INFORME DEFENSORIAL Nº 44/DP

 

Análisis de la legalidad de la prohibición establecida para las universidades del país de expedir duplicados de diplomas de grados y títulos universitarios en aplicación del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, aprobado mediante Resolución Nº 636-97-ANR.[1]

 

I.ANTECEDENTES

 

La Defensoría del Pueblo recibió dos pedidos de intervención relacionados con la prohibición para expedir duplicados de diplomas de grados o títulos universitarios establecida en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, aprobado mediante Resolución Nº 636-97-ANR del 20 de junio de 1997. Dichos pedidos fueron los siguientes:

 

Queja presentada por el señor José Carlos Vilcapoma Bottoni (Exp. Nº 189-98), el 9 de enero de 1998, para que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle le expida un duplicado de su Diploma de Grado de Bachiller, el cual le fue denegado en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, aprobado por Resolución Nº 636-97- ANR.

Pedido presentado por el señor Félix Vasi Zevallos (Exp. Nº 2460-98), el 20 de agosto de 1998, para que la Pontificia Universidad Católica del Perú, le expida un duplicado de su Diploma de Título de Abogado, el mismo que se destruyó en el atentado terrorista que se produjo el día 16 de julio de 1992 en la calle Tarata del Distrito de Miraflores, lugar de su residencia.

 

En este caso, según información proporcionada por el recurrente, en los años 1992 y 1995 presentó solicitudes al Rector de la citada universidad para que se le expida un duplicado de su Título de Abogado, las cuales fueron denegadas por el Consejo Universitario.

 

II. ALCANCES DE LA INVESTIGACION

 

El 20 de junio de 1997, la Asamblea Nacional de Rectores – ANR aprobó mediante Resolución Nº 636-97-ANR del 20 de junio de 1997, el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, cuya Disposición Transitoria Tercera prohibe a las universidades del país expedir duplicados de diplomas de grados académicos o títulos universitarios. Hasta antes de la entrada en vigencia del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, existía una práctica extendida en dichos centros de estudios por la cual sólo se entregaban duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales en cumplimiento de un mandato judicial y, en ciertos casos, previo pago de una tasa administrativa, tal como sucedía con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque inicialmente también se exigía en esta universidad un mandato judicial para acceder a ello.

 

En la actualidad, y a partir de la vigencia de la Resolución Nº 636-97-ANR, todas las universidades del país se sujetan a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de dicha norma, por ser de cumplimiento obligatorio; es decir, no se expiden duplicados de diplomas de grados o títulos universitarios, otorgándose sólo constancias que acreditan haber optado el grado, el título o la entrega del diploma respectivo[2].

 

Debido a que dicha prohibición podría estar vulnerando principios constitucionales  además de los derechos de los graduados y titulados por las universidades peruanas, la Defensoría del Pueblo decidió iniciar una investigación sobre el particular, a partir de los pedidos de intervención mencionados, cuyas conclusiones se presentan en el presente informe.

 

III. COMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 162º de la Constitución Política y por el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520, corresponde a esta institución defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos de la ciudadanía.

 

En el presente caso, consideramos necesario analizar la legalidad de la prohibición contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, con la finalidad de establecer si éste vulnera o no el derecho de todo graduado o profesional a ser reconocido como Bachiller, Licenciado (o sus equivalentes), Maestro o Doctor, a través del diploma del grado o título obtenido, o del duplicado del mismo Asimismo, si esta prohibición vulnera el derecho de petición reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución, y supondría un obstáculo al ejercicio de los siguientes derechos constitucionales: al libre desarrollo de la persona reconocido en el artículo 2º, inciso 1); a trabajar libremente con sujeción a la ley, recogido en el artículo 2º inciso 15); y a la libertad de trabajo reconocida en el artículo 59º.

 

IV. PRINCIPALES ACTUACIONES DEFENSORIALES

 

4.1. Al solicitar la información correspondiente al caso del señor José Carlos Vilcapoma Bottoni, los miembros de la Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle” fundamentaron su negativa a entregar el duplicado del diploma de Grado de Bachiller en lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios aprobado por Resolución Nº 636-97-ANR. Por ello, el citado órgano sólo aprobó la expedición de una constancia certificada sobre la inscripción del

diploma solicitado.

4.2. Con relación al caso del señor Félix Vasi Zevallos, mediante Oficio Nº 668- 99/AE de fecha 14 de mayo de 1999 se solicitó información al Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, a fin de que nos precise los siguientes aspectos:

 

Los fundamentos de la prohibición establecida para las universidades del país de expedir duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales, ya que dicha prohibición no se encuentra regulada en la Ley Universitaria, Ley Nº 23733.

Si se han evaluado propuestas para modificar dicha norma prohibitiva, teniendo en consideración que existen casos excepcionales, en los cuales un hecho fortuito (un accidente o siniestro, un robo, una catástrofe natural, etc.), puede provocar la pérdida o deterioro de los diplomas antes citados.

La posibilidad de dotar a los diplomas que expiden las universidades del país, de medidas de seguridad adecuadas para evitar que éstos sean falsificados, siendo por tanto posible otorgar duplicados de los mismos cuando ocurran hechos excepcionales como los descritos.

 

4.3. Asimismo, en el documento citado se sugirió que el Pleno de Rectores reunidos en Asamblea Nacional considerara modificar, atendiendo a las consideraciones expuestas, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios.

 

4.4. Mediante Oficio Nº 549-99-P/SG de fecha 22 de junio de 1999, el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores nos informó que:

 

Existe un criterio generalmente aceptado a nivel universitario en el sentido que la expedición de un diploma que contiene el grado académico o título profesional constituye un “acto académico por excelencia”, el cual es conferido por el Consejo Universitario luego de haberse cumplido con los requisitos correspondientes.

Este es un “acto eminentemente formal”, el cual debe reunir ciertos requisitos para su validez tales como la aprobación del Consejo de Facultad, ser conferido por el Consejo Universitario, que hayan sido suscritos por las autoridades universitarias autorizadas para ello en el lugar y la fecha que efectivamente se optaron los grados o títulos. Requisitos que impiden expedir duplicados de diplomas de grado académico o título porque ello requeriría el Consejo Universitario que los confirió que se encontrara aún en ejercicio.

La Asamblea Nacional de Rectores había tomado conocimiento de nuestro pedido de modificación de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, y que se había acordado que sería estudiado por las instancias correspondientes, para que en la próxima reunión del Pleno de la ANR se adopten las decisiones pertinentes.

 

4.5. Posteriormente, a través del Oficio Nº 294-2000/AES del 4 de abril del 2000, se solicitó al Secretario General de la ANR remitir un informe sobre los siguientes aspectos:

 

Los acuerdos adoptados por el Pleno de la Asamblea Nacional de Rectores, respecto a nuestra propuesta de modificación de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y

Títulos Universitarios.

Los casos en los que la ANR estaría autorizando la entrega de duplicados de diplomas de grados académicos y títulos universitarios, ya que a través de la Resolución Nº 1518-2000-PCR-UNE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 3 de abril del presente año, tomamos conocimiento que la ANR había recomendado mediante el Oficio Nº 1055-99-DE/SG – cuya copia se solicitó -, emitido por su Dirección Ejecutiva, que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle declarase la nulidad del Diploma de Bachiller de su ex alumna, Jenny Johanne Barrera Laurente, por haberse extraviado por responsabilidad de dos servidores de dicha universidad. En consecuencia, las autoridades universitarias dispusieron procesar un nuevo Diploma de Grado Académico de Bachiller.

 

4.6. Ante la falta de respuesta de la entidad quejada, mediante Oficio Nº 335- 2000/AES del 25 de abril del 2000, se reiteró a la Secretaría General de la ANR el pedido de información, otorgándole para tal efecto el plazo de 5 días calendario.

 

4.7. El 27 de abril del 2000, a través del Oficio Nº 412-2000-DE/SG, el Director Ejecutivo (e) de la ANR, señor César Castillo Meza, respondió a nuestras solicitudes de información, transcribiendo un párrafo de un informe elaborado por su Oficina de Asesoría Legal, en el cual se sostiene que:

 

“La Resolución Nº 636-97-ANR que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos se mantiene vigente en todos sus extremos. La Asamblea Nacional de Rectores no ha aprobado ninguna disposición de excepción a la prohibición de expedir duplicados de títulos profesionales y grados académicos en ningún supuesto.

De otro lado, precisar que se desprende del tenor del Oficio Nº 1055- 99-DE/SG solo se sugiere la expedición del nuevo título profesional y/o grado académico bajo el procedimiento propuesto, en el caso de producirse el extravío del diploma al interior de la universidad sin que el graduado o titulado haya recepcionado el citado documento.

Sin embargo, dicho funcionario no remitió copias de dicho informe legal ni del oficio remitido a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle citado.

 

V. NORMAS APLICABLES

 

5.1. Constitución Política del Perú:

 

Artículo 2º inciso 20), primer párrafo, que señala que toda persona tiene derecho “A formular peticiones, individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado, una respuesta también por escrito, dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

Artículo 18º, in fine, que señala que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Artículo 51º que establece que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.” (…)

Artículo 59º que establece que “El Estado …garantiza la libertad de trabajo.”

5.2. Ley Nº 23733, Ley Universitaria, publicada el 17 de diciembre de 1983, la misma que no contiene disposición alguna referida a la posibilidad de expedir duplicados de grados o títulos profesionales por las universidades del país. Asimismo, el artículo 22º de dicha ley establece que “Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan, en nombre de la Nación, los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen denominación propia, así como los de segunda especialidad profesional.”.

 

5.3. Ley Nº 25064, publicada el 23 de junio de 1989, que adicionó el inciso “l” al artículo 92º de la Ley Nº 23733, estableciendo como atribución de la Asamblea Nacional de Rectores el “llevar el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las universidades de la República”.

 

Asimismo, en el artículo 4º de la citada ley, se dispuso que la Asamblea Nacional de Rectores dicte las “demás disposiciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la presente Ley”.

 

5.4. La Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores Nº 636-97-ANR de fecha 20 de junio de 1997, que aprobó el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, en cuya Disposición Transitoria Tercera se señala:

 

“En ningún caso las universidades podrán expedir duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales. El interesado sólo podrá obtener de la respectiva universidad una constancia que acredite haber optado el grado o título y de la entrega del diploma correspondiente”.

 

5.5. El inciso d) y el párrafo final del artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, que estipulan que las universidades se encuentran sujetas a las normas que regulan el derecho de petición.

 

VI. Análisis

 

6.1. Sobre la legalidad de la prohibición

 

No existe en la Ley Nº 23733 – Ley Universitaria, ni en la norma que la modificó, Ley Nº 25064, alguna disposición que de manera expresa establezca la imposibilidad de las universidades para expedir y otorgar duplicados de grados o títulos profesionales.

Al respecto, cabe precisar que en el derecho público rige el principio por el cual los actos de la Administración Pública deben estar sustentados en la ley, es decir, el funcionario o servidor público sólo puede hacer lo que la ley le permite o manda, no pudiendo excederse de sus competencias legales.[3]

 

Dicho principio, también conocido como “Principio de Legalidad”, significa que la administración del Estado debe someter toda su actuación a lo que disponen la Constitución y las leyes, constituyendo el derecho un parámetro a toda acción administrativa, y, a su vez, en defecto de la ley no podrá realizar actuaciones singulares que afecten los derechos y la esfera de libertad de los ciudadanos.

 

Ello es así porque en un Estado de Derecho el poder que ejerce la Administración Pública no es ilimitado, ni queda a criterio del funcionario público que lo detenta. Por el contrario, existen normas legales que limitan y regulan el ejercicio de este poder, para que sus actos no se conviertan en arbitrarios o ilegítimos. De esta forma, se busca organizar y encuadrar la actividad estatal dentro de un marco institucional y legal que busque garantizar la protección de la persona humana.

 

Complementando las ideas anteriores, por el principio de jerarquía de las normas, reconocido en el artículo 51º del texto constitucional, ninguna norma reglamentaria puede restringir o desconocer derechos reconocidos en la Constitución o las leyes, ya que la administración del Estado siempre requerirá de un ”apoderamiento legal” (poder expreso previsto en la Constitución o en las leyes) para actuaciones que signifiquen limitar o restringir derechos, y siempre en aras de un interés superior.

 

En el mismo sentido, la administración estatal no debe actuar sólo dentro del marco de la ley, sino que a continuación o seguidamente a ella. Ello quiere decir que la potestad reglamentaria de la administración del Estado, no se podrá desarrollar en esferas exentas o independientes de la ley, ya que la decisión fundamental acerca de cualquier objeto de relevancia jurídica corresponde a la ley; y el reglamento sólo se concibe “secundum lege”, para desarrollar normas de simple detalle necesarias para la ejecución de las leyes.

 

En el presente caso, encontramos que, no obstante estar frente a una potestad reglamentaria, en virtud de la Ley Nº 25064 que estableció como una de las atribuciones específicas de la ANR el llevar el Registro Nacional de Grados y Títulos, confiriéndole además la facultad de dictar las disposiciones necesarias para cumplir con dicha atribución; dicha entidad debe respetar el principio general por el cual los reglamentos que dicte, como el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos

Universitarios, no transgredan ni desnaturalicen lo dispuesto por las leyes, en especial la Ley Universitaria.

 

Por otro lado, aunque debemos tener en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 22º de la Ley Universitaria corresponde a las universidades otorgar los grados académicos y títulos profesionales, con relación al diploma de grado o título universitario, el artículo 5º del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios establece que corresponde a la ANR suministrar a las universidades el

papel de seguridad y los demás materiales requeridos para la impresión de los Diplomas, y a las universidades imprimir en los mismos su nombre y logotipo característico, tal como se establece en el artículo 6º. De esa manera, podemos afirmar que la función de la Asamblea Nacional de Rectores estaría limitada a establecer las características formales y suministrar los materiales que servirán para la elaboración de los diplomas que deben entregar las universidades.

 

De otro lado, sobre el argumento señalado por el Presidente de la ANR en el Oficio Nº 549-99-P/SG, respecto a que en la fecha de la solicitud del duplicado del grado académico o título se requeriría que se encuentre en ejercicio el Consejo Universitario que confirió el grado o título en el lugar y la fecha en que efectivamente se cumplieron los requisitos para su validez; debemos señalar que si bien los Consejos Universitarios que confirieron los grados y títulos, como constan en los diplomas originales, ya no están en ejercicio, la responsabilidad de otorgar los duplicados recaería en las autoridades universitarias competentes en ejercicio al momento de

solicitarse el duplicado.

 

Ello es así porque lo realmente importante es la certificación de haber optado el grado o título correspondiente, de acuerdo a las actas o registros que obran en poder de las propias universidades, y no la autoridad que suscribió dicho acto, razón por la cual no resulta razonable la prohibición establecida.

 

Por lo expuesto, consideramos que la prohibición establecida por la ANR para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos universitarios es ilegal, ya que se excedió en el ejercicio de la facultad que le otorgó la Ley Nº 25064, al reglamentar este aspecto en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, excediendo el marco de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 23733, Ley Universitaria sobre esta materia, transgrediéndola y restringiendo derechos.

 

Asimismo, al resultar dicha prohibición violatoria del principio de legalidad, cualquier ciudadano está legitimado para interponer una Acción Popular contra la Disposición Transitoria Tercera del mencionado reglamento[4].

 

6.2. Sobre los derechos afectados por la prohibición

 

Debe tenerse en cuenta que la referida prohibición, además de restringir el acceso a duplicados de los diplomas de los grados y títulos ya obtenidos, puede configurar un obstáculo al derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley, reconocido en el inciso 15) del artículo 2º de la Constitución, ya que para acceder a algunos cargos en el sector público (y en algunos casos en el sector privado), se requiere exhibir el original o copia del diploma de grado académico o título profesional. Requisito imposible de cumplir si éste se ha perdido, destruido o deteriorado de tal forma que ya no sea apto para tal fin. Como ejemplo de lo indicado, señalamos a continuación casos en los cuales la administración estatal[5] exige copia del diploma del título profesional para acceder a un cargo público:

 

En el inciso b) del artículo 14º del Reglamento de los Concursos Públicos de Méritos y Evaluación Personal para el Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 019-98-CNM, publicada el 12 de agosto de 1998 en el Diario Oficial “El Peruano”, se exige la copia del diploma del título profesional de abogado para postular a los cargos de Juez y Fiscal.

Para acceder al cargo de Notario Público se requiere presentar copia del diploma del título profesional de abogado. Este requisito se encuentra establecido en el inciso b) del artículo 6º de la Resolución Suprema Nº 224-97-JUS, Reglamento de Concurso Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial, publicada el 30 de setiembre de 1997 en el Diario Oficial “El Peruano”.

Para el acceso a los cargos de Registrador Público e integrante de órganos de Segunda Instancia Registral, respectivamente, se requiere presentación de copia del diploma del título profesional de abogado, según lo dispuesto por el inciso b) del artículo 10º de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 097-96- SUNARP, publicada el 12 de junio de 1996 en el Diario Oficial “El Peruano”, mediante la cual se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento del Concurso Público de Méritos para dichos cargos.

Igualmente, para ingresar a la Carrera Pública del Profesorado, el inciso b) del artículo 35º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, publicada el 15 de diciembre de 1984 en el Diario Oficial “El Peruano”, establece como requisito poseer título profesional de profesor”, lo cual se acredita con una copia del diploma correspondiente, documento exigido en los diferentes concursos públicos convocados para tal fin.[6]

 

6.3. Las consecuencias de la prohibición

 

El título o grado otorgado por las universidades del país, es diferente al diploma o documento donde constan los mismos. Los primeros constituyen actos jurídicos que se ejecutan una vez cumplidas ciertas formalidades o requisitos previstos en la ley y en los estatutos de las universidades; mientras que los segundos son sólo la materialización o expresión documental de dichos actos jurídicos.

 

Al conferirse el grado o título, el estudiante o profesional, tiene derecho a ser reconocido como Bachiller, Licenciado o sus equivalentes, Maestro, Doctor, con los beneficios profesionales y laborales que ello implica. Para efectos prácticos, el documento por excelencia que acredita la obtención del grado o título es el diploma que otorgan las universidades “A nombre de la Nación”.

 

La prohibición contenida en la Disposición Transitoria Tercera, del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos establece que En ningún caso las universidades podrán expedir duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales”, solamente, podrán expedir constancias que acrediten haber optado el grado o título y la entrega del diploma respectivo.

 

En tal sentido, aunque la expedición de un diploma que acredita el grado académico o título profesional obtenido debe cumplir con ciertos requisitos de forma, tales como la aprobación del Consejo de Facultad, ser conferido por el Consejo Universitario y ser suscrito por las autoridades universitarias autorizadas en la fecha y lugar en el que efectivamente se obtuvieron, ello no debería constituir un impedimento para la expedición de los duplicados que posteriormente el graduado se vea precisado a solicitar. Aquel que ha obtenido un grado o título universitario deberá tener siempre, a través del diploma que así lo acredita, el derecho a que se le reconozcan aquéllos.

 

Por otro lado, aun si la negativa de entregar duplicados de diplomas de grados o títulos universitarios estuviera basada en los estatutos de las universidades, las normas correspondientes serían también cuestionables por las razones ya señaladas.

En consecuencia, las restricciones a la emisión de duplicados de diplomas de grados o títulos universitarios deben basarse únicamente en los aspectos relativos a la naturaleza de estos diplomas. En caso contrario, estaríamos ante disposiciones ilegales y arbitrarias.

 

6.4. Sobre la razonabilidad de restringir la expedición de duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales

 

El diploma universitario en el que consta el grado académico o título profesional obtenido, es sólo un documento que acredita una competencia profesional. Por tanto, si bien el momento de la graduación o titulación puede ser único e irrepetible así como el momento en que se otorga el diploma correspondiente, ello no implica que los diplomas mencionados sean irremplazables, ya que el sentido de las formalidades especiales para su otorgamiento es el revestir de cierta solemnidad a dichos actos.

 

De otro lado, la dificultad que supone la confección de un diploma (principalmente por el tipo de firmas que requiere para su validez), sólo puede hacer razonable la exigencia de requisitos especiales para hacerlo, por ejemplo, el pago de un derecho para su expedición. Especialmente si tenemos en cuenta que la ANR debe proporcionar “el papel de seguridad” en el cual constará el mismo.

 

Asimismo, este “papel de seguridad” podría ser dotado de características singulares que impidan o dificulten su falsificación, para ello la ANR podría solicitar asesoría a entidades tales como la RENIEC. En consecuencia, si bien la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, no establece disposición alguna respecto a la emisión de duplicados de diplomas de grados y títulos, cabe considerar que, debido a la naturaleza especial de los mismos, por medidas de seguridad, pueden establecerse algunos requisitos para la emisión de duplicados, pero en ningún caso la prohibición de expedirlos.

 

VII. CONCLUSIONES

 

1. La prohibición para la expedición de duplicados de los diplomas de grados y títulos contenida en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, aprobado mediante Resolución Nº 636-97-ANR, transgrede lo establecido en la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, vulnerando, por tanto, el principio de legalidad al cual debe subordinar sus actos la administración estatal.

2. Corresponde a la ANR derogar la prohibición establecida en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, debiendo quedar establecido que no existe impedimento legal alguno para que las universidades del país puedan expedir los duplicados de diplomas que les soliciten.

3. La ANR debe establecer requisitos o medidas de seguridad para la expedición de los diplomas donde consten los grados académicos o títulos universitarios, a fin de garantizar la autenticidad de los documentos que se expidan.

4. Al ser la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos una norma que contraviene lo señalado en la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, es posible interponer una Acción Popular contra dicha norma o solicitar su inaplicación en el marco de un proceso judicial.

 

VIII. RECOMENDACIONES

 

En virtud de lo expuesto en los numerales precedentes, y conforme a las atribuciones señaladas en el artículo 162º de la Constitución Política y el artículo 26º de nuestra Ley Orgánica, Ley Nº 26520, proponemos:

 

1. RECOMENDAR a la Asamblea Nacional de Rectores, por intermedio de su Presidente, adopte las medidas necesarias para:

 

a) DEROGAR la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado mediante Resolución Nº 636-97-ANR del 20 de junio de 1997, por los fundamentos expuestos en el presente informe, para permitir la expedición de duplicados de diplomas de grados y títulos por las universidades del país.

b) IMPLEMENTAR los mecanismos de seguridad necesarios, una vez derogada la citada Disposición Transitoria Tercera, para que las universidades del país puedan expedir los duplicados de diplomas de grados y títulos que les sean solicitados.

 

2. ORIENTAR a los recurrentes para que, en caso no se derogue la norma contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado mediante Resolución Nº 636-97- ANR, interpongan, de conformidad con lo establecido en el artículo 200º, inciso 5) de la Constitución Política y en la Ley Nº 24968, una Acción Popular contra dicha norma.

 

Lima, junio del 2000

 



[1] 1Elaborado por un equipo de trabajo dirigido por Dante Mendoza Antonioli, Adjunto (e) al Defensor del

Pueblo para la Administración Estatal, e integrado por Alberto Arequipeño Tamara y Mariela Pacheco

Ausejo, con la colaboración de Samuel Abad Yupanqui, Defensor Especializado en Asuntos Constitucionales.

 

[2] La entrega de constancias está prevista también en la Disposición Transitoria Tercera.

 

[3] Lo contrario sucede en el derecho privado, en el cual rige el principio por el que las personas pueden hacer

todo lo que no esté expresamente prohibido por ley. El artículo 2º, inciso 24, literal a) de la Constitución

Política del Estado recoge el viejo aforismo “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni

impedido de hacer lo que ella no prohibe”.

[4] Artículo 200º, inciso 5 de la Constitución Política del Perú y artículo 4º de la Ley Nº 24968, Ley Procesal de

la Acción Popular.

[5] En todos los casos que se mencionan, hechas las consultas correspondientes, se nos informó que es

necesaria la presentación de las copias de los diplomas donde consta el título obtenido, no aceptándose las

“constancias” de haber obtenido el grado o título universitario respectivo.

[6] Por ejemplo, en el último concurso público para el nombramiento de docentes y directivos en el sector

Educación, realizado en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 27142, se aprobó la Directiva Nº 001-99-CN,

sobre “Normas para la Ejecución el Concurso Público para el Nombramiento de Docentes y Directivos”, en

cuyo numeral 5.1 se señala como requisito para poder concursar el presentar una “copia simple del Título

Profesional”.