EL DEFENSOR DEL PUEBLO: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 

Jorge Mario Quinzio Figueiredo[i]

Presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman

 

 

NATURALEZA E IMPORTANCIA PARA UN EFECTIVO ESTADO DE DERECHO

 

El Ombudsman o Defensor del Pueblo es una garantía institucional de los derechos humanos que tiene por objeto perfeccionar el Estado de Derecho. Desde una perspectiva funcional, el Defensor del Pueblo ejerce una función de control sobre la Administración del Estado y desde una perspectiva orgánica es una institución autónoma del Estado.

 

Los particulares o las personas jurídicas se encuentran muchas veces indefensas ante las posibles irresponsabilidades, principalmente administrativas. Es conveniente poner en algunas ocasiones un dique a la creciente intervención estatal en todos sus órdenes.

 

Existen y pueden perfeccionarse variados sistemas de control, sea que estén a cargo de los Tribunales Ordinarios de Justicia o de Tribunales Especiales, los cuales son valiosísimos; sin embargo, por una u otra circunstancia no alcanzan a cubrir todas las necesidades y no dan satisfacción a la persona natural o jurídica que se ve afectada por acciones u omisiones de algún poder del Estado, particularmente del poder administrador.

 

Para suplir tales limitaciones y sin que se pretenda reemplazar a los existentes, sino más bien para colaborar con ellos en un mismo empeño, creo necesario el establecimiento del Defensor del Pueblo.

 

Para aquellos que argumentan o puedan aducir que sería innecesaria esta institución por existir otros medios administrativos y judiciales para atender y sancionar los reclamos sobre esta materia, puedo manifestar que si este organismo se hace necesario es, entre otros motivos que se han sugerido, por estar probada la insuficiencia de los otros medios de control. Los medios de control ya existentes absorben sólo una fracción de los problemas en relación a todos los casos en que las personas afectadas tienen o creen tener derecho a una justa y equitativa decisión.

 

Hay que tener en consideración, además, el constante incremento de las violaciones de los derechos humanos debido, entre otros factores, al exceso de poder de las propias autoridades.

 

Esta institución, como se ha expresado, no va a reemplazar a los organismos de control tradicionales, pero sí debe ser considerado como un aditamento a fin de prevenir y reprimir conductas inadecuadas por parte de los funcionarios de la Administración Pública y de evitar su repetición para lo sucesivo, solicitando las sanciones disciplinarias que prevén las leyes y reglamentos respectivos, como así también proponiendo sugerencias para una mejor aplicación de normas que protejan más eficientemente a las personas.

 

El Defensor del Pueblo debe ser un instrumento jurídico-político que, como tal, actuará para afianzar la democracia y para perfeccionarla, a fin de establecer una sociedad democrática avanzada, pues sólo así se podrán vivir a fondo los valores de la libertad, justicia, paz y solidaridad, los que dan auténtico sentido a un Estado de Derecho o Estado de Bienestar.

 

Es de tal importancia esta institución como lo expresa el ex Defensor del Pueblo de España, Joaquín Ruiz Giménez, en un trabajo titulado “El Defensor del Pueblo como institución constitucional, como problema y como utopía”, al manifestar: “... es un instrumento al servicio de la construcción de una sociedad civil, donde los valores superiores de nuestro Ordenamiento, los valores de libertad, igualdad y justicia, es decir, los valores que defienden a una sociedad democrática avanzada, alcancen el máximo grado de efectividad posible”.

 

El Defensor del Pueblo implica un reforzamiento y renovación de las fuerzas democráticas del Estado, pero para que esto se produzca debe requerirse, como lo expresó el ex Ombudsman Jefe del Parlamento sueco, Per-Erik Nilsson, “... que el poder público sepa lo que pretende conseguir mediante el Ombudsman, que la institución disponga de una plataforma desde la cual ella misma y el Ombudsman puedan actuar, que el propio Ombudsman sea una persona íntegra, comprensiva y competente, y finalmente, que el poder público y el Ombudsman estén atentos a la evolución de la sociedad y dispuestos a adaptarse a la misma y a las personas particulares y funcionarios que la configuran viviendo en ella”.

 

Para proteger al hombre del ataque de sus congéneres y de las propias autoridades, para garantizar su seguridad, se han creado una serie de mecanismos que se incluyen en la terminología de garantías.

 

Entre esas garantías podemos mencionar el habeas corpus, recurso de amparo, recurso de protección, la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad, que han servido y sirven en las democracias, en parte, para protegerse del abuso de poder.

 

Pero esas garantías resultan muchas veces insuficientes. Los propios gobiernos, el mismo Poder Judicial y otros organismos de control han fallado lamentablemente en innumerables ocasiones en su misión de cautelar la seguridad del ser humano.

 

El hombre tiene el derecho y la necesidad imperiosa de que su seguridad sea garantizada. Seguridad es calidad de seguro; es aquella sensación de estar a salvo de amenazas de cualquier índole, sean físicas, psicológicas o sociales, que en alguna eventualidad pudieran poner en peligro la preservación de la vida, la libertad, el bienestar y las expectativas de progreso.

 

El concepto seguridad implica el estar a salvo de cualquier contingencia de incertidumbre. El hombre debe estar lo más libre que pueda de amenazas, inminentes o potenciales.

 

En una democracia no sólo el Estado, sino la comunidad toda, la sociedad, el hombre, individual o colectivamente, debe tener su supervivencia garantizada, ajena a cualquier temor.

 

El propio Estado debe garantizar la seguridad de sus componentes. Así es como deben existir en un Estado de Derecho, o sea en una efectiva democracia, órganos suficientes encargados de la seguridad más plena y amplia posible de las personas.

 

La democracia es defendida cuando se defiende a la persona, ya que en el concepto democrático la seguridad del ser humano es el objetivo fundamental; por eso, sin duda, los derechos humanos, en toda su gama, son los más caros objetivos de una nación, de un Estado, de un gobierno.

 

Los diferentes órganos de control son elementos indispensables para la existencia real de un Estado de Derecho, ya que, en sus variadas facultades, están destinados a garantizar y proteger los derechos y libertades de la persona.

 

Los procedimientos que están íntimamente ligados a los sistemas de control son instituciones que prestan un enorme servicio a la causa del imperio del Derecho y a la seguridad del hombre.

 

Hoy en día está mucho más en peligro la seguridad del individuo con la aplicación que hacen algunos Estados y gobiernos de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que define los objetivos nacionales en forma elitista, autoritaria y absolutista, en función de concepciones y valores bélicos.

 

La Doctrina de la Seguridad Nacional determina que la defensa del Estado se sobrepone a cualquier otro principio y que para destruir a los enemigos del Estado no existen límites éticos ni jurídicos.

 

Esta doctrina es absurda y nefasta, porque supone y lleva en sí la destrucción de la esencia del Estado democrático.

 

Un Estado democrático, con pleno Estado de Derecho, se defiende a través de medios democráticos, con firmeza y decisión, pero solamente con las armas legales dentro de los límites que fije el Derecho.

 

De esta manera, aun la existencia de las instituciones tradicionales de protección, especialmente órganos jurisdiccionales, no basta para asegurar una efectiva vigencia de los derechos humanos y otros derechos reconocidos en los textos constitucionales.

 

El Ombudsman, como se ha concebido, obedece a un perfeccionamiento en los medios de protección de los derechos humanos; es un elemento más del sistema democrático.

 

Otras de las características del Ombudsman es su aptitud para promover y proteger dichos derechos e implica un reforzamiento y una renovación de las fuerzas democráticas en todo Estado.

 

La democracia, en su única y concreta concepción, debe ser la expresión de la conciencia que vincula al ser humano con la masa social que lo retiene y armoniza con las demás unidades; es la voluntad de acción libre y soberana del pueblo, es la fuerza de comunicación y no una cadena de cautiverio ni el egoísmo del sátrapa.

 

Si la democracia es una forma de gobierno, y más que eso, como se ha dicho, una forma de vida, es también una virtud que impulsa a todos los seres humanos a acercarse y unirse, ayudarse unos a otros, a comunicarse a participar con igualdad, con justicia y libertad en la vida en sociedad.

 

En estas circunstancias debe estar defendido por efectivos controles.

 

He aquí donde emerge en el estado de evolución de la comunidad la institución del Ombudsman, que involucra fundamentalmente la garantía efectiva de la seguridad.

 

El hombre necesita adaptarse a la vida social, política, económica y cultural del Estado, dentro de un medio común igualitario y libertario de convivencia. Los derechos, las garantías que se establezcan en la Constitución Política y en las leyes no sólo deben estar reconocidos, sino que también deben tener los medios efectivos de sus defensas para hacer posibles el bienestar y el progreso.

 

El Ombudsman es uno de estos medios y tal vez el más efectivo; es el nuevo cauce que se abre, es el nuevo campo que se abre a la corriente democrática que combate la desigualdad, la injusticia, los errores y los abusos. El Ombudsman modela una clara y concreta misión, imprime un carácter a la juridicidad, modela un espíritu público y forja una tradición de justicia y de comprensión que tienden al respeto de la dignidad de la persona, garantizando su seguridad y defendiendo a la democracia.

 

Por todas estas consideraciones el Ombudsman aparece hoy día como una luz, como una voz, como una señal que servirá efectivamente para corregir y hacer más perceptible la democracia, evitando errores e imperfecciones para hacerse realidad el Estado de Derecho.

 

 

INTENTOS LEGISLATIVOS

 

La incorporación del Ombudsman en sus diversas denominaciones en los países de los cinco continentes del mundo no fue tarea fácil. Inclusive llegó a descalificarse este proceso de institucionalización del Ombudsman como “Ombudsmanía”.

 

Muchos Estados se han dado nuevas Constituciones que intentan ser instrumentos adecuados para mejorar la realidad y fortalecer el sistema democrático. Las viejas instituciones se renuevan y se crean otras para afianzar y perfeccionar a las ya existentes, entre las cuales está el Ombudsman o Defensor del Pueblo; institución exitosa, motivo por el que cada día es aceptado por más países.

 

El Ombudsman en la actualidad ha justificado su existencia; sin embargo, en todos aquellos países que se han introducido ha tenido un complicado proceso de producción normativa, ya sea a nivel constitucional o a nivel legal.

 

Mencionaremos, como referencia, sólo los casos de España, México, Argentina, entre otros, y que guardan similitud con lo acontecido en los demás países y que al final logró que la institución del Ombudsman se arraigara.

 

En los países mencionados, como en otros, comenzó a través de ponencias, comentarios y observaciones a nivel académico primero e interesando a juristas, magistrados y políticos. Tanto en España como en Argentina y México, después de un largo y previo período de estudios y análisis en Seminarios, Simposios, Paneles, etc., se elaboraron proyectos que no llegaban a los respectivos parlamentos para su discusión y poder hacerlos realidad.

 

Cuando por fin un grupo muy pequeño de parlamentarios lo presentaban como proposición de ley no faltaron quienes lo impugnaban aduciendo diversas razones, como las que no serviría para nada por no tener fuerza coactiva sus recomendaciones, por no tener competencia propia, por la ya existencia de los controles clásicos, porque usurparía atribuciones de otros órganos, entre otras razones.

 

No se daban cuenta tales alegatores que en los países en que existía se había probado con creces su eficacia.

 

En España, después de lograrse su incorporación en la Constitución de 1978, transcurrieron cinco años para imponer formalmente su instalación el 30 de diciembre de 1982, después de un largo debate de su Ley Orgánica que fue criticado especialmente por magistrados y políticos.

 

Curiosamente, la Universidad Carlos III de Madrid, en su cátedra Joaquín Ruiz Giménez de estudios sobre el Defensor del Pueblo, celebró, en enero de 1992, diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y allí en ponencias e intervenciones algunos de estos magistrados y políticos, algunos parlamentarios que habían criticado y se habían opuesto a su creación, reconocieron su equivocación y aplaudieron y felicitaron que fuera una realidad.

 

Así sucedió en México, donde todos los esfuerzos, que un instante dieron la idea de inútiles, lograron imponerse y demostraron que se había andado por un camino correcto imponiendo una institución para fortalecer el régimen democrático y el afianzamiento de los Derechos Humanos.

 

En Argentina se inició con el proyecto de ley de los senadores Eduardo Menem y Libardo Sánchez en el año 1984. Fue un largo proceso iniciado a nivel académico, contando con un gran impulsor, el actual Primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, doctor Jorge Luis Maiorano.

 

Desde el año 1984, que se presentó el proyecto de ley respectivo hasta su definitiva creación por Ley núm. 24.284, de 1 de diciembre de 1993, transcurrieron casi diez años de críticas y observaciones, pero al final se tuvo la virtud de poner en marcha una institución que está sirviendo para reforzar el sistema democrático y el florecimiento del Estado de Derecho.

 

En América Latina se iniciaron desde hace años intentos legislativos que hoy ya son realidad como en Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina.

 

En Chile, gracias al impulso realizado por el Capítulo Chileno del Ombudsman con la activa cooperación de Asociación Iberoamericana del Ombudsman (AIO), se logró incorporarlo en el programa de la “Concertación de Partidos por la Democracia”, que llevó a la Presidencia de la República a su candidato don Patricio Aylwin Azócar (1990-1994).

 

El Capítulo Chileno presentó un proyecto para la creación de Defensor del Pueblo que el gobierno hizo suyo, con modificaciones, y fue enviado al Congreso Nacional en el mes de abril de 1991, sin haberse producido su discusión hasta la fecha.

 

Nuevamente el Capítulo y la Asociación han retornado la iniciativa y un nuevo proyecto será propuesto al gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle.

 

 

CAPÍTULO CHILENO DEL OMBUDSMAN (DEFENSOR DEL PUEBLO)

 

El Capítulo Chileno del Ombudsman se constituyó en el mes de diciembre de 1985 y es filial de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, teniendo como propósito contribuir con recursos intelectuales y profesionales a la difusión, discusión y eventual implantación en Chile de la institución del Ombudsman sobre la base de las necesidades y caracteres especiales de nuestra Nación; promover los derechos fundamentales que dicen relación con la dignidad del ser humano, su sistema de tutelas y garantías; corno asimismo propiciar la profundización y perfeccionamiento de la democracia en sus aspectos políticos, sociales y económicos, fomentando el espíritu de solidaridad en aras de un desarrollo integral y armónico bajo los postulados de la justicia social y el bien común.

 

En el mes de julio de 1986 se realizó el “Primer Simposio de Estudios Humanísticos” (ICHEH), un Seminario sobre “El Ombudsman o Defensor de la Persona en el Derecho Comparado y en la experiencia mundial”, a base de un trabajo de los profesores Humberto Nogueira y Bernardo Pinto, con comentario de los profesores Alejandro Silva Bascuñan y Jorge Mario Quinzio Figueiredo.

 

El Capítulo Chileno del Ombudsman, conjuntamente con la Embajada de Suecia en Chile, invitaron a nuestro país al Ombudsman de Suecia, doctor Ander Wigelius, quien intervino en el “Encuentro del Capítulo Chileno del Ombudsman” efectuado los días 16 y 17 de mayo de 1989 en el Colegio de Abogados de Chile.

 

Dicho encuentro se abocó a conocer la experiencia sueca e internacional sobre Ombudsman, siendo expositores el doctor Wigelius y el profesor Alejandro Silva Bascuñan, y a estudiar la necesidad y posibilidad de un Defensor del Pueblo para Chile a cargo del profesor Jorge Mario Quinzio Figueiredo.

 

Al término del encuentro se aprobó la llamada “Declaración de Santiago de Chile”, que expresa: “El Capítulo Chileno del Ombudsman o Defensor del Pueblo, con motivo de la visita realizada a Santiago de Chile por el Ombudsman de Suecia, doctor Ander Wigelius, convocó a un encuentro con el coauspicio del Grupo de Estudios Constitucionales (Grupo de los 24), la C omisión Sudamericana de Paz y el Colegio de Abogados de Chile, cuyo objeto es dar a conocer esta institución como protectora de los derechos del hombre, de la seguridad y defensa de la democracia, como asimismo para promover en su institucionalidad en el futuro gobierno democrático que el pueblo de Chile se dará al término del régimen autoritario.

 

Recomienda:

 

1. Institucionalizar el Ombudsman o Defensor del Pueblo con el fin de asegurar la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, y velar y supervigilar la actividad de la Administración del Estado para la cautela de dichos derechos y de la garantía de las libertades consagradas en la Constitución Política y las leyes, incluida la preservación del medio ambiente.

2. Adaptar el Ombudsman o Defensor del Pueblo al sistema jurídico-político que se implantará en el próximo período democrático.

3. Promover y difundir en los procesos educativos los principios de esta institución.

4. Difundir a través de los medios de comunicación social la institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo, como el ente que servirá efectivamente para corregir y hacer más perfectible la democracia, impulsando la vigencia del Estado de Derecho.

 

Santiago, 17 de mayo de 1989”

 

La Academia de Humanismo Cristiano y la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago organizaron un Seminario sobre “El Defensor del Pueblo en un sistema de protección de los derechos humanos: experiencias comparadas y perspectivas en Chile”, entre el 12 y 14 de enero de 1990, en la isla Teja, Valdivia, con participación del Capítulo Chileno del Ombudsman, que presentó varias ponencias que fueron debatidas y muy bien acogidas.

 

El Capítulo Chileno del Ombudsman, en conjunto con el diario La Época, patrocinaron en el año 1989 un concurso de ensayos bajo el título “Defensor del Pueblo para Chile”, obteniendo el premio el ensayo titulado El Defensor del Pueblo. Necesidad y posibilidad de establecer esta institución en Chile, cuyo autor fue el profesor Mario Ramírez Necochea.

 

El Segundo Simposio Nacional del Capítulo Chileno del Ombudsman, con el patrocinio de la Universidad de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre de 1991 en Santiago de Chile.

 

Especialmente invitados por el Capítulo asistieron el Ombudsman parlamentario de Finlandia, Jacob Söderman; el Contralor General Comunal de la ciudad de Buenos Aires, licenciado Antonio Cartañá, y los Defensores del Pueblo adjuntos de la provincia de San Juan, Argentina, licenciado Ramón Clavel y licenciado José Berenguel. Autoridades gubernamentales, parlamentarios, académicos y dirigentes sindicales se dieron cita en este Simposio. El Simposio discutió en cuatro paneles los siguientes temas: a) Proyectos de reforma constitucional y legal; b) El Defensor del Pueblo y los órganos de control clásicos; c) El Defensor del Pueblo y los derechos humanos, y d) La experiencia europea e internacional.

 

Conclusión de este Simposio fue la de señalar que el Defensor del Pueblo constituye un perfeccionamiento de la modernización del Estado contemporáneo y que la historia reciente de Chile es un claro argumento para justificar su creación.

 

Interesantes intervenciones fueron las del Ombudsman de Finlandia; del Contralor General Comunal de la ciudad de Buenos Aires; del Senador Jaime Gazmuri; del Magistrado Cristián Alfaro; del Consejero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Andrés Domínguez; del Secretario General del Capítulo, Carlos López; del Primer Vicepresidente del Capítulo, profesor Carlos Andrade; del profesor Francisco Zúñiga, entre otros.

 

El Capítulo Chileno del Ombudsman (Defensor del Pueblo) desde su creación ha sido presidido por Jorge Mario Quinzio Figueiredo (períodos 1985-1989 y 1991-1993), Carlos López Dawson (período 1993-1995) y Alejandro Silva Bascuñán (1989-1991). Actualmente por el período 1995- 1997 está presidido por Jorge Mario Quinzio Figueiredo.

 

El Tercer Simposio Nacional del Capítulo Chileno del Ombudsman se llevó a cabo en el mes de octubre de 1994.

 

Se dio comienzo con la campaña “Un Ombudsman para Chile” , con el objeto de poner en el tapete de debate nacional la institución del Defensor del Pueblo a fin de crear esta figura en el país.

 

El 7 de octubre de 1994 el Capítulo dio comienzo a la campaña con una exposición del doctor Jorge Luis Maiorano, ya designado Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, quien fue invitado de honor del Capítulo Chileno.

 

Posteriormente se llevó a cabo en la Academia Diplomática de Chile un encuentro cuyo objeto fue conocer y debatir el Anteproyecto de Reforma Constitucional y de Ley destinados a crear el Defensor del Pueblo.

 

Culminó el Simposio en la Universidad de Santiago con la intervención de la Embajadora de Suecia, Madeline Ströje-Wilkens; el Presidente del Capítulo, Carlos López; el profesor Jorge Mario Quinzio, profesor Carlos Andrade y profesor Francisco Zúñiga.

 

La actual directiva está preparando para el mes de mayo de 1997, conjuntamente con el Colegio de Abogados de Chile, el IV Simposio Nacional del Capítulo Chileno del Ombudsman, con participación de Defensores del Pueblo de América Latina, a fin de promover la creación del Defensor del Pueblo en Chile, con la cooperación, además, de destacados parlamentarios.

 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (DEFENSOR DEL PUEBLO) (AIO)

 

La Asociación Iberoamericana del Ombudsman (Defensor del Pueblo) fue fundada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 1 de agosto de 1992 a iniciativa de las siguientes personas: doctora Rosario Chacón Salamanca (Bolivia), doctor Luis Enrique Chase Plate (Paraguay), doctora Regina María Macedo Nery Ferrari (Brasil), doctor Jorge Mario Quinzio Figueiredo (Chile), doctor Eduardo Esteva Gallicchio (Uruguay), doctor Miguel H. Padilla y doctor Jorge Luis Maiorano.

 

El objetivo de la AIO es principalmente promover la difusión e institucionalización del Defensor del Pueblo en Iberoamérica a través del fomento de investigaciones, temas e instituciones sobre el Ombudsman, como asimismo hacer conocer el fundamento y características de esta figura jurídico-política, desarrollando y dirigiendo programas educativos, coloquios, simposios, seminarios y otros eventos; promover la profundización y perfeccionamiento de la democracia como requisito insustituible para garantizar el respeto por el libre ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de la persona.

 

El primer Consejo Directivo de la AIO quedó integrado de la siguiente manera:

 

Presidente: doctor Jorge Luis Maiorano (Argentina).

Vicepresidentes: doctor Luis Enrique Chase Plate (Paraguay) y doctor Jorge Carpizo (México).

Secretaria General: doctora Rosario Chacón Salamanca (Bolivia).

Tesorero: doctor Miguel Padilla (Argentina).

Vocales: doctora Regina María Macedo Nery Ferrari (Brasil), doctor Julio Brea Franco (República Dominicana) y doctor Jorge Mario Quinzio Figueiredo (Chile).

 

Este Consejo fue elegido en el período 1992-1994.

 

Cumpliendo disposiciones legales y estatutarias, el día 16 de octubre de 1994 se realizó en Buenos Aires, Argentina, la Primera Asamblea General de la AIO con asistencia de los miembros integrantes del Consejo de Director del Instituto Internacional del Ombudsman, presidido por Sir John Robertson, Ombudsman de Nueva Zelanda, quien fue invitado a formar parte de la mesa directiva de la asamblea.

 

Se procedió a elegir las autoridades que presidirían las deliberaciones de la asamblea, y por unanimidad se designaron las siguientes personas:

 

Presidenta: doctora Margarita Retuerto, Defensor del Pueblo de España (en funciones).

Vicepresidente: doctor Jorge Mario Quinzio Figueiredo, de Chile.

Secretarias: doctoras Regina Macedo, de Brasil, y Rosario Chacón, de Bolivia.

 

Se puso en consideración la Memoria, Balance e Informe de los Capítulos y entidades nacionales que componen la AIO y se informó sobre la publicación de la Revista de la AIO, cuya edición estuvo a cargo del doctor Eduardo Esteva (núms. 0, 1 y 2).

 

Asimismo, se dio a conocer que en el año de 1996 se realizará en Buenos Aires el próximo Congreso del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), cuya preparación y realización quedó encargada a la AIO.

 

Posteriormente se eligió el nuevo Consejo Directivo para la gestión 1994- 1996, recayendo en las siguientes personas:

 

Presidente: doctor Jaime Córdova Triviño (Defensor del Pueblo de Colombia).

Vicepresidentes: doctor Jorge Mario Quinzio Figueiredo (Chile) y doctor Jorge Carpizo (México).

Secretaria General: doctora Rosario Chacón Salamanca (Bolivia).

Tesorero: doctor Miguel M. Padilla (Argentina).

Vocales: doctor Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado (España), doctora Regina Macedo Ferrari (Brasil), doctor Luis Enrique Chase Plate (Paraguay), doctor Daniel Hugo Martins (Uruguay), licenciado Jorge Madrazo (México) y doctor Carlos López Dawson (Chile).

 

La primera tarea del nuevo Consejo fue la publicación del número 3 de la revista de la Asociación, editado en Santa Fe de Bogotá, Colombia, con interesantes artículos, noticias y bibliografía especializada sobre el Defensor del Pueblo en América Latina.

 

Con motivo de realizarse en Buenos Aires, Argentina, el VI Congreso del International Ombudsman Institute, se celebró conjuntamente el Segundo Congreso de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, eligiendo su Consejo Directivo para el período 1996-1998.

 

El nuevo Consejo Directivo de la AIO quedó constituido de la siguiente manera:

 

Presidente: doctor Jorge Luis Maiorano, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.

Primer Vicepresidente: doctor Jorge Mario Quinzio Figueiredo (Chile).

Segundo Vicepresidente: doctor Joao Elias de Oliveira (Brasil).

Secretaria General: doctora Rosario Chacón Salamanca (Bolivia).

Tesorero: doctor Jorge Cermesoni (Argentina).

Vocales: doctor Daniel Hugo Martins (Uruguay), doctor Luis Enrique Chase Plate (Uruguay), doctor Jorge Madrazo (México), doctor José Menéres Pimentel (Portugal), doctor Juan Bautista Monserrat Mesanza (España) y doctor César F. Alvarez Guadamuz (Guatemala).

 

Este nuevo Consejo de la AIO, y especialmente su directiva, se propone realizar una activa labor, comenzando por la publicación de un nuevo número de la revista, que será editada en Uruguay, y prestando su colaboración a los Capítulos del Ombudsman (Defensor del Pueblo) en aquellos países en que aún no han creado la Institución del Defensor del Pueblo, como pueden ser Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

 

 

LOS DERECHOS DE LA MUJER Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO

 

La Constitución Política de la República de Chile establece en el art. 1º, inciso 1º: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

 

En el inciso 4º: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

 

Por su parte, el Capítulo III de la Carta Política establece los derechos y deberes constitucionales. Así se preceptúa el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de toda persona, la igualdad ante la ley, ante la justicia, ante los cargos públicos, ante las cargas públicas, etc.

 

Todas estas garantías, en su amplio sentido, son tanto en beneficio del hombre como de la mujer.

 

El artículo 5º de la Constitución expresa: “El ejercicio de la soberanía reconoce como única limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado promover y respetar tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

 

Así es como los tratados internacionales vigentes en Chile incorporan a la Constitución derechos que no se encontraban reconocidos ni garantizados expresamente.

 

En lo que respecta a los derechos de la mujer, además de los establecidos y garantizados en la Ley Fundamental, están aquellos garantizados en los diversos tratados, protocolos, convenciones y declaraciones. En general, en todos aquellos instrumentos internacionales (pactos y figuras análogas) que Chile haya ratificado y que se encuentren vigentes.

 

Entre estos instrumentos podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc.

 

Todos ellos reafirman la igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos sus aspectos: económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

 

Cualquier discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana.

 

La mujer tiene el derecho de participar, en las mismas condiciones que el hombre, en todas las actividades de la vida humana en la sociedad organizada.

 

En particular, la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, ratificada y vigente en Chile a partir del 9 de septiembre de 1989, de conformidad al ya citado artículo 5º de la Constitución, hace obligatorio a todos los órganos del Estado respetar y promover los derechos allí preceptuados.

 

Para el cometido de hacer respetar la igualdad y el goce a los derechos relativos a la mujer, a las acciones u omisiones que lesionen sus derechos, a prevenir las violaciones, a proponer reformas que aseguren la defensa de esos derechos, a procurar el mejoramiento de los servicios públicos y privados para la atención de la mujer, para intervenir cuando se considere que puede haber discriminación contra la mujer o lesión de alguno de sus derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, para actuar en defensa de los derechos de la mujer ante la Administración del Estado o cualquier agente privado porque la mujer tenga un trato justo, es conveniente e indispensable en Chile la creación del Defensor del Pueblo, incluyendo un Capítulo especial destinado a los derechos de la mujer.

 

 

CONCLUSIÓN

 

De todo lo expuesto somos firmes partidarios de la creación de una sola institución del Defensor del Pueblo para la protección y defensa de todos y cada uno de los Derechos Humanos.

 

La competencia del Defensor del Pueblo debe ser amplia y debe abarcar los temas característicos a nuestro país, pudiendo tener departamentos o áreas especializadas. Así tendría atribuciones referentes a los niños, a la tercera edad, a asuntos ecológicos y en especial a los derechos de la mujer, entre otros que se estimaran convenientes y necesarios dentro de lo que se considera que es esta institución, como ente defensor de los derechos del ser humano, resguardador de la persona, cuya finalidad es de su reconocimiento y respeto.

 

El surgimiento de esta institución en todos los países del mundo, en especial últimamente en América Latina, tiene una evidente justificación.

 

Se ha tomado conciencia de la necesidad del Defensor del Pueblo para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho democrático, que contribuirá a la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria.

 



[i] Jorge Mario Quinzio Figueiredo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Universidad La República y Universidad Nacional Andrés Bello, Presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman y Primer Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Ombudsman (AIO).