CIUDADANÍA

 

 

I.  Concepto

 

Condición de Ciudadano, sea de titular de la plenitud de derechos públicos subjetivos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, otorgados por el sistema jurídico. Se fundamenta esa definición en una tesis de Thomas H. Marshall, para quien la ciudadanía tiene tres elementos: civil, político y social. “El elemento civil está compuesto por los derechos necesarios para la libertad individual, libertad personal, libertad de palabra, de pensamiento y de fe religiosa; el derecho a la propiedad, el de concluir contratos válidos y el derecho a la justicia... Por el elemento político entiendo el derecho de participar en el ejercicio del poder político, como miembro investido con autoridad política, o como elector de dicho cuerpo... Por el elemento social, quiero señalar el ámbito completo, desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y de seguridad al de participar plenamente en la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los patrones predominantes en la sociedad” (Class, Citizenship and Social Development Essays. Doubleday, Garden City, 1964, p. 74). Esa definición, según su autor, es sociológica, pero los elementos que la forman son jurídicos y corresponden a los derechos públicos subjetivos de la época actual. Hay otras dos acepciones o criterios usados para definir ciudadanía, que tienen importancia:

 

A.   Confusión con Nacionalidad

 

Se da, como ejemplo, en el artículo de Giuseppe Biscottini en la Enciclopedia Jurídica Italiana, donde se dice que ciudadanía, en el concepto más amplio y genérico “puede ser definida como la condición jurídica de quien forma parte de un Estado”. Todos los problemas que se tratan luego corresponden a la nacionalidad, tales como los criterios para otorgarla, sean las tesis del ius sanguini y voluntad individual; los límites internacionales al derecho del Estado a otorgar o negar la nacionalidad a determinados individuos o personas jurídicas; la posibilidad de renunciar a una nacionalidad, la protección jurídica dada por el Estado a sus nacionales; el tratamiento a los extranjeros, etc. Esa confusión entre nacionalidad y ciudadanía, como dice el venezolano Francisco Vetancourt Aristiguieta, “ha sido una tradición en los constitucionalistas y comentaristas de nuestras leyes fundamentales”. Aun en los tratados internacionales, como lo observa Alejandro Alvarez, “L’expression de citoyen est prise presque toujours comme equivalent a celle de national” (Nacionalidad, Naturalización y Ciudadanía en Hispano América. Emp. El Cojo, Caracas, 1957, p. 30). Dicha definición tiene el problema de que no todos los nacionales son ciudadanos, si bien para ser ciudadano se requiere la condición de nacional. La ciudadanía es pues un derecho para el cual la nacionalidad constituye un supuesto indispensable. Tiene usualmente un supuesto jurídico, el derecho a la nacionalidad, y otro de hecho, llegar a la mayoría de edad. Nacionalidad y ciudadanía son, sin embargo, dos situaciones diferentes y la confusión entre ellas produce serios equívocos.

 

B.   Entendida como titularidad de los derechos políticos

 

Esta es la definición que aparece en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, según el cual “Ciudadanía” es 1. “Calidad y derecho de ciudadano” 2. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación” y “Ciudadano” es 3. El habitante de las ciudades antiguas o de los Estados modernos, como sujeto de derechos políticos, y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno de la nación. Aparece igualmente en el Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, para el cual “Citoyenneté” es “Calidad de la persona que dispone en una comunidad política dada, del conjunto de derechos cívicos”. Para el mismo, “Citoyen” es “Persona que posee, en el estado donde se halla, derechos civiles y políticos, especialmente el derecho al sufragio”. Este criterio se inspira en la generalizada institución de conceder a los extranjeros iguales derechos civiles que a los nacionales, y reservar para éstos, los derechos políticos.

 

Como escribió Elías Leiva “Un principio de justicia, generalmente aceptado entre los pueblos que viven en la sociedad de las naciones, que se funda en razones de humanidad y de conveniencia, ha hecho que se concedan al extranjero todos aquellos derechos civiles que se acuerdan al nacional y sin los cuales el hombre no puede realizar útilmente el objeto de su vida” (Principios de Ciencia Constitucional. Imprenta Gutemberg, San José, 1934, p. 39). En cambio, hay casi unanimidad en que los derechos políticos sólo corresponden a los nacionales, que han alcanzado la mayoría de edad, a los cuales se tiene como ciudadanos. Las restricciones que en distintas épocas se han impuesto al ejercicio del sufragio, en cuanto a sexo, propiedad de bienes o nivel de instrucción, motivan que se tenga a los ciudadanos como “la aristocracia de la República”, según la denomina Francisco Bauzá (citado por Vetancourt, op. cit., p. 12). La inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en los catálogos de derechos públicos subjetivos, no altera dicha distinción, dado que lo acostumbrado es atribuirlos a todas las personas que sean trabajadores, miembros de la familia o necesitados de instrucción, sin hacer diferencia entre nacionales y extranjeros.

 

Por otra parte, dicha concepción evidencia la jerarquía especial de los derechos políticos, que poseen un carácter fundante y prioritario sobre los derechos de otros tipos. Proviene éste de la circunstancia de que sólo en la democracia es posible hablar de derechos públicos subjetivos como limitantes del poder de los gobernantes y base de exigencia de la responsabilidad de éstos, por los gobernados, que pueden repudiarlos y sustituirlos en un siguiente proceso eleccionario. Un examen a profundidad de la tesis que identifica la ciudadanía con los derechos políticos, permite darse cuenta de que no difiere de la expuesta primeramente. Los derechos políticos son los únicos que faltan a todos aquéllos que no son ciudadanos y que distinguen a estos últimos, que, en consecuencia, son quienes poseen la totalidad de los derechos públicos subjetivos.

 

II. Historia

 

Las distintas concepciones sobre “ciudadanía”, señaladas, tienen una clara explicación histórica. Es necesario, por tanto, mencionar los hitos de su proceso de evolución.

 

A.   Grecia clásica

 

La ciudadanía tiene dos características fundamentales: pertenece sólo a una élite y representa un vínculo de carácter religioso. El primero de dichos requisitos se evidencia en la Constitución de Atenas. Nos dice Aristóteles en esa obra: “Dragón dispuso sus leyes, y esta organización fue del siguiente modo:

 

La plena ciudadanía se le daba a los que tenían su armamento de hoplitas...El Consejo lo forman cuatrocientos uno de los ciudadanos del pleno derecho a quienes toca en suerte...” (Edición bilingüe, traducción y Nota con Estudio Preliminar por Antonio Tovar. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, párrafo 4).1, 2 y 3).

 

La relación entre el ciudadano y la polis ha sido descrita por Werner Jaeger así: “La polis representa un nuevo principio, una forma más firme y más completa de vida social... con la polis surgió, por primera vez, lo que nosotros denominamos estado, aun cuando la palabra griega puede traducirse lo mismo por estado que por ciudad... La polis es el centro dominante, a partir del cual se organiza históricamente el período más importante de la evolución griega... la pertenencia a una ciudad tenía para los griegos un valor ideal, análogo al sentimiento nacional para los modernos... La polis como suma de la comunidad ciudadana da mucho. Puede exigir, en cambio, lo más alto... En tanto que es estado incluye al hombre en su cosmos político, le da, al lado de su vida privada, una especie de segunda existencia, el bios político... Lo realmente nuevo y lo que en definitiva trajo consigo la progresiva y general urbanización del hombre fue la exigencia de que todos los individuos participaran activamente en el estado y en la vida pública, y adquirieran conciencia de sus deberes ciudadanos completamente distintos de los relativos a la esfera de su profesión privada... El ideal del ciudadano como tal, fue el que Félix enseñó a Aquiles: ser apto para pronunciar bellas palabras y realizar acciones... Cuando apareció el nuevo estado jurídico, la virtud de los ciudadanos consistió en la libre sumisión de todos, sin distinción de rango ni de nacimiento, a la nueva autoridad de la ley” (Paideia. Los Ideales de la Cultura Griega. Fondo de Cultura Económica, México, 1967, p. 84-115). Ese ideal ciudadano fue el que Platón ejemplificó en su diálogo Critón, al presentar la negativa de Sócrates a escapar de la condena que se le había impuesto, pese a considerarla injusta, por estimar que con ello desairaba las leyes de su patria, que podían recordarle todo lo que les debía desde niño.

 

Cuando Platón escribe sus diálogos, en el siglo IV antes de Jesucristo, ya habían declinado el poder político de Grecia y la estructura interna de la sociedad griega. Se trataba más bien de un esfuerzo para recuperar lo perdido. Lo importante es que fue a través de su pensamiento que los ideales de la cultura griega fueron transmitidos a otros pueblos de la Antigüedad y a sus sucesores, sirviendo de modelo ejemplificador. En la concepción griega sobre el “ciudadano” se ve claro el origen de la identidad con el concepto de nacionalidad.

 

B.   Roma

 

A diferencia de Grecia, la ciudadanía en Roma no constituía una comunidad cerrada sino que se convirtió en un fenómeno universal, dado que en el año 212, Caracalla la otorgó a todos los hombres libres del Imperio. Claude Nicolet calcula que recibieron ese beneficio un total de seis millones de personas, lo que constituia entre una quinta o una décima parte de la población del Imperio. Dicho autor nos describe los atributos de la ciudadanía, diciendo que era una garantía cívica y jurídica”. En la República incluía un derecho de participación en la vida política, pudiendo participar en las deliberaciones y en las elecciones de Magistrados. En el Imperio, al ser sustituidos los Cónsules por los Emperadores, desapareció esa participación política y se mantuvieron sólo las garantías (The World of the Citizen in Republican Rome. Traducción del Francés por P. S. Falla, Batsford Academic and Educational, London, 1980, p. 20).

 

El ejemplo de los privilegios del ciudadano romano en la época del Imperio lo tenemos, en una forma vívida, en los Hechos de los Apóstoles, al narrar la prisión de San Pablo después de su confrontación con los judíos de Jerusalén: “Ordenó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y que, azotándole, le atormentasen, para descubrir por qué causa gritaban tanto en contra de él. Ya que lo hubiesen atado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito a vosotros, azotar a un ciudadano romano y eso sin formarle causa? El centurión, oído ésto, fue al tribuno y le dijo: Mira lo que haces; pues este hombre es ciudadano romano. Llegándose entonces el tribuno a él, le preguntó: Dime, ¿eres tú Romano? Respondió él: Sí. A lo que replicó el tribuno: A mí me costó una gran suma de dinero ese privilegio. Y Pablo dijo: Pues yo lo soy de nacimiento. Al punto se apartaron de él los que le iban a dar el tormento. Y el mismo tribuno entró en temor después de que supo que era ciudadano romano y que le habían hecho atar” (Hechos de los Apóstoles, 22-24 a 29).

 

Posteriormente, se confirma la situación de privilegio, cuando se decide juzgar a San Pablo: “Mas, Festo, queriendo congraciarse con los Judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado ante mí? Respondió Pablo: Yo estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado; tú sabes muy bien que yo no he agraviado a los judíos. Que si los he ofendido, o he hecho alguna cosa por lo que sea reo de muerte, no rehúso morir, pero, si no hay nada de cuanto éstos me imputan, ninguno tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiéndolo tratado con los de su consejo, respondió: “¿Al César has apelado? Pues, al César irás” (ibid, 25-9 a 12).

 

C.   Francia Republicana

 

Durante la Edad Media europea, el concepto de ciudadanía no tiene verdadera importancia, si bien existe una vinculación entre las personas y el feudo o la ciudad donde residían. El concepto de ciudadanía no vuelve a adquirir relevancia sino cuando se producen los movimientos republicanos, inspirados en la Ilustración, a finales del siglo XVIII o principios del XIX.

 

Cierto que, para entonces, todos los conceptos greco-romanos habían sufrido las modificaciones que resultan de la tradición judeocristiana, que le dio especial importancia al concepto de “dignidad humana”, sea que reconoció un especial rango, “como resultado de su origen y su finalidad, creado por Dios, a la imagen suya y llamado a un destino eterno que trasciende todas las apariencias temporales. Origen y fin siendo comunes a todos, todos participan igualmente de la dignidad que en ellos se funda” (Rivero, Jean: Les Libertés Publiques. Les Droits de l’homme. Presses Universitaires de France, Paris, 1974, p. 45).

 

El ejemplo de la importancia que se le da al concepto de “ciudadano” aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 27 de agosto de 1789, sea en el fervor de los primeros días de la Revolución Francesa. Tal y como lo explica Jean Rivero: “La dualidad que aparece en el título de la Declaración debe ser explicada. Los derechos del hombre son... anteriores a la sociedad. Pero, los derechos del ciudadano no se conciben sino cuando la sociedad ha sido creada. Hay entonces entre ellos, una diferencia de naturaleza... Los derechos del ciudadano son los corolarios necesarios de los derechos del hombre...

 

Los derechos del hombre son libertades. Le permiten al hombre conducir una vida personal, como él la entienda. Le confieren una era de autonomía dentro de la cual la sociedad no puede inmiscuirse... Los derechos del ciudadano son poderes; aseguran la participación de todos en la conducción de la ciudad. Por eso, excluyen toda posibilidad de opresión por parte de ella: ellos son el derecho de concurrir a la formación de la voluntad general (Art. 6), el derecho de consentir en los impuestos (Art. 19), etc.

 

Esa distinción corresponde, en realidad a dos concepciones diferentes de la libertad, que Benjamin Constant ha sistematizado en la oposición entre libertad política, o libertad de los antiguos y libertad civil o libertad de los modernos. Dentro de la ciudad griega, la participación en la decisión política en el seno de la asamblea del pueblo era la única expresión de la libertad... Los “modernos” aspiraban menos a participar en el poder que a sustraer de su ámbito la conducción de su existencia: la libertad “civil” (en el sentido que uno habla de “derecho civil” en oposición al derecho “público”) es la verdadera libertad... Dentro de la Declaración, las dos categorías, lejos de oponerse, son indisolubles” (Rivero, J.: op. cit., p. 61-63).

 

Los conceptos transcritos revelan la preponderancia, en el pensamiento jurídico francés, del concepto de ciudadanía como expresión de los derechos políticos. Es lógico que así fuera en el momento revolucionario. Se trataba del inicio de la vida republicana, que luego habría de transformarse en democracia. La condición de ciudadano es parte del derecho a intervenir en la designación de los gobernantes que son producto de la voluntad mayoritaria popular, que es el resultado práctico, efectivo y reducido de la “voluntad general” de Rousseau. Esta corresponde al concepto de libertad política, o libertad de los antiguos, dentro de la tesis de Constant que cita Rivero. Por otra parte, la afirmación de la importancia del concepto de libertad civil, como área exenta de la intervención del Estado, revela el inicio de la concepción del liberalismo económico que va a dominar el siglo XIX europeo y que, junto con todos los sustratos ideológicos y filosóficos de la Revolución Francesa, van a llegar a América Latina al iniciarse, en el siglo XIX, los movimientos de Independencia.

 

D.  La Constitución de Cádiz

 

Para completar el espectro ideológico que habría de iluminar el ingreso de la América Española a la vida independiente, hacía falta un documento de enorme importancia: la Constitución promulgada para la totalidad del Imperio Español, en Cádiz, en 1812, como parte del movimiento de unidad de los reinos de España contra la dominación de Bonaparte. El movimiento tiene una serie de particularidades muy sugestivas.

 

En primer término, se trata de obtener una igualdad de derechos entre peninsulares y criollos, creándose una ciudadanía para todos los reinos del Imperio español, que guarda alguna similitud con la ciudadanía romana creada por el Edicto de Caracalla, dado que de ella se excluían los negros como en ésta los esclavos. En el artículo 1 se decía: “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, concepto que en el artículo 5, inciso primero se limitaba a “los hombres libres”, y en el 22, se abría la posibilidad a quienes “por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios de Africa”, para adquirir la ciudadanía, por concesión de las Cortes, siempre que “hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distinguen por su talento, aplicación o conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres ingenuos, que están casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio”. La posibilidad de que un negro cumpliera todos esos requisitos era remota pero se admitía, por lo menos, la posibilidad de que ello ocurriera. En segundo término se da en la Constitución española la confusión entre nacionalidad y ciudadanía, que luego va a reproducirse en algunas constituciones latinoamericanas. Al definirse en el Título II, capítulo IV, artículos 18 a 26 quiénes son ciudadanos españoles, lo que se hace es dar un mayor detalle de lo que se dispone en el artículo 5, sobre quiénes son “Españoles”.

 

Finalmente, si bien la Constitución de 1812 es dictada en respaldo a Fernando VII y es una de las manifestaciones de la lucha de los españoles contra Napoleón, lo cierto es que fue el vehículo de concreción de las ideas de la Ilustración Francesa al mundo de habla española, donde habían tenido gran influencia desde el siglo XVIII. De ahí que con base en ella se cristalizaran en los documentos constitucionales hispanoamericanos las ideas francesas.

 

E.   Hispano América

 

Dentro de los anteriores antecedentes, nacen a la vida independiente, en las primeras décadas del Siglo XIX, las Repúblicas Hispano Americanas. Hay inicialmente restos del espíritu de comunidad que se dio en las Cortes de Cádiz. Es así como varios de los nuevos estados consagran en sus Constituciones, la ciudadanía para todos los hispanoamericanos que se encuentren en su territorio. Por ejemplo, la Constitución de la República Federal de Centro América de 1824, le dio la condición de ciudadano naturalizado a “Todo el que hubiere nacido en las repúblicas de América y viniere a radicarse en la Federación... desde el momento en que manifieste su designio ante la autoridad local” (Art. 18).

 

Más avanzado el siglo XIX, encontramos una situación similar en el Decreto dictado por Mariano Melgarejo, Presidente provisional de Bolivia, el 18 de marzo de 1866, por el cual: “Los naturales de las repúblicas suramericanas que ingresen al territorio de Bolivia en calidad particular y que la reasuman en él, gozarán de los mismos derechos que los bolivianos, excepto para desempeñar la Presidencia de los Altos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial” y “El ejercicio de los derechos políticos, priva a los naturales de las otras Repúblicas que los obtengan, de la protección de los gobiernos, les impone los deberes y obligaciones que las prescriben y prescriban en adelante para los bolivianos” (Arts. 2 y 3 de dicho Decreto. Citado por Vetancourt, F., op. cit., p. 18-19).

 

En un ámbito más reducido, dicho criterio ampliativo llega hasta nuestros días en la actual Constitución guatemalteca de 1985 que, reproduciendo disposiciones de anteriores Cartas Fundamentales, dispone en su artículo 145: “También se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos”.

 

En los tres ejemplos citados puede verse claramente que la Constitución centroamericana confunde nacionalidad y ciudadanía, mientras que el decreto boliviano y la Constitución guatemalteca las separan debidamente. Ello puede ser resultado del proceso evolutivo que hemos querido delinear, de acuerdo con el cual, la tesis de la identidad entre ciudadanía y nacionalidad es la que aparece primero (Grecia, Roma). La necesidad de hacer una diferencia entre ellas no aparece sino con el estado nacional, sobre todo, cuando éste asume una forma democrática. Es entonces cuando, por influencias del nacionalismo del siglo XIX, se afirma el concepto de “nacionalidad” y, por la necesidad de introducir limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos, se da a “ciudadanía” su connotación de titular de esos derechos, además de todos los otros derechos públicos subjetivos.

 

Como ejemplo de una Constitución que identifica “ciudadanía” y derechos políticos, puede verse el artículo 90 de la costarricense de 1949, vigente, que dice: “La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de dieciocho años”. En cambio, un texto constitucional acorde con el concepto de ciudadanía que se sostuvo al inicio de este desarrollo es el de la Constitución de Guatemala de 1985, según la cual: “Son ciudadanos, los guatemaltecos mayores de dieciocho años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la Ley”.

 

 

Vocablos de referencia:

 

Derechos y deberes civiles y políticos

Elector

 

Bibliografía:

 

Aristóteles: La Constitución de Atenas. Edición bilingüe, traducción y Nota con Estudio Preliminar por Antonio Tovar. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970.

Biscottini, Giuseppe: en la Enciclopedia Jurídica Italiana.

Jaeger, Werner, Paideia: Los Ideales de la Cultura Griega. Fondo de Cultura Económica, México, 1967.

Leiva, Elías: Principios de Ciencia Constitucional. Imprenta Gutemberg, San José, 1934.

Marshall, Thomas H.: Class, Citizenship and Social Development Essays. Doubleday, Garden City, 1964.

Nicolet, Claude: The World of the Citizen in Republican Rome. Traducción del francés por P. S. Falla, Batsford Academic and Educational, London, 1980.

Rivero, Jean: Les Libertés Publiques. Les Droits de l’homme. Presses Universitaires de France, Paris, 1974.

Vetancourt, Francisco: Nacionalidad, Naturalización y Ciudadanía en Hispano América. Emp. El Cojo, Caracas, 1957.

 

Carlos José GUTIÉRREZ