AUDIENCIA PUBLICA: ASEGURAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN DEFENSA  DE SUS INTERESES

 

 

 

            Hoy, la crisis es de tal magnitud y  profundidad que requiere - más que nunca - de hechos, gestos y conductas que puedan  ir reconstruyendo  la confianza, credibilidad  y  transparencia de  todos  los actores que participan en la comunidad. Existen temas y cuestiones de tan fuerte contenido social y económico que es un deber permitir la activa participación ciudadana para que sus opiniones e intereses sean escuchados y analizados previo a la toma de decisiones por parte  del Poder Administrador.

 

            La gravedad de la situación actual plantea la necesidad de soluciones globales, de fondo, con amplio consenso, basadas en  políticas integrales y coherentes capaces de superar los fracasos del pasado. Se acabaron las épocas de los funcionarios omnipotentes que lo piensan y resuelven todo, que motorizan proyectos sin tener en cuenta la participación de la población, generando con este accionar una deformación del sistema administrativo por la pérdida del sentido de lo público y del bien común.

 

            Hay temas que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos, que tienen una vital incidencia social y económica, cuyo debate, análisis y probables soluciones no pueden tener un insuficiente o inexistente participación popular. La Administración que concibe como forma de llevar adelante sus políticas  la participación de los ciudadanos , lejos de ver menoscabada su autoridad, enriquece sus propuestas y decisiones cuando permite el intercambio de ideas, opiniones y sugerencias por parte de la ciudadanía. Esto, además de otorgarle a las acciones de gobierno una legitimación social mejora la relación entre el Poder Administrador y los administrados.

 

            Precisamente, por estos tiempos, hay un tema que involucra a la mayoría de los ciudadanos, los cuales todavía no tienen la información, documentación  ni la participación necesaria para defender y resguardar sus intereses. Me estoy refiriendo al confuso y desgastante proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.

 

 

            Recientemente el Ministerio de Economía anunció el cronograma de audiencias públicas para discutir las tarifas, que irán entre setiembre y octubre para los servicios de electricidad, gas, agua y teléfonos, a aún no se conoce la autoridad convocante, qué elementos se pondrán en consideración durante las audiencias y los alcances de la misma.

 

            Nos parece importante señalar que la prestación de los servicios públicos fue creada para satisfacer necesidades de la comunidad y nunca puede ir en detrimento de los usuarios. Sin embargo, la realidad muestra que hubo escasa preocupación por la defensa y resguardo de los intereses de los usuarios a la hora de tomar decisiones en materia de servicios públicos.

 

            Existe un cambio a partir de la reforma constitucional de 1994 (concretamente su artículo 42, que consagra el derecho de los usuarios y consumidores a participar así como a obtener una información adecuada y veraz ), y debe entenderse que la mejor manera de proveer a ese fin es mediante el llamado a audiencia pública.

 

 

Audiencia Pública: requisitos, objeto y alcances

 

            La Audiencia Pública es el procedimiento oral y público, de participación, en el cual se otorga la garantía de oír a los interesados, previo al dictado de una decisión que pueda afectar los intereses o derechos de las partes intervinientes. Este mecanismo representa una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos; un mecanismo de formación de consenso para la opinión pública y una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos.

 

            El régimen de audiencia pública forma parte de la garantía de oír al interesado previo al dictado de una decisión, derecho que se encuentra plasmado en el art. 1° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al consagrar el principio del debido proceso adjetivo, uno de cuyos postulados es el de la garantía de oír al interesado con carácter previo a la efectiva toma de decisiones.

 

            En el tema puntual que nos ocupa hoy ( convocar a Audiencias Públicas para debatir las tarifas de los servicios públicos ) es imprescindible que se de cumplimiento a una serie de requisitos para dotar de transparencia y legalidad a las mismas. En primer término, es necesario publicar las convocatorias en el Boletín Oficial y difundirlo en los diarios de mayor circulación. También debe darse el tiempo suficiente para que las partes interesadas puedan contar con la documentación e información necesaria para elaborar sus propuestas. Este requisito garantiza que todos los participantes cuenten con la totalidad de los elementos que se manejarán durante la audiencia y asegurar el derecho a la debida información.

 

            Resulta de vital importancia precisar claramente el objeto de la audiencia y delimitar los puntos a debatir durante el desarrollo de la misma, a fin de que no se vea desnaturalizada. Por ejemplo, si el objeto es el ajuste de tarifas, deben presentarse los cuadros tarifarios, con la documentación respaldatoria de la procedencia de los mismos. Por otra parte, las Audiencias deber ser presididas por la autoridad convocante. De esta autoridad que presencie y presida la Audiencia dependerán las resoluciones que en definitiva se dicten. Esto es así, porque no resulta admisible que se adopte una decisión sin haber escuchado a las partes intervientes.

 

            Queda claro que no se trata de un mero acto procesal o una formalidad, sino de la posibilidad de participación útil y efectiva de prestadores, usuarios y terceros en todo lo atinente al servicio público involucrado. De hecho viene a constituirse en el principal acto preparatorio de la voluntad estatal, un acto de consulta que implica objetivos de racionalidad y objetividad.

 

            Por último, la participación de los ciudadanos y su capacidad para formular propuestas y alternativas resulta de vital importancia a la hora de afrontar los problemas, ya que  nadie puede erigirse dueño de la verdad rompiendo las más  elementales reglas de juego que hacen a la convivencia de nuestro sistema democrático.

 

 

                                                                      

                                                                    EDUARDO MONDINO

Defensor del Pueblo de la Nación

 

  Buenos Aires, 27 de agosto de 2002.