Los Principios 10 y 11 se refieren a los delitos contra la reputación y el honor, incluidas las leyes sobre desacato:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

10.             Otras organizaciones de la comunidad internacional han llegado a la misma conclusión con respecto a las leyes sobre desacato y otras leyes que protegen el honor y la reputación de los funcionarios públicos.  Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Freimut Duve, representante sobre Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, y Santiago Canton, [los Relatores] se reunieron por primera vez en Londres el 26 de noviembre de 1999, con el auspicio de Artículo XIX, la organización no gubernamental mundial que toma su nombre del artículo que protege la libertad de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Los Relatores emitieron una declaración conjunta en la que manifestaban que en muchos países existen leyes, como las leyes sobre difamación, que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión, e instaban a los Estados a que revisen estas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.  En otra reunión conjunta celebrada en noviembre de 2000, los Relatores adoptaron otra declaración conjunta, que se relaciona con el problema de las leyes sobre desacato y difamación.  En esta declaración, los Relatores abogaron por el reemplazo de las leyes sobre difamación por leyes civiles y manifestaron que debía prohibirse que se entablaran acciones de difamación relacionadas con el Estado, objetos como las banderas o símbolos, los organismos gubernamentales y las autoridades públicas.  Manifestaban asimismo que las leyes sobre difamación deben reflejar la importancia del debate abierto sobre temas de interés público, y el principio de que las figuras públicas deben aceptar un mayor grado de críticas que los ciudadanos privados, y que en particular, deberían derogarse las leyes que proporcionan protección especial a las figuras públicas.

11.             En su informe de enero de 2001, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión también se manifestó en contra de las leyes sobre difamación, y en particular, contra las leyes que proporcionan protección especial a los funcionarios públicos [73] .  El Relator instaba a los Estados a eliminar el poder de los órganos gubernamentales y los funcionarios públicos para interponer cargos por difamación en su propio nombre.  Sostenía que sólo deberían existir recursos civiles por difamación, y debían abolirse los delitos como la “difamación del Estado”.  Además, cualquier indemnización monetaria por daños y perjuicios debe ser razonable y proporcional, para asegurar que la posibilidad de castigo no tenga un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión [74] .  Por último, expresaba que en estos casos, la carga de la prueba debe recaer sobre la parte supuestamente difamada para probar su falsedad.

12.             En marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una conferencia hemisférica sobre libertad de prensa en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México.  La conferencia reunió a dirigentes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, editores y ciudadanos privados de todo el hemisferio.  La conferencia emitió la Declaración de Chapultepec, documento que contiene diez principios que son necesarios para proporcionar el nivel de libertad de prensa que es suficiente para asegurar una verdadera democracia participatoria.  La declaración ha sido suscrita por los Jefes de Estado de 21 de los países de la región, y se la considera una norma modelo para la libertad de expresión [75] .  Con respecto a las leyes sobre desacato, la Declaración establece en el Principio 10: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.  La SIP emitió un documento en el que se interpretan estos principios, en el que declara que sólo debería haber responsabilidad legal por difamación de “funcionarios públicos, figuras públicas o individuos privados involucrados en temas de interés público” si el demandante puede probar “la falsedad de los hechos publicados y el conocimiento real de esa falsedad” y “dolo directo por parte del periodista o empresa de comunicaciones”.  Esta es esencialmente la norma sobre “real malicia” que propugna el Relator Especial.

13.             Artículo XIX promulgó un conjunto de principios sobre libertad de expresión y protección de la reputación. [76] Estos principios redactados por un panel internacional de expertos sobre aspectos relacionados con la libertad de expresión, “se basan en el derecho y las normas internacionales, la práctica nacional (reflejada, inter alia, en las leyes nacionales y los fallos de los tribunales nacionales) y los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de naciones [77] .  Tienen por finalidad servir de guía a todos los Estados sobre el grado en que puede limitarse el derecho humano fundamental de la libertad de expresión con el fin de proteger el legítimo interés de la reputación.  La conclusión del documento es que tales restricciones deben “fijarse en términos estrechos” y ser “necesarias” para lograr ese propósito legítimo.  El principio 4(a) establece que todas las leyes sobre difamación deben abolirse y reemplazarse, cuando sea necesario, con leyes apropiadas de difamación civil [78] .  En ningún caso, una persona puede tener responsabilidad penal por difamación “salvo que se haya probado que las declaraciones impugnadas son falsas, que fueron hechas con conocimiento real de su falsedad o con negligencia grave en cuanto a su falsedad, y fueron hechas con la intención específica de causar un perjuicio a la parte que alega haber sido difamada” [79] , de acuerdo con el Principio 4(b)(iii).  El Principio 7 establece el requisito de probar la verdad, señalando que “en asuntos de interés público, corresponde al demandante probar la falsedad de cualquier declaración o imputación de hechos supuestamente difamatorios” [80] . El Principio 8, sobre funcionarios públicos, establece que “en ninguna circunstancia las leyes sobre difamación deben proporcionar protección especial a los funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o situación. Este principio abarca la manera en que las demandas se presentan y procesan, las normas que se aplican para determinar si el demandado es responsable y las sanciones que pueden imponerse” [81] .

a.        Leyes sobre desacato en las Américas

14.             El Informe Anual del Relator Especial para Libertad de Expresión correspondiente a 1998 enumera diecisiete países de la región que siguen teniendo leyes de desacato.  Hasta la fecha, ninguna de esas leyes ha sido derogada.  La siguiente sección contiene extractos de las leyes sobre desacato que están actualmente en vigencia en los diversos países de la región.

Bolivia

Código Penal [82]

Artículo 162. El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.

15.             El Código Penal también contempla condenas de prisión o de trabajo por injurias, difamación o calumnias o insultos a la memoria de personas fallecidas.  El Artículo 286 establece la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en los procedimientos de difamación o injurias cuando la parte injuriada es un funcionario público y la ofensa se relaciona con sus obligaciones.

Brasil

Código Penal

Artículo 331. Desacatar al funcionario publico en el ejercicio de sus funciones o en razón de ella:  Pena de detención de 6 meses a dos años, o multa.   

Chile

Código Penal

Artículo 263. El que de hecho o de palabra injuriare gravemente al Presidente de la República, o a alguno de los cuerpos colegisladores o a las comisiones de éstos, sea en los actos públicos en que los representan, sea en el desempeño de sus atribuciones particulares, o a los tribunales superiores de justicia, será castigado con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte sueldos vitales.

Cuando las injurias fueren leves, las penas serán de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales, o simplemente esta última.

Artículo 264. Cometen desacato contra la seguridad:

1. Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores y los que injurian o amenazan en los mismos actos a algún diputado o senador;

2. Los que perturban gravemente el orden de las audiencias de los tribunales de justicia y los que injurian o amenazan en los mismos actos a un miembro de dichos tribunales.

3. Los que injurian o amenazan:

1o: A un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso.

2o: A un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere dado.

3o: A los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos.

4o: A un superior suyo con ocasión de sus funciones.

Artículo 265. Si el desacato consiste en perturbar el orden, o la injuria o amenaza, de que habla el artículo precedente, fuere grave, el delincuente sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Cuando fuere leve, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades  tributarias mensuales o simplemente ésta última.

Artículo 266. Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado o desacato contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias.

Entiéndese también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o desacato con ocasión de ellas o por razón de su cargo.

16.             Las disposiciones del Código Penal permiten la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en el caso de injurias o difamación contra un empleado público con respecto a los hechos relacionados con su cargo.

Ley de Seguridad del Estado

Artículo 6. Cometen delito contra el orden público:

b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, o General Director de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido.

Código de Justicia Militar

Artículo 284. El que amenazare en los términos del artículo 296 [amenazas de atentado contra las personas y propiedades] del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio

17.             La Ley sobre Abusos de Publicidad, en su Artículo 12, también establece que el director de un medio de comunicación “será castigado como autor del delito de desacato” si desobedece una orden de publicar la retractación de una declaración.  Las sanciones incluyen prisión menor, multas y suspensión de la publicación o la transmisión.

18.             En abril de 2001 la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo que, entre otras disposiciones, modifica el artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado. [83]

Costa Rica

Código Penal

Artículo 307. Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ofendiere el honor o el decoro de un funcionario publico o lo amenazare a causa de sus funciones, dirigiéndose a el personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

La pena será de seis meses a tres años, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro de los supremos Poderes, Juez, Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor o Subcontralor General de la República. 

19.             El 1 de febrero de 2001, el Presidente Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica anunció su decisión de procurar la derogación de la ley sobre desacato.  El anuncio se efectuó al finalizar una visita de cuatro días a Costa Rica de la Comisión Mundial sobre Libertad de Prensa.  El presidente también manifestó que respaldaría la reforma de la legislación costarricense sobre difamación.  Se ha creado un comité de periodistas y jueces para comenzar a considerar la forma de llevarla a cabo.  El Relator Especial expresa su aprobación a estos compromisos y ofrece su apoyo al esfuerzo costarricense.

Cuba

Código Penal

Artículo 144.1. El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.

Artículo 204. El que públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

Ecuador

Código Penal

Artículo 230. El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de ciento a quinientos sucres.

Artículo 231. El que con amenazas, injurias, amagos o violencia, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de cincuenta a trescientos Sucres. Los que cometieren las infracciones detalladas en el inciso anterior contra otro funcionario que no ejerza jurisdicción, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 232. El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras, gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla, será reprimido con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 233. Igual pena se aplicará al que insultare u ofendiere a alguna persona que se hallare presente y a presencia de los tribunales o de las autoridades públicas.

El Salvador

Código Penal

Artículo 339. El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de éstas, ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

Si el ofendido fuere Presidente o Vice Presidente de la República, Diputado a la Asamblea Legislativa, Ministro o Subsecretario de Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Cámara de Segunda Instancia, Juez de Primera Instancia o Juez de Paz, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo.

Guatemala

Código Penal

Artículo 411. Quien ofendiere en su dignidad o decoro, o amenazare, injuriare o calumniare a cualquiera de los Presidentes de los Organismos del Estado, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Desacato a la autoridad

Articulo 412. Quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro, a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Artículo 413. Al acusado de injuria contra funcionario o autoridades públicas, si se admitirá prueba sobre la verdad de la imputación si se tratare de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso será absuelto si probare ser cierta la imputación.

20.             Estas leyes contradicen la propia Constitución Política de Guatemala.  El Artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión, expresa lo siguiente con respecto al desacato:

Artículo 35. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

21.             Este artículo también establece que el derecho a la libertad de expresión estará regido por la Ley Constitucional sobre Expresión.  El hecho de que se trate de una ley constitucional significa que también anula las disposiciones del Código Penal.  La Ley Constitucional sobre Expresión establece en el Artículo 35:

Ley de Emisión del Pensamiento

Artículo 35. No constituyen delito de calumnia y injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.

Haití

Código Penal

Artículo 183.  Cuando uno o más funcionarios administrativos o jueces o el comandante de una comuna, en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, hayan sido sujetos a insultos, ya sean verbales o por escrito, que tienden a perjudicar su honor o su sensibilidad, la persona que los ha insultado será sancionada con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 184.         Los insultos proferidos en la forma de gestos o amenazas contra un juez o el comandante de una comuna en el desempeño de sus funciones serán sancionados con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 185.         Los insultos proferidos en la forma de palabras, gestos o amenazas contra cualquier funcionario o agente ministerial encargado del derecho y el orden en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, serán sancionados con una multa de no menos de dieciséis y no más de cuarenta gourdes.

Artículo 390-10.  Será sancionado con una multa de dos hasta e incluyendo cuatro piastras quien, sin provocación, profiera insultos contra cualquier persona que no sean las contempladas en los Artículos 313 a 323.

Artículo 393.         Las personas indicadas en el Artículo 390 serán en todos los casos pasibles de prisión durante tres días.

Honduras

Código Penal

Artículo 323. Quien ofendiere al Presidente de la República en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho o doce años de reclusión.

Artículo 325. Los delitos de que se trata en los tres artículos precedentes cometidos contra los Secretarios de Estado, Diputados al Congreso Nacional y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán sancionados respectivamente con las penas señaladas en dichos artículos, rebajadas en un quinto.

Artículo 345. Se sancionará con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya sea de hecho, de palabra o por escrito.

Si el ofendido fuere el Presidente de la República o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el Art. 325, anterior, la reclusión será de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 158. Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado publico y se trate de hechos concernientes al ejercicio  de su cargo .  En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación.

México

Código Penal [84]

Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.

22.             Si bien esta sección no se refiere específicamente a los delitos de desacato a funcionarios públicos, sino más bien a cualquier delito cuando es cometido contra un funcionario público, el efecto es incrementar las sanciones por difamación, injuria y calumnia cuando éstas se cometen contra funcionarios públicos.  Los Artículos 350 a 363 del Código Penal se refieren a la difamación, injurias y calumnias.  Se contempla la defensa en base a pruebas para acreditar  la verdad en casos de difamación en los que la parte supuestamente difamada es un funcionario público o una persona que actúa en “carácter público” si la imputación se refiere al ejercicio de sus funciones [85] .

Artículo 361. La injuria, la difamación y la calumnia contra el Congreso, contra una de las cámaras, contra un tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial, se castigara con sujeción a las reglas de este  titulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 190  de  este Código.

Ley de Imprenta de 1917

Artículo 3. Constituye un ataque al orden o a la paz pública:

II. Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con cl mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país . . .  [.]

23.             El Artículo 33, Secciones IV a VIII, establece las sanciones por violación del Artículo 3.  Dependiendo del cargo de la persona insultada, las sanciones oscilan entre un máximo de un año y medio de prisión por insultos al presidente, y un máximo de tres meses y una multa por insultos a funcionarios públicos de menor jerarquía.

Artículo 34. Siempre que la injuria a un particular o a un funcionario publico, se haga de un modo encubierto o en términos equívocos, y el reo se niegue a dar una  explicación satisfactoria a juicio del juez, será castigado con la pena que le correspondería si el delito se hubiera cometido sin esa  circunstancia.  Si se da explicación satisfactoria no habrá lugar a pena alguna.   

Nicaragua

Código Penal

Artículo 347. Cometen desacato contra la autoridad:

1.          Los que calumnian, injurian o insultan de hecho o de palabra, amenazan a un funcionario público en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, en su presencia o en notificación o escrito que se les dirija[.] [86]

24.             El Artículo 348 establece que las violaciones al Artículo 347 conllevan una sanción de seis meses a cuatro años de prisión.

Panamá

25.             La legalidad de las leyes sobre desacato y otras formas de mayor protección de los funcionarios públicos está establecida en la Constitución Política de Panamá.  El Artículo 33 establece:

Artículo 33. Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la Ley:

1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas. [87]

El Código Penal contiene las siguientes disposiciones sobre desacato: [88]

Artículo 307. El que ofenda o ultraje públicamente al Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones, será sancionado con prisión de 6 a 10 meses y de 20 a 50 días-multa. 

Articulo 308. El que vilipendie públicamente a uno de los órganos del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 ano y de  50 a 100 días multas.

26.             Además del Código Penal, en varios otros códigos existen disposiciones sobre desacato.  El Artículo 202 del Código Judicial permite a los magistrados y jueces arrestar hasta por cinco días a cualquiera que los ofenda o les falte el respeto.  El Artículo 386 del Código Judicial establece que los agentes del ministerio público pueden arrestar a quienes los desobedezcan o falten el respeto. Esta sección también permite al Procurador de la Nación y al Procurador de la Administración aplicar multas de hasta 50 balboas o decretar prisión de hasta ocho días por desobediencia o falta de respeto.

27.             El Artículo 45 del Código Administrativo permite a los alcaldes arrestar a quienes los desobedecen o faltan el respeto. El Artículo 827 del mismo código permite al Presidente de la República, los Gobernadores Provinciales o los Alcaldes de Distrito sancionar a quienes los desobedecen o faltan el respeto con arresto de cinco días a dos meses. Por último, el Artículo 922 establece que quien injurie o se burle de un ministro del gobierno, aunque el acto pueda no constituir un delito, será sancionado con seis a dieciocho meses de prisión.

28.             Al comienzo del gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, existió un compromiso de reforma de estas leyes; sin embargo, un año y medio después, dichas reformas no se han materializado.  El 20 de diciembre de 1999, las leyes 11 y 68, conocidas como “leyes mordaza”, fueron derogadas mediante la Ley 55.  Al mismo tiempo, el gobierno anunció que pronto se reformarían las leyes que restringen la libertad de prensa.  La Ley 55 incluye el requisito de que el gobierno presente un proyecto integral de reforma de la ley de prensa para junio de 2000.  En junio de 2000, el Defensor de Pueblo de la República de Panamá sometió la Ley 56 a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.  La Ley derogaría los Artículos 307 y 308 del Código Penal, los Artículos 202(2) y 386 del Código Judicial y los Artículos 45(12) y 827 del Código Administrativo.  La ley fue sometida a la legislatura, y la Comisión sobre Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales la aceptó en el primero de tres debates, como requiere la legislación panameña.  Después de un debate de menos de 24 horas, sin embargo, la Comisión rechazó la ley por mayoría abrumadora.  El Relator Especial expresa su preocupación ante este fallido esfuerzo por derogar estas leyes, elogia la actitud del Defensor del Pueblo de procurar derogarlas frente a tal oposición, e insta a que se continúen los esfuerzos por presentar leyes similares a la Ley 56.

Perú

Código Penal

Artículo 374. El que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si el ofendido es Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro años. [89]

29.             Con referencia al delito de difamación, consagrado en el Artículo 132 del Código Penal, el código se refiere a la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad cuando la persona difamada es un funcionario público [90] .

República Dominicana

30.             En la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento rige el desacato y otros delitos cometidos a través de los medios de comunicación.  Si el delito no es cometido a través de los medios de comunicación, se aplica el Código Penal.

Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento

Artículo 26. La ofensa al Presidente de la República por alguno de los medios enunciados en el articulo 23 se castigara con la pena de tres meses a un ano de prisión y  con una multa  de RD $100.00 a RD $1,000.00, o con una de  las dos penas solamente.

Las penas previstas en este mismo artículo son aplicadas a la  ofensa a la persona que  ejerce parte o la totalidad de las prerrogativas del Presidente de la  República.

31.             El artículo 30 establece que la difamación de los tribunales, las fuerzas armadas, la policía nacional, las cámaras legislativas, las municipalidades y otras instituciones son punibles con prisión de un mes a un año, más multas de RD$50 a RD$500.  El Artículo 34 castiga la difamación de miembros del gabinete, miembros de las cámaras legislativas, funcionarios públicos, agentes policiales, personas encargadas de obligaciones públicas o testigos que prestan declaración con tres meses de prisión y una multa de RD$6,00 a RD$60.  La defensa en base a pruebas para acreditar la verdad se aplica cuando la persona agraviada pertenece al sector público [91] .

Código Penal

Artículo 368. La difamación o la injuria pública dirigida contra el jefe del Estado, se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión, y multa de diez a cien pesos y la accesoria durante un tiempo igual al de la condena, de inhabilitación absoluta y especial de los derechos civiles y políticos de que trata el art. 42.

Artículo 369. La difamación o injuria hecha a los Diputados, o Representantes al Congreso, a los Secretarios de Estado, a los Magistrados de la Suprema Corte, o de los tribunales de primera instancia, o a los jefes y Soberanos de las naciones amigas, se castigara con prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta pesos.

Uruguay

Código Penal

Artículo 138. (Atentado contra la vida, la integridad física, la libertad o el honor de los Jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos)

El que en el territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal, la libertad o el honor de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos a nueve años.

Si del hecho se derivara la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría.

Artículo 173. (Desacato)

Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios de alguna de las siguientes maneras:

1.               Por medio de ofensas reales, escritas o verbales, ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciere sus funciones, o fuera del lugar y de la presencia del mismo, pero en estos dos últimos casos, con motivo o a causa de la función.

2.               Por medio de la desobediencia abierta, al mandato de los funcionarios.

Se consideran ofensas reales, el penetrar con armas en el lugar donde los funcionarios ejercieren sus funciones, la violencia en las cosas; los gritos ademanes ofensivos, aun cuando no se dirijan contra éstos.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión.

Artículo 174. (Circunstancias agravantes)

Son aplicables a este delito, las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 172.

Artículo 175. (Concepto del funcionario)

A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público.

32.             El artículo 366 contempla la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad o la notoriedad de los hechos alegados cuando el ofendido es un funcionario público y los hechos y características atribuidas al mismo se refieren al desempeño de sus funciones y son de tal naturaleza que darían lugar a procedimientos legales o disciplinarios contra él.

Venezuela

Código Penal

Artículo 223. El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro del Congreso, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión de uno a tres meses.

2. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro del Congreso o algún funcionario

público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas.

Artículo 225. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes se haya cometido contra algún funcionario público, no por causa de sus funciones sino en el momento mismo de estar ejerciéndolas, se aplicarán las mismas penas reducidas de una tercera parte a la mitad.

Artículo 226. El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, político o administrativo, si el delito se ha cometido en el acto de hallarse constituido, o de algún magistrado en audiencia, será castigado con prisión de tres meses a dos años.

Artículo 227. En los casos previstos en los artículos precedentes, no se admitirá al culpable prueba alguna sobre la verdad ni aun sobre la notoriedad de los hechos o de los defectos imputados a la parte ofendida.

Artículo 228. Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, no tendrán aplicación si el funcionario público ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de sus atribuciones.

Artículo 229. En todos los demás casos no previstos por una disposición especial de la ley, el que cometa algún delito contra un miembro del Congreso o cualquier funcionario público, por razón de sus funciones, incurrirá en la pena establecida para el delito cometido, más el aumento de una sexta a una tercera parte.

Código de Justicia Militar [92]

               Artículo 502. El que amenace u ofenda de palabra o gestos al centinela, será castigado con arresto de seis meses a un año.  Si el hecho se cometiere en campaña la pena será de uno a dos años de prisión.

               Artículo 505. Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades.

b.        Violaciones al derecho a la libertad de expresión mediante el uso de leyes de desacato y difamación

33.             Durante todo el año 2000, en la región se utilizaron leyes sobre desacato y difamación para proteger a los funcionarios públicos e impedir la expresión de críticas al gobierno.  Si bien cada violación al derecho a la libertad de expresión es problemática por sí misma, el problema más grave es el efecto que estos incidentes pueden tener sobre la expresión pública de ideas. Cada una de estas acciones contra periodistas transmite un mensaje silenciador a aquellas personas que ejercen su derecho de informar. Lo que sigue a continuación as registran varios ejemplos prominentes de la región.

34.             En Chile, el periodista José Ale Averena, del periódico “La Tercera”, fue condenado en febrero de 2000 por “insultar” al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Servando Jordán.  Los cargos se basaron en un artículo publicado en 1998, en el cual Ale comentaba las razones por las que Jordán había dejado su cargo.  Ale fue condenado en virtud del Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y recibió una condena condicional de 541 días en prisión, que exige que informe regularmente a las autoridades.  También se presentaron cargos contra Fernando Paulsen, director de “La Tercera”, pero éste fue absuelto posteriormente por la Corte Suprema.

35.             Otro caso es el de Alejandra Matus, que abandonó Chile en 1999 para evitar ser arrestada por la publicación de su libro El libro negro de la justicia chilena.  Matus continúa exiliada en los Estados Unidos, país que le ha acordado asilo político.  El libro criticaba el poder judicial chileno por su falta de independencia y la corrupción de los jueces durante el régimen del general Augusto Pinochet.  La acusación contra Matus se basó en el Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y fue presentada por el juez de la Corte Suprema Servando Jordán por las acusaciones dirigidas contra él. El 19 de diciembre de 2000, un fallo del juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago Jaime Rodríguez “suspendió temporariamente el procedimiento legal...“ confirmando así la orden de arresto de Matus emitida en noviembre, lo que implica que sin otro recurso de apelación no puede retornar a su patria hasta que expire la prescripción en 13 años [93] .

36.             El 24 de enero de 2001, la Tercera Cámara de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó la sentencia de un tribunal inferior contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y el periódico La Nación por difamación. Los cargos fueron presentados por el ex Embajador Honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, a quien Herrera había vinculado a escándalos financieros en un artículo escrito para La Nación. Los hechos alegados habían sido publicados anteriormente en varias conocidas y respetadas publicaciones europeas, pero el tribunal falló contra Herrera porque los informes no habían sido adecuadamente verificados.  La Sociedad Interamericana de Prensa denunció este fallo, denominándolo “una forma de ley sobre insultos o desacato que procura proteger a los funcionarios públicos en forma sin precedentes mediante el castigo...” En vez de la reparación, el fallo procura establecer una sanción disuasiva que tiene por objeto intimidar y promover la autocensura” [94] .

37.             En Cuba, Angel Moya Acosta, miembro del Movimiento Opción Alternativa, y Julia Cecilia Delgado, directora de la Biblioteca Gertrudis Gómez de Avellaneda y presidenta de la Asociación por la Reconciliación Nacional y el Rescate de los Valores Humanos, fueron procesados por “desacato” y ambos fueron condenados a un año de prisión.  A Angel Moya Acosta también se le prohibió viajar por diez años a La Habana, donde viven su esposa y sus hijos.  Ambos fueron arrestados en relación con las detenciones masivas de disidentes que tuvieron lugar en los días anteriores al 10 de diciembre de 2000, el Día de los Derechos Humanos, con el fin de impedirles organizar protestas pacíficas.

38.             En julio de 2000 Néstor Rodríguez Lobaina, presidente del Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, fue acusado de desacato, desorden público y daños y perjuicios y condenado a 6 años y dos meses de prisión.  Eddy Alfredo Mena y González, miembro del mismo movimiento, fue condenado por los mismos cargos a 5 años y un mes.

39. Además de las condenas del año pasado, dos periodistas continuaron presos en 2000, con sentencias por desacato. El periodista Manuel Antonio González Castellanos, corresponsal de la agencia independiente de noticias Cuba News, sirve actualmente una condena de dos años y siete meses de prisión por “falta de respeto” al presidente Fidel Castro.  Fue arrestado el 1 de octubre de 1998 por criticar a Castro frente a agentes de seguridad del Estado que lo detuvieron e insultaron en la calle. Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia independiente de noticias Línea Sur Press, sirve actualmente una condena de seis años de prisión por “falta de respeto” a Fidel Castro y Carlos Lage, miembro del Consejo de Estado de Cuba.  Fue condenado el 31 de octubre de 1997 después de publicar un artículo sobre los privilegios conferidos a los dirigentes políticos cubanos.

40.             El 19 de septiembre, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, editor de la revista Seminario de Ciudad Juárez, México, fue arrestado por cargos de difamación.  La denuncia fue presentada por el entonces Comisionado de Seguridad Pública, Javier Benavides González, contra Pinedo y el periodista Luis Villagrana.  La denuncia se basó en  un artículo escrito por Villagrana y publicado en Seminario, en el que se alegaba que Benavides y otros jefes de policía locales habían ayudado a proteger a traficantes de drogas.  Pinedo permaneció en prisión por una noche y fue dejado en libertad con una fianza de 15.000 pesos (US$ 1.590).  Villagrana se presentó voluntariamente al tribunal y también debió pagar una fianza de 15.000 pesos.  Benavides retiró la petición el 2 de octubre.  Si el caso hubiera prosperado, ambos periodistas habrían enfrentado posibles condenas de dos años de prisión.

41.             En noviembre de 2000, el Relator Especial tuvo noticias de que Juan Manuel Handal, director de La Carta de Panamá había sido sentenciado a 18 meses de prisión por el delito de “calumnia e injuria”. La denuncia en su contra fue presentada por el alcalde de Panamá, por un artículo de opinión que Handal había escrito sobre él durante su campaña.  La sentencia fue posteriormente reemplazada por una multa de 400 balboas.

42.             El 8 de agosto Gustavo Gorriti, director asociado de La Prensa y tres periodistas de ese  periódico, Miren Gutiérrez, Mónica Palm y Rolando Rodríguez, fueron citados a testificar en el caso contra ellos por “calumnias e injurias”. La denuncia contra ellos fue presentada por el Procurador General José Antonio Sossa por artículos publicados en La Prensa, en los cuales alegaban que Sossa había protegido a empresarios estadounidenses sospechosos de tráfico de drogas. La denuncia fue presentada en virtud del Artículo 175 del Código Penal, que establece que cualquier persona que publica o reproduce información perjudicial para la reputación de una persona en cualquier medio puede ser sentenciada a un período de 18 a 24 meses de prisión.  El juicio fue fijado para noviembre de 2000.

43.             Jean Marcel Chéry, periodista del periódico El Panamá América, fue sentenciado a 18 meses de prisión el 14 de julio de 2000, por el delito de “calumnia e injuria”.  Los cargos se basaron en un artículo que publicó en 1996 en El Siglo.  La sentencia se encuentra actualmente en apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

44.             El 22 de junio de 2000 Carlos Singares, director del periódico El Siglo, fue sentenciado a ocho días de prisión por desacato por el Procurador General José Antonio Sossa, en virtud del Artículo 386 del Código Judicial.  Singares había publicado un artículo que contenía acusaciones sexuales contra Sossa. El Artículo 386 confiere al Procurador General atribuciones sumarias para decretar prisión de hasta ocho días a cualquiera que lo ofenda, sin permitir la oportunidad de defensa.  Singares apeló esta condena mediante recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema, que determinó que el Artículo 386 era constitucional en virtud del Artículo 33 de la Constitución.  Singares estuvo preso desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto.  Además, el 2 de agosto el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó una sentencia de 20 meses contra Singares por supuesta difamación contra el ex presidente Pérez Balladares. La sentencia fue conmutada por una multa de US$1.875 y actualmente se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.

45.             Además de estos casos, según un informe publicado por la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, en la actualidad hay hasta 40 periodistas enjuiciados en Panamá por “insultos” o “difamación” [95] .

46.             En diciembre de 2000 James Beuzeville Zumaeta, director del programa radial La Razón, en Perú, fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y daños y perjuicios por 8.000 nuevos soles (alrededor de US$2.300) por insultos y difamación agravada contra José Tomás González Reátegui, ex presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Loreto y ex ministro de la presidencia.  En su programa, Beuzeville alegó irregularidades y actos de corrupción cometidos por González durante su presidencia del CTAR.

47.             El 31 de octubre Adrián Aguilar Reyes, director del programa radial Huandoy Noticias, fue sentenciado a un año de prisión condicional y pago de daños y perjuicios monetarios de 1.500 soles (alrededor de US$430).  Aguilar fue condenado por difamación del Alcalde Pedro Crisólogo Castillo Flores como consecuencia de un informe en el cual mencionó algunas irregularidades graves durante una elección realizada el 9 de abril.  Después de estas declaraciones, la emisión se interrumpió repentinamente, y Aguilar acusó al alcalde Castillo de haberla ordenado para impedir que llegara al público más información sobre las irregularidades cometidas durante la elección.

48.             El 9 de agosto, se presentó una denuncia por difamación contra Alfredo del Carpio Linares, director de un programa radial titulado Veredicto: la voz del pueblo.  El alcalde provincial de Camaná, Enrique Gutiérrez Sousa, presentó la acusación en base a una entrevista con el congresista Rubén Terán Adriazola, del partido oficialista, en la cual Carpio le preguntó sobre ciertas irregularidades en los gastos públicos de la municipalidad de Camaná.  Las últimas informaciones indican que el alcalde estaba procurando una sentencia de tres años de prisión y la máxima multa permitida por la ley, de alrededor de US$28.000.  En agosto de 2000, se entabló juicio contra el periódico Liberación por supuesta difamación agravada de Juan Miguel Ramos Lorenzo, miembro del Tribunal Superior de Lima.

49.             En Venezuela, el abogado y profesor universitario Pablo Aure fue detenido por las autoridades militares el 8 de enero de 2001, por la publicación de un artículo en el que se expresaba sobre la actitud supuestamente sumisa de los militares frente al presidente Hugo Chávez.  Fue dejado en libertad el 10 de enero, pero sigue enfrentando cargos bajo la jurisdicción militar por violar el Artículo 505 del Código de Justicia Militar.

Conclusión

50.             Como lo indican los casos antes señalados, en todo el hemisferio se utilizan las leyes de desacato y difamación para castigar a periodistas y otras personas por difundir información que el público tiene el legítimo derecho de conocer en una sociedad democrática.

51.              Independientemente de la frecuencia con que se invoquen o apliquen, su existencia produce un efecto amedrentador sobre la expresión de críticas al gobierno.  Por esta razón, el Relator Especial insta a los Estados a la inmediata derogación de todas las leyes de desacato citadas en este Informe. Por la misma razón, los Estados deben adoptar medidas para eliminar las leyes penales de difamación, injurias y calumnias, particularmente en los casos en que la parte ofendida sea un funcionario público, e incorporar la doctrina del dolo real y efectivo en su legislación relativa a los delitos contra el honor y la reputación.

 


[[67]CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, 197-212.

[68] Ibid., 212.

[69] Ibid., 207.

[70] Ibid.

[71] Ibid., 209.

[72] Ibid., 211

[73] Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con la Libertad de Expresión, documento de la ONU No. E/C.4/2000/63, 18 de enero de 2000 (también puede obtenerse en inglés con el mismo número de documento).

[74] Ibid., párrafo 49.

[75] La Declaración de Chapultepec fue firmada por los  jefes de Estado de los siguientes países, que se comprometieron a cumplir sus disposiciones: Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y Uruguay.

[76] “Definir la Difamación:  Principios de Libertad de Expresión y de Protección de la Reputación”, aprobado por la organización no gubernamental Artículo XIX, Londres, julio de 2000.

[77] Ibid., Introducción.

[78] Ibid., Principio 4(a).

[79] Ibid., Principio 4(b) (iii).

[80] Ibid., Principio 7.

[81] Ibid., Principio 8.

[82] La Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 establece para los periodistas un proceso diferente que para los ciudadanos corrientes en casos de injurias, calumnias y difamación.  El Artículo 28 establece:

Artículo 28. Corresponde al jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de injuria y  calumnia contra los particulares, serán llevados potestivamente ante  el Jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado. Mas, si a titulo de combatir actos de los funcionarios públicos, se les injuriase, difamase o calumniase personalmente, podrán estos querellarse ante los tribunales ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan de delitos de prensa, aplicarán las sanciones del Código Penal, salvo que el autor o persona responsable diera ante el juez y por la prensa; satisfacción plena y amplia al ofendido, y que este acepte los términos de las satisfacción, con que quedará cubierta la penalidad.

El Artículo 15 establece que aquellos insultos que se dirigen exclusivamente al jurado son sólo pasibles de multas.

[83] Para más información véase Capítulo IV, sección correspondiente a la situación de la libertad de expresión en Chile. 

[84] En una carta dirigida a la Oficina del Relator Especial, de fecha 12 de enero de 2000, el Gobierno de México manifestaba que “no existen leyes llamadas de desacato en México”.  La misma expresaba que la Constitución de México protege decididamente la libertad en numerosos artículos.  El Artículo 6 establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.  El Artículo 7 establece que“es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.  Nuevamente , de acuerdo con este artículo, las únicas limitaciones posibles de este derecho son aquéllas que aseguran el respeto a la privacidad  y la protección de la moral y el orden público.  El Artículo 70 contempla “formas y procedimientos para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.  El Artículo 109 establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.  El gobierno también señalaba algunos ejemplos de la jurisprudencia de la Corte Suprema que respaldan decididamente el derecho a la libertad de expresión.  En una declaración, la Corte afirmaba que “entre los derechos del hombre figura el poder de juzgar a los funcionarios públicos”. (Pleno, Quinta Época Seminario Judicial de la Federación, Tomo X, página 452, Martínez H. Alberto- 21 de febrero de 1922. -Seis votos).  La Corte declaró posteriormente que los funcionarios públicos “que llevan a cabo funciones en interés de la sociedad, están sujetos a las críticas de los gobernados, que tienen el derecho, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Constitución, de que la libre expresión de sus ideas no esté sujeta a ninguna investigación judicial o administrativa, excepto en los limitados casos en que constituya un ataque contra la moral, el derecho de terceros o perturben el orden público”. (Primera Sala, Quinta Época, Seminario Judicial de la Federación, Tomo XLV, página 3810, Arriola Valadez Agustín. 28 de agosto de 1935. - Cuatro votos).  El gobierno afirma que las disposiciones del Artículo 189 del Código Penal y el Artículo 3 de la Ley sobre Delito de Imprenta constituyen legislación secundaria que debe interpretarse en el contexto de la constitución.  Estas disposiciones, afirma el gobierno, están sujetas a los principios de la Constitución y a la interpretación que les da el poder judicial, que aplica las pruebas de jurisprudencia antes descritas que “en el espíritu de la Carta Magna” aseguran a los gobernados el pleno ejercicio de sus derechos individuales en materia de libertad de expresión.

[85] Artículo 351 (I) del Código Penal de México.

[86] Debe señalarse que el Artículo 176 del Código Penal expresa que “no es injuria la crítica que se haga a asuntos de naturaleza política, a los actos del Gobierno, de sus instituciones u organismos, a la filosofía de las leyes o a las actuaciones de los funcionarios públicos”.

[87] Según el Defensor del Pueblo de la República de Panamá, esta sección de la Constitución no tendría efecto si se derogaran las leyes sobre desacato, porque el lenguaje de      la sección con respecto a “los términos precisos de la ley” implica la necesidad de legislación justificativa.  Sin embargo, la sección todavía causa preocupación, ya que constituye la base legal de las leyes sobre desacato.

[88] En las disposiciones penales sobre injurias, calumnias y difamación, la verdad es aceptada como defensa absoluta en casos de injurias; sin embargo, en el caso de calumnias, la prueba de la verdad sólo es aceptada en casos que involucre funcionarios públicos o corporaciones públicas o privadas (Artículo 176).  El Artículo 178 establece que no se comete delito contra la buena reputación a través de la discusión, la crítica y la opinión sobre actos u omisiones de los servidores públicos. 

[89]El Artículo 133 del Código Penal establece que se comete calumnia o difamación en el caso de comentarios o información que contienen opiniones desfavorables acerca de un funcionario público en el desempeño de sus funciones.

[90] Véase el Artículo 134 del Código Penal.

[91] Artículo 37 de la Ley de Expresión y Propagación de Ideas.

[92] Los civiles que violan esta ley están sujetos a enjuiciamiento en un tribunal militar.

[93] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Reiterates Call for Repeal of Insult Laws, Court Upholds Journalist´s Conviction on Contempt Charges”, 27 de diciembre de 2000.

[94] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Condemns Ruling Against Journalist and Daily “La Nación”“ , 29 de enero de 2001.

[95] Reporteros sin Fronteras.

 

CAPÍTULO III

LEGISLACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACION INTERNA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

            A.         Legislación y libertad de expresión

      1.         Acceso a la información

1.                  La Relatoría para la Libertad de Expresión se encuentra actualmente elaborando un informe especial sobre el derecho de acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data que será publicado en el año 2001. La Relatoría considera que el acceso a la información es uno de los derechos fundacionales en el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Contar con procedimientos que garanticen a la ciudadanía este derecho contribuye a la fiscalización de la gestión administrativa fomentando mayor participación de los individuos en asuntos de interés público.

2.                  A fines de mayo la Relatoría organizó en conjunto con la Presidencia de   Guatemala una conferencia internacional titulada “El derecho al acceso a la información en Guatemala” destinada a reflejar la importancia del derecho al acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data en el marco de una sociedad democrática y la necesidad de adecuar las legislaciones en esta materia. Además, el Estado guatemalteco elaboró con la asesoría de la Relatoría un proyecto de ley sobre acceso a la información en poder del Estado, el cual contó con la amplia participación de la sociedad civil de Guatemala. Tanto la redacción  de este proyecto de ley como la organización de la conferencia fueron el resultado del compromiso de colaboración asumido por la Relatoría y por el gobierno guatemalteco, tras la visita del Relator Especial a Guatemala realizada en el mes de abril del año 2000, para trabajar conjuntamente en la promoción de una amplia y firme libertad de expresión en el país. El Relator Especial espera que la presentación del proyecto se haga efectiva lo antes posible y, tras su discusión, espera que sea aprobado e incorporado como ley a la legislación interna de Guatemala.

3.                  Durante el año 1999 la Relatoría solicitó a través de un cuestionario a los Estados miembros de la OEA información sobre normativas constitucionales y legales como así también,  sistemas de regulación existente en cada uno de los países para el ejercicio del derecho de acceso a la información y habeas data. De los treinta y cinco países que integran la Organización de los Estados Americanos, sólo nueve (el 25,7%) respondieron oficialmente al pedido de información solicitada por la Relatoría.

4.                  A través de la información recabada hasta el momento, se pueden apreciar claras diferencias entre los países que ya han desarrollado normativas constitucionales y legales y aquellos que aún deben basarse en normas generales como “derecho de amparo” o “libertad de expresión y opinión”, para proteger el derecho a la información. Más allá de aquellos países que no respondieron la solicitud de la Relatoría, se puede decir que son pocos los países que poseen una normativa específica clara respecto del derecho al acceso a la información y habeas data.

2.        Leyes de desacato

5.                 Las leyes de desacato violan el derecho humano a la libertad de expresión, expresado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos.  Al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público, fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.  A pesar de la condena casi universal a estas leyes, continúan existiendo en una u otra forma en por lo menos 17 Estados de las Américas.  Además, muchos de éstos y otros Estados siguen utilizando leyes sobre delito de difamación, injuria y calumnia, que con frecuencia se utilizan, en la misma forma que las leyes sobre desacato, para silenciar a quienes critican a las autoridades.

6.                 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó un análisis de la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un informe realizado en 1995 [67] . La CIDH concluyó que tales leyes no eran compatibles con la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas [68] . La CIDH declaró asimismo que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al gobierno a controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos [69] .  En consecuencia, los ciudadanos tienen el derecho de criticar y examinar las acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública [70] .  Además, las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias.  Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas, restringen indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto no pueden probarse.  Las leyes sobre desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el “orden público” (un propósito permisible para la regulación de la expresión en virtud del Artículo 13), ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público [71] .  Existen otros medios menos restrictivos, además de las leyes de desacato, mediante los cuales el gobierno puede defender su reputación frente a ataques infundados, como la réplica a través de los medios de difusión o entablando acciones civiles por difamación o injurias.  Por todas estas razones, la CIDH concluyó que las leyes de desacato son incompatibles con la Convención, e instó a los Estados a que las derogaran.

7.                 El informe de la CIDH también presenta ciertas implicaciones en materia de reforma de las leyes sobre difamación, injurias y calumnias.  El reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público, significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias.  La posibilidad del abuso de tales leyes por parte de los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en el caso de estas leyes como en el de las leyes de desacato.  La CIDH ha manifestado:

[E]n la arena política en particular, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión es necesariamente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una sociedad democrática. La Convención requiere que este umbral se incremente más aún cuando el Estado impone el poder coactivo del sistema de la justicia penal para restringir la libertad de expresión. En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica.

La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla. [72]

8.                 Para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos. Además, la responsabilidad por ofensas contra funcionarios públicos sólo debería incurrirse en casos de “real malicia”.  La doctrina de la “real malicia” significa que el autor de la información en cuestión era consciente de que la misma era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de dicha información.

9.                 Estas normas están consagradas en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, promulgada por la Relatoría para la Libertad de Expresión y aprobada por la CIDH en su período ordinario de sesiones de octubre de 2000.  La Declaración constituye una interpretación definitiva del Artículo 13 de la Convención.  Los Principios 10 y 11 se refieren a los delitos contra la reputación y el honor, incluidas las leyes sobre desacato:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

10.             Otras organizaciones de la comunidad internacional han llegado a la misma conclusión con respecto a las leyes sobre desacato y otras leyes que protegen el honor y la reputación de los funcionarios públicos.  Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Freimut Duve, representante sobre Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, y Santiago Canton, [los Relatores] se reunieron por primera vez en Londres el 26 de noviembre de 1999, con el auspicio de Artículo XIX, la organización no gubernamental mundial que toma su nombre del artículo que protege la libertad de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Los Relatores emitieron una declaración conjunta en la que manifestaban que en muchos países existen leyes, como las leyes sobre difamación, que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión, e instaban a los Estados a que revisen estas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.  En otra reunión conjunta celebrada en noviembre de 2000, los Relatores adoptaron otra declaración conjunta, que se relaciona con el problema de las leyes sobre desacato y difamación.  En esta declaración, los Relatores abogaron por el reemplazo de las leyes sobre difamación por leyes civiles y manifestaron que debía prohibirse que se entablaran acciones de difamación relacionadas con el Estado, objetos como las banderas o símbolos, los organismos gubernamentales y las autoridades públicas.  Manifestaban asimismo que las leyes sobre difamación deben reflejar la importancia del debate abierto sobre temas de interés público, y el principio de que las figuras públicas deben aceptar un mayor grado de críticas que los ciudadanos privados, y que en particular, deberían derogarse las leyes que proporcionan protección especial a las figuras públicas.

11.             En su informe de enero de 2001, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión también se manifestó en contra de las leyes sobre difamación, y en particular, contra las leyes que proporcionan protección especial a los funcionarios públicos [73] .  El Relator instaba a los Estados a eliminar el poder de los órganos gubernamentales y los funcionarios públicos para interponer cargos por difamación en su propio nombre.  Sostenía que sólo deberían existir recursos civiles por difamación, y debían abolirse los delitos como la “difamación del Estado”.  Además, cualquier indemnización monetaria por daños y perjuicios debe ser razonable y proporcional, para asegurar que la posibilidad de castigo no tenga un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión [74] .  Por último, expresaba que en estos casos, la carga de la prueba debe recaer sobre la parte supuestamente difamada para probar su falsedad.

12.             En marzo de 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una conferencia hemisférica sobre libertad de prensa en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México.  La conferencia reunió a dirigentes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, editores y ciudadanos privados de todo el hemisferio.  La conferencia emitió la Declaración de Chapultepec, documento que contiene diez principios que son necesarios para proporcionar el nivel de libertad de prensa que es suficiente para asegurar una verdadera democracia participatoria.  La declaración ha sido suscrita por los Jefes de Estado de 21 de los países de la región, y se la considera una norma modelo para la libertad de expresión [75] .  Con respecto a las leyes sobre desacato, la Declaración establece en el Principio 10: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.  La SIP emitió un documento en el que se interpretan estos principios, en el que declara que sólo debería haber responsabilidad legal por difamación de “funcionarios públicos, figuras públicas o individuos privados involucrados en temas de interés público” si el demandante puede probar “la falsedad de los hechos publicados y el conocimiento real de esa falsedad” y “dolo directo por parte del periodista o empresa de comunicaciones”.  Esta es esencialmente la norma sobre “real malicia” que propugna el Relator Especial.

13.             Artículo XIX promulgó un conjunto de principios sobre libertad de expresión y protección de la reputación. [76] Estos principios redactados por un panel internacional de expertos sobre aspectos relacionados con la libertad de expresión, “se basan en el derecho y las normas internacionales, la práctica nacional (reflejada, inter alia, en las leyes nacionales y los fallos de los tribunales nacionales) y los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de naciones [77] .  Tienen por finalidad servir de guía a todos los Estados sobre el grado en que puede limitarse el derecho humano fundamental de la libertad de expresión con el fin de proteger el legítimo interés de la reputación.  La conclusión del documento es que tales restricciones deben “fijarse en términos estrechos” y ser “necesarias” para lograr ese propósito legítimo.  El principio 4(a) establece que todas las leyes sobre difamación deben abolirse y reemplazarse, cuando sea necesario, con leyes apropiadas de difamación civil [78] .  En ningún caso, una persona puede tener responsabilidad penal por difamación “salvo que se haya probado que las declaraciones impugnadas son falsas, que fueron hechas con conocimiento real de su falsedad o con negligencia grave en cuanto a su falsedad, y fueron hechas con la intención específica de causar un perjuicio a la parte que alega haber sido difamada” [79] , de acuerdo con el Principio 4(b)(iii).  El Principio 7 establece el requisito de probar la verdad, señalando que “en asuntos de interés público, corresponde al demandante probar la falsedad de cualquier declaración o imputación de hechos supuestamente difamatorios” [80] . El Principio 8, sobre funcionarios públicos, establece que “en ninguna circunstancia las leyes sobre difamación deben proporcionar protección especial a los funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o situación. Este principio abarca la manera en que las demandas se presentan y procesan, las normas que se aplican para determinar si el demandado es responsable y las sanciones que pueden imponerse” [81] .

a.        Leyes sobre desacato en las Américas

14.             El Informe Anual del Relator Especial para Libertad de Expresión correspondiente a 1998 enumera diecisiete países de la región que siguen teniendo leyes de desacato.  Hasta la fecha, ninguna de esas leyes ha sido derogada.  La siguiente sección contiene extractos de las leyes sobre desacato que están actualmente en vigencia en los diversos países de la región.

Bolivia

Código Penal [82]

Artículo 162. El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.

15.             El Código Penal también contempla condenas de prisión o de trabajo por injurias, difamación o calumnias o insultos a la memoria de personas fallecidas.  El Artículo 286 establece la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en los procedimientos de difamación o injurias cuando la parte injuriada es un funcionario público y la ofensa se relaciona con sus obligaciones.

Brasil

Código Penal

Artículo 331. Desacatar al funcionario publico en el ejercicio de sus funciones o en razón de ella:  Pena de detención de 6 meses a dos años, o multa.   

Chile

Código Penal

Artículo 263. El que de hecho o de palabra injuriare gravemente al Presidente de la República, o a alguno de los cuerpos colegisladores o a las comisiones de éstos, sea en los actos públicos en que los representan, sea en el desempeño de sus atribuciones particulares, o a los tribunales superiores de justicia, será castigado con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de once a veinte sueldos vitales.

Cuando las injurias fueren leves, las penas serán de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales, o simplemente esta última.

Artículo 264. Cometen desacato contra la seguridad:

1. Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores y los que injurian o amenazan en los mismos actos a algún diputado o senador;

2. Los que perturban gravemente el orden de las audiencias de los tribunales de justicia y los que injurian o amenazan en los mismos actos a un miembro de dichos tribunales.

3. Los que injurian o amenazan:

1o: A un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso.

2o: A un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere dado.

3o: A los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos.

4o: A un superior suyo con ocasión de sus funciones.

Artículo 265. Si el desacato consiste en perturbar el orden, o la injuria o amenaza, de que habla el artículo precedente, fuere grave, el delincuente sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Cuando fuere leve, las penas serán reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades  tributarias mensuales o simplemente ésta última.

Artículo 266. Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado o desacato contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias.

Entiéndese también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o desacato con ocasión de ellas o por razón de su cargo.

16.             Las disposiciones del Código Penal permiten la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad en el caso de injurias o difamación contra un empleado público con respecto a los hechos relacionados con su cargo.

Ley de Seguridad del Estado

Artículo 6. Cometen delito contra el orden público:

b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, o General Director de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido.

Código de Justicia Militar

Artículo 284. El que amenazare en los términos del artículo 296 [amenazas de atentado contra las personas y propiedades] del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio

17.             La Ley sobre Abusos de Publicidad, en su Artículo 12, también establece que el director de un medio de comunicación “será castigado como autor del delito de desacato” si desobedece una orden de publicar la retractación de una declaración.  Las sanciones incluyen prisión menor, multas y suspensión de la publicación o la transmisión.

18.             En abril de 2001 la Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo que, entre otras disposiciones, modifica el artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado. [83]

Costa Rica

Código Penal

Artículo 307. Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ofendiere el honor o el decoro de un funcionario publico o lo amenazare a causa de sus funciones, dirigiéndose a el personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

La pena será de seis meses a tres años, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro de los supremos Poderes, Juez, Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor o Subcontralor General de la República. 

19.             El 1 de febrero de 2001, el Presidente Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica anunció su decisión de procurar la derogación de la ley sobre desacato.  El anuncio se efectuó al finalizar una visita de cuatro días a Costa Rica de la Comisión Mundial sobre Libertad de Prensa.  El presidente también manifestó que respaldaría la reforma de la legislación costarricense sobre difamación.  Se ha creado un comité de periodistas y jueces para comenzar a considerar la forma de llevarla a cabo.  El Relator Especial expresa su aprobación a estos compromisos y ofrece su apoyo al esfuerzo costarricense.

Cuba

Código Penal

Artículo 144.1. El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza respecto al Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años.

Artículo 204. El que públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

Ecuador

Código Penal

Artículo 230. El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de ciento a quinientos sucres.

Artículo 231. El que con amenazas, injurias, amagos o violencia, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de cincuenta a trescientos Sucres. Los que cometieren las infracciones detalladas en el inciso anterior contra otro funcionario que no ejerza jurisdicción, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 232. El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras, gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla, será reprimido con prisión de ocho días a un mes.

Artículo 233. Igual pena se aplicará al que insultare u ofendiere a alguna persona que se hallare presente y a presencia de los tribunales o de las autoridades públicas.

El Salvador

Código Penal

Artículo 339. El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de éstas, ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

Si el ofendido fuere Presidente o Vice Presidente de la República, Diputado a la Asamblea Legislativa, Ministro o Subsecretario de Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Cámara de Segunda Instancia, Juez de Primera Instancia o Juez de Paz, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo.

Guatemala

Código Penal

Artículo 411. Quien ofendiere en su dignidad o decoro, o amenazare, injuriare o calumniare a cualquiera de los Presidentes de los Organismos del Estado, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Desacato a la autoridad

Articulo 412. Quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro, a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Artículo 413. Al acusado de injuria contra funcionario o autoridades públicas, si se admitirá prueba sobre la verdad de la imputación si se tratare de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso será absuelto si probare ser cierta la imputación.

20.             Estas leyes contradicen la propia Constitución Política de Guatemala.  El Artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión, expresa lo siguiente con respecto al desacato:

Artículo 35. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

21.             Este artículo también establece que el derecho a la libertad de expresión estará regido por la Ley Constitucional sobre Expresión.  El hecho de que se trate de una ley constitucional significa que también anula las disposiciones del Código Penal.  La Ley Constitucional sobre Expresión establece en el Artículo 35:

Ley de Emisión del Pensamiento

Artículo 35. No constituyen delito de calumnia y injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.

Haití

Código Penal

Artículo 183.  Cuando uno o más funcionarios administrativos o jueces o el comandante de una comuna, en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, hayan sido sujetos a insultos, ya sean verbales o por escrito, que tienden a perjudicar su honor o su sensibilidad, la persona que los ha insultado será sancionada con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 184.         Los insultos proferidos en la forma de gestos o amenazas contra un juez o el comandante de una comuna en el desempeño de sus funciones serán sancionados con prisión de no menos de tres meses y no más de un año.

Artículo 185.         Los insultos proferidos en la forma de palabras, gestos o amenazas contra cualquier funcionario o agente ministerial encargado del derecho y el orden en el desempeño de sus funciones o en ocasión de tal desempeño, serán sancionados con una multa de no menos de dieciséis y no más de cuarenta gourdes.

Artículo 390-10.  Será sancionado con una multa de dos hasta e incluyendo cuatro piastras quien, sin provocación, profiera insultos contra cualquier persona que no sean las contempladas en los Artículos 313 a 323.

Artículo 393.         Las personas indicadas en el Artículo 390 serán en todos los casos pasibles de prisión durante tres días.

Honduras

Código Penal

Artículo 323. Quien ofendiere al Presidente de la República en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho o doce años de reclusión.

Artículo 325. Los delitos de que se trata en los tres artículos precedentes cometidos contra los Secretarios de Estado, Diputados al Congreso Nacional y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán sancionados respectivamente con las penas señaladas en dichos artículos, rebajadas en un quinto.

Artículo 345. Se sancionará con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años a quien amenace, calumnie, injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya sea de hecho, de palabra o por escrito.

Si el ofendido fuere el Presidente de la República o alguno de los altos funcionarios a que se refiere el Art. 325, anterior, la reclusión será de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 158. Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado publico y se trate de hechos concernientes al ejercicio  de su cargo .  En este caso el acusado será absuelto si probare ser cierta la imputación.

México

Código Penal [84]

Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.

22.             Si bien esta sección no se refiere específicamente a los delitos de desacato a funcionarios públicos, sino más bien a cualquier delito cuando es cometido contra un funcionario público, el efecto es incrementar las sanciones por difamación, injuria y calumnia cuando éstas se cometen contra funcionarios públicos.  Los Artículos 350 a 363 del Código Penal se refieren a la difamación, injurias y calumnias.  Se contempla la defensa en base a pruebas para acreditar  la verdad en casos de difamación en los que la parte supuestamente difamada es un funcionario público o una persona que actúa en “carácter público” si la imputación se refiere al ejercicio de sus funciones [85] .

Artículo 361. La injuria, la difamación y la calumnia contra el Congreso, contra una de las cámaras, contra un tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial, se castigara con sujeción a las reglas de este  titulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 190  de  este Código.

Ley de Imprenta de 1917

Artículo 3. Constituye un ataque al orden o a la paz pública:

II. Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con cl mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país . . .  [.]

23.             El Artículo 33, Secciones IV a VIII, establece las sanciones por violación del Artículo 3.  Dependiendo del cargo de la persona insultada, las sanciones oscilan entre un máximo de un año y medio de prisión por insultos al presidente, y un máximo de tres meses y una multa por insultos a funcionarios públicos de menor jerarquía.

Artículo 34. Siempre que la injuria a un particular o a un funcionario publico, se haga de un modo encubierto o en términos equívocos, y el reo se niegue a dar una  explicación satisfactoria a juicio del juez, será castigado con la pena que le correspondería si el delito se hubiera cometido sin esa  circunstancia.  Si se da explicación satisfactoria no habrá lugar a pena alguna.   

Nicaragua

Código Penal

Artículo 347. Cometen desacato contra la autoridad:

1.          Los que calumnian, injurian o insultan de hecho o de palabra, amenazan a un funcionario público en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, en su presencia o en notificación o escrito que se les dirija[.] [86]

24.             El Artículo 348 establece que las violaciones al Artículo 347 conllevan una sanción de seis meses a cuatro años de prisión.

Panamá

25.             La legalidad de las leyes sobre desacato y otras formas de mayor protección de los funcionarios públicos está establecida en la Constitución Política de Panamá.  El Artículo 33 establece:

Artículo 33. Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la Ley:

1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas. [87]

El Código Penal contiene las siguientes disposiciones sobre desacato: [88]

Artículo 307. El que ofenda o ultraje públicamente al Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones, será sancionado con prisión de 6 a 10 meses y de 20 a 50 días-multa. 

Articulo 308. El que vilipendie públicamente a uno de los órganos del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 ano y de  50 a 100 días multas.

26.             Además del Código Penal, en varios otros códigos existen disposiciones sobre desacato.  El Artículo 202 del Código Judicial permite a los magistrados y jueces arrestar hasta por cinco días a cualquiera que los ofenda o les falte el respeto.  El Artículo 386 del Código Judicial establece que los agentes del ministerio público pueden arrestar a quienes los desobedezcan o falten el respeto. Esta sección también permite al Procurador de la Nación y al Procurador de la Administración aplicar multas de hasta 50 balboas o decretar prisión de hasta ocho días por desobediencia o falta de respeto.

27.             El Artículo 45 del Código Administrativo permite a los alcaldes arrestar a quienes los desobedecen o faltan el respeto. El Artículo 827 del mismo código permite al Presidente de la República, los Gobernadores Provinciales o los Alcaldes de Distrito sancionar a quienes los desobedecen o faltan el respeto con arresto de cinco días a dos meses. Por último, el Artículo 922 establece que quien injurie o se burle de un ministro del gobierno, aunque el acto pueda no constituir un delito, será sancionado con seis a dieciocho meses de prisión.

28.             Al comienzo del gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, existió un compromiso de reforma de estas leyes; sin embargo, un año y medio después, dichas reformas no se han materializado.  El 20 de diciembre de 1999, las leyes 11 y 68, conocidas como “leyes mordaza”, fueron derogadas mediante la Ley 55.  Al mismo tiempo, el gobierno anunció que pronto se reformarían las leyes que restringen la libertad de prensa.  La Ley 55 incluye el requisito de que el gobierno presente un proyecto integral de reforma de la ley de prensa para junio de 2000.  En junio de 2000, el Defensor de Pueblo de la República de Panamá sometió la Ley 56 a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.  La Ley derogaría los Artículos 307 y 308 del Código Penal, los Artículos 202(2) y 386 del Código Judicial y los Artículos 45(12) y 827 del Código Administrativo.  La ley fue sometida a la legislatura, y la Comisión sobre Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales la aceptó en el primero de tres debates, como requiere la legislación panameña.  Después de un debate de menos de 24 horas, sin embargo, la Comisión rechazó la ley por mayoría abrumadora.  El Relator Especial expresa su preocupación ante este fallido esfuerzo por derogar estas leyes, elogia la actitud del Defensor del Pueblo de procurar derogarlas frente a tal oposición, e insta a que se continúen los esfuerzos por presentar leyes similares a la Ley 56.

Perú

Código Penal

Artículo 374. El que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si el ofendido es Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro años. [89]

29.             Con referencia al delito de difamación, consagrado en el Artículo 132 del Código Penal, el código se refiere a la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad cuando la persona difamada es un funcionario público [90] .

República Dominicana

30.             En la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento rige el desacato y otros delitos cometidos a través de los medios de comunicación.  Si el delito no es cometido a través de los medios de comunicación, se aplica el Código Penal.

Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento

Artículo 26. La ofensa al Presidente de la República por alguno de los medios enunciados en el articulo 23 se castigara con la pena de tres meses a un ano de prisión y  con una multa  de RD $100.00 a RD $1,000.00, o con una de  las dos penas solamente.

Las penas previstas en este mismo artículo son aplicadas a la  ofensa a la persona que  ejerce parte o la totalidad de las prerrogativas del Presidente de la  República.

31.             El artículo 30 establece que la difamación de los tribunales, las fuerzas armadas, la policía nacional, las cámaras legislativas, las municipalidades y otras instituciones son punibles con prisión de un mes a un año, más multas de RD$50 a RD$500.  El Artículo 34 castiga la difamación de miembros del gabinete, miembros de las cámaras legislativas, funcionarios públicos, agentes policiales, personas encargadas de obligaciones públicas o testigos que prestan declaración con tres meses de prisión y una multa de RD$6,00 a RD$60.  La defensa en base a pruebas para acreditar la verdad se aplica cuando la persona agraviada pertenece al sector público [91] .

Código Penal

Artículo 368. La difamación o la injuria pública dirigida contra el jefe del Estado, se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión, y multa de diez a cien pesos y la accesoria durante un tiempo igual al de la condena, de inhabilitación absoluta y especial de los derechos civiles y políticos de que trata el art. 42.

Artículo 369. La difamación o injuria hecha a los Diputados, o Representantes al Congreso, a los Secretarios de Estado, a los Magistrados de la Suprema Corte, o de los tribunales de primera instancia, o a los jefes y Soberanos de las naciones amigas, se castigara con prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta pesos.

Uruguay

Código Penal

Artículo 138. (Atentado contra la vida, la integridad física, la libertad o el honor de los Jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos)

El que en el territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal, la libertad o el honor de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos a nueve años.

Si del hecho se derivara la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría.

Artículo 173. (Desacato)

Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios de alguna de las siguientes maneras:

1.               Por medio de ofensas reales, escritas o verbales, ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciere sus funciones, o fuera del lugar y de la presencia del mismo, pero en estos dos últimos casos, con motivo o a causa de la función.

2.               Por medio de la desobediencia abierta, al mandato de los funcionarios.

Se consideran ofensas reales, el penetrar con armas en el lugar donde los funcionarios ejercieren sus funciones, la violencia en las cosas; los gritos ademanes ofensivos, aun cuando no se dirijan contra éstos.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión.

Artículo 174. (Circunstancias agravantes)

Son aplicables a este delito, las agravantes previstas en los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 172.

Artículo 175. (Concepto del funcionario)

A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público.

32.             El artículo 366 contempla la defensa en base a pruebas para acreditar la verdad o la notoriedad de los hechos alegados cuando el ofendido es un funcionario público y los hechos y características atribuidas al mismo se refieren al desempeño de sus funciones y son de tal naturaleza que darían lugar a procedimientos legales o disciplinarios contra él.

Venezuela

Código Penal

Artículo 223. El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro del Congreso, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión de uno a tres meses.

2. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro del Congreso o algún funcionario

público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas.

Artículo 225. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes se haya cometido contra algún funcionario público, no por causa de sus funciones sino en el momento mismo de estar ejerciéndolas, se aplicarán las mismas penas reducidas de una tercera parte a la mitad.

Artículo 226. El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, político o administrativo, si el delito se ha cometido en el acto de hallarse constituido, o de algún magistrado en audiencia, será castigado con prisión de tres meses a dos años.

Artículo 227. En los casos previstos en los artículos precedentes, no se admitirá al culpable prueba alguna sobre la verdad ni aun sobre la notoriedad de los hechos o de los defectos imputados a la parte ofendida.

Artículo 228. Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, no tendrán aplicación si el funcionario público ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de sus atribuciones.

Artículo 229. En todos los demás casos no previstos por una disposición especial de la ley, el que cometa algún delito contra un miembro del Congreso o cualquier funcionario público, por razón de sus funciones, incurrirá en la pena establecida para el delito cometido, más el aumento de una sexta a una tercera parte.

Código de Justicia Militar [92]

               Artículo 502. El que amenace u ofenda de palabra o gestos al centinela, será castigado con arresto de seis meses a un año.  Si el hecho se cometiere en campaña la pena será de uno a dos años de prisión.

               Artículo 505. Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades.

b.        Violaciones al derecho a la libertad de expresión mediante el uso de leyes de desacato y difamación

33.             Durante todo el año 2000, en la región se utilizaron leyes sobre desacato y difamación para proteger a los funcionarios públicos e impedir la expresión de críticas al gobierno.  Si bien cada violación al derecho a la libertad de expresión es problemática por sí misma, el problema más grave es el efecto que estos incidentes pueden tener sobre la expresión pública de ideas. Cada una de estas acciones contra periodistas transmite un mensaje silenciador a aquellas personas que ejercen su derecho de informar. Lo que sigue a continuación as registran varios ejemplos prominentes de la región.

34.             En Chile, el periodista José Ale Averena, del periódico “La Tercera”, fue condenado en febrero de 2000 por “insultar” al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Servando Jordán.  Los cargos se basaron en un artículo publicado en 1998, en el cual Ale comentaba las razones por las que Jordán había dejado su cargo.  Ale fue condenado en virtud del Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y recibió una condena condicional de 541 días en prisión, que exige que informe regularmente a las autoridades.  También se presentaron cargos contra Fernando Paulsen, director de “La Tercera”, pero éste fue absuelto posteriormente por la Corte Suprema.

35.             Otro caso es el de Alejandra Matus, que abandonó Chile en 1999 para evitar ser arrestada por la publicación de su libro El libro negro de la justicia chilena.  Matus continúa exiliada en los Estados Unidos, país que le ha acordado asilo político.  El libro criticaba el poder judicial chileno por su falta de independencia y la corrupción de los jueces durante el régimen del general Augusto Pinochet.  La acusación contra Matus se basó en el Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado, y fue presentada por el juez de la Corte Suprema Servando Jordán por las acusaciones dirigidas contra él. El 19 de diciembre de 2000, un fallo del juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago Jaime Rodríguez “suspendió temporariamente el procedimiento legal...“ confirmando así la orden de arresto de Matus emitida en noviembre, lo que implica que sin otro recurso de apelación no puede retornar a su patria hasta que expire la prescripción en 13 años [93] .

36.             El 24 de enero de 2001, la Tercera Cámara de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó la sentencia de un tribunal inferior contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y el periódico La Nación por difamación. Los cargos fueron presentados por el ex Embajador Honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, a quien Herrera había vinculado a escándalos financieros en un artículo escrito para La Nación. Los hechos alegados habían sido publicados anteriormente en varias conocidas y respetadas publicaciones europeas, pero el tribunal falló contra Herrera porque los informes no habían sido adecuadamente verificados.  La Sociedad Interamericana de Prensa denunció este fallo, denominándolo “una forma de ley sobre insultos o desacato que procura proteger a los funcionarios públicos en forma sin precedentes mediante el castigo...” En vez de la reparación, el fallo procura establecer una sanción disuasiva que tiene por objeto intimidar y promover la autocensura” [94] .

37.             En Cuba, Angel Moya Acosta, miembro del Movimiento Opción Alternativa, y Julia Cecilia Delgado, directora de la Biblioteca Gertrudis Gómez de Avellaneda y presidenta de la Asociación por la Reconciliación Nacional y el Rescate de los Valores Humanos, fueron procesados por “desacato” y ambos fueron condenados a un año de prisión.  A Angel Moya Acosta también se le prohibió viajar por diez años a La Habana, donde viven su esposa y sus hijos.  Ambos fueron arrestados en relación con las detenciones masivas de disidentes que tuvieron lugar en los días anteriores al 10 de diciembre de 2000, el Día de los Derechos Humanos, con el fin de impedirles organizar protestas pacíficas.

38.             En julio de 2000 Néstor Rodríguez Lobaina, presidente del Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia, fue acusado de desacato, desorden público y daños y perjuicios y condenado a 6 años y dos meses de prisión.  Eddy Alfredo Mena y González, miembro del mismo movimiento, fue condenado por los mismos cargos a 5 años y un mes.

39. Además de las condenas del año pasado, dos periodistas continuaron presos en 2000, con sentencias por desacato. El periodista Manuel Antonio González Castellanos, corresponsal de la agencia independiente de noticias Cuba News, sirve actualmente una condena de dos años y siete meses de prisión por “falta de respeto” al presidente Fidel Castro.  Fue arrestado el 1 de octubre de 1998 por criticar a Castro frente a agentes de seguridad del Estado que lo detuvieron e insultaron en la calle. Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia independiente de noticias Línea Sur Press, sirve actualmente una condena de seis años de prisión por “falta de respeto” a Fidel Castro y Carlos Lage, miembro del Consejo de Estado de Cuba.  Fue condenado el 31 de octubre de 1997 después de publicar un artículo sobre los privilegios conferidos a los dirigentes políticos cubanos.

40.             El 19 de septiembre, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, editor de la revista Seminario de Ciudad Juárez, México, fue arrestado por cargos de difamación.  La denuncia fue presentada por el entonces Comisionado de Seguridad Pública, Javier Benavides González, contra Pinedo y el periodista Luis Villagrana.  La denuncia se basó en  un artículo escrito por Villagrana y publicado en Seminario, en el que se alegaba que Benavides y otros jefes de policía locales habían ayudado a proteger a traficantes de drogas.  Pinedo permaneció en prisión por una noche y fue dejado en libertad con una fianza de 15.000 pesos (US$ 1.590).  Villagrana se presentó voluntariamente al tribunal y también debió pagar una fianza de 15.000 pesos.  Benavides retiró la petición el 2 de octubre.  Si el caso hubiera prosperado, ambos periodistas habrían enfrentado posibles condenas de dos años de prisión.

41.             En noviembre de 2000, el Relator Especial tuvo noticias de que Juan Manuel Handal, director de La Carta de Panamá había sido sentenciado a 18 meses de prisión por el delito de “calumnia e injuria”. La denuncia en su contra fue presentada por el alcalde de Panamá, por un artículo de opinión que Handal había escrito sobre él durante su campaña.  La sentencia fue posteriormente reemplazada por una multa de 400 balboas.

42.             El 8 de agosto Gustavo Gorriti, director asociado de La Prensa y tres periodistas de ese  periódico, Miren Gutiérrez, Mónica Palm y Rolando Rodríguez, fueron citados a testificar en el caso contra ellos por “calumnias e injurias”. La denuncia contra ellos fue presentada por el Procurador General José Antonio Sossa por artículos publicados en La Prensa, en los cuales alegaban que Sossa había protegido a empresarios estadounidenses sospechosos de tráfico de drogas. La denuncia fue presentada en virtud del Artículo 175 del Código Penal, que establece que cualquier persona que publica o reproduce información perjudicial para la reputación de una persona en cualquier medio puede ser sentenciada a un período de 18 a 24 meses de prisión.  El juicio fue fijado para noviembre de 2000.

43.             Jean Marcel Chéry, periodista del periódico El Panamá América, fue sentenciado a 18 meses de prisión el 14 de julio de 2000, por el delito de “calumnia e injuria”.  Los cargos se basaron en un artículo que publicó en 1996 en El Siglo.  La sentencia se encuentra actualmente en apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

44.             El 22 de junio de 2000 Carlos Singares, director del periódico El Siglo, fue sentenciado a ocho días de prisión por desacato por el Procurador General José Antonio Sossa, en virtud del Artículo 386 del Código Judicial.  Singares había publicado un artículo que contenía acusaciones sexuales contra Sossa. El Artículo 386 confiere al Procurador General atribuciones sumarias para decretar prisión de hasta ocho días a cualquiera que lo ofenda, sin permitir la oportunidad de defensa.  Singares apeló esta condena mediante recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema, que determinó que el Artículo 386 era constitucional en virtud del Artículo 33 de la Constitución.  Singares estuvo preso desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto.  Además, el 2 de agosto el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó una sentencia de 20 meses contra Singares por supuesta difamación contra el ex presidente Pérez Balladares. La sentencia fue conmutada por una multa de US$1.875 y actualmente se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.

45.             Además de estos casos, según un informe publicado por la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, en la actualidad hay hasta 40 periodistas enjuiciados en Panamá por “insultos” o “difamación” [95] .

46.             En diciembre de 2000 James Beuzeville Zumaeta, director del programa radial La Razón, en Perú, fue sentenciado a un año de prisión en suspenso y daños y perjuicios por 8.000 nuevos soles (alrededor de US$2.300) por insultos y difamación agravada contra José Tomás González Reátegui, ex presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Loreto y ex ministro de la presidencia.  En su programa, Beuzeville alegó irregularidades y actos de corrupción cometidos por González durante su presidencia del CTAR.

47.             El 31 de octubre Adrián Aguilar Reyes, director del programa radial Huandoy Noticias, fue sentenciado a un año de prisión condicional y pago de daños y perjuicios monetarios de 1.500 soles (alrededor de US$430).  Aguilar fue condenado por difamación del Alcalde Pedro Crisólogo Castillo Flores como consecuencia de un informe en el cual mencionó algunas irregularidades graves durante una elección realizada el 9 de abril.  Después de estas declaraciones, la emisión se interrumpió repentinamente, y Aguilar acusó al alcalde Castillo de haberla ordenado para impedir que llegara al público más información sobre las irregularidades cometidas durante la elección.

48.             El 9 de agosto, se presentó una denuncia por difamación contra Alfredo del Carpio Linares, director de un programa radial titulado Veredicto: la voz del pueblo.  El alcalde provincial de Camaná, Enrique Gutiérrez Sousa, presentó la acusación en base a una entrevista con el congresista Rubén Terán Adriazola, del partido oficialista, en la cual Carpio le preguntó sobre ciertas irregularidades en los gastos públicos de la municipalidad de Camaná.  Las últimas informaciones indican que el alcalde estaba procurando una sentencia de tres años de prisión y la máxima multa permitida por la ley, de alrededor de US$28.000.  En agosto de 2000, se entabló juicio contra el periódico Liberación por supuesta difamación agravada de Juan Miguel Ramos Lorenzo, miembro del Tribunal Superior de Lima.

49.             En Venezuela, el abogado y profesor universitario Pablo Aure fue detenido por las autoridades militares el 8 de enero de 2001, por la publicación de un artículo en el que se expresaba sobre la actitud supuestamente sumisa de los militares frente al presidente Hugo Chávez.  Fue dejado en libertad el 10 de enero, pero sigue enfrentando cargos bajo la jurisdicción militar por violar el Artículo 505 del Código de Justicia Militar.

Conclusión

50.             Como lo indican los casos antes señalados, en todo el hemisferio se utilizan las leyes de desacato y difamación para castigar a periodistas y otras personas por difundir información que el público tiene el legítimo derecho de conocer en una sociedad democrática.

51.              Independientemente de la frecuencia con que se invoquen o apliquen, su existencia produce un efecto amedrentador sobre la expresión de críticas al gobierno.  Por esta razón, el Relator Especial insta a los Estados a la inmediata derogación de todas las leyes de desacato citadas en este Informe. Por la misma razón, los Estados deben adoptar medidas para eliminar las leyes penales de difamación, injurias y calumnias, particularmente en los casos en que la parte ofendida sea un funcionario público, e incorporar la doctrina del dolo real y efectivo en su legislación relativa a los delitos contra el honor y la reputación.

 


[[67]CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, 197-212.

[68] Ibid., 212.

[69] Ibid., 207.

[70] Ibid.

[71] Ibid., 209.

[72] Ibid., 211

[73] Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con la Libertad de Expresión, documento de la ONU No. E/C.4/2000/63, 18 de enero de 2000 (también puede obtenerse en inglés con el mismo número de documento).

[74] Ibid., párrafo 49.

[75] La Declaración de Chapultepec fue firmada por los  jefes de Estado de los siguientes países, que se comprometieron a cumplir sus disposiciones: Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y Uruguay.

[76] “Definir la Difamación:  Principios de Libertad de Expresión y de Protección de la Reputación”, aprobado por la organización no gubernamental Artículo XIX, Londres, julio de 2000.

[77] Ibid., Introducción.

[78] Ibid., Principio 4(a).

[79] Ibid., Principio 4(b) (iii).

[80] Ibid., Principio 7.

[81] Ibid., Principio 8.

[82] La Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 establece para los periodistas un proceso diferente que para los ciudadanos corrientes en casos de injurias, calumnias y difamación.  El Artículo 28 establece:

Artículo 28. Corresponde al jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de injuria y  calumnia contra los particulares, serán llevados potestivamente ante  el Jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado. Mas, si a titulo de combatir actos de los funcionarios públicos, se les injuriase, difamase o calumniase personalmente, podrán estos querellarse ante los tribunales ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan de delitos de prensa, aplicarán las sanciones del Código Penal, salvo que el autor o persona responsable diera ante el juez y por la prensa; satisfacción plena y amplia al ofendido, y que este acepte los términos de las satisfacción, con que quedará cubierta la penalidad.

El Artículo 15 establece que aquellos insultos que se dirigen exclusivamente al jurado son sólo pasibles de multas.

[83] Para más información véase Capítulo IV, sección correspondiente a la situación de la libertad de expresión en Chile. 

[84] En una carta dirigida a la Oficina del Relator Especial, de fecha 12 de enero de 2000, el Gobierno de México manifestaba que “no existen leyes llamadas de desacato en México”.  La misma expresaba que la Constitución de México protege decididamente la libertad en numerosos artículos.  El Artículo 6 establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.  El Artículo 7 establece que“es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.  Nuevamente , de acuerdo con este artículo, las únicas limitaciones posibles de este derecho son aquéllas que aseguran el respeto a la privacidad  y la protección de la moral y el orden público.  El Artículo 70 contempla “formas y procedimientos para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.  El Artículo 109 establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.  El gobierno también señalaba algunos ejemplos de la jurisprudencia de la Corte Suprema que respaldan decididamente el derecho a la libertad de expresión.  En una declaración, la Corte afirmaba que “entre los derechos del hombre figura el poder de juzgar a los funcionarios públicos”. (Pleno, Quinta Época Seminario Judicial de la Federación, Tomo X, página 452, Martínez H. Alberto- 21 de febrero de 1922. -Seis votos).  La Corte declaró posteriormente que los funcionarios públicos “que llevan a cabo funciones en interés de la sociedad, están sujetos a las críticas de los gobernados, que tienen el derecho, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Constitución, de que la libre expresión de sus ideas no esté sujeta a ninguna investigación judicial o administrativa, excepto en los limitados casos en que constituya un ataque contra la moral, el derecho de terceros o perturben el orden público”. (Primera Sala, Quinta Época, Seminario Judicial de la Federación, Tomo XLV, página 3810, Arriola Valadez Agustín. 28 de agosto de 1935. - Cuatro votos).  El gobierno afirma que las disposiciones del Artículo 189 del Código Penal y el Artículo 3 de la Ley sobre Delito de Imprenta constituyen legislación secundaria que debe interpretarse en el contexto de la constitución.  Estas disposiciones, afirma el gobierno, están sujetas a los principios de la Constitución y a la interpretación que les da el poder judicial, que aplica las pruebas de jurisprudencia antes descritas que “en el espíritu de la Carta Magna” aseguran a los gobernados el pleno ejercicio de sus derechos individuales en materia de libertad de expresión.

[85] Artículo 351 (I) del Código Penal de México.

[86] Debe señalarse que el Artículo 176 del Código Penal expresa que “no es injuria la crítica que se haga a asuntos de naturaleza política, a los actos del Gobierno, de sus instituciones u organismos, a la filosofía de las leyes o a las actuaciones de los funcionarios públicos”.

[87] Según el Defensor del Pueblo de la República de Panamá, esta sección de la Constitución no tendría efecto si se derogaran las leyes sobre desacato, porque el lenguaje de      la sección con respecto a “los términos precisos de la ley” implica la necesidad de legislación justificativa.  Sin embargo, la sección todavía causa preocupación, ya que constituye la base legal de las leyes sobre desacato.

[88] En las disposiciones penales sobre injurias, calumnias y difamación, la verdad es aceptada como defensa absoluta en casos de injurias; sin embargo, en el caso de calumnias, la prueba de la verdad sólo es aceptada en casos que involucre funcionarios públicos o corporaciones públicas o privadas (Artículo 176).  El Artículo 178 establece que no se comete delito contra la buena reputación a través de la discusión, la crítica y la opinión sobre actos u omisiones de los servidores públicos. 

[89]El Artículo 133 del Código Penal establece que se comete calumnia o difamación en el caso de comentarios o información que contienen opiniones desfavorables acerca de un funcionario público en el desempeño de sus funciones.

[90] Véase el Artículo 134 del Código Penal.

[91] Artículo 37 de la Ley de Expresión y Propagación de Ideas.

[92] Los civiles que violan esta ley están sujetos a enjuiciamiento en un tribunal militar.

[93] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Reiterates Call for Repeal of Insult Laws, Court Upholds Journalist´s Conviction on Contempt Charges”, 27 de diciembre de 2000.

[94] Sociedad Interamericana de Prensa, “IAPA Condemns Ruling Against Journalist and Daily “La Nación”“ , 29 de enero de 2001.

[95] Reporteros sin Fronteras.

 

CAPÍTULO V

CASOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DENTRO DEL
 SISTEMA INTERAMERICANO

1.        Casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

1.                Caso Baruch Ivcher Bronstein Contra El Estado PeruanoLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) presentó una demanda en favor del señor Baruch Ivcher Bronstein (en adelante “el señor Ivcher”) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por violación, entre otros, al  artículo 13 de la Convención y los principios establecidos en los artículos 1, 5 y 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de febrero de 2001 la Corte dictó sentencia anunciando que “el Estado [peruano] privó arbitrariamente del título de nacionalidad al señor Ivcher Bronstein, ciudadano peruano por naturalización, accionista mayoritario, Director y Presidente del Directorio del Canal 2 -Frecuencia Latina-  de la televisión peruana, con el objeto de desplazarlo del control editorial de dicho Canal y de coartar su libertad de expresión, la cual se manifestaba a través de denuncias de graves violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción” [287]  

2.                  Con base en prueba testimonial, la prueba pericial y los hechos probados, la Corte concluyó que el Estado peruano violó el derecho a la libertad de expresión, consagrados en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio del señor Ivcher. Asimismo, dictó que “al separar al señor Ivcher del control del Canal 2 y excluir a los periodistas del programa de Contrapunto, no sólo [se] restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opinión, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opiniones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.” [288]

3.                Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile). La Comisión Interamericana presentó una demanda contra la República de Chile (en adelante “el Estado” o ¨Chile¨) con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación por parte de Chile del articulo 13 de la Convención entre otros.  Dichas violaciones se “habrían producido en perjuicio de la sociedad chilena y, en particular, de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película  “La Última Tentación de Cristo” confirmada por la Excelentísima Corte Suprema de Chile¨[…]. [289]  

4.                Durante la audiencia pública del 18 de noviembre de 2000 la Comisión expuso ante la Corte que “la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” […] viola el artículo 13 de la Convención, ya que éste señala que el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a censura previa.  Además, el objeto de esta norma es proteger y fomentar el acceso a información, a las ideas y expresiones artísticas de toda índole y fortalecer la democracia pluralista […].” [290]

5.         Con base en prueba documental, testimonial y pericial y los hechos probados, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión con “ la prohibición de la exhibición de la película  “La Ultima Tentación de Cristo” [pues] constituyó, […] una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención. [291]

2.        Casos Declarados Admisibles durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000.

            6.         Caso 12.142 Alejandra Matus Acuña, Chile. La Comisión declaró el caso admisible por supuestas violaciones, entre otros, al artículo 13 de la Convención Americana.  La demanda versa sobre la incautación del libro “El Libro Negro de la Justicia Chilena” escrito por la periodista Alejandra Marcela Matus Acuña, y publicado por la Editorial Planeta de dicho país.  En esa misma fecha se requisaron todos los ejemplares del libro mencionado, dentro de un procedimiento judicial  por infracción de la Ley de Seguridad del Estado de Chile.  El 16 de junio de 1999 fueron arrestados dentro del mismo juicio los señores Bartolo Ortiz y Carlos Orellana, directivos de Editorial Planeta de Chile; ambos fueron liberados y sobreseídos dos días después.  Ante una inminente detención, los Estados Unidos  otorgaron asilo político a la periodista Matus Acuña quien se encuentra actualmente  en dicho país desde junio de 1999.  A la fecha del presente informe, los libros siguen requisados y el proceso judicial, en el cual la periodista ha sido declarada en rebeldía, permanece abierto. 

            7.         Caso 11.395 Juan José López, Argentina. Sin prejuzgar sobre el fondo, la Comisión declaró el presente caso admisible en lo relativo a la supuesta violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención. El 29 de setiembre de 1994, Juan José López, trabajador de la L.R.A. 7 Radio Nacional de Córdoba presentó una denuncia ante la CIDH por que no haber percibido fondos de jubilación de periodistas durante el período de servicios prestados a Radio Nacional. López, miembro del Circulo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN) y miembro de su Comisión Directiva con cargo de vocal suplente desde diciembre de 1988 hasta diciembre de 1990, fue privado de sus tareas en la radio sin expresión de causa el 2 de julio de 1990.

3.                 Medidas Cautelares

            8.         Baruch Ivcher Bronstein y otros, Perú.  Luego de la audiencia pública celebrada los días 20 y 21 de noviembre en San José, Costa Rica, y a pedido de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 21 de noviembre de 2000,  medidas provisionales en favor del señor Ivcher y su familia solicitando al gobierno Peruanos que “adopte sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales.” La Corte otorgó iguales medidas en favor de Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova, José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín, y Fernando Viaña Villa.

            9.      Fabián Salazar Olivares, Perú.  El 26 de mayo de 2000 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares en favor del señor Fabián Salazar Olivares, las cuales se tramitaron en el contexto del caso 12.286.  De acuerdo con la información recibida, agentes del Servicio de Inteligencia Nacional ingresaron en la oficina del periódico donde trabajaba el señor Salazar y lo torturaron con el objeto de quitarle unos videos.  La Comisión solicitó al Estado peruano la adopción de medidas para salvaguardar la vida, integridad personal y libertad del señor Salazar.  El 14 de julio de 2000 el Estado manifestó no poder cumplir con las medidas cautelares pues el señor Salazar había salido del país el 31 de mayo de 2000.

            10.     Genaro Delgado Parker, Perú.  El 10 de marzo de 2000 la Comisión otorgó medidas cautelares en favor del señor Delgado Parker quien según información recibida habría sido despojado del control de la cadena televisiva Red Global y de los equipos de radiodifusión de la radioemisora de su propiedad Radio 1160.  Habiendo transcurrido el plazo inicial de las medidas cautelares sin que éstas hayan sido ejecutadas por el Estado peruano, la Comisión, el 2 de noviembre de 2000, extendió  las medidas cautelares por seis meses adicionales a fin de que se le restituya la administración de la empresa televisiva Red Global, Canal 13 y que se establezcan normas para devolver a la radiodifusora 1160 los transmisores y demás equipos necesarios para reiniciar de inmediato sus actividades regulares de emisión.  El 18 de diciembre de 2000 el Estado peruano informó a la Comisión que había cumplido con las medidas cautelares.

            11.       Carlos Singares Campbell,  Panamá.  El 7 de julio de 2000 la Comisión otorgó medidas cautelares en favor del señor Carlos A. Singlares Campbell, director del diario El Siglo.  Según información recibida, el señor Singares habría sido detenido por violación a las leyes de desacato,  luego de la publicación de un articulo periodístico crítico que involucraba posiblemente al Procurador General de la Nación señor José Antonio Sossa,  en actos contrarios a la ley.  La Comisión otorgó las medidas cautelares por un plazo de 30 días y solicitó al Estado que dejase sin efecto la orden de arresto y que garantice el derecho a la integridad y libertad personal y la libertad de expresión.

            12.       Pablo López Ulacio, Venezuela. El 7 de febrero de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del periodista Pablo López Ulacio director del semanario La Razón. La Comisión indicó que el señor López Ulacio se “encuentra en una situación de grave riesgo y se solicitó que cese el hostigamiento contra la libertad de expresión del periodista y en consecuencia, se levante la medida de censura previa que pesa en su contra, la cual comprende al semanario La Razón. Según información recibida, el semanario La Razón publicó desde febrero de 1999 una serie de reportajes investigativo de hechos de corrupción que involucraban a altas personalidades del poder político venezolano.  Asimismo se alega que dichas publicaciones dieron origen a que el periodista Pablo López y sus familiares recibieran amenazas de muerte.  Por otra parte, se alega que el periodista fue víctima de otras formas de hostigamiento que incluye campañas de desprestigio, la suspención de avisos publicitarios oficiales y una querella penal por delito de difamación.

            13.       Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario La Nación, Costa Rica. El 1 de marzo de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado costarricense la adopción de medidas cautelares para preservar los derechos del señor Mauricio Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser del diario La Nación.  Según información recibida, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena penal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa a 120 días multa e instruyó la inscripción de su nombre en el Registro Judicial de Delincuentes por dar a conocer información publicada en medios europeos que cuestionan al ex-Embajador honorario de Costa Rica ante la Comisión de Energía Atómica, Félix Przedborski por presunto “daño moral”.  Asimismo, por publicar dicha información,  el periódico La Nación debe pagar honorarios del abogado contrario y se le ha dispuesto la prohibición judicial de "retirar el enlace existente en La Nación Digital que se encuentra en el Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, así como establecer una liga entre estos artículos y la parte dispositiva de esta sentencia, cuya publicación ha sido ordenada”. 

            14.       La Comisión sostiene que los hechos denunciados, podrían constituir "daños irreparables" a los derechos humanos del periodista Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser del diario La Nación como así también representa un daño irreparable para  los ciudadanos costarricenses que se ven privados de acceder a información sobre las actividades de los funcionarios públicos.  Con respecto al Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión la Comisión ha interpretado como  “daño irreparable” el cercenamiento de medidas que limiten la libertad de expresión.  El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez de dar a la ciudadanía un instrumento básico de participación informada. 


[287] Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú.  Sentencia de 6 de febrero de 2001, pág. 1.

[288] Ibidem, Sección XIV Violación del Artículo 13 (Libertad de Expresión) pág.. 65.

[289] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile) Sentencia de 5 de Febrero de 2001, Introducción de la Causa,  párr. 1.

[290] Ibidem, Sección VIII Artículo 13 Libertad de Pensamiento y Expresión, párr. 61b.

[291] Ibidem, párr. 71-73.

 

CAPÍTULO VI

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

            1.         En el hemisferio existe una gama muy amplia de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Estas violaciones van desde un estado de censura casi absoluta, como es el caso de Cuba, hasta simples impedimentos administrativos o burocráticos en la búsqueda de información.

            2.         El asesinato de periodistas es la mayor preocupación de la Relatoría, debido principalmente al valor de la vida humana que se vulnera y el efecto amedrentador que siembra sobre toda la sociedad.  El Relator Especial recomienda a los Estados miembros que, en el caso de asesinatos, secuestros, amenazas e intimidaciones a periodistas, se realice una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos y se juzgue y sancione a todos los responsables.

            3.         Más allá de la gravedad de los asesinatos a periodistas, el obstáculo principal para el goce pleno del derecho a la libertad de expresión es la legislación utilizada por las autoridades para silenciar las críticas.  Es fundamental que se reforme en algunos casos, y se incorpore en otros, principios normativos que garanticen el derecho a la libertad de expresión.  La ley y el respeto a la misma, como así también la libertad de expresión, son pilares fundamentales para la existencia de una sociedad democrática.  La deficiencia en ambas áreas, como ocurre en algunos Estados del hemisferio, representa una amenaza constante para la estabilidad democrática del hemisferio.

            4.         El Relator Especial recomienda a los Estados miembros que adecuen su legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sé de pleno cumplimiento a lo dispuesto por el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo recomienda a los Estados miembros que consideren adecuar su legislación interna y sus prácticas según los parámetros establecidos por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 

            5.                 El Relator Especial recomienda a los Estados miembros derogar las leyes que consagran la figura de desacato, ya que restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático y además son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

            6.                 Asimismo, el Relator recomienda a los Estados incorporar en sus legislaciones el sistema de protección dual en relación a las personas públicas y privadas, que trae como consecuencia práctica la aceptación de la doctrina de la “real malicia” y la consecuente modificación de las leyes de calumnias e injurias. 

            7.                 El Relator Especial recomienda a los Estados miembros que se garantice efectivamente, tanto de iure como de facto el acceso a la información y habeas data a todos los ciudadanos, por ser ambos elementos esenciales de la libertad de expresión y del sistema democrático.

            8.                 El Relator Especial recomienda asimismo la eliminación de cualquier calificativo que pueda implicar una censura previa a la libertad de expresión, tal como la exigencia de veracidad de la información.

            9.                 El Relator quiere agradecer a los diferentes Estados que han colaborado durante este año con la Relatoría, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva por su constante apoyo.

            10.             Por último, el Relator Especial quiere agradecer a todos aquellos periodistas independientes que día a día cumplen con una de las funciones más importantes de la sociedad democrática, como es el de informar a los ciudadanos para que éstos ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones contando con la información necesaria.

 

ANEXOS

 

(OJO FALTA EL ART. 13)

 

COMUNICADO DE PRENSA

                                PREN/25/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATOS Y AGRESIONES DE CIUDAD DE GUATEMALA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA  Santiago A. Canton, condena  el asesinato del periodista gráfico del diario Prensa Libre Roberto Martínez, así como las agresiones a sus colegas Christian Alexander García, camarógrafo de Notisiete y Julio Cruz de Siglo Veintiuno, hechos ocurridos el 27 de abril mientras cubrían el cuarto día de protestas  en  Ciudad de Guatemala por el alza de tarifa del transporte urbano. Asimismo condena el asesinato de Josefina Ceballos y Sergio Giovanni Ortiz, quienes murieron horas después de ser trasladados a un hospital de la ciudad. Según se ha informado preliminarmente, los autores de los hechos descritos habrían sido guardias de seguridad de una empresa particular, quienes habrían disparado indiscriminadamente contra la multitud, alcanzando a todas estas personas. Estos presuntos autores se encontrarían detenidos.

            El Relator manifiesta su más profundo repudio por este crimen y llama a las autoridades guatemaltecas a esclarecer los hechos ocurridos y sancionar a sus responsables.  El asesinato de periodistas es la forma más brutal de atentar contra la libertad de expresión. En nuestro continente, al menos150 periodistas han sido asesinados en las últimas décadas y muchos otros amenazados e impedidos de ejercer su labor. Estas cifras horrorosas muestran que la profesión de periodista ha pasado a ser la más peligrosa del hemisferio.

            La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y a reparar el daño producido por la violación ocurrida. En el caso de periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la inexistencia de una investigación completa del asesinato de un periodista y la sanción penal de los autores materiales e intelectuales, resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. La impunidad de estos crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar atropellos, abusos e ilícitos de toda índole.

            El Relator llama al Estado de Guatemala a realizar a la brevedad una investigación seria y efectiva de los asesinatos del periodista Robero Martínez y los señores Josefina Ceballos y Sergio Giovanni Ortiz, así como las agresiones sufridas por los periodistas Christian Alexander García y Julio Cruz y a sancionar a todos los responsables de los mismos. Asimismo, el Estado guatemalteco debe realizar todos sus esfuerzos para que este crimen no quede en la impunidad y al mismo tiempo buscar mecanismos para otorgar una protección efectiva a todos los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su valiosa tarea de informar a la sociedad.

Washington, D.C., 28 de abril de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN26/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION PRESENTO SU INFORME ANUAL

En el día la fecha se presentó en Washington el Informe Anual sobre Libertad de Expresión en las Américas ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  Dicho informe forma parte del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue preparado por la Relatoría para la Libertad de Expresión.  La Relatoría es una institución creada dentro del ámbito de la CIDH y cuenta con el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, que le dieron su apoyo durante la Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998.  El Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, asumió sus funciones en noviembre de 1998.

De acuerdo al informe, en el presente existe mayor libertad de expresión que en años anteriores, cuando una mayoría de gobiernos dictatoriales o autoritarios constituían una clara limitación a la libertad de expresión.  Sin embargo, el informe agrega que la libertad de expresión continúa siendo uno de los blancos principales de gobiernos autoritarios u otros grupos o individuos, que encuentran en en el ejercicio de ésta, el principal obstáculo para sus proyectos autoritarios. Por otra lado, atacando la libertad de expresión se busca evitar la transparencia que demanda la sociedad para poner límite a los casos de corrupción que perjudica la estabilidad democrática de los países.  “Es precisamente con mayor libertad de expresión que lograremos profundizar y consolidar la democracia.  A pesar de las dos décadas de proceso democrático, la democracia aún se encuentra limitada en algunos de los Estados del hemisferio”, según se expresa en el Capítulo de Introducción del Informe.

La violencia contra periodistas continúa siendo una práctica constante en varios países del hemisferio.  “Asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurren con frecuencia y gran número de Estados continúan sin adoptar las medidas necesarias para lograr que estos crímenes no queden impunes.”  Durante el año 1999, según la Relatoría, hubo seis casos de asesinatos de periodistas.  Cinco ocurrieron en Colombia y uno en Argentina.  Estos se suman a los cientos de casos de asesinatos a periodistas en las Américas en la ultima década y que en la gran mayoría de los casos los autores de los crímenes han permanecido impunes.

Mas allá de la violencia contra periodistas, en el informe se hace hincapié en la necesidad de que se efectúen una serie de reformas en las leyes para adecuarlas a las normas internacionales de defensa de la libertad de expresión e información.  “Es necesario profundizar en las reformas institucionales, específicamente en las legislaciones de los países del hemisferio, para garantizar que la libertad de expresión encuentre en los ordenamientos jurídicos nacionales una defensa adecuada”. En el informe se recomienda que se deroguen las leyes de desacato y se modifiquen las leyes de calumnias e injurias, que en muchos casos son utilizadas como mecanismos para limitar la libertad de expresión. La Relatoría recomienda especialmente que se descriminalice este tipo de ofensas.

Además, en el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión se recomienda a los Estados que implementen legislación que garantice el derecho de acceso a la información.  “Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos mas eficaces para combatir la corrupción,” señala el Dr. Canton. Asimismo, el informe agrega que las leyes de acceso a la información contribuyen a garantizar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal. Sobre este particular, la Relatoría quiere destacar la buena disposición del Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que en una reciente visita del Relator Especial a Guatemala se comprometió a enviar legislación al Congreso que ponga en práctica el ejercicio de este derecho.

En el informe se menciona la preocupación de la Relatoría por la incorporación del artículo del derecho a la información veraz en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según el informe “esta doctrina produce precisamente el efecto opuesto al que supuestamente sus promotores argumentan como fundamento para su aplicación. Es decir, la búsqueda de la verdad en la información se ve seriamente limitada al impedirse el libre flujo de la misma como consecuencia del temor a las sanciones que se puedan imponer.”  De acuerdo al Relator Especial,  “en general, hay que reconocer, que detrás del derecho a la información veraz se esconde la intención de crear mecanismos que permitan silenciar las críticas a las autoridades.  En una democracia, las críticas a las autoridades son uno de los principales medios de control que tiene la sociedad sobre los abusos.  La aplicación práctica de este principio trae consecuencias muy negativas para el sistema democrático.”

En el informe también se hace mención a la necesidad de asegurar la protección y respeto del derecho a la libertad de expresión e información de la mujer.  “La falta de acceso a una educación igualitaria constituye una violación directa al derecho de la mujer a buscar y recibir información.”  Las estadísticas revelan una importante desigualdad entre el hombre y la mujer con relación a los niveles de alfabetización.  A la diferencia en la educación se suma la limitación a la libertad de expresión por la intimidación que producen los actos de violencia doméstica. En muchas ocasiones, la mujer opta por no denunciar los hechos a la justicia, se recluye y no participa de la vida en sociedad.

Con respecto a Internet, el informe recomienda a los Estados no ejercer ningún tipo de regulación que viole las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  “Dichos instrumentos permiten una interpretación amplia sobre la libertad de expresión.”

El informe hace mención al estado de la libertad de expresión en algunos países del hemisferio.  En especial expresa su preocupación por el estado de la libertad de expresión en Cuba y Perú.  En relación con Cuba, la Relatoría considera que no existe libertad de expresión.  “Mientras no se produzcan cambios que conduzcan a una democratización del país y reconocimiento de los demás derechos fundamentales, es imposible el desarrollo del derecho a la libertad de expresión.”

En Perú, el Relator Especial considera que no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.  Según el informe, “ la limitación principal a la libertad de expresión se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos.  A este plan sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del Poder Judicial, en cuanto no investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación.”

Por último, el informe del Relator Especial hace también mención a los progresos en materia de libertad de expresión que se han logrado en países como Panamá y Argentina. En el caso de Panamá, el Dr. Canton hace referencia a la derogación de algunas “leyes mordaza”, constituyendo un importante paso adelante del gobierno panameño en la desarticulización del andamiaje legal restrictivo de la libertad de expresión. En el caso de Argentina el informe destaca la existencia de un proyecto de ley que modificaría la legislación sobre calumnias e injurias. Este proyecto se encuentra en trámite legislativo en el Senado argentino y, de aprobarse, podría servir de ejemplo para el resto de los países del hemisferio y constituir uno de los avances más significativos en materia de libertad de expresión y progreso democrático.

Washington, D.C., 11 de mayo de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

 PREN27/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA LOS SERIOS ATAQUES A LA PRENSA PERUANA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago A. Canton, expresa su condena por el ataque perpetrado contra el periodista Fabián Salazar, colaborador del diario La República. De acuerdo a la información recibida, Salazar fue torturado por desconocidos que ingresaron en sus oficinas el día 24 de mayo. Los atacantes hirieron de gravedad con una sierra la mano del periodista y se apoderaron de material periodístico, parte de su archivo, así como también del disco rígido de su computadora. Finalmente, los agresores intentaron quemar las oficinas para simular un accidente. Según el señor Salazar, en los días anteriores había recibido información “demasiado comprometedora para este gobierno,” por cuanto vinculaba a funcionarios del máximo organismo electoral con personas relacionadas a los servicios de inteligencia. Asimismo, el señor Salazar es colaborador del señor Baruch Ivcher, ciudadano peruano,  al que según la CIDH se lo despojó arbitrariamente de su título de nacionalidad quitándole efectivamente el control del Canal 2 de Televisión. La Relatoría para la Libertad de Expresión exhorta a las autoridades peruanas a que hagan todos los esfuerzos necesarios para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este violento hecho.

Asimismo, son de suma preocupación para la Relatoría las persistentes presiones judiciales de las que está siendo víctima el diario El Comercio, uno de los principales medios de comunicación independientes. El Relator Especial recibió información acerca de las acciones judiciales contra este diario que podría afectar seriamente la estabilidad empresarial y editorial del mismo. Al respecto, el Relator Especial expresó en el Informe Anual que la limitación principal a la libertad de expresión en Perú se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos. A este plan sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del poder judicial, en cuanto no investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación.

Tal como ha sido señalado en el reciente Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en el Perú no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de oposición o críticas a la gestión del gobierno a través de los medios de comunicación. Estos hechos se suman a un gran número de denuncias recibidas por la Relatoría desde hace mas de un año. Estas denuncias incluyen, entre otras, casos de persecución, hostigamientos, amenazas, persecución judicial, campañas de desprestigio, actos de violencia y secuestros, en contra de periodistas de investigación y políticos de oposición. Todos estos hechos representan una situación en donde el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión está siendo seriamente limitado. En las actuales circunstancias, la Relatoría considera importante destacar que el libre ejercicio del derecho al sufragio está siendo claramente restringido frente a la información mayoritariamente parcializada que ha recibido la  sociedad peruana.

Washington, D.C.,25 de mayo de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN28/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION VIAJA A PANAMA

Washington, 5 de julio.- El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dr. Santiago A. Canton, visitará Panamá los días 10, 11, 12, 13 y 14 de julio próximo en respuesta a una invitación formulada por el gobierno de ese país.

Durante su visita, el Relator Especial se reunirá con autoridades del Estado  panameño, directores de los medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para recabar información sobre el estado de la libertad de expresión en  Panamá.

La Relatoría para la Libertad de Expresión es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue creada por ésta con el pleno respaldo de la II Reunión Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Santiago, Chile,  en abril de 1998. Sus funciones son las de proteger y promover un mayor respeto a la libertad de expresión en el hemisferio, considerado uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Washington, D.C., 5 de julio de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/29/00

EVALUACION PRELIMINAR SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN PANAMA

1.            La libertad de expresión en el hemisferio es una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a múltiples requerimientos de amplios sectores de la sociedad civil de las Américas,  la CIDH creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Relatoría es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, que opera dentro del marco  jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La Relatoría para la Libertad de Expresión cuenta con el apoyo de los Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio, quienes durante la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Chile en abril de 1998, hicieron pública su preocupación sobre el estado de la libertad de expresión en sus países y celebraron la creación de la Relatoría.

2.            Los objetivos de la Relatoría son, entre otros, estimular la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión en el hemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos y formular recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la libertad de expresión, a fin de que se adopten medidas progresivas a su favor.

3.            La libertad de expresión es fundamental para el desarrollo y consolidación de los procesos democráticos, toda vez que es indispensable para la formación de la opinión pública. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión es fundamental para que “los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre.”

4.            La libertad de expresión comprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En este sentido, ésta tiene una doble dimensión, comprende el derecho de cada persona de no ser menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y al mismo tiempo comprende un derecho colectivo, a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

CARACTER Y OBJETIVOS DE LA VISITA

5.                  El Dr. Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culminó el día de hoy una visita de cinco días a Panamá, a invitación del gobierno y en atención a posteriores requerimientos de diversos sectores de la sociedad panameña.

6.   En el transcurso de los últimos cinco días, el Relator Especial cumplió con una agenda de actividades y reuniones que incluyeron autoridades del Estado panameño; directores de los medios de comunicación; asociaciones gremiales de trabajadores de la prensa; cámaras de propietarios y trabajadores de medios de comunicación; periodistas independientes; instituciones académicas; representantes de organizaciones de derechos humanos y otras instancias de la sociedad civil, con el fin de tomar contacto, recabar información y analizar el estado de la libertad de expresión en Panamá.

7.                  El Relator Especial quiere agradecer la disposición de las autoridades panameñas para permitirle realizar su trabajo con plena independencia y autonomía, su voluntad para colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y su disposición a atender las recomendaciones específicas planteadas durante esta visita. Asimismo, el Relator Especial quiere extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y especialmente a los periodistas, por la importante información que le suministraron durante esta visita.

APRECIACIONES GENERALES

8.                  El cúmulo de información recibida durante estos cinco días será evaluada oportunamente, y en el futuro próximo la Relatoría emitirá un informe detallando las actividades y resultados de la visita.

9.                  Sin perjuicio de lo anterior, el Relator Especial desea manifestar las siguientes conclusiones, observaciones y recomendaciones preliminares que emergen de esta visita:

10.               La Presidenta de la República ha expresado su clara voluntad de promover una amplia y firme libertad de expresión en Panamá y de colaborar con la Relatoría para la Libertad de Expresión en todo lo que sea necesario para la consecución de dicho fin.

11.              La Relatoría reconoce que el avance democrático de Panamá ha contribuido notablemente en el desarrollo del derecho de libertad de expresión. La Relatoría celebra la buena disposición de la Presidenta, que ha demostrado tanto en las palabras como en los hechos, su voluntad de finalizar con las restricciones existentes al derecho de libertad de expresión. La derogación de algunas de las leyes denominadas mordaza en diciembre de 1999, es particularmente destacable considerando que con anterioridad, otros gobiernos, expresaron la misma voluntad, pero nunca lograron llevarlo a la práctica. La Relatoría confía en que la buena disposición de la Presidenta en sostener y ampliar el derecho a la libertad de expresión de los panameños continúe durante todo su mandato.

12.              Asimismo, la Relatoría quiere reconocer la buena disposición de la Asamblea Legislativa para llevar adelante las reformas planteadas por la Presidenta. Esta buena disposición permitirá que se continúe con la modificación de la legislación panameña para adecuarla a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

13.              En su informe anual de 1999, la Relatoría reconoció a Panamá como uno de los Estados en que ha habido progresos en materia de libertad de expresión. Especialmente debido a la ley 55 del mes de diciembre de 1999, impulsada por el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, que implicó la derogación de los artículos 15, 16, 17 y 19 de la ley 11 y de la ley 68.

14.               Durante su estadía, el Relator Especial pudo observar un amplio y libre debate de ideas y opiniones. Únicamente a través de un debate de ideas sin restricciones en todos los medios de comunicación, se podrá continuar afianzando el proceso democrático.

15.              Sin embargo, el Relator Especial también recibió información sobre casos y situaciones de restricciones a la libertad de expresión que constituyen una preocupación de la Relatoría, y que deben ser investigadas y oportunamente solucionadas por las autoridades. A continuación se hace referencia a estas restricciones.

MARCO NORMATIVO

16.              A pesar de las reformas legales realizadas por el actual gobierno, continúa existiendo un conjunto de leyes anacrónicas que limitan el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este cuerpo normativo es utilizado por algunos funcionarios públicos con el fin de acallar críticas en su contra.

17.              Existen una serie de disposiciones que consagran las llamadas "Leyes de desacato". Estas leyes, entendidas como aquellas que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información reconocidos en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

18.              Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las leyes que  protegen el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.

19.              Asimismo, la Relatoría ha establecido en su informe anual de 1999 que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. Por consiguiente, cuando se restringe la libertad de expresión e información, se impide o limita el control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos y se transforma a la democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para imponerse sobre la voluntad de la sociedad.

20.              La Relatoría pudo comprobar la existencia de la figura del desacato en varias disposiciones legales. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo y de conformidad a la información recibida, la Relatoría considera que  las siguientes normas consagran el desacato y son por lo tanto incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 33 de la Constitución Política de la República; artículos 202 y 386 del Código Judicial; artículo 827 del Código Administrativo sobre penas correccionales; artículo 45 del Código Administrativo sobre la Administración Municipal y artículos 307 y 308 del Código Penal. En este sentido, la Relatoría apoya el proyecto de ley de derogación de leyes de desacato elaborado por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.

21.              Asimismo, la Relatoría pudo observar la existencia de procesos penales por injurias y calumnias iniciados por funcionarios públicos, personas públicas o particulares que voluntariamente se han involucrado en asuntos de interés público, contra comunicadores sociales. La Relatoría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización de estos procesos como un mecanismo para limitar la libertad de expresión.

22.               La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en los casos de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, personas públicas o particulares que voluntariamente se hayan involucrado en asuntos de interés público, son suficientes las acciones civiles, y expresó que: “ la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen  el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla."

23.              De acuerdo a la información recibida, la utilización de estas normas –calumnias e injurias y desacato- ha permitido que, en ocasiones, algunos individuos sean perseguidos, hostigados y/o encarcelados por expresar sus opiniones. Esta práctica constituye la preocupación principal de la Relatoría ya que ninguna persona debe ser privada de libertad por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en relación a funcionarios públicos.

24.              La Relatoría ha recibido información sobre algunos casos iniciados por la Procuraduría General de la Nación y otros funcionarios en contra de comunicadores sociales. Estas prácticas representan una clara limitación a la libertad de expresión. La Relatoría tuvo la oportunidad de reunirse con el Procurador y expresarle su seria preocupación al respecto. La Relatoría confía en que el Procurador encontrará otros mecanismos legales que le permitan cumplir con sus obligaciones, sin violar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

25.              La Relatoría ha recibido información acerca de la existencia del decreto de gabinete 251 de 1969 que crea la Junta Nacional de Censura y las Juntas Distritoriales y sobre Control de Espectáculos Públicos, Películas Cinematográficas, Televisión, Publicaciones y Transmisiones radiales en disco. No se ha recibido ningún comentario que indique una seria preocupación por la utilización de este decreto. Sin embargo, la Relatoría considera que esta norma puede ser utilizada en perjuicio de la libertad de expresión e inclusive constituir un organismo de censura previa, expresamente prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana.

26.              Muchas personas han expresado su preocupación por la existencia de recientes proyectos de ley en que se estaría buscando incorporar preceptos legales que fueron recientemente derogados por su incompatibilidad con la libertad de expresión. Al respecto, la Relatoría señala que toda ley debe adecuarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

27.              De conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado panameño tiene la obligación de adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter necesarias, si no existieren, para garantizar y hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención Americana. Todo Estado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole.

ACCESO A LA INFORMACION Y HABEAS DATA

28.            La Relatoría recomendó a las autoridades la promulgación de leyes para garantizar un cumplimiento eficaz del derecho de acceso a la información y la acción de habeas data.  La Relatoría celebra la voluntad del gobierno de  regular la acción de habeas data  y confía en que esta voluntad se mantenga para regular el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Ambos son aspectos fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad democrática y una amplia libertad de expresión e información.

29.            Sobre este particular, la Relatoría desea expresar lo siguiente:

                30.            El derecho de acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la democracia representativa. En un sistema representativo, los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir sobre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimismo, la información que el Estado utiliza y produce se logra con fondos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.

            31.            Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos más eficaces para combatir la corrupción. La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables”.  Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal.

            32.            Es importante destacar también que, a pesar de que el derecho de acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, su ejercicio no es absoluto. Así, el artículo 13.2 de la Convención Americana prevé ciertas restricciones. El principio general de la publicidad de la información en poder del Estado admite limitaciones cuando existe un interés que determina la necesidad de la reserva de la información. Estas restricciones son limitadas y deben estar expresamente previstas por la legislación.

            33.            Un aspecto importante del derecho a la información es la acción de habeas data. Mediante este procedimiento se garantiza a toda persona el acceso a información sobre sí misma o sus bienes contenida en bases de datos o registros públicos o privados y, en el supuesto de que fuera necesario, actualizarla o rectificarla. Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de

información sobre las personas. Paralelamente, la cantidad y velocidad en las comunicaciones, hace más importante la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en los bancos de datos electrónicos.

            34.            Además del reconocimiento del derecho de acceso a la información en poder del Estado y de la acción de habeas data, es fundamental que se disponga de un procedimiento rápido y eficaz para que estos derechos sean ejercidos en su plenitud. Deben eliminarse las trabas administrativas que en muchos Estados obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.

35.            Dentro de este análisis provisorio sobre la libertad de expresión en Panamá, la Relatoría no puede dejar de mencionar que la pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la población, afecta la libertad de expresión, toda vez que esas voces se encuentran postergadas; con difícil acceso al debate amplio de  ideas y opiniones, y limitadas para acceder a la información necesaria para lograr  desarrollarse equitativamente dentro de una sociedad democrática.

36.            De igual manera, la discriminación de la mujer y los pueblos indígenas atenta contra la libertad de expresión; su marginación de los espacios públicos de discusión implica privar a la sociedad de escuchar a sectores mayoritarios de la población. La libertad de expresión de los individuos encuentra en los medios de comunicación masiva y en la participación política activa a un mecanismo para lograr que las fuertes desigualdades en que se encuentran numerosos sectores de la población tengan un espacio que facilite la búsqueda de soluciones dentro de un  contexto democrático.

37.            En pocas oportunidades durante su visita la Relatoría fue informada por la posible existencia de una tendencia monópolica en la propiedad de los canales de televisión. Si bien la Relatoría considera que esta práctica no pareciera ser un problema serio en la actualidad en Panamá, desea expresar que la existencia de prácticas monopólicas en los medios de comunicación tanto en el ámbito de la televisión como también de la radio o la prensa escrita, no es compatible con el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Es deber de los Estados garantizar igualdad de oportunidades para acceder a las concesiones de frecuencias de radio y televisión. Al respecto la Corte Interamericana ha establecido: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas.”

38.            Asimismo, la Relatoría quiere expresar a los empresarios de los medios de comunicación la importancia de que se contemplen políticas que mejoren las condiciones de los comunicadores sociales. Estos son el primer y principal eslabón  en la cadena de las comunicaciones. Las condiciones laborales inadecuadas son un impedimento a sus funciones, que repercute negativamente en el derecho a la  información de todos los ciudadanos panameños. Es recomendable que los medios de comunicación cuenten con programas de capacitación a los comunicadores sociales. Durante esta visita, la Relatoría fue informada en reiteradas oportunidades sobre la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores de los medios de comunicación.

39.            Varias personas expresaron su rechazo a lo que denominaron un ejercicio “excesivo o abusivo de la libertad de expresión.” La Relatoría recibió información sobre la utilización de algunos medios de comunicación como instrumentos para defender intereses personales, económicos o para desprestigiar el honor de las personas, sin comprometerse con la verdad y en perjuicio del derecho a la información del pueblo panameño. Frente a la seriedad que merecen estas acusaciones, la Relatoría recuerda a todas aquellas personas relacionadas con los medios de comunicación, que la credibilidad está ligada al compromiso con la verdad, imparcialidad y equidad. Cuando intereses distintos al compromiso con la verdad influencian indebidamente la información, se perjudica a toda la sociedad y se pone en peligro la consolidación del sistema democrático.

40.            La Relatoría expresa que queda a disposición de las autoridades panameñas y de la sociedad civil con el fin de realizar de manera conjunta actividades de promoción y difusión del derecho a la libertad de expresión.

41.            Finalmente, la Relatoría, con el ánimo de cooperación que han expresado las autoridades, desea hacer las siguientes recomendaciones preliminares:

1.            Que el compromiso, adquirido por el gobierno, de derogar todas aquellas normas que consagran la figura del desacato, se concrete lo antes posible.

 2.            Que se revise la legislación sobre calumnias e injurias dirigidas a funcionarios públicos, personas públicas o particulares que se involucren voluntariamente en asuntos de interés público, con el fin de avanzar progresivamente hacia su despenalización.

3.            Que se considere la promulgación de leyes sobre acceso a la información en poder del Estado.

4.            Que se considere la promulgación de una ley que regule la acción de  habeas data.

5.             Que se considere revisar y en su caso derogar el decreto de gabinete número 251 de 1969.

6.            Que se efectúen campañas de promoción y protección del derecho a la libertad de expresión.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión continuará observando e informando  sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá y colaborará para buscar mecanismos que promuevan la plena vigencia de ese derecho de acuerdo a los estándares internacionales.

Ciudad de Panamá, 14 de Julio de 2000

COMUNICADO DE PRENSA 

                                    PREN/30/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA GRAVES ATAQUES Y AMENAZAS A DOS DIARIOS ARGENTINOS

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago A. Canton, condena los reiterados ataques y amenazas que vienen recibiendo desde hace más de un mes los diarios El Liberal de Santiago del Estero y La Voz del Interior de Córdoba en Argentina. A mediados de julio, el diario El Liberal denunció persecuciones y difamaciones hacia un grupo de periodistas y la intervención de sus líneas telefónicas, a raíz de la publicación de un suplemento en el que se denunciaban graves irregularidades de las autoridades de la provincia de Santiago del Estero. En la denuncia, El Liberal además acusa al gobierno de esa ciudad de haber cerrado las fuentes de información de las reparticiones públicas para enviar sólo reportes oficiales.

Por su parte, hace un mes el chofer Eduardo Gómez, que distribuye el diario La Voz del Interior de Córdoba en la ciudad de Santiago del Estero, fue amenazado por hombres armados, quienes le advirtieron que quemarían la edición del diario si seguían publicando información sobre el gobernador santiagueño. A este serie de hechos, se suman las recientes amenazas telefónicas efectuadas el pasado 1 de agosto a la redacción del diario cordobés y denunciadas ante la Justicia por su director.  

Con anterioridad a estos hechos, el Relator Especial envió una carta, fechada el 29 de junio, al gobernador Carlos Juárez manifestando su oposición a la censura impuesta sobre la obra El cartero de Neruda de Antonio Skármeta, que iba a presentarse en un teatro de la ciudad. En dicha carta se le recordó al gobernador provincial que Argentina es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual el artículo 13 se refiere al derecho a la libertad de expresión prohibiendo expresamente la censura previa. Hasta el día de la fecha, esta Relatoría no recibió respuesta alguna.

La Relatoría para la Libertad de Expresión urge a las autoridades de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, a investigar y sancionar a los responsables de estas graves agresiones y amenazas tanto a la libertad de expresión como a la integridad física de las personas. Además, recuerda que el libre debate de ideas y opiniones es indispensable en toda sociedad que pretende avanzar en su crecimiento democrático.  

Finalmente, es importante citar una vez más el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es parte, que repudia todas aquellas acciones orientadas a silenciar la libertad de expresión, al decir con claridad que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 4 de agosto de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/31/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION REPUDIA DETENCION DE PERIODISTAS SUECOS EN CUBA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago A. Canton, repudia la detención  de tres periodistas suecos el pasado 29 de agosto en La Habana, Cuba. De acuerdo a la información recibida, los periodistas Birger Thureson del diario Nya Dagen, Peter Gotell, ex periodista del diario Sundsvals Tidning y Elena Soderquist del diario Arvika Nyheter fueron detenidos por autoridades cubanas, acusados de realizar “actividades subversivas” tras haber realizado un seminario sobre libertad de prensa en la isla. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque declaró que los tres periodistas violaron las leyes cubanas al ingresar encubiertos como turistas, y señaló además: “Esperamos que nadie se haga la ilusión de que tales actos van a ser tolerados.” Los tres periodistas fueron declarados personas no gratas en Cuba y liberadas en el aeropuerto de La Habana.

Con anterioridad a estos hechos, el 17 de agosto pasado la periodista francesa Martine Jacot de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras había sido interrogada y despojada de su material periodístico por las autoridades cubanas cuando estaba por regresar a su país.

El Relator Especial condena la decisión del gobierno de Cuba por cuanto viola el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

El Dr. Santiago A. Canton insta una vez más a las autoridades cubanas a que cambien su postura respecto de la prensa independiente y que reconozcan a todos los habitantes el derecho a la libertad de expresión e información.

Washington, D.C., 1º de septiembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA 

PREN/32/00

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS APRUEBA DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

Durante el 108° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington D.C. se aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

El presidente de la CIDH, Dr. Helio Bicudo, destacó la importancia de esta Declaración, “la cual constituye un documento fundamental que servirá como instrumento de defensa de la libertad de expresión dentro del sistema interamericano.” Los miembros de la Comisión Interamericana resaltaron la necesidad de “proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, concientes de que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión.”

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, manifestó su plena satisfacción.“Sin duda, esta Declaración representa el hecho más importante para la defensa de la libertad de expresión de los últimos años. Su aprobación no sólo constituye un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además establece los estandares internacionales para una defensa más efectiva al ejercicio de este derecho.”

La Declaración, compuesta por trece principios, define a la libertad de expresión como “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” En el principio cuarto, se señala que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de las personas y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

El principio quinto establece que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.“ El principio séptimo rechaza los condicionamientos previos a la información, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad. El principio noveno define al asesinato, secuestro, intimidación y amenazas dirigidos a los periodistas como “acciones que coartan severamente la libertad de expresión.” Asimismo, y sobre este punto, la Declaración hace hincapié en el deber de los Estados de prevenir e investigar este tipo de hechos.

Las leyes de desacato constituyen una de las principales preocupaciones para el Relator Especial ya que éstas permanecen vigentes y se llevan a la práctica en varios países del hemisferio. Sobre este punto, la Declaración sostiene entre sus principios que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Asimismo, el principio décimo se refiere a que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública  o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.”

Por último, en los principios 12 y 13 la Declaración hace mención a los medios de comunicación diciendo que: “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.”

“Es importante que los Estados comiencen a adecuar sus leyes a los principios de esta declaración”, dijo el Dr. Canton. “De esta manera se fortalecerán las democracias del hemisferio y se dará un paso de suma importancia en la lucha contra la corrupción,” agregó.  

El documento completo está disponible en la página de internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: www.cidh.oas.org. También puede contactarse con Victoria Amato al teléfono 202-458-6014 o email: cidhrela@oas.org

Washington, D.C., 19 de octubre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

                                                                                                                        PREN/33/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR EL PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE INTELIGENCIA SOMETIDO A LA APROBACION DEL PRESIDENTE CLINTON

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Santiago A. Canton, envió una carta a la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, expresando su preocupación respecto al proyecto de ley de autorización de inteligencia (Intelligence Authorization Act) sometido a la aprobación del Presidente Bill Clinton.  El Presidente Clinton tiene plazo hasta el 4 de  noviembre para sancionar el proyecto de ley o para vetarlo. El proyecto contiene provisiones que declararán la responsabilidad criminal por la divulgación de cualquier información clasificada como confidencial por un funcionario oficial a un individuo no autorizado. Estas disposiciones violan los principios de libertad de expresión esenciales dentro de una sociedad libre y democrática.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que  “garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas.” A su vez, respecto al derecho de acceso a la información, en su principio cuarto, la Declaración establece: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.”

            En un sistema democrático, los ciudadanos deben tener la información necesaria para la toma de decisiones, de lo contrario se pondría en riesgo la estabilidad de la democracia participativa. Por lo tanto, la libertad de expresión se concibe como un derecho fundamental para la existencia misma de la democracia. Las limitaciones para dar y recibir información deben ser aceptadas en circunstancias limitadas como por ejemplo para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, dichas restricciones deben estar estrictamente diseñadas para cumplir ese objetivo. Un balance razonable entre la seguridad nacional y las libertades civiles será alcanzado sólo si existe una presunción de transparencia de las autoridades públicas. 

En la carta dirigida a la Secretaria de Estado, el Dr. Canton manifestó que “las provisiones contenidas en este proyecto de ley son excesivamente amplias por

 cuanto sancionan a un funcionario por revelar información clasificada a personas no autorizadas. Gran parte de esta información clasificada no amenaza la seguridad nacional y generalmente se encuentra duplicada en otras fuentes no clasificadas. Imponer responsabilidad por revelar tal información, afectará la forma en que los funcionarios gubernamentales se expresen ante los miembros de la prensa, limitando por consiguiente el acceso público de la información. También amenazará la transparencia en el gobierno de otros modos escudando a los transgresores del escrutinio."

            En conclusión, El Dr. Canton señaló: “En momentos en que las democracias del hemisferio y el resto del mundo están haciendo esfuerzos para una mayor apertura en el gobierno y en la garantía a la libertad de expresión, espero que Estados Unidos no de un paso en la dirección contraria.”

Washington, D.C., 2 de noviembre de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/34/00

AUDIENCIA DEL CASO IVCHER ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Durante los días 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo la audiencia por el caso del empresario Baruch Ivcher Bronstein contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Baruch Ivcher, ciudadano peruano por naturalización y periodista, perdió su nacionalidad en mayo de 1997 y el control administrativo del Frecuencia Latina - Canal 2 de Televisión por una resolución del gobierno del ex-presidente Alberto Fujimori. El Canal 2 de Televisión emitía información crítica del gobierno peruano, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional.

Frecuencia Latina denunció las atrocidades cometidas por el Servicio de Inteligencia Nacional. El programa Contrapunto de dicho canal denunció el asesinato y descuartizamiento de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto, hizo pública la tortura que sufrió otra ex agente de dicho organismo, Leonor La Rosa Bustamante por parte de oficiales del Ejército, y difundió la declaración jurada de los ingresos millonarios del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos.

Después de la publicación de estos hechos, el Estado peruano despojó arbitrariamente del título de ciudadanía al señor Ivcher Bronstein. La ley de Perú exige la nacionalidad peruana para acceder a la propiedad de un canal de televisión. Como consecuencia del despojo de su nacionalidad, el periodista perdió el control administrativo de Frecuencia Latina-Canal 2 de Televisión y fue suspendido de todos sus derechos como accionista mayoritario.

Durante tres años Ivcher, su familia, y varios de sus empleados fueron víctimas de una campaña de persecución y hostigamiento llevada a cabo por los servicios de inteligencia nacionales y el Poder Judicial de Perú. El señor Ivcher presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual posteriormente lo sometió a consideración de la Corte. Finalmente, el señor Ivcher tuvo la oportunidad de dar testimonio de esta persecución ante un tribunal independiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de acceder a un tribunal de justicia independiente le fue reiteradamente negado por la justicia de Perú.

Acompañado por su esposa, sus cuatro hijas y su hermano, Ivcher expresó su gran satisfacción por haber podido demostrar ante la Corte Interamericana los abusos de los que fueron víctimas tanto él como su familia por parte del regimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.“Las campañas de desprestigio y persecución a las que fui sometido conjuntamente con mi familia y varias personas que me acompañaron durante estos tres largos años están felizmente llegando a su fin,” dijo ante el tribunal. Y luego agregó: “Finalmente se conocerán las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, amenazas y persecuciones, que el regimen corrupto de Fujimori y Montesinos llevó a la práctica durante toda una década.”

Durante los alegatos finales, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Dr. Santiago A. Canton, sostuvo que “en Perú ha existido un plan sistemático para cercenar la libertad de expresión. El plan de persecución y hostigamiento a la prensa peruana no conocía límites. En los últimos años, la Relatoría ha recibido información sobre asesinatos, amenazas, torturas, persecuciones y otras prácticas que tenían como objetivo concreto silenciar las voces que, con gran valentía, intentaban transmitirle al mundo entero las graves violaciones a los derechos humanos que eran cometidas por el gobierno del Presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.” El Relator Especial definió como de fundamental importancia que la Corte adopte todas las medidas necesarias para garantizar que en el próximo proceso electoral peruano exista una amplia libertad de expresión. “La democracia peruana no puede esperar más tiempo. El retorno a un sistema democrático en Perú sólo puede garantizarse a través de un pleno ejercicio y respeto de la libertad de expresión.“

Asimismo, en los alegatos finales, el Dr. Claudio Grossman, Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó que “las pruebas presentadas demuestran que en los últimos años en Perú existió en forma inequívoca una empresa criminal que controló importantes aspectos del Estado peruano, utilizando dicho Estado y sus símbolos para beneficios personales.” “Lo que ocurrió en Perú –dijo el Miembro de la Comisión- muestra también la necesidad imperiosa del afianzamiento de un poder judicial independiente que asegure que las normas jurídicas no se apliquen en foma arbitraria como ha ocurrido en el caso del señor Ivcher y de cientos de otros peruanos durante la última década.”

Durante la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó a la Corte que otorgue medidas provisionales en forma inmediata a Ivcher, su esposa Noemí Even de Ivcher y sus hijas Dafna, Michal, Tal y Hadaz Ivcher Even para que puedan retornar a Perú inmediatamente y trasladarse con absoluta libertad, sin temor a ser detenidos o perseguidos por las fuerzas de seguridad de ese país. La Corte concedió la solicitud de la Comisión a favor de Ivcher y su familia y resolvió requerirle al Estado peruano “que adopte sin dilación, cuántas medidas sean necesarias para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales.” Además dicha Corte otorgó iguales medidas provisionales a favor de Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova, José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín y Fernando Viaña Villa, periodistas y profesionales vinculados al empresario Baruch Ivcher. Dicho tribunal le dio plazo hasta el 5 de diciembre próximo al Estado peruano para que informe sobre el cumplimiento de las mencionadas medidas.

Al término de la audiencia, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Canton, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. “El problema de la libertad de expresión en Perú y el caso de Ivcher han constituido una de las preocupaciones principales para la libertad de expresión en el hemisferio desde el inicio de las tareas de la Relatoría hace dos años. Gracias a los logros alcanzados en estos últimos meses en Perú en beneficio de la libertad de expresión, finalmente se ha allanado el camino para un definitivo retorno a la democracia”, dijo a la salida del recinto. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una sentencia sobre este caso en los próximos meses.

Como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron de la audiencia el Presidente de dicha institución, Dr. Helio Bicudo, el Vicepresidente, Dr. Claudio Grossman, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton y otros abogados del organismo de la OEA.

Washington, D.C., 22 de noviembre de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/35/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION MANIFIESTA PREOCUPACION POR PROYECTO DE SENADOR ARGENTINO

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Dr. Santiago A. Canton, manifiesta su preocupación por el proyecto presentado por el senador argentino Augusto Alasino el cual impulsa una iniciativa para que sea rechazado “el ejercicio extralimitado de la libertad de expresión” en los casos en que la información expresada ocasione “un perjuicio al honor y a la propia imagen.” El proyecto, presentado ante la Comisión de Libertad de Expresión del Senado Argentino, exhorta a las comisiones de dicha Cámara a debatir los proyectos de ley que regulan el derecho a réplica y el secreto de la fuente periodística y además reinvindica el “ejercicio responsable de la libertad de expresión”.

El Dr. Santiago A. Canton considera que el mencionado proyecto representa un retroceso  en la defensa del ejercicio y el derecho a la libertad de expresión demostrado por Argentina en los últimos años a través de la derogación de las leyes de desacato y la elaboración de un proyecto de ley de despenalización de las figuras de calumnias e injurias, resultado de una solución amistosa entre el Estado Argentino y los periodistas denunciantes en la cual las partes solicitaron la asistencia como mediador del Relator Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, el Dr. Canton recuerda lo establecido en los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

10. “...la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público...” 

11. “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.”

Finalmente, es importante citar una vez más el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es parte, que repudia todas aquellas acciones orientadas a silenciar la libertad de expresión, al decir con claridad que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 22 de noviembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/36/00

LOS TRES DEFENSORES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL MUNDO EXPRESARON SU PREOCUPACION POR LOS ASESINATOS A PERIODISTAS Y POR LA EXISTENCIA DE LEYES RESTRICTIVAS A LA LIBERTAD DE EXPRESION

Abid Hussain, Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU); Freimut Duve, representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE); y Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta al finalizar el seminario “Mecanismos Internacionales para Promover la Libertad de Expresión” que se realizó en Londres entre el 28 y 30 de noviembre, organizado por ARTICLE 19 con la colaboración de CJFE (Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión), dos organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión.

Tras la firma de esta nueva declaración, los tres defensores y promotores de la libertad de expresión reafirmaron el compromiso asumido en las dos declaraciones anteriores para continuar coordinando esfuerzos y actividades conjuntas que permitan una más amplia y efectiva defensa y protección del ejercicio de la libertad de expresión.

En esta oportunidad, manifestaron que las mayores amenazas a la libertad de expresión en el mundo son los asesinatos, otros actos de violencia en contra de periodistas y la existencia de leyes que, bajo la excusa de proteger el honor de las personas, son utilizadas para silenciar las críticas a los funcionarios públicos, como sucede en muchas oportunidades con las leyes de calumnias e injurias. En similar sentido, la declaración pide la abolición de las leyes de desacato.

Asimismo, en el preámbulo de la declaración se apoya la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este particular, el Dr. Canton expresó: “El apoyo de la comunidad internacional a esta Declaración constituye un hecho de gran trascendencia ya que refuerza la importancia de una más efectiva protección al ejercicio de la libertad de expresión.” 

Finalmente, los tres relatores expresaron su plena satisfacción con los resultados obtenidos tras el encuentro en Londres y manifestaron su voluntad de continuar reuniéndose periódicamente para hacer conocer a la comunidad internacional las amenazas principales al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se adjunta copia de la declaración. [1]

Washington, D.C., 1º de diciembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/37/01

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION EXPRESA SU RECHAZO POR LA DETENCION DE UN ABOGADO POR PARTE DE LA JUSTICIA MILITAR EN VENEZUELA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Santiago A. Canton, expresó su rechazo a las acciones tomadas en contra del abogado y profesor universitario Pablo Aure Sánchez. El profesor de la cátedra de Derecho de la Universidad de Carabobo fue detenido el pasado 8 de enero por fuerzas de inteligencia militar como consecuencia de una carta abierta publicada en el diario El Nacional de Venezuela. El Tribunal Tercero Militar consideró que había méritos suficientes para procesar al abogado por la comisión del delito previsto en el artículo 505 del Código de Justicia Militar, el cual establece penas de tres a ocho años de prisión al “que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas.”  Posteriormente, autoridades venezolanas informaron a la Relatoría que en el día de la fecha la Justicia Militar lo dejó en libertad. El Relator Especial se comunicó telefónicamente con el Dr. Pablo Aure, quien amplió información sobre su arresto y expresó que fue dejado en libertad por motivos de salud pero que el proceso bajo la jurisdicción militar continúa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión claramente rechazan la legislación restrictiva a la libertad de expresión y la utilización del proceso penal o militar para proteger el honor de las personas. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:

“Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica  son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrados en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida.”

Asimismo, el Relator Especial para la Libertad de Expresión recuerda lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión al señalar que:

10. “...La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11.             Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

“En una sociedad democrática nadie debe ir preso por ejercer su derecho a la libertad de expresión,” expresó el Dr. Canton, y agregó: “Este accionar por parte de las autoridades militares es grave ya que produce un efecto amedrentador sobre todas las personas que quieran ejercer su derecho a expresarse libremente.” 

Por todo lo señalado anteriormente, el Relator Especial solicita a las autoridades venezolanas que revean las acciones en contra del señor Aure y se revise la legislación restrictiva de la libertad de expresión para que ésta se adecue a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Por último, la Relatoría para la Libertad de Expresión quiere recordar lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 10 de enero de 2001


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/38/01

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA
SERIOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN GUATEMALA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión condena los ataques dirigidos al diario El Periódico de Guatemala el pasado 20 de febrero. De manera violenta un grupo de manifestantes se concentró en la puerta de El Periódico provocando serios daños materiales y agrediendo físicamente a periodistas de ese y otros medios que se encontraban cubriendo la información. Además pronunciaron consignas ofensivas a la labor periodística del diario e  intentaron ingresar violentamente al mismo. Según la información recibida de distintas fuentes, los manifestantes se identificaron como seguidores del Ministro de Comunicaciones y señalaron que el motivo de la protesta se debía a las investigaciones periodísticas realizadas por los diarios El Periódico y Prensa Libre en relación con supuestas irregularidades en la concesión de contratos por parte del Ministerio. Tras ser dispersados por la policía los manifestantes amenazaron con volver a concentrarse la próxima semana.

La Relatoría para la Libertad de Expresión urge a las autoridades guatemaltecas a investigar y sancionar a los responsables de estas graves agresiones y amenazas tanto a la libertad de expresión como a la integridad física de los periodistas. Además, recuerda que el libre debate de ideas y opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la democracia.

Por último, recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su principio noveno que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Washington, D.C., 23 de febrero de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/39/01

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION EXPRESA SU SERIA PREOCUPACION POR FALLO JUDICIAL EN COSTA RICA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Santiago A. Canton, expresó su seria preocupación por el fallo judicial que condena al periodista Mauricio Herrero Ulloa del diario La Nación. La Corte Suprema de Justicia de San José, Costa Rica, ratificó un fallo que condena a Mauricio Herrero Ulloa al pago de una suma de dinero y a la inscripción de su nombre en el Registro Judicial de Delincuentes por dar a conocer información publicada en medios europeos sobre supuestas irregularidades cometidas por el ex funcionario diplomático costarricense, Félix Przedborski. Asimismo, el periódico La Nación, medio periodístico que publicó la información, deberá también pagar una suma de dinero y se le ha dispuesto la prohibición judicial de difundir dicha información por internet. Este fallo es resultado de la denuncia por ofensas, calumnia y difamación presentada por el ex funcionario contra el periodista y el diario. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión claramente rechazan la legislación restrictiva a la libertad de expresión. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:

“Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica  son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrados en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida.”

Asimismo, el Relator Especial para la Libertad de Expresión recuerda lo establecido en el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión al señalar que:

12.              Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por todo lo señalado anteriormente, el Relator Especial solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares en favor del periodista Mauricio Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante del diario La Nación. Asimismo, recomienda que se revise la legislación restrictiva de la libertad de expresión para que ésta se adecue a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Por último, la Relatoría para la Libertad de Expresión quiere recordar lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 1º de marzo de 2001


COMUNICADO DE PRENSA

                  PREN/40/01

 

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA ADHIERE A LA DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

La Sociedad Interamericana de Prensa adhirió a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante un acto que se celebró el 2 de marzo en la sede principal de la OEA en Washington. La ceremonia se llevó a cabo en el marco del 110° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se está realizando en esa ciudad.

El acto de adhesión fue encabezado por el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, el presidente de la CIDH, Claudio Grossman, los miembros de la Comisión Interamericana, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Jorge E. Taiana, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Santiago A. Canton, y el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, acompañado por una delegación de esa organización. También asistieron al acto Embajadores de los países miembros de la OEA, representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión y corresponsales de América Latina en Washington, entre otros.   

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión es un documento de trece principios que define a la libertad de expresión como un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática y establece estándares internacionales para una efectiva defensa de la libertad de expresión en las Américas. Dicha Declaración, elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión, fue aprobada por la CIDH durante el 108° período ordinario de sesiones que tuvo lugar en octubre pasado.

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización que agrupa más de 1300 miembros representantes de periódicos y revistas de todo el hemisferio y desarrolla programas enfocados a la defensa y protección de la libertad de expresión en las Américas.  

El acto de adhesión de la SIP a la mencionada Declaración fue inaugurado por el Secretario General  de la OEA, Dr. César Gaviria, quien señaló: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría se han ganado el reconocimiento de todos los países miembros de la OEA. Hoy, en este acto, queremos renovar ese compromiso. Este Declaración es un significativo aporte al establecimiento de un marco jurídico que proteja el derecho a la libertad de expresión y ciertamente será objeto de interés y estudio de los países miembros de la OEA.”  

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Jorge E. Taiana hizo referencia al apoyo que la Sociedad Interamericana de Prensa brinda a la labor de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y, dijo además: “Tanto la Relatoría como la SIP tienen un interés común que es la protección de la libertad de expresión en el hemisferio y este acto de adhesión a la Declaración representa un hecho culminante en la relación que ambas vienen manteniendo desde la creación de la Relatoría.”  

El Dr. Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte dijo: “esta adhesión de la Sociedad Interamericana de Prensa a los principios de esta Declaración es sin duda un importante reconocimiento a lo establecido en esta Declaración y es además un símbolo del esfuerzo conjunto que está realizando la sociedad civil hemisférica y la Relatoría por una efectiva protección de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia en las Américas, ya que como he señalado en varias oportunidades una democracia sin plena libertad de expresión no es una democracia.”   

Asimismo el Presidente de la CIDH, Claudio Grossamn se refirió a  la importancia de este acto mencionando que “adoptar este conjunto de principios sobre libertad de expresión que definen un marco normativo para la protección del derecho a la libertad de expresión da una nueva herramienta a todos los hombres y mujeres del hemisferio en su defensa a expresarse libremente.”

Por último Danilo Arbilla, Presidente de la SIP, señaló la importancia de los treces principios que contiene la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, los cuales “ponen al derecho a la libertad de expresión como el primero de todos los derechos humanos.” El Presidente de la SIP también señaló: “Esta Declaración de Principios se ha convertido en una fuerte herramienta para nuestros reclamos y el camino que hemos conseguido avanzar en la vigencia de este derecho ha sido gracias al trabajo conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión.”  

Washington D.C., 3 de marzo de 2000


[1] Véase p´página 13.

 

COMUNICADO DE PRENSA

                                PREN/25/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATOS Y AGRESIONES DE CIUDAD DE GUATEMALA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA  Santiago A. Canton, condena  el asesinato del periodista gráfico del diario Prensa Libre Roberto Martínez, así como las agresiones a sus colegas Christian Alexander García, camarógrafo de Notisiete y Julio Cruz de Siglo Veintiuno, hechos ocurridos el 27 de abril mientras cubrían el cuarto día de protestas  en  Ciudad de Guatemala por el alza de tarifa del transporte urbano. Asimismo condena el asesinato de Josefina Ceballos y Sergio Giovanni Ortiz, quienes murieron horas después de ser trasladados a un hospital de la ciudad. Según se ha informado preliminarmente, los autores de los hechos descritos habrían sido guardias de seguridad de una empresa particular, quienes habrían disparado indiscriminadamente contra la multitud, alcanzando a todas estas personas. Estos presuntos autores se encontrarían detenidos.

            El Relator manifiesta su más profundo repudio por este crimen y llama a las autoridades guatemaltecas a esclarecer los hechos ocurridos y sancionar a sus responsables.  El asesinato de periodistas es la forma más brutal de atentar contra la libertad de expresión. En nuestro continente, al menos150 periodistas han sido asesinados en las últimas décadas y muchos otros amenazados e impedidos de ejercer su labor. Estas cifras horrorosas muestran que la profesión de periodista ha pasado a ser la más peligrosa del hemisferio.

            La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y a reparar el daño producido por la violación ocurrida. En el caso de periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la inexistencia de una investigación completa del asesinato de un periodista y la sanción penal de los autores materiales e intelectuales, resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. La impunidad de estos crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar atropellos, abusos e ilícitos de toda índole.

            El Relator llama al Estado de Guatemala a realizar a la brevedad una investigación seria y efectiva de los asesinatos del periodista Robero Martínez y los señores Josefina Ceballos y Sergio Giovanni Ortiz, así como las agresiones sufridas por los periodistas Christian Alexander García y Julio Cruz y a sancionar a todos los responsables de los mismos. Asimismo, el Estado guatemalteco debe realizar todos sus esfuerzos para que este crimen no quede en la impunidad y al mismo tiempo buscar mecanismos para otorgar una protección efectiva a todos los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su valiosa tarea de informar a la sociedad.

Washington, D.C., 28 de abril de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN26/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION PRESENTO SU INFORME ANUAL

En el día la fecha se presentó en Washington el Informe Anual sobre Libertad de Expresión en las Américas ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  Dicho informe forma parte del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue preparado por la Relatoría para la Libertad de Expresión.  La Relatoría es una institución creada dentro del ámbito de la CIDH y cuenta con el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, que le dieron su apoyo durante la Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998.  El Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, asumió sus funciones en noviembre de 1998.

De acuerdo al informe, en el presente existe mayor libertad de expresión que en años anteriores, cuando una mayoría de gobiernos dictatoriales o autoritarios constituían una clara limitación a la libertad de expresión.  Sin embargo, el informe agrega que la libertad de expresión continúa siendo uno de los blancos principales de gobiernos autoritarios u otros grupos o individuos, que encuentran en en el ejercicio de ésta, el principal obstáculo para sus proyectos autoritarios. Por otra lado, atacando la libertad de expresión se busca evitar la transparencia que demanda la sociedad para poner límite a los casos de corrupción que perjudica la estabilidad democrática de los países.  “Es precisamente con mayor libertad de expresión que lograremos profundizar y consolidar la democracia.  A pesar de las dos décadas de proceso democrático, la democracia aún se encuentra limitada en algunos de los Estados del hemisferio”, según se expresa en el Capítulo de Introducción del Informe.

La violencia contra periodistas continúa siendo una práctica constante en varios países del hemisferio.  “Asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas ocurren con frecuencia y gran número de Estados continúan sin adoptar las medidas necesarias para lograr que estos crímenes no queden impunes.”  Durante el año 1999, según la Relatoría, hubo seis casos de asesinatos de periodistas.  Cinco ocurrieron en Colombia y uno en Argentina.  Estos se suman a los cientos de casos de asesinatos a periodistas en las Américas en la ultima década y que en la gran mayoría de los casos los autores de los crímenes han permanecido impunes.

Mas allá de la violencia contra periodistas, en el informe se hace hincapié en la necesidad de que se efectúen una serie de reformas en las leyes para adecuarlas a las normas internacionales de defensa de la libertad de expresión e información.  “Es necesario profundizar en las reformas institucionales, específicamente en las legislaciones de los países del hemisferio, para garantizar que la libertad de expresión encuentre en los ordenamientos jurídicos nacionales una defensa adecuada”. En el informe se recomienda que se deroguen las leyes de desacato y se modifiquen las leyes de calumnias e injurias, que en muchos casos son utilizadas como mecanismos para limitar la libertad de expresión. La Relatoría recomienda especialmente que se descriminalice este tipo de ofensas.

Además, en el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión se recomienda a los Estados que implementen legislación que garantice el derecho de acceso a la información.  “Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos mas eficaces para combatir la corrupción,” señala el Dr. Canton. Asimismo, el informe agrega que las leyes de acceso a la información contribuyen a garantizar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal. Sobre este particular, la Relatoría quiere destacar la buena disposición del Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, que en una reciente visita del Relator Especial a Guatemala se comprometió a enviar legislación al Congreso que ponga en práctica el ejercicio de este derecho.

En el informe se menciona la preocupación de la Relatoría por la incorporación del artículo del derecho a la información veraz en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según el informe “esta doctrina produce precisamente el efecto opuesto al que supuestamente sus promotores argumentan como fundamento para su aplicación. Es decir, la búsqueda de la verdad en la información se ve seriamente limitada al impedirse el libre flujo de la misma como consecuencia del temor a las sanciones que se puedan imponer.”  De acuerdo al Relator Especial,  “en general, hay que reconocer, que detrás del derecho a la información veraz se esconde la intención de crear mecanismos que permitan silenciar las críticas a las autoridades.  En una democracia, las críticas a las autoridades son uno de los principales medios de control que tiene la sociedad sobre los abusos.  La aplicación práctica de este principio trae consecuencias muy negativas para el sistema democrático.”

En el informe también se hace mención a la necesidad de asegurar la protección y respeto del derecho a la libertad de expresión e información de la mujer.  “La falta de acceso a una educación igualitaria constituye una violación directa al derecho de la mujer a buscar y recibir información.”  Las estadísticas revelan una importante desigualdad entre el hombre y la mujer con relación a los niveles de alfabetización.  A la diferencia en la educación se suma la limitación a la libertad de expresión por la intimidación que producen los actos de violencia doméstica. En muchas ocasiones, la mujer opta por no denunciar los hechos a la justicia, se recluye y no participa de la vida en sociedad.

Con respecto a Internet, el informe recomienda a los Estados no ejercer ningún tipo de regulación que viole las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  “Dichos instrumentos permiten una interpretación amplia sobre la libertad de expresión.”

El informe hace mención al estado de la libertad de expresión en algunos países del hemisferio.  En especial expresa su preocupación por el estado de la libertad de expresión en Cuba y Perú.  En relación con Cuba, la Relatoría considera que no existe libertad de expresión.  “Mientras no se produzcan cambios que conduzcan a una democratización del país y reconocimiento de los demás derechos fundamentales, es imposible el desarrollo del derecho a la libertad de expresión.”

En Perú, el Relator Especial considera que no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.  Según el informe, “ la limitación principal a la libertad de expresión se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos.  A este plan sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del Poder Judicial, en cuanto no investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación.”

Por último, el informe del Relator Especial hace también mención a los progresos en materia de libertad de expresión que se han logrado en países como Panamá y Argentina. En el caso de Panamá, el Dr. Canton hace referencia a la derogación de algunas “leyes mordaza”, constituyendo un importante paso adelante del gobierno panameño en la desarticulización del andamiaje legal restrictivo de la libertad de expresión. En el caso de Argentina el informe destaca la existencia de un proyecto de ley que modificaría la legislación sobre calumnias e injurias. Este proyecto se encuentra en trámite legislativo en el Senado argentino y, de aprobarse, podría servir de ejemplo para el resto de los países del hemisferio y constituir uno de los avances más significativos en materia de libertad de expresión y progreso democrático.

Washington, D.C., 11 de mayo de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

 PREN27/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA LOS SERIOS ATAQUES A LA PRENSA PERUANA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago A. Canton, expresa su condena por el ataque perpetrado contra el periodista Fabián Salazar, colaborador del diario La República. De acuerdo a la información recibida, Salazar fue torturado por desconocidos que ingresaron en sus oficinas el día 24 de mayo. Los atacantes hirieron de gravedad con una sierra la mano del periodista y se apoderaron de material periodístico, parte de su archivo, así como también del disco rígido de su computadora. Finalmente, los agresores intentaron quemar las oficinas para simular un accidente. Según el señor Salazar, en los días anteriores había recibido información “demasiado comprometedora para este gobierno,” por cuanto vinculaba a funcionarios del máximo organismo electoral con personas relacionadas a los servicios de inteligencia. Asimismo, el señor Salazar es colaborador del señor Baruch Ivcher, ciudadano peruano,  al que según la CIDH se lo despojó arbitrariamente de su título de nacionalidad quitándole efectivamente el control del Canal 2 de Televisión. La Relatoría para la Libertad de Expresión exhorta a las autoridades peruanas a que hagan todos los esfuerzos necesarios para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este violento hecho.

Asimismo, son de suma preocupación para la Relatoría las persistentes presiones judiciales de las que está siendo víctima el diario El Comercio, uno de los principales medios de comunicación independientes. El Relator Especial recibió información acerca de las acciones judiciales contra este diario que podría afectar seriamente la estabilidad empresarial y editorial del mismo. Al respecto, el Relator Especial expresó en el Informe Anual que la limitación principal a la libertad de expresión en Perú se encuentra en la existencia de un plan sistemático de hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos. A este plan sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del poder judicial, en cuanto no investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación.

Tal como ha sido señalado en el reciente Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en el Perú no existen las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de oposición o críticas a la gestión del gobierno a través de los medios de comunicación. Estos hechos se suman a un gran número de denuncias recibidas por la Relatoría desde hace mas de un año. Estas denuncias incluyen, entre otras, casos de persecución, hostigamientos, amenazas, persecución judicial, campañas de desprestigio, actos de violencia y secuestros, en contra de periodistas de investigación y políticos de oposición. Todos estos hechos representan una situación en donde el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión está siendo seriamente limitado. En las actuales circunstancias, la Relatoría considera importante destacar que el libre ejercicio del derecho al sufragio está siendo claramente restringido frente a la información mayoritariamente parcializada que ha recibido la  sociedad peruana.

Washington, D.C.,25 de mayo de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN28/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION VIAJA A PANAMA

Washington, 5 de julio.- El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dr. Santiago A. Canton, visitará Panamá los días 10, 11, 12, 13 y 14 de julio próximo en respuesta a una invitación formulada por el gobierno de ese país.

Durante su visita, el Relator Especial se reunirá con autoridades del Estado  panameño, directores de los medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para recabar información sobre el estado de la libertad de expresión en  Panamá.

La Relatoría para la Libertad de Expresión es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue creada por ésta con el pleno respaldo de la II Reunión Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Santiago, Chile,  en abril de 1998. Sus funciones son las de proteger y promover un mayor respeto a la libertad de expresión en el hemisferio, considerado uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Washington, D.C., 5 de julio de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/29/00

EVALUACION PRELIMINAR SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN PANAMA

1.            La libertad de expresión en el hemisferio es una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a múltiples requerimientos de amplios sectores de la sociedad civil de las Américas,  la CIDH creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Relatoría es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, que opera dentro del marco  jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La Relatoría para la Libertad de Expresión cuenta con el apoyo de los Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio, quienes durante la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Chile en abril de 1998, hicieron pública su preocupación sobre el estado de la libertad de expresión en sus países y celebraron la creación de la Relatoría.

2.            Los objetivos de la Relatoría son, entre otros, estimular la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión en el hemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos y formular recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la libertad de expresión, a fin de que se adopten medidas progresivas a su favor.

3.            La libertad de expresión es fundamental para el desarrollo y consolidación de los procesos democráticos, toda vez que es indispensable para la formación de la opinión pública. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión es fundamental para que “los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre.”

4.            La libertad de expresión comprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En este sentido, ésta tiene una doble dimensión, comprende el derecho de cada persona de no ser menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y al mismo tiempo comprende un derecho colectivo, a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

CARACTER Y OBJETIVOS DE LA VISITA

5.                  El Dr. Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culminó el día de hoy una visita de cinco días a Panamá, a invitación del gobierno y en atención a posteriores requerimientos de diversos sectores de la sociedad panameña.

6.   En el transcurso de los últimos cinco días, el Relator Especial cumplió con una agenda de actividades y reuniones que incluyeron autoridades del Estado panameño; directores de los medios de comunicación; asociaciones gremiales de trabajadores de la prensa; cámaras de propietarios y trabajadores de medios de comunicación; periodistas independientes; instituciones académicas; representantes de organizaciones de derechos humanos y otras instancias de la sociedad civil, con el fin de tomar contacto, recabar información y analizar el estado de la libertad de expresión en Panamá.

7.                  El Relator Especial quiere agradecer la disposición de las autoridades panameñas para permitirle realizar su trabajo con plena independencia y autonomía, su voluntad para colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y su disposición a atender las recomendaciones específicas planteadas durante esta visita. Asimismo, el Relator Especial quiere extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y especialmente a los periodistas, por la importante información que le suministraron durante esta visita.

APRECIACIONES GENERALES

8.                  El cúmulo de información recibida durante estos cinco días será evaluada oportunamente, y en el futuro próximo la Relatoría emitirá un informe detallando las actividades y resultados de la visita.

9.                  Sin perjuicio de lo anterior, el Relator Especial desea manifestar las siguientes conclusiones, observaciones y recomendaciones preliminares que emergen de esta visita:

10.               La Presidenta de la República ha expresado su clara voluntad de promover una amplia y firme libertad de expresión en Panamá y de colaborar con la Relatoría para la Libertad de Expresión en todo lo que sea necesario para la consecución de dicho fin.

11.              La Relatoría reconoce que el avance democrático de Panamá ha contribuido notablemente en el desarrollo del derecho de libertad de expresión. La Relatoría celebra la buena disposición de la Presidenta, que ha demostrado tanto en las palabras como en los hechos, su voluntad de finalizar con las restricciones existentes al derecho de libertad de expresión. La derogación de algunas de las leyes denominadas mordaza en diciembre de 1999, es particularmente destacable considerando que con anterioridad, otros gobiernos, expresaron la misma voluntad, pero nunca lograron llevarlo a la práctica. La Relatoría confía en que la buena disposición de la Presidenta en sostener y ampliar el derecho a la libertad de expresión de los panameños continúe durante todo su mandato.

12.              Asimismo, la Relatoría quiere reconocer la buena disposición de la Asamblea Legislativa para llevar adelante las reformas planteadas por la Presidenta. Esta buena disposición permitirá que se continúe con la modificación de la legislación panameña para adecuarla a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

13.              En su informe anual de 1999, la Relatoría reconoció a Panamá como uno de los Estados en que ha habido progresos en materia de libertad de expresión. Especialmente debido a la ley 55 del mes de diciembre de 1999, impulsada por el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, que implicó la derogación de los artículos 15, 16, 17 y 19 de la ley 11 y de la ley 68.

14.               Durante su estadía, el Relator Especial pudo observar un amplio y libre debate de ideas y opiniones. Únicamente a través de un debate de ideas sin restricciones en todos los medios de comunicación, se podrá continuar afianzando el proceso democrático.

15.              Sin embargo, el Relator Especial también recibió información sobre casos y situaciones de restricciones a la libertad de expresión que constituyen una preocupación de la Relatoría, y que deben ser investigadas y oportunamente solucionadas por las autoridades. A continuación se hace referencia a estas restricciones.

MARCO NORMATIVO

16.              A pesar de las reformas legales realizadas por el actual gobierno, continúa existiendo un conjunto de leyes anacrónicas que limitan el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este cuerpo normativo es utilizado por algunos funcionarios públicos con el fin de acallar críticas en su contra.

17.              Existen una serie de disposiciones que consagran las llamadas "Leyes de desacato". Estas leyes, entendidas como aquellas que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información reconocidos en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

18.              Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las leyes que  protegen el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.

19.              Asimismo, la Relatoría ha establecido en su informe anual de 1999 que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. Por consiguiente, cuando se restringe la libertad de expresión e información, se impide o limita el control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos y se transforma a la democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para imponerse sobre la voluntad de la sociedad.

20.              La Relatoría pudo comprobar la existencia de la figura del desacato en varias disposiciones legales. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo y de conformidad a la información recibida, la Relatoría considera que  las siguientes normas consagran el desacato y son por lo tanto incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 33 de la Constitución Política de la República; artículos 202 y 386 del Código Judicial; artículo 827 del Código Administrativo sobre penas correccionales; artículo 45 del Código Administrativo sobre la Administración Municipal y artículos 307 y 308 del Código Penal. En este sentido, la Relatoría apoya el proyecto de ley de derogación de leyes de desacato elaborado por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.

21.              Asimismo, la Relatoría pudo observar la existencia de procesos penales por injurias y calumnias iniciados por funcionarios públicos, personas públicas o particulares que voluntariamente se han involucrado en asuntos de interés público, contra comunicadores sociales. La Relatoría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización de estos procesos como un mecanismo para limitar la libertad de expresión.

22.               La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en los casos de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, personas públicas o particulares que voluntariamente se hayan involucrado en asuntos de interés público, son suficientes las acciones civiles, y expresó que: “ la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen  el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla."

23.              De acuerdo a la información recibida, la utilización de estas normas –calumnias e injurias y desacato- ha permitido que, en ocasiones, algunos individuos sean perseguidos, hostigados y/o encarcelados por expresar sus opiniones. Esta práctica constituye la preocupación principal de la Relatoría ya que ninguna persona debe ser privada de libertad por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en relación a funcionarios públicos.

24.              La Relatoría ha recibido información sobre algunos casos iniciados por la Procuraduría General de la Nación y otros funcionarios en contra de comunicadores sociales. Estas prácticas representan una clara limitación a la libertad de expresión. La Relatoría tuvo la oportunidad de reunirse con el Procurador y expresarle su seria preocupación al respecto. La Relatoría confía en que el Procurador encontrará otros mecanismos legales que le permitan cumplir con sus obligaciones, sin violar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

25.              La Relatoría ha recibido información acerca de la existencia del decreto de gabinete 251 de 1969 que crea la Junta Nacional de Censura y las Juntas Distritoriales y sobre Control de Espectáculos Públicos, Películas Cinematográficas, Televisión, Publicaciones y Transmisiones radiales en disco. No se ha recibido ningún comentario que indique una seria preocupación por la utilización de este decreto. Sin embargo, la Relatoría considera que esta norma puede ser utilizada en perjuicio de la libertad de expresión e inclusive constituir un organismo de censura previa, expresamente prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana.

26.              Muchas personas han expresado su preocupación por la existencia de recientes proyectos de ley en que se estaría buscando incorporar preceptos legales que fueron recientemente derogados por su incompatibilidad con la libertad de expresión. Al respecto, la Relatoría señala que toda ley debe adecuarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

27.              De conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado panameño tiene la obligación de adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter necesarias, si no existieren, para garantizar y hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención Americana. Todo Estado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole.

ACCESO A LA INFORMACION Y HABEAS DATA

28.            La Relatoría recomendó a las autoridades la promulgación de leyes para garantizar un cumplimiento eficaz del derecho de acceso a la información y la acción de habeas data.  La Relatoría celebra la voluntad del gobierno de  regular la acción de habeas data  y confía en que esta voluntad se mantenga para regular el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Ambos son aspectos fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad democrática y una amplia libertad de expresión e información.

29.            Sobre este particular, la Relatoría desea expresar lo siguiente:

                30.            El derecho de acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la democracia representativa. En un sistema representativo, los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir sobre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimismo, la información que el Estado utiliza y produce se logra con fondos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.

            31.            Contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos más eficaces para combatir la corrupción. La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables”.  Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal.

            32.            Es importante destacar también que, a pesar de que el derecho de acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos, su ejercicio no es absoluto. Así, el artículo 13.2 de la Convención Americana prevé ciertas restricciones. El principio general de la publicidad de la información en poder del Estado admite limitaciones cuando existe un interés que determina la necesidad de la reserva de la información. Estas restricciones son limitadas y deben estar expresamente previstas por la legislación.

            33.            Un aspecto importante del derecho a la información es la acción de habeas data. Mediante este procedimiento se garantiza a toda persona el acceso a información sobre sí misma o sus bienes contenida en bases de datos o registros públicos o privados y, en el supuesto de que fuera necesario, actualizarla o rectificarla. Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de

información sobre las personas. Paralelamente, la cantidad y velocidad en las comunicaciones, hace más importante la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en los bancos de datos electrónicos.

            34.            Además del reconocimiento del derecho de acceso a la información en poder del Estado y de la acción de habeas data, es fundamental que se disponga de un procedimiento rápido y eficaz para que estos derechos sean ejercidos en su plenitud. Deben eliminarse las trabas administrativas que en muchos Estados obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.

35.            Dentro de este análisis provisorio sobre la libertad de expresión en Panamá, la Relatoría no puede dejar de mencionar que la pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la población, afecta la libertad de expresión, toda vez que esas voces se encuentran postergadas; con difícil acceso al debate amplio de  ideas y opiniones, y limitadas para acceder a la información necesaria para lograr  desarrollarse equitativamente dentro de una sociedad democrática.

36.            De igual manera, la discriminación de la mujer y los pueblos indígenas atenta contra la libertad de expresión; su marginación de los espacios públicos de discusión implica privar a la sociedad de escuchar a sectores mayoritarios de la población. La libertad de expresión de los individuos encuentra en los medios de comunicación masiva y en la participación política activa a un mecanismo para lograr que las fuertes desigualdades en que se encuentran numerosos sectores de la población tengan un espacio que facilite la búsqueda de soluciones dentro de un  contexto democrático.

37.            En pocas oportunidades durante su visita la Relatoría fue informada por la posible existencia de una tendencia monópolica en la propiedad de los canales de televisión. Si bien la Relatoría considera que esta práctica no pareciera ser un problema serio en la actualidad en Panamá, desea expresar que la existencia de prácticas monopólicas en los medios de comunicación tanto en el ámbito de la televisión como también de la radio o la prensa escrita, no es compatible con el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Es deber de los Estados garantizar igualdad de oportunidades para acceder a las concesiones de frecuencias de radio y televisión. Al respecto la Corte Interamericana ha establecido: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas.”

38.            Asimismo, la Relatoría quiere expresar a los empresarios de los medios de comunicación la importancia de que se contemplen políticas que mejoren las condiciones de los comunicadores sociales. Estos son el primer y principal eslabón  en la cadena de las comunicaciones. Las condiciones laborales inadecuadas son un impedimento a sus funciones, que repercute negativamente en el derecho a la  información de todos los ciudadanos panameños. Es recomendable que los medios de comunicación cuenten con programas de capacitación a los comunicadores sociales. Durante esta visita, la Relatoría fue informada en reiteradas oportunidades sobre la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores de los medios de comunicación.

39.            Varias personas expresaron su rechazo a lo que denominaron un ejercicio “excesivo o abusivo de la libertad de expresión.” La Relatoría recibió información sobre la utilización de algunos medios de comunicación como instrumentos para defender intereses personales, económicos o para desprestigiar el honor de las personas, sin comprometerse con la verdad y en perjuicio del derecho a la información del pueblo panameño. Frente a la seriedad que merecen estas acusaciones, la Relatoría recuerda a todas aquellas personas relacionadas con los medios de comunicación, que la credibilidad está ligada al compromiso con la verdad, imparcialidad y equidad. Cuando intereses distintos al compromiso con la verdad influencian indebidamente la información, se perjudica a toda la sociedad y se pone en peligro la consolidación del sistema democrático.

40.            La Relatoría expresa que queda a disposición de las autoridades panameñas y de la sociedad civil con el fin de realizar de manera conjunta actividades de promoción y difusión del derecho a la libertad de expresión.

41.            Finalmente, la Relatoría, con el ánimo de cooperación que han expresado las autoridades, desea hacer las siguientes recomendaciones preliminares:

1.            Que el compromiso, adquirido por el gobierno, de derogar todas aquellas normas que consagran la figura del desacato, se concrete lo antes posible.

 2.            Que se revise la legislación sobre calumnias e injurias dirigidas a funcionarios públicos, personas públicas o particulares que se involucren voluntariamente en asuntos de interés público, con el fin de avanzar progresivamente hacia su despenalización.

3.            Que se considere la promulgación de leyes sobre acceso a la información en poder del Estado.

4.            Que se considere la promulgación de una ley que regule la acción de  habeas data.

5.             Que se considere revisar y en su caso derogar el decreto de gabinete número 251 de 1969.

6.            Que se efectúen campañas de promoción y protección del derecho a la libertad de expresión.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión continuará observando e informando  sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá y colaborará para buscar mecanismos que promuevan la plena vigencia de ese derecho de acuerdo a los estándares internacionales.

Ciudad de Panamá, 14 de Julio de 2000

COMUNICADO DE PRENSA 

                                    PREN/30/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA GRAVES ATAQUES Y AMENAZAS A DOS DIARIOS ARGENTINOS

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago A. Canton, condena los reiterados ataques y amenazas que vienen recibiendo desde hace más de un mes los diarios El Liberal de Santiago del Estero y La Voz del Interior de Córdoba en Argentina. A mediados de julio, el diario El Liberal denunció persecuciones y difamaciones hacia un grupo de periodistas y la intervención de sus líneas telefónicas, a raíz de la publicación de un suplemento en el que se denunciaban graves irregularidades de las autoridades de la provincia de Santiago del Estero. En la denuncia, El Liberal además acusa al gobierno de esa ciudad de haber cerrado las fuentes de información de las reparticiones públicas para enviar sólo reportes oficiales.

Por su parte, hace un mes el chofer Eduardo Gómez, que distribuye el diario La Voz del Interior de Córdoba en la ciudad de Santiago del Estero, fue amenazado por hombres armados, quienes le advirtieron que quemarían la edición del diario si seguían publicando información sobre el gobernador santiagueño. A este serie de hechos, se suman las recientes amenazas telefónicas efectuadas el pasado 1 de agosto a la redacción del diario cordobés y denunciadas ante la Justicia por su director.  

Con anterioridad a estos hechos, el Relator Especial envió una carta, fechada el 29 de junio, al gobernador Carlos Juárez manifestando su oposición a la censura impuesta sobre la obra El cartero de Neruda de Antonio Skármeta, que iba a presentarse en un teatro de la ciudad. En dicha carta se le recordó al gobernador provincial que Argentina es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual el artículo 13 se refiere al derecho a la libertad de expresión prohibiendo expresamente la censura previa. Hasta el día de la fecha, esta Relatoría no recibió respuesta alguna.

La Relatoría para la Libertad de Expresión urge a las autoridades de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, a investigar y sancionar a los responsables de estas graves agresiones y amenazas tanto a la libertad de expresión como a la integridad física de las personas. Además, recuerda que el libre debate de ideas y opiniones es indispensable en toda sociedad que pretende avanzar en su crecimiento democrático.  

Finalmente, es importante citar una vez más el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es parte, que repudia todas aquellas acciones orientadas a silenciar la libertad de expresión, al decir con claridad que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 4 de agosto de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/31/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION REPUDIA DETENCION DE PERIODISTAS SUECOS EN CUBA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago A. Canton, repudia la detención  de tres periodistas suecos el pasado 29 de agosto en La Habana, Cuba. De acuerdo a la información recibida, los periodistas Birger Thureson del diario Nya Dagen, Peter Gotell, ex periodista del diario Sundsvals Tidning y Elena Soderquist del diario Arvika Nyheter fueron detenidos por autoridades cubanas, acusados de realizar “actividades subversivas” tras haber realizado un seminario sobre libertad de prensa en la isla. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque declaró que los tres periodistas violaron las leyes cubanas al ingresar encubiertos como turistas, y señaló además: “Esperamos que nadie se haga la ilusión de que tales actos van a ser tolerados.” Los tres periodistas fueron declarados personas no gratas en Cuba y liberadas en el aeropuerto de La Habana.

Con anterioridad a estos hechos, el 17 de agosto pasado la periodista francesa Martine Jacot de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras había sido interrogada y despojada de su material periodístico por las autoridades cubanas cuando estaba por regresar a su país.

El Relator Especial condena la decisión del gobierno de Cuba por cuanto viola el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

El Dr. Santiago A. Canton insta una vez más a las autoridades cubanas a que cambien su postura respecto de la prensa independiente y que reconozcan a todos los habitantes el derecho a la libertad de expresión e información.

Washington, D.C., 1º de septiembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA 

PREN/32/00

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS APRUEBA DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

Durante el 108° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington D.C. se aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

El presidente de la CIDH, Dr. Helio Bicudo, destacó la importancia de esta Declaración, “la cual constituye un documento fundamental que servirá como instrumento de defensa de la libertad de expresión dentro del sistema interamericano.” Los miembros de la Comisión Interamericana resaltaron la necesidad de “proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, concientes de que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión.”

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton, manifestó su plena satisfacción.“Sin duda, esta Declaración representa el hecho más importante para la defensa de la libertad de expresión de los últimos años. Su aprobación no sólo constituye un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además establece los estandares internacionales para una defensa más efectiva al ejercicio de este derecho.”

La Declaración, compuesta por trece principios, define a la libertad de expresión como “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” En el principio cuarto, se señala que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de las personas y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

El principio quinto establece que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.“ El principio séptimo rechaza los condicionamientos previos a la información, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad. El principio noveno define al asesinato, secuestro, intimidación y amenazas dirigidos a los periodistas como “acciones que coartan severamente la libertad de expresión.” Asimismo, y sobre este punto, la Declaración hace hincapié en el deber de los Estados de prevenir e investigar este tipo de hechos.

Las leyes de desacato constituyen una de las principales preocupaciones para el Relator Especial ya que éstas permanecen vigentes y se llevan a la práctica en varios países del hemisferio. Sobre este punto, la Declaración sostiene entre sus principios que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Asimismo, el principio décimo se refiere a que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública  o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.”

Por último, en los principios 12 y 13 la Declaración hace mención a los medios de comunicación diciendo que: “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.”

“Es importante que los Estados comiencen a adecuar sus leyes a los principios de esta declaración”, dijo el Dr. Canton. “De esta manera se fortalecerán las democracias del hemisferio y se dará un paso de suma importancia en la lucha contra la corrupción,” agregó.  

El documento completo está disponible en la página de internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: www.cidh.oas.org. También puede contactarse con Victoria Amato al teléfono 202-458-6014 o email: cidhrela@oas.org

Washington, D.C., 19 de octubre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

                                                                                                                        PREN/33/00

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR EL PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE INTELIGENCIA SOMETIDO A LA APROBACION DEL PRESIDENTE CLINTON

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Santiago A. Canton, envió una carta a la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, expresando su preocupación respecto al proyecto de ley de autorización de inteligencia (Intelligence Authorization Act) sometido a la aprobación del Presidente Bill Clinton.  El Presidente Clinton tiene plazo hasta el 4 de  noviembre para sancionar el proyecto de ley o para vetarlo. El proyecto contiene provisiones que declararán la responsabilidad criminal por la divulgación de cualquier información clasificada como confidencial por un funcionario oficial a un individuo no autorizado. Estas disposiciones violan los principios de libertad de expresión esenciales dentro de una sociedad libre y democrática.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que  “garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas.” A su vez, respecto al derecho de acceso a la información, en su principio cuarto, la Declaración establece: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.”

            En un sistema democrático, los ciudadanos deben tener la información necesaria para la toma de decisiones, de lo contrario se pondría en riesgo la estabilidad de la democracia participativa. Por lo tanto, la libertad de expresión se concibe como un derecho fundamental para la existencia misma de la democracia. Las limitaciones para dar y recibir información deben ser aceptadas en circunstancias limitadas como por ejemplo para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, dichas restricciones deben estar estrictamente diseñadas para cumplir ese objetivo. Un balance razonable entre la seguridad nacional y las libertades civiles será alcanzado sólo si existe una presunción de transparencia de las autoridades públicas. 

En la carta dirigida a la Secretaria de Estado, el Dr. Canton manifestó que “las provisiones contenidas en este proyecto de ley son excesivamente amplias por

 cuanto sancionan a un funcionario por revelar información clasificada a personas no autorizadas. Gran parte de esta información clasificada no amenaza la seguridad nacional y generalmente se encuentra duplicada en otras fuentes no clasificadas. Imponer responsabilidad por revelar tal información, afectará la forma en que los funcionarios gubernamentales se expresen ante los miembros de la prensa, limitando por consiguiente el acceso público de la información. También amenazará la transparencia en el gobierno de otros modos escudando a los transgresores del escrutinio."

            En conclusión, El Dr. Canton señaló: “En momentos en que las democracias del hemisferio y el resto del mundo están haciendo esfuerzos para una mayor apertura en el gobierno y en la garantía a la libertad de expresión, espero que Estados Unidos no de un paso en la dirección contraria.”

Washington, D.C., 2 de noviembre de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/34/00

AUDIENCIA DEL CASO IVCHER ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Durante los días 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo la audiencia por el caso del empresario Baruch Ivcher Bronstein contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Baruch Ivcher, ciudadano peruano por naturalización y periodista, perdió su nacionalidad en mayo de 1997 y el control administrativo del Frecuencia Latina - Canal 2 de Televisión por una resolución del gobierno del ex-presidente Alberto Fujimori. El Canal 2 de Televisión emitía información crítica del gobierno peruano, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional.

Frecuencia Latina denunció las atrocidades cometidas por el Servicio de Inteligencia Nacional. El programa Contrapunto de dicho canal denunció el asesinato y descuartizamiento de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto, hizo pública la tortura que sufrió otra ex agente de dicho organismo, Leonor La Rosa Bustamante por parte de oficiales del Ejército, y difundió la declaración jurada de los ingresos millonarios del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos.

Después de la publicación de estos hechos, el Estado peruano despojó arbitrariamente del título de ciudadanía al señor Ivcher Bronstein. La ley de Perú exige la nacionalidad peruana para acceder a la propiedad de un canal de televisión. Como consecuencia del despojo de su nacionalidad, el periodista perdió el control administrativo de Frecuencia Latina-Canal 2 de Televisión y fue suspendido de todos sus derechos como accionista mayoritario.

Durante tres años Ivcher, su familia, y varios de sus empleados fueron víctimas de una campaña de persecución y hostigamiento llevada a cabo por los servicios de inteligencia nacionales y el Poder Judicial de Perú. El señor Ivcher presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual posteriormente lo sometió a consideración de la Corte. Finalmente, el señor Ivcher tuvo la oportunidad de dar testimonio de esta persecución ante un tribunal independiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de acceder a un tribunal de justicia independiente le fue reiteradamente negado por la justicia de Perú.

Acompañado por su esposa, sus cuatro hijas y su hermano, Ivcher expresó su gran satisfacción por haber podido demostrar ante la Corte Interamericana los abusos de los que fueron víctimas tanto él como su familia por parte del regimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.“Las campañas de desprestigio y persecución a las que fui sometido conjuntamente con mi familia y varias personas que me acompañaron durante estos tres largos años están felizmente llegando a su fin,” dijo ante el tribunal. Y luego agregó: “Finalmente se conocerán las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, amenazas y persecuciones, que el regimen corrupto de Fujimori y Montesinos llevó a la práctica durante toda una década.”

Durante los alegatos finales, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Dr. Santiago A. Canton, sostuvo que “en Perú ha existido un plan sistemático para cercenar la libertad de expresión. El plan de persecución y hostigamiento a la prensa peruana no conocía límites. En los últimos años, la Relatoría ha recibido información sobre asesinatos, amenazas, torturas, persecuciones y otras prácticas que tenían como objetivo concreto silenciar las voces que, con gran valentía, intentaban transmitirle al mundo entero las graves violaciones a los derechos humanos que eran cometidas por el gobierno del Presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.” El Relator Especial definió como de fundamental importancia que la Corte adopte todas las medidas necesarias para garantizar que en el próximo proceso electoral peruano exista una amplia libertad de expresión. “La democracia peruana no puede esperar más tiempo. El retorno a un sistema democrático en Perú sólo puede garantizarse a través de un pleno ejercicio y respeto de la libertad de expresión.“

Asimismo, en los alegatos finales, el Dr. Claudio Grossman, Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó que “las pruebas presentadas demuestran que en los últimos años en Perú existió en forma inequívoca una empresa criminal que controló importantes aspectos del Estado peruano, utilizando dicho Estado y sus símbolos para beneficios personales.” “Lo que ocurrió en Perú –dijo el Miembro de la Comisión- muestra también la necesidad imperiosa del afianzamiento de un poder judicial independiente que asegure que las normas jurídicas no se apliquen en foma arbitraria como ha ocurrido en el caso del señor Ivcher y de cientos de otros peruanos durante la última década.”

Durante la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó a la Corte que otorgue medidas provisionales en forma inmediata a Ivcher, su esposa Noemí Even de Ivcher y sus hijas Dafna, Michal, Tal y Hadaz Ivcher Even para que puedan retornar a Perú inmediatamente y trasladarse con absoluta libertad, sin temor a ser detenidos o perseguidos por las fuerzas de seguridad de ese país. La Corte concedió la solicitud de la Comisión a favor de Ivcher y su familia y resolvió requerirle al Estado peruano “que adopte sin dilación, cuántas medidas sean necesarias para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales.” Además dicha Corte otorgó iguales medidas provisionales a favor de Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova, José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín y Fernando Viaña Villa, periodistas y profesionales vinculados al empresario Baruch Ivcher. Dicho tribunal le dio plazo hasta el 5 de diciembre próximo al Estado peruano para que informe sobre el cumplimiento de las mencionadas medidas.

Al término de la audiencia, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Canton, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos. “El problema de la libertad de expresión en Perú y el caso de Ivcher han constituido una de las preocupaciones principales para la libertad de expresión en el hemisferio desde el inicio de las tareas de la Relatoría hace dos años. Gracias a los logros alcanzados en estos últimos meses en Perú en beneficio de la libertad de expresión, finalmente se ha allanado el camino para un definitivo retorno a la democracia”, dijo a la salida del recinto. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una sentencia sobre este caso en los próximos meses.

Como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron de la audiencia el Presidente de dicha institución, Dr. Helio Bicudo, el Vicepresidente, Dr. Claudio Grossman, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago A. Canton y otros abogados del organismo de la OEA.

Washington, D.C., 22 de noviembre de 2000


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/35/00

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION MANIFIESTA PREOCUPACION POR PROYECTO DE SENADOR ARGENTINO

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Dr. Santiago A. Canton, manifiesta su preocupación por el proyecto presentado por el senador argentino Augusto Alasino el cual impulsa una iniciativa para que sea rechazado “el ejercicio extralimitado de la libertad de expresión” en los casos en que la información expresada ocasione “un perjuicio al honor y a la propia imagen.” El proyecto, presentado ante la Comisión de Libertad de Expresión del Senado Argentino, exhorta a las comisiones de dicha Cámara a debatir los proyectos de ley que regulan el derecho a réplica y el secreto de la fuente periodística y además reinvindica el “ejercicio responsable de la libertad de expresión”.

El Dr. Santiago A. Canton considera que el mencionado proyecto representa un retroceso  en la defensa del ejercicio y el derecho a la libertad de expresión demostrado por Argentina en los últimos años a través de la derogación de las leyes de desacato y la elaboración de un proyecto de ley de despenalización de las figuras de calumnias e injurias, resultado de una solución amistosa entre el Estado Argentino y los periodistas denunciantes en la cual las partes solicitaron la asistencia como mediador del Relator Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, el Dr. Canton recuerda lo establecido en los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

10. “...la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público...” 

11. “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.”

Finalmente, es importante citar una vez más el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es parte, que repudia todas aquellas acciones orientadas a silenciar la libertad de expresión, al decir con claridad que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 22 de noviembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/36/00

LOS TRES DEFENSORES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL MUNDO EXPRESARON SU PREOCUPACION POR LOS ASESINATOS A PERIODISTAS Y POR LA EXISTENCIA DE LEYES RESTRICTIVAS A LA LIBERTAD DE EXPRESION

Abid Hussain, Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU); Freimut Duve, representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE); y Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta al finalizar el seminario “Mecanismos Internacionales para Promover la Libertad de Expresión” que se realizó en Londres entre el 28 y 30 de noviembre, organizado por ARTICLE 19 con la colaboración de CJFE (Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión), dos organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión.

Tras la firma de esta nueva declaración, los tres defensores y promotores de la libertad de expresión reafirmaron el compromiso asumido en las dos declaraciones anteriores para continuar coordinando esfuerzos y actividades conjuntas que permitan una más amplia y efectiva defensa y protección del ejercicio de la libertad de expresión.

En esta oportunidad, manifestaron que las mayores amenazas a la libertad de expresión en el mundo son los asesinatos, otros actos de violencia en contra de periodistas y la existencia de leyes que, bajo la excusa de proteger el honor de las personas, son utilizadas para silenciar las críticas a los funcionarios públicos, como sucede en muchas oportunidades con las leyes de calumnias e injurias. En similar sentido, la declaración pide la abolición de las leyes de desacato.

Asimismo, en el preámbulo de la declaración se apoya la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión recientemente aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este particular, el Dr. Canton expresó: “El apoyo de la comunidad internacional a esta Declaración constituye un hecho de gran trascendencia ya que refuerza la importancia de una más efectiva protección al ejercicio de la libertad de expresión.” 

Finalmente, los tres relatores expresaron su plena satisfacción con los resultados obtenidos tras el encuentro en Londres y manifestaron su voluntad de continuar reuniéndose periódicamente para hacer conocer a la comunidad internacional las amenazas principales al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se adjunta copia de la declaración. [1]

Washington, D.C., 1º de diciembre de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/37/01

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION EXPRESA SU RECHAZO POR LA DETENCION DE UN ABOGADO POR PARTE DE LA JUSTICIA MILITAR EN VENEZUELA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Santiago A. Canton, expresó su rechazo a las acciones tomadas en contra del abogado y profesor universitario Pablo Aure Sánchez. El profesor de la cátedra de Derecho de la Universidad de Carabobo fue detenido el pasado 8 de enero por fuerzas de inteligencia militar como consecuencia de una carta abierta publicada en el diario El Nacional de Venezuela. El Tribunal Tercero Militar consideró que había méritos suficientes para procesar al abogado por la comisión del delito previsto en el artículo 505 del Código de Justicia Militar, el cual establece penas de tres a ocho años de prisión al “que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas.”  Posteriormente, autoridades venezolanas informaron a la Relatoría que en el día de la fecha la Justicia Militar lo dejó en libertad. El Relator Especial se comunicó telefónicamente con el Dr. Pablo Aure, quien amplió información sobre su arresto y expresó que fue dejado en libertad por motivos de salud pero que el proceso bajo la jurisdicción militar continúa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión claramente rechazan la legislación restrictiva a la libertad de expresión y la utilización del proceso penal o militar para proteger el honor de las personas. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:

“Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica  son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrados en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida.”

Asimismo, el Relator Especial para la Libertad de Expresión recuerda lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión al señalar que:

10. “...La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11.             Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

“En una sociedad democrática nadie debe ir preso por ejercer su derecho a la libertad de expresión,” expresó el Dr. Canton, y agregó: “Este accionar por parte de las autoridades militares es grave ya que produce un efecto amedrentador sobre todas las personas que quieran ejercer su derecho a expresarse libremente.” 

Por todo lo señalado anteriormente, el Relator Especial solicita a las autoridades venezolanas que revean las acciones en contra del señor Aure y se revise la legislación restrictiva de la libertad de expresión para que ésta se adecue a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Por último, la Relatoría para la Libertad de Expresión quiere recordar lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 10 de enero de 2001


COMUNICADO DE PRENSA

PREN/38/01

RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA
SERIOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN GUATEMALA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión condena los ataques dirigidos al diario El Periódico de Guatemala el pasado 20 de febrero. De manera violenta un grupo de manifestantes se concentró en la puerta de El Periódico provocando serios daños materiales y agrediendo físicamente a periodistas de ese y otros medios que se encontraban cubriendo la información. Además pronunciaron consignas ofensivas a la labor periodística del diario e  intentaron ingresar violentamente al mismo. Según la información recibida de distintas fuentes, los manifestantes se identificaron como seguidores del Ministro de Comunicaciones y señalaron que el motivo de la protesta se debía a las investigaciones periodísticas realizadas por los diarios El Periódico y Prensa Libre en relación con supuestas irregularidades en la concesión de contratos por parte del Ministerio. Tras ser dispersados por la policía los manifestantes amenazaron con volver a concentrarse la próxima semana.

La Relatoría para la Libertad de Expresión urge a las autoridades guatemaltecas a investigar y sancionar a los responsables de estas graves agresiones y amenazas tanto a la libertad de expresión como a la integridad física de los periodistas. Además, recuerda que el libre debate de ideas y opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la democracia.

Por último, recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su principio noveno que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Washington, D.C., 23 de febrero de 2000

 

COMUNICADO DE PRENSA

PREN/39/01

EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION EXPRESA SU SERIA PREOCUPACION POR FALLO JUDICIAL EN COSTA RICA

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Santiago A. Canton, expresó su seria preocupación por el fallo judicial que condena al periodista Mauricio Herrero Ulloa del diario La Nación. La Corte Suprema de Justicia de San José, Costa Rica, ratificó un fallo que condena a Mauricio Herrero Ulloa al pago de una suma de dinero y a la inscripción de su nombre en el Registro Judicial de Delincuentes por dar a conocer información publicada en medios europeos sobre supuestas irregularidades cometidas por el ex funcionario diplomático costarricense, Félix Przedborski. Asimismo, el periódico La Nación, medio periodístico que publicó la información, deberá también pagar una suma de dinero y se le ha dispuesto la prohibición judicial de difundir dicha información por internet. Este fallo es resultado de la denuncia por ofensas, calumnia y difamación presentada por el ex funcionario contra el periodista y el diario. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión claramente rechazan la legislación restrictiva a la libertad de expresión. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:

“Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica  son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrados en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida.”

Asimismo, el Relator Especial para la Libertad de Expresión recuerda lo establecido en el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión al señalar que:

12.              Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por todo lo señalado anteriormente, el Relator Especial solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares en favor del periodista Mauricio Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante del diario La Nación. Asimismo, recomienda que se revise la legislación restrictiva de la libertad de expresión para que ésta se adecue a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Por último, la Relatoría para la Libertad de Expresión quiere recordar lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Washington, D.C., 1º de marzo de 2001


COMUNICADO DE PRENSA

                  PREN/40/01

 

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA ADHIERE A LA DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

La Sociedad Interamericana de Prensa adhirió a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante un acto que se celebró el 2 de marzo en la sede principal de la OEA en Washington. La ceremonia se llevó a cabo en el marco del 110° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se está realizando en esa ciudad.

El acto de adhesión fue encabezado por el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, el presidente de la CIDH, Claudio Grossman, los miembros de la Comisión Interamericana, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Jorge E. Taiana, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Santiago A. Canton, y el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, acompañado por una delegación de esa organización. También asistieron al acto Embajadores de los países miembros de la OEA, representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión y corresponsales de América Latina en Washington, entre otros.   

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión es un documento de trece principios que define a la libertad de expresión como un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática y establece estándares internacionales para una efectiva defensa de la libertad de expresión en las Américas. Dicha Declaración, elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión, fue aprobada por la CIDH durante el 108° período ordinario de sesiones que tuvo lugar en octubre pasado.

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización que agrupa más de 1300 miembros representantes de periódicos y revistas de todo el hemisferio y desarrolla programas enfocados a la defensa y protección de la libertad de expresión en las Américas.  

El acto de adhesión de la SIP a la mencionada Declaración fue inaugurado por el Secretario General  de la OEA, Dr. César Gaviria, quien señaló: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría se han ganado el reconocimiento de todos los países miembros de la OEA. Hoy, en este acto, queremos renovar ese compromiso. Este Declaración es un significativo aporte al establecimiento de un marco jurídico que proteja el derecho a la libertad de expresión y ciertamente será objeto de interés y estudio de los países miembros de la OEA.”  

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Jorge E. Taiana hizo referencia al apoyo que la Sociedad Interamericana de Prensa brinda a la labor de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y, dijo además: “Tanto la Relatoría como la SIP tienen un interés común que es la protección de la libertad de expresión en el hemisferio y este acto de adhesión a la Declaración representa un hecho culminante en la relación que ambas vienen manteniendo desde la creación de la Relatoría.”  

El Dr. Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte dijo: “esta adhesión de la Sociedad Interamericana de Prensa a los principios de esta Declaración es sin duda un importante reconocimiento a lo establecido en esta Declaración y es además un símbolo del esfuerzo conjunto que está realizando la sociedad civil hemisférica y la Relatoría por una efectiva protección de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia en las Américas, ya que como he señalado en varias oportunidades una democracia sin plena libertad de expresión no es una democracia.”   

Asimismo el Presidente de la CIDH, Claudio Grossamn se refirió a  la importancia de este acto mencionando que “adoptar este conjunto de principios sobre libertad de expresión que definen un marco normativo para la protección del derecho a la libertad de expresión da una nueva herramienta a todos los hombres y mujeres del hemisferio en su defensa a expresarse libremente.”

Por último Danilo Arbilla, Presidente de la SIP, señaló la importancia de los treces principios que contiene la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, los cuales “ponen al derecho a la libertad de expresión como el primero de todos los derechos humanos.” El Presidente de la SIP también señaló: “Esta Declaración de Principios se ha convertido en una fuerte herramienta para nuestros reclamos y el camino que hemos conseguido avanzar en la vigencia de este derecho ha sido gracias al trabajo conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión.”  

Washington D.C., 3 de marzo de 2000


[1] Véase p´página 13.

 

 

DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC 

PREÁMBULO 

En el umbral de un nuevo milenio, América puede ver su futuro afincada en la democracia. La apertura política ha ganado terreno. Los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus derechos. Elecciones periódicas, gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos sociales de la más variada índole, reflejan más que en ningún otro momento de nuestra historia las aspiraciones de la población. 

En el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia. La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando. 

Por todo ello, es deber de quienes vivimos en este hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos. 

La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana. La democracia y la libertad, binomio indisoluble, solo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres y mujeres de nuestro continente. 

Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder. 

Porque compartimos esta convicción, porque creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación. 

Los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano. 

Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Solo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Solo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos. 

Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa. 

Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas. 

Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre. 

Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades. 

Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas. 

Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones. 

Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes. Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa. 

Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad. 

PRINCIPIOS 

Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. 

Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios: 

1.                  No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. 

2.                  Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 

3.                  Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. 

4.                  El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de  expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. 

5.                  La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa. 

6.                  Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 

7.                  Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 

8.                  El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios. 

9.                  La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga. 

10.              Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. 

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.