CONVOCATORIA A ELECCIONES

 

 

I.  Concepto

 

El Diccionario de la Lengua Española define “convocar”, voz que deriva del latín convocare, como: “Citar, llamar a varias personas para que concurran a lugar o acto determinado” y “convocatoria”: “Anuncio o escrito con que se convoca”.

 

La convocatoria a elecciones es el acto jurídico por el que autoridad legítima llama a los ciudadanos para que concurran a elecciones, a ejercitar sus derechos de elegir y ser electo, dándose inicio con la misma al proceso electoral. La convocatoria puede ser a elecciones ordinarias previstas en la legislación nacional con sus modalidades de tipo de elección, cargos a elegir, tiempos y lugares y a elecciones extraordinarias, también previstas en la legislación con sus respectivas causas de vacancias, declaratoria de nulidad de elecciones, imposibilidad de elecciones regulares u otros motivos.

 

El concepto debe extenderse a la convocatoria a plebiscitos, referéndum o consultas populares, por tener la misma naturaleza: acto jurídico por el que autoridad legítima llama a los ciudadanos para que concurran a participar en un plebiscito, referéndum o consulta popular.

 

Características esenciales de la convocatoria son: 1) que la haga autoridad legítima; 2) que se haga con apego a la legislación vigente; 3) que tenga efectos jurídicos erga omnes; y 4) que se le de la debida publicidad.

 

II. Autoridad convocante

 

La convocatoria a elecciones, o en su caso a plebiscito, referéndum o consulta popular la debe hacer la autoridad que el régimen jurídico establece, ya sea en normas de carácter constitucional, en leyes ordinarias o en ambas.

 

En la mayoría de los países de Iberoamérica las autoridades legitimadas para hacer la convocatoria son los organismos electorales que tienen diversas conformaciones y denominaciones (Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Electoral, Corte Electoral, Consejo Electoral, Junta Central Electoral, Consejo Supremo Electoral, etc.). En otros países corresponde tal atribución al Organismo Ejecutivo y en algunos, al Organismo Legislativo. Como caso especial está México, en donde conforme su legislación electoral no es necesaria la convocatoria a elecciones ordinarias, pues la propia ley establece el inicio del proceso electoral, en determinada fecha, sin necesidad del acto jurídico de la convocatoria.

 

En efecto, en Costa Rica (artículo 102 de la Constitución Política), Ecuador (artículo 19 de la Ley de Elecciones), Guatemala (artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos), Honduras (artículo 104 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas), Panamá (artículos 171 y 172 del Código Electoral), República Dominicana y Venezuela, El Salvador y Nicaragua, son los organismos electorales “las instancias a las que el ordenamiento jurídico respectivo encarga la periódica convocatoria del cuerpo electoral para la celebración de elecciones ordinarias”.

 

En Argentina (artículo 53 del Código Electoral Nacional), Bolivia (artículo 142 de la Ley Electoral), Chile, Cuba, Paraguay (artículo 158 del Código Electoral) y Perú (artículo 80 de la Ley Orgánica de Elecciones) es competente para la convocatoria el Organismo Ejecutivo. En Uruguay también corresponde la convocatoria al Ejecutivo en el caso de disolución de la Asamblea Legislativa y para elecciones de senadores y representantes, correspondiéndole a la Corte Electoral la convocatoria a plebiscitos.

 

Las legislaciones de varios países prevén la convocatoria por parte del Organismo Legislativo en los casos en que no lo haga el organismo competente originario (Ejecutivo en Bolivia y Perú; Tribunal Supremo Electoral en Guatemala); asimismo en casos de plebiscitos (Nicaragua, Paraguay) y en Guatemala también en el caso de convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, correspondiéndole en este caso al Tribunal Supremo Electoral, la fijación de la fecha de la elección.

 

En los casos en que la convocatoria a plebiscito, referéndum o consulta popular también corresponde al organismo electoral, previamente debe existir un acto jurídico de solicitud por parte de quien tiene la legitimación para hacerlo. Ejemplo, en Guatemala, si bien el Tribunal Supremo Electoral tiene la atribución de convocar a consultas populares, sólo lo puede hacer “a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos”.

 

III. Formalidades de la convocatoria

 

Usualmente la Convocatoria a Elecciones se hace mediante un Decreto (Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia) que emite la autoridad legitimada que se denomina “Decreto de Convocatoria a Elecciones”, o bien “Decreto de Convocatoria a Plebiscito” o “a Referéndum” o “a Consulta Popular”. El acto de Convocatoria a Elecciones, o a otro de los eventos electorales señalados, debe estar revestido de certeza.

 

En cuanto a la fecha en que debe emitirse, la mayoría de legislaciones preceptúan fechas precisas para la celebración de las votaciones de donde se deriva el tiempo de la convocatoria, normándose usualmente períodos mínimos en que la misma debe hacerse.

 

En algunas legislaciones de Iberoamérica se establecen específicamente los requisitos que debe contener la convocatoria, mientras que en otras no se hace tal regulación. En términos generales, la convocatoria debe especificar:

 

·    la elección o elecciones para las que se convoca;

·    los cargos que se deben elegir con indicación de su período;

·      sistema electoral aplicable;

·    la fecha de celebración de la elección;

·    la circunscripción electoral en que debe realizarse la elección;

·    las normas que rigen el evento electoral para el que se está convocando y

·    las prevenciones y demás disposiciones que sean pertinentes.

 

Tratándose de plebiscito, referéndum o consulta popular, la convocatoria debe contener los requisitos anteriores, en lo aplicable, así como los términos precisos de las preguntas a realizarse.

 

Vocablos de referencia:

 

Cargos de elección popular

Circunscripciones electorales

Derechos y deberes civiles y políticos

Derecho electoral

Elecciones

Organismos electorales

Plebiscito

Proceso electoral

Referéndum

Sistemas electorales

 

Bibliografía:

 

Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S. R. L. Séptima edición. Tomo I. Buenos Aires, 1972.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL): Diccionario Electoral. Primera edición, San José, 1989.

Fernández, Francisco: “La Convocatoria Electoral”, en Dieter Nohlen et. al., (compilador): Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Primera edición. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

Tribunal Federal Electoral de México: Ordenamientos Electorales, México, 1994.

Valdivia, Ramiro: Manual de Derecho Electoral. Editorial Horizonte, Lima, Perú, 1998.

 

Gabriel MEDRANO VALENZUELA

 

NOTAS

 

1         El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, partiendo de la norma que establece expresamente la fecha de la elección de Presidente, Senadores y Diputados, regula fechas en que diferentes actos del proceso se deben realizar.

2         Fernández Segado, Francisco: “La Convocatoria Electoral”, en Dieter Nohlen, Sonia Picado, Daniel Zovatto (compiladores): Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Universidad de Heildelberg. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instituto Federal Electoral. Fondo de Cultura Económica, México. Primera edición, 1998. Pág. 312.

3         Artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

4         Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S. R. L. Séptima edición. Buenos Aires, 1972, Tomo I, pág. 594.