DELITOS ELECTORALES

 

 

Un sistema electoral en un estado democrático tiene como finalidad primigenia garantizar la libre expresión de la voluntad soberana del pueblo; esta libertad genérica se rodea en nuestro tiempo de otro conjunto de libertades encaminadas a salvaguardar la opción entre diversos términos de una alternativa verdaderamente plural. A hacer efectiva dicha pluralidad y su fecunda concurrencia en la conquista del electorado se dirigen un conjunto de previsiones de muy diversa naturaleza entre las que es preciso incluir la tipificación como delitos electorales, o en su caso como faltas electorales, de un conjunto de conductas atentatorias contra la transparencia y objetividad del proceso electoral, como asimismo contra la igualdad entre los distintos competidores en la lid electoral y contra la libre manifestación de su opción de voto por parte del elector, en definitiva, contra la pureza de los comicios.

 

Como ya advirtiera Giménez Fernándezla práctica demuestra que no bastan las garantías de carácter preventivo para evitar la ejecución de actos encaminados a falsear el resultado de las luchas electorales, de aquí la necesidad de que las leyes electorales dediquen uno de sus capítulos o títulos a la tipificación de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos o faltas electorales, con la concreción de las correspondientes penas o sanciones que les corresponden.

 

I.  Fuentes legales

 

Una problemática que, con carácter previo, nos plantean los delitos electorales es la necesidad o innecesariedad de su regulación con carácter especial, al margen del Código Penal.

 

Razones de técnica legislativa y atinentes a las relaciones entre el Código Penal y las leyes especiales, han presidido la discusión sobre la conveniencia de recoger en una ley especial la materia penal electoral o, por el contrario, de regularla en el propio Código Penal.

 

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la doctrina no ha mantenido una posición unánime. Aunque el ideal sería que toda la materia penal estuviera reunida en un solo cuerpo legal, no hay que olvidar, por otro lado, que determinadas materias, por sus particularidades, no guardan relación con lo que tradicionalmente constituye la materia propia de un Código Penal o son de tal naturaleza, por su carácter de transitoriedad o por encontrarse en un período incipiente de materialización, que su inclusión plantearía graves problemas de encuadre, como bien lo advierte Altés2.

 

Por lo que se refiere a las relaciones entre el Código común y la Ley especial, normalmente, o bien se acude a normas de remisión de la propia Ley especial al Código, o bien contiene éste una norma de carácter supletorio respecto a las leyes especiales.

 

Parece necesario concluir subrayando que los delitos electorales forman parte de aquellos que justifican plenamente su regulación en una ley especial. Si atendemos a las fuentes legales, podemos observar que son muy pocos los casos en que la Constitución regula directamente aspectos relacionados con los delitos y faltas electorales. Con todo, algunos encontramos. Así, el art. 57 de la Constitución de Honduras dispone que “la acción penal por los delitos electorales establecidos por la Ley es pública y prescribe en cuatro años”. Y el art. 58 prescribe que “la justicia ordinaria, sin distinción de fueros, conocerá de los delitos y faltas electorales”. Sin ánimo exhaustivo, podemos recordar asimismo que el art. 137.4 de la Constitución de Panamá atribuye al Tribunal Electoral la competencia de “sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la Ley”. En otros casos, la Constitución se limita a exigir determinado rango legal para las normas que regulan la materia electoral, dentro de la cual se incluyen los delitos electorales; es el caso, por ejemplo, del art. 18 de la Constitución de Chile. En este país, en Nicaragua, en Venezuela y en España, los delitos electorales se regulan en normas para cuya aprobación se exige una mayoría parlamentaria reforzada.

 

No obstante, lo habitual, lo más común, es que el rango normativo de estas disposiciones sea el de la ley ordinaria del Congreso o Parlamento3. De igual forma, en la mayoría de los ordenamientos iberoamericanos los delitos electorales se recogen en legislación especial, básicamente en códigos y leyes electorales.

 

II. Concepto y tipos

 

Delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que, de una u otra forma, atentan contra los principios de objetividad, transparencia, igualdad y libertad, que han de regir un sistema electoral democrático.

 

La tipificación de una determinada conducta como delito o falta electoral es algo que corresponde decidir al propio legislador, atendiendo al efecto a los criterios que estime oportunos en cada momento, criterios que varían según los países, por lo que no es extraño observar que un mismo hecho puede ser castigado como delito en un país o sancionado como falta en otro.

 

Son escasas las legislaciones que proceden a definir genéricamente el delito electoral; entre ellas cabe recordar la Ley Electoral de Bolivia, cuyo art. 213 dispone que “toda acción u omisión dolosa o culposa voluntaria, violatoria de las garantías que establece esta ley constituye un delito electoral penado con arresto y/o multa. Pérdida del cargo para los empleados públicos”.

 

También en Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone (art. 251) que “comete delito electoral quien por dolo o culpa realice actos u omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, falsearlo o alterar sus resultados”.

 

En definitiva, la tipificación como delictivas de una serie de conductas trata de garantizar el pacífico y libre ejercicio del derecho de voto, la igualdad de oportunidades entre los actores políticos que compiten en la lid electoral, la legalidad del procedimiento, ésto es, el respeto de las reglas de juego prefijadas por el legislador, y de resulta de todo ello, la autenticidad y pureza del proceso. Dos elementos resultan trascendentales en orden a la tipificación: el autor de la conducta delictiva y la materia. En atención al autor suelen diferenciarse los delitos cometidos por funcionarios públicos de aquellos otros en que el autor es un particular. Entre los primeros puede a su vez efectuarse el distingo entre los cometidos por funcionarios públicos en sentido estricto de aquellos otros cuya autoría ha de atribuirse a personas que desempeñan funciones públicas tan solo en el proceso electoral.

 

Los actos delictivos de los funcionarios públicos pueden consistir bien en incumplimiento de funciones, bien en abuso de poder. Así, se consideran “abusos de poderacciones tales como la falsificación de documentos electorales, muy común en la legislación electoral latinoamericana, la intimidación de los electores, la detención de integrantes de las mesas electorales o de cualquier elector y, con carácter general, todo abuso del funcionario encaminado a favorecer a un determinado candidato u opción política concurrente a los comicios.

 

Muy común es la tipificación como delito de incumplimiento de funciones por personas que, puntualmente, participan en el proceso electoral, de conductas tales como: la inasistencia a la convocatoria de la mesa electoral, la retirada de la mesa con anterioridad al término de la elección, la omisión voluntaria de la firma del acta electoral o la falta de mención en el acta de las incidencias producidas o de las reclamaciones presentadas.

 

En cuanto a los tipos delictivos en que pueden incurrir los particulares, cabe indicar que, como en otro lugar hemos señaladocasi todos los países latinoamericanos castigan las acciones de los particulares consistentes en la obstaculización del proceso electoral; los fraudes electorales (destacando entre ellos los delitos de votar dos o más veces o votar sin tener derecho a ello); las falsedades electorales; los actos de propaganda ilegal; los desórdenes públicos realizados durante las votaciones y, muy particularmente, en los lugares cercanos a los colegios electorales o en el propio colegio, y las coacciones dirigidas contra otros electores. En atención a la materia y circunscribiéndonos a la legislación electoral en Latinoamérica5, cabe decir que encontramos gran variedad de tipos delictivos que pueden agruparse del siguiente modo: a) la obstaculización del proceso electoral b) falsedades, c) fraude electoral, d) abandono de funciones, e) propaganda ilegal, f) sobornos, g) coacciones, h) desordenes públicos, i) calumnias e injurias, y j) sustracciones.

 

No vamos a entrar a analizar todos y cada uno de esos tipos, sino que vamos a limitarnos a efectuar un repaso de algunas de las conductas delictivas más comunes a la vista de las diferentes legislaciones electorales europeas y latinoamericanas. A tal efecto, las vamos a agrupar en función de los distintos rasgos que caracterizan el derecho de sufragio y la emisión del voto: sufragio obligatorio, bien que, desde luego, no en todos los países, voto secreto, sufragio igual y sufragio libre.

 

III.    Análisis particularizado de algunos tipos delictivos

 

A.   Omisión del sufragio

 

Como es sabido, el sufragio puede ser tan solo concebido como un derecho en cuyo caso, aún siendo un deber cívico, jurídicamente no es una obligación, o también como un derecho que es a la par una obligación, supuesto en el que su omisión puede ser sancionada.

 

Los ordenamientos que determinan el carácter obligatorio de la emisión del voto suelen contemplar como conducta sancionable la no emisión del mismo. Es el caso, entre otros, de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador y Honduras.

 

En Argentina, el Código Electoral Nacional, aprobado por Decreto num. 2135/1983, de 16 de agosto, en su art. 125 tipifica como falta electoral la no emisión del voto. De conformidad con dicha norma, se impondrá multa de 50 a 500 pesos argentinos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta días ulteriores a la respectiva elección. El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. El infractor que no abonare la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales.

 

El Código Electoral belga, de 19 de agosto de 1928, dedica su Título VI a “De la sanction de l’obligation du Vote”. En los artículos 207 y siguientes se contempla el procedimiento a seguir para la verificación de los ciudadanos que hayan incumplido su obligación de votar. En los ocho días siguientes a la proclamación de candidatos electos, el comisario de esta averiguación deberá dirigir al juez de paz una lista con los electores que no hubieren tomado parte en la votación o cuyas excusas no hubieren sido admitidas. Una primera ausencia no justificada era sancionada con advertencia o multa de uno a tres francos. Caso de reincidencia en los seis años inmediatamente posteriores, la multa se había de elevar de tres a veinticinco francos y si las reincidencias se reprodujeren por tercera y cuarta vez en el plazo de quince años, el elector será borrado de las listas electorales por un periodo de diez años durante el cual no podrá recibir ningún nombramiento, promoción o distinción, sea gubernamental o de las administraciones provinciales o municipales.

 

En Bolivia, Brasil, Ecuador y Honduras, la omisión del voto lleva aparejada una sanción. En Bolivia es fijada por la Corte Nacional Electoral. En Brasil se fija por la ley que la cuantifica en función a un porcentaje (del 3 al 16 por 100) del salario mínimo de la región, algo similar a lo que se prevé en Ecuador (multa del 2 al 25 por 100 del salario mínimo vital). En Honduras se precisa legalmente la cuantía de la multa.

 

En México, el incumplimiento injustificado de la obligación de votar en las elecciones federales (Presidente de la República, así como diputados y senadores a las cámaras respectivas del Congreso de la Unión), está sancionado con la suspensión por un año de los derechos o prerrogativas políticas del ciudadano, según se prevé en los artículos 38, fracción 1, en relación con el 36, fracción III, de la Constitución Federal.

 

También en Luxemburgo encontramos previsiones legales análogas. La Ley Electoral luxemburguesa, de 31 de julio de 1924, en sus artículos 261 y 262, introducidos en la reforma operada por la ley de 31 de julio de 1973, determina que en el mes inmediato a la proclamación del resultado del escrutinio, el oficial del ministerio público debe confeccionar, bajo el control del juez de paz, una lista con los electores que no hayan tomado parte en la votación o cuyas excusas no se hubieren admitido.

 

Una primera abstención no justificada será sancionada con una multa de 1000 a 2500 francos. Caso de reincidencia, la multa será de 5.000 a 10.000 francos. En definitiva, la omisión del voto, en aquellos países en que su emisión es obligatoria, aparece por lo general sancionada como falta más que delito electoral y, coherentemente con ello, quien incumple esta obligación es objeto de una sanción pecuniaria.

 

B.   Violación del secreto del voto

 

El secreto del voto es una de las más relevantes garantías del sufragio democrático, pues, a través de ella, se persigue salvaguardar de modo real la libre emisión del sufragio. Solo cuando esté garantizado el secreto del voto podrá el elector votar con entera libertad. Es por ello que los códigos y leyes electorales sancionan aquellos actos orientados a conculcar ese secreto. Nos referimos, ejemplificativamente, a las legislaciones de Argentina, Costa Rica y Portugal.

 

El art. 141 del Código Electoral Nacional argentino castiga con la pena de seis meses a dos años de prisión al que utilizare medios tendentes a violar tal secreto. De igual forma, el Código Electoral de Costa Rica, de 10 de diciembre de 1952, reformado por Ley del 28 de noviembre de 1996, sanciona con la pena de prisión de dos a doce meses a quien violare por cualquier medio el secreto ajeno. En América Latina, esta conducta es también tipificada como delictiva entre otros países, en Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú y México. En análogo sentido se orienta el art. 151 de la Ley Electoral No. 14/1979, de 16 de mayo, para la Asamblea de la República portuguesa.

 

Signifiquemos por último que algunos ordenamientos no sólo tipifican la violación del secreto del voto ajeno, sino también la revelación del propio voto. Este es el caso del art.. 142 del Código Electoral Nacional argentino, que impone la pena de prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto en el momento de emitirlo.

 

C.   Voto múltiple o ilegal

 

El principio del sufragio igual es uno de los rasgos característicos de todo sistema electoral democrático. De ahí que las leyes electorales sancionen las conductas que tienden a vulnerarlo, pudiendo provenir la conculcación bien del voto múltiple (incluso de la mera inscripción censal múltiple), bien de la inscripción fraudulenta en una lista electoral o de la emisión asimismo fraudulenta del voto.

 

Buen número de ordenamientos electorales latinoamericanos se orientan en esta dirección. En argentina, el art. 137 del Código Electoral Nacional impone la pena de prisión de seis meses a tres años al ciudadano que se inscribiere más de una vez o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso. Y el art. 139 castiga a quien votare más de una vez con la pena de uno a tres años de prisión con distintas penas, la votación múltiple y la falsificación registral son sancionadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, sancionándose en el Perú y en la República Dominicana tan solo el voto múltiple. La regla general es que se trata de penas de privación de libertad, aunque ello encuentra algunas excepciones, como es el caso de Venezuela, donde la falsificación registral es sancionada tan solo con multa de 10 a 25 días de salario mínimo o, en su caso, arresto proporcional. Cabe destacar asimismo como particularidad que el art. 153, f/ del Código Electoral de Costa Rica sanciona no solo a quien votare más de una vez, sino también a quien pretendiere hacerlo.

 

Los ordenamientos electorales europeos siguen esta misma pauta. En Francia, el Código Electoral (Decretos No. 64-1086 y 64-1087, de 27 de octubre de 1964) sanciona (art. 86) a toda persona que se inscribe en una lista electoral con nombre falso, o falseando sus cualidades, ocultando su incapacidad legal... etc. Y el art. 93 castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 720 a 20.000 francos al ciudadano que, aprovechándose de una inscripción múltiple, vote más de una vez.

 

Análogas determinaciones encontramos en el Reino Unido. El art. 48.2, a/ de la “Representation of the People Act” de 1949 (Ley destinada a codificar ciertas disposiciones relativas a las elecciones parlamentarias y de gobierno local, corrupciones, prácticas ilegales y reclamaciones judiciales en materia electoral) considera culpable de delito a la persona que vote como elector más de una vez en el mismo distrito en una elección parlamentaria. Y el art. 46.1, a castigar a quien vote a sabiendas de que está sujeto a una inhabilitación legal para poder votar.

 

También en Portugal la Ley Electoral (art. 149) tipifica como conducta delictiva el voto plural o múltiple, castigando esa conducta con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 20.000 a 100.000 escudos. Y en España, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en su art. 142, castiga con las penas de prisión menor en grado mínimo, inhabilitación especial y multa de 30.000 a 300.000 pesetas, a quienes voten dos o más veces en la misma elección, o a quienes voten dolosamente sin capacidad para hacerlo.

 

Señalaremos finalmente que en México, el Código Penal Federal de 1931, a través de una reforma que entró en vigor el 16 de agosto de 1990, sanciona a quien vote más de una vez en una misma elección, con multa de diez a cien días multa y pena de prisión de seis meses a tres años.

 

D.  Constricción de la libertad de sufragio

 

La libertad de emisión del sufragio puede ser constreñida a través de medios muy diversos: bien directamente, obligando o coaccionando a votar en un determinado sentido o impidiendo la emisión del voto, bien a través de cauces indirectos, induciendo con engaño a un elector, o a una pluralidad de ellos, a votar por una opción política concreta. Las legislaciones electorales nos ofrecen un muestrario de conductas delictivas reconducibles a este ámbito en verdad variopinto, llegando incluso a sancionar, en algún caso, la organización para el mismo de los comicios de actividades que puedan repercutir, obstaculizándolo, sobre el cuerpo electoral. Tal es el caso del Código Electoral Nacional argentino, que sanciona con la pena de prisión de quince días a seis meses al empresario u organizador de espectáculos públicos o actos deportivos que se realicen durante el desarrollo del acto electoral hasta transcurridas tres horas desde la finalización de la votación. Otro tanto se prescribe respecto de quienes organicen o autoricen juegos de azar. Complementariamente, la propia normativa argentina impone la pena de prisión de dos meses a dos años a quien con engaños indujere a otro a votar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo. Las coacciones y los sobornos son generalizadamente tipificadas como conductas delictivas en gran parte de los países latinoamericanos; así, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

 

No muy dispar es la legislación electoral europea en este aspecto. En Francia, el art. 107 del Código Electoral penaliza al que, bien atemorizando a un elector, bien amenazándole o violentándole, intente influenciar su opción de voto o lograr su abstención. La pena prevista es la prisión de un mes a dos años, a la que se ha de adicionar una multa de 720 a 30.000 francos. En Luxemburgo, se castiga con multa de 5000 a 50.000 francos a quienes, bajo cualquier pretexto, ofrezcan o prometan a los electores una suma de dinero, valores, comestibles, bebidas o cualesquiera otras ventajas.

 

En Portugal, el art. 152 de su Ley Electoral castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años a quien usare de la violencia o amenaza sobre cualquier elector, o usare de engaños o artificios fraudulentos, falsas noticias o cualquier otro medio ilícito para constreñir o inducir a votar una determinada lista o para abstenerse de votar.

 

En España, los apartados a/ y b/ del art. 146.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, castigan con la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300. 000 pesetas a quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención, y a quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho o lo ejerciten contra su voluntad.

 

Análogas determinaciones acoge el Código Penal Federal de México, cuyo artículo 405, fracción VI, impone una pena de cincuenta a doscientos días multa, y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto. Asimismo, el artículo 407, fracción I, del mismo código penal, sanciona con una pena pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad y jerarquía, a emitir sus votos a favor de un partido político o candidato. En ambos casos, además, se pueden imponer sanciones de inhabilitación de uno a cinco años y, en su caso, la destitución del cargo, según se prevé en el artículo 402 del propio ordenamiento de referencia. Reseñemos asimismo que el artículo 404 impone una sanción de hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio de derecho al voto.

 

Junto a las determinaciones precedentes, las leyes electorales sancionan todos aquellos actos que, al alterar la normalidad del colegio electoral, imprescindible para que el elector pueda emitir con entera libertad su voto, constriñen aquella libertad. Así, el Código Electoral belga (art. 190) sanciona toda irrupción en un colegio electoral, consumada o intentada violentamente, que se oriente a obstaculizar las operaciones electorales. Otro tanto prevé el Código Electoral francés (art. 99), prácticamente en idénticos términos, y ambos textos legales vuelven a coincidir en la sanción a los miembros de un colegio electoral que durante el desarrollo del acto electoral cometan ultrajes o violencias contra el propio colegio, uno de sus miembros o contra cualquier elector.

 

De igual forma, la legislación luxemburguesa tipifica la irrupción violenta, o su tentativa, en un colegio electoral, mientras que en España, en similar dirección, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General castiga a quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en que se realicen actos del procedimiento electoral, como también a quienes perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde estos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales.

 

También en México, el artículo 403, fracción XII, del Código Penal Federal, sanciona con la pena de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a la persona que impida en forma violenta la instalación de una casilla electoral o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la casilla. El artículo 405, fracción III del citado código, sanciona con cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, así como con inhabilitación de uno a cinco años y, en su caso, destitución del cargo, según, en este último caso, se determina en el artículo 402 del mismo código, al funcionario electoral que obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada. Adicionalmente, en el artículo 406, fracción VI, del ordenamiento citado, se sanciona con cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o candidato que obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o que con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales. Asimismo, el Código Electoral de Costa Rica, incrimina a quien se presente en un colegio electoral en notorio estado de embriaguez.

 

E.   Incumplimiento de funciones electorales

 

En todo colegio electoral debe de haber al menos una mesa integrada por un número determinado de miembros, a la que corresponde presidir y dirigir el acto de la votación. La Mesa electoral está integrada por un presidente y unos vocales que han de ser elegidos, por lo general, por sorteo público de entre los electores censados en la sección electoral a la que corresponde la mesa.

 

La participación como miembro de la mesa constituye un deber cívico y una auténtica obligación legal, por lo que su incumplimiento es generalmente sancionado por la legislación electoral.

 

Por destacar algunos ejemplos, recordaremos que en México, el incumplimiento injustificado de las funciones electorales está sancionado con la suspensión por un año de los derechos o prerrogativas políticas del ciudadano, según se prevé en los artículos 38, fracción I, en relación con el 36, fracción V, de la Constitución federal. El Código Electoral argentino (art. 132) castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por la propia ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas. Y el Código Electoral costarricense (art. 152, g/ ) sanciona con la pena de inhabilitación absoluta por un periodo de dos a ocho años a los electores que, habiendo sido designados para formar parte del Tribunal Supremo de Elecciones o de una Junta Receptora, no se apersonen sin que haya justa causa, para el oportuno juramento después de haber sido requeridos a ese efecto por una vez.

 

En Latinoamérica, la mayor parte de los ordenamientos electorales tipifica como delito electoral el que genéricamente podríamos llamar abandono de funciones. Aparte de los países citados, este es el caso, entre otros de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

 

También en los ordenamientos europeos se sanciona esta conducta. La Ley Electoral portuguesa (art. 164) sanciona a quien, habiendo de integrar la Mesa de la asamblea electoral, sin motivo justificado, no asuma o abandone esas funciones. La sanción es una multa que oscila entre los 1000 y los 20. 000 escudos.

 

En España, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, prescribe (art. 143) que el residente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes, que dejen de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada la obligaciones de excusa o aviso previo que les impone la propia Ley, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.

 

F.   Otras conductas tipificadas

 

Junto a las conductas precedentemente citadas, las normas electorales tipifican muchas otras acciones u omisiones que puedan atentar contra la regularidad, legalidad y autenticidad del proceso electoral.

 

Especial trascendencia adquieren a tal efecto, como ya tuvimos oportunidad de destacar con anterioridad, las actuaciones dolosas o negligentes de los funcionarios públicos que supongan una vulneración de la normativa electoral. En este marco puede situarse el incumplimiento de las normas relativas al censo electoral o de aquellas otras que regulan la constitución de las Juntas y Mesas electorales. Notoria relevancia presentan a este respecto las actuaciones que, con abuso del cargo, impliquen la realización por tales funcionarios de alguna falsedad, como el cambio, ocultación o alteración, de cualquier modo, del sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho de sufragio, o la realización fraudulenta del recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del censo o en las operaciones de votación y escrutinio, todo ello hecho dolosamente.

 

Algunas Leyes Electorales tipifican como delito electoral las actuaciones de los partidos que vulneren lo establecido por la ley en relación con las limitaciones fijadas para los gastos electorales, considerando responsables de estos delitos a los administradoras o generales de las distintas candidaturas presentadas. Asimismo, algunos códigos, cual es el caso del español, penalizan la vulneración dolosa de la normativa vigente en materia de encuestas electorales (prohibición durante un periodo determinado inmediatamente anterior al día de los comicios de la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación, sujeción de los sondeos o encuestas a una serie de requisito para que puedan ser publicados... etc).

 

IV.     Aspectos procesales

 

Con carácter general, la acción penal para perseguir los delitos electorales, como en otro lugar se ha destacado6, puede ejercitarse de oficio o a instancia de parte, mediante denuncia. Es también posible el ejercicio de la acción popular; en algunos casos se establece esta posibilidad y en otros se excluye expresamente, ya sea para todos los delitos o solo para algunos de ellos.

 

Algunas legislaciones establecen una obligación de denuncia para los funcionarios y para las personas que, ejerciendo funciones públicas en el proceso electoral, conozcan de la comisión de un delito. En cuanto a los órganos jurisdiccionales competentes, en algunos países la legislación se remite expresamente a la jurisdicción ordinaria, que será la competente para conocer de los delitos electorales. Es el caso de Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En otros casos, como Colombia o Costa Rica, nada se determina al efecto, por lo que ha de presuponerse que será la jurisdicción ordinaria la que asimismo asumirá la competencia.

 

Por último, en un tercer bloque de países, la competencia para el conocimiento de estos delitos se atribuye a una jurisdicción especial: así, los jueces electorales en Argentina, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica y en Panamá, el Consejo Supremo Electoral en la legislación venezolana anterior a la nueva Constitución, el Tribunal o Registrador Electoral en El Salvador... etc.

 

En lo que al conocimiento de las faltas electorales atañe, la regla más general es que sean los propios órganos de la justicia electoral los que conozcan de las mismas, si bien no falten casos, como los de Honduras y Venezuela, en los que hay una habilitación competencial a los órganos de la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de estas faltas. En Chile y Guatemala son los órganos jurisdiccionales municipales los competentes.

 

 

Vocablos de referencia:

 

Derecho procesal electoral

Sufragio

Voto

 

Bibliografía:

 

Altés Marti, Miguel Angel: “El delito electoral”, en Anuario de Derecho Parlamentario, Corts. No. 8 (extraordinario), Valencia, 1999.

Carreras, Francesco de y Valles, Josep Ma.: Las elecciones, Editorial Blume, Barcelona, 1977.

Fernández Segado, Francisco: Aproximación a la nueva normativa electoral, Editorial Dykinson. Madrid, 1986.

Giménez Fernández, Manuel: Estudios de Derecho Electoral contemporáneo, 2a ed., Universidad de Sevilla, Sevi1la, 1977.

González Encinar, José Juan y Fernández Segado, Francisco: “Delitos y faltas electorales”, en Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores): Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, Instituto Interamericano de Derechos humanos - Universidad de Heidelberg-Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

Jiménez de Cisneros, Francisco Javier: Ley Electoral, Cuadernos de Documentación, Presidencia del Gobierno, Madrid, 1983.

Mackenzie, W.J.M.: Elecciones libres, Editorial Tecnos, Madrid, 1962.

Morillas Cuevas, L.: Los delitos electorales. Aspectos penales del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. Granada, 1977.

Rodríguez Devesa, José Ma.: Derecho Penal. Parte General, Editorial Dykinson, Madrid, 1981.

Sánchez Agesta, Luis: Ley Electoral. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977.

 

Francisco FERNÁNDEZ SEGADO

 

NOTAS

 

1         Manuel Giménez Fernández: Estudios de Derecho Electoral Contemporáneo, 2ª ed., Sevilla, 1977, pág. 171.

2         Miguel Angel Altés Martí: “El delito electoral”, en Corts Anuario de Derecho Parlamentario número 8 (extraordinario y monográfico sobre “Los sistemas electorales en España y sus posibilidades de reforma), Valencia, 1999, págs. 163 y sigs; en concreto, pág. 165.

3         Cfr. al efecto, José Juan González Encinar y Francisco Fernández Segado: “Delitos y faltas electorales”, en Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores), Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, págs. 631 y sigs; en concreto, pág. 633.

4         José Juan González Encinar y Francisco Fernández Segado: “Delitos y faltas electorales”, op. cit, pág. 636.

5         Ibid., págs. 637 y sigs.

6        Ibid., págs. 650-653.