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NULIDAD DE ELECCIONES

 

 

I. De la nulidad

 

A.   Concepto

 

Se entiende por nulo el acto que, por carecer de eficacia, no produce los efectos que le son propios porque el derecho se los niega. La nulidad, para Cabanellas, deviene de la falta de condiciones necesarias y relativas, ya sea de cualidades personales de las partes que intervienen o de la esencia del acto mismo.

 

Comprende ese concepto, la concurrencia de la voluntad, sin coacción, error o dolo; y la observancia de las formalidades exigidas para el acto de que se trate. La nulidad puede resultar directamente de la ley.

 

B. Clasificación

 

En doctrina se distingue la nulidad absoluta de la relativa, independientemente del interés que jurídicamente se tutele, indicándose que los actos atacados de nulidad relativa mantienen su validez en tanto no se declare su nulidad, y pueden ser convalidables por confirmación.

 

La nulidad absoluta, por el contrario, afecta los negocios o actos de manera categórica, pues los mismos no producen efecto ni son convalidables por confirmación.

 

II. De las elecciones

 

Por elección se entiende la preferencia, selección o escogimiento de algo. Para cuestiones electorales, debe aplicarse el vocablo al escogimiento de personas para ocupar cargos públicos de elección o por votación.

 

Cuando se alude a elecciones, el vocablo se refiere estrictamente a procesos electorales. En ese sentido, además de referirse al acto electoral de emisión del sufragio en forma colectiva para elegir autoridades nacionales, municipales y diputados, comprende también, el período que involucra la campaña de proselitismo de los candidatos, partidos o grupos políticos, la designación de las autoridades y órganos electorales, la inscripción de candidatos, la nominación de representantes de esos partidos o grupos ante las mesas electorales, hasta la declaratoria de validez de las elecciones, adjudicación de cargos, expedición de credenciales, conclusión del período electoral y la posterior toma de posesión de los electos.

 

Distintas legislaciones electorales, aluden al proceso electoral que se inicia con la convocatoria, comprende las actividades y etapas descritas anteriormente, y culmina cuando así lo declara el órgano electoral competente. En ese sentido, existen normas precisas, por ejemplo, en las leyes hondureña y guatemalteca.

 

III. De la nulidad de elecciones

 

A.   Concepto

 

Si se entiende por nulo el acto que, por carecer de eficacia, deja de producir los efectos que le son propios, al aplicar el concepto a los procesos electorales, se puede indicar que serán nulos, aquellos actos que integran el mismo, ya sea por razones que afecten la concurrencia de la voluntad de las personas que intervengan en los mismos, ya sea por la inobservancia de las formalidades que exijan las normas jurídicas propias del acto de que se trate.

 

En ese sentido, la nulidad puede darse en cualquiera de las etapas que comprenden los procesos electorales. Si, por ejemplo, la convocatoria no se lleva a cabo conforme las normas legales aplicables o la realiza un órgano distinto al previsto en la ley, la misma podrá impugnarse y declararse nula.

 

En efecto, durante todo el proceso electoral, podrá encontrarse actos o diligencias susceptibles de ser atacados de nulidad para enervar su eficacia jurídica, por causas que tengan que ver directamente con cualidades personales de quienes intervienen en los mismos o por carencia de requisitos o formalidades ordenadas por la ley.

 

Así podrá declararse nula la inscripción de un candidato, por no llenar los requisitos establecidos en la ley; también será factible anular la integración de una mesa electoral, atendida la falta de capacidad de sus integrantes, etc. Desde la convocatoria a elecciones hasta la conclusión del proceso electoral, puede presentarse una serie de actos susceptibles de ser impugnados y, eventualmente, declararse ineficaces.

 

B.   De las causas de nulidad

 

Existen diversas causas que pueden dar lugar a la nulidad de los actos electorales. Algunas legislaciones las enumeran y otras mantienen la expectativa abierta, a efecto de que sea la autoridad que conozca de las impugnaciones, la que analice si la causal invocada es digna de ser acogida para declarar la nulidad del acto cuestionado.

 

Por ejemplo, la Ley Específica para Elecciones Generales de 1985 de la República de Guatemala, preceptuaba que serían nulas las votaciones en las juntas receptoras de votos, si las bolsas que los contenían hubieren sido violadas o parezca evidente la comisión de falsedad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre los miembros de la junta o los ciudadanos, durante la realización del proceso electoral, que sirva para deducir que se hubiere alterado el resultado electoral (Artículo 28 del Decreto Ley 47-85).

 

Además, indicaba que procedía la invalidez de las elecciones, en un municipio o en varios, si más de la mitad de las mesas acusaren nulidad, pero por tratarse de un proceso transitorio, eliminaba la opción de repetir la elección, anotando como efecto de la nulidad, el eliminar del escrutinio los resultados parciales de las mesas o municipios en que se hubiere acusado los vicios.

 

La actual ley, sin embargo, no contiene enumeración de causas, lo que implica que las personas con derecho a impugnar y las autoridades encargadas de conocer las reclamaciones, se desenvuelven en un campo más amplio y puede invocarse cualquier razón o requisito formal o aludir a cualidades personales de las personas que intervengan.

 

Varias legislaciones enumeran las causas de nulidad y, generalmente, lo hacen en referencia al proceso electoral, vale decir, en atención a las distintas etapas que lo conforman, desde la convocatoria hasta la finalización del proceso.

 

En Panamá, por ejemplo, la ley indica que la demanda de nulidad bien de la validez de las elecciones o de las proclamaciones debe basarse en cualquiera de las causas siguientes: celebración de elecciones sin convocatoria del órgano competente o sin las garantías requeridas; errores o alteraciones en el cómputo de votos o en las actas de los escrutinios generales; constitución ilegal de las juntas o mesas electorales; la no instalación de la mesa o su instalación incompleta así como la falta de materiales indispensable para el desarrollo de la votación; la alteración o falsedad del padrón electoral de mesa o de las boletas de votación; la violencia o amenaza de los miembros de las mesas receptoras de votos o contra los electores y otras causas relacionadas con el horario de las votaciones; la elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las mesas de votación por personas no autorizadas por el Código o fuera de los lugares o términos establecidos en el mismo y la celebración del escrutinio o de la votación en fecha o lugar distintos a los señalados por el Código y el Tribunal Electoral (Artículo 296 del Código Electoral).

 

La ley salvadoreña, preceptúa que las causales de nulidad de cualquier acto reclamado deben estar determinadas expresamente en la ley y, entre otras, indica que, la inscripción de un candidato efectuada en contravención de la ley, es nula. Asimismo, la petición de nulidad de una elección debe expresar los hechos y circunstancias en que se fundamenta, ofreciendo además presentar las pruebas pertinentes para que sea admitida para su trámite (Artículos 316, 320 y 322 del Código Electoral).

 

Por otra parte, la nulidad de un escrutinio definitivo, debe fundamentarse en la falta de notificación a los partidos políticos o coaliciones contendientes, del lugar, día y hora del escrutinio, por no haberse cumplido el procedimiento establecido en la ley, o por falsedad en los datos o resultados consignados en las actas y documentos que sirvieron de base para el escrutinio final y que hicieron variar el resultado (Artículo 324).

 

Las nulidades de urna y elecciones, según el artículo 325, se refieren a que las elecciones se hubieren efectuado en horarios distintos a los señalados en la ley; si existiere fraude, coacción o violencia de las autoridades en contra de los contendientes o por cualquiera otra persona o grupo y que determinare variación de los resultados; por errores en las papeletas de votación o cuando los votos nulos y abstenciones superen a la totalidad de los votos válidos.

 

En otros países se enumeran las causales de nulidad, atendiendo a las distintas etapas del proceso electoral, como es lo adecuado. Obviamente, por problemas en la convocatoria, son las primeras causas que se regulan, así como los errores o falsedades en las listas o padrones electorales.

 

El procedimiento es parecido en distintos países como Guatemala, El Salvador (recurso de revocatoria), México (juicio de inconformidad), Honduras (recurso de reposición) y Panamá (recurso de reconsideración) bajo el entendido que si se deniega la solicitud, cabe recurso jerárquico, en tales países.

 

En países de la América del Sur, como Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, existen medios de impugnación al alcance de los ciudadanos para depurar las listas electorales. Un padrón mal elaborado o con irregularidades, podría provocar la nulidad de una elección, como se indica en otro apartado, respecto a lo sucedido, en Guatemala, en una elección municipal.

 

Al analizar la legislación de algunos países respecto a la integración de sus autoridades electorales, llama la atención el inciso 8 del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela de 27 de mayo de 1998 que faculta al Consejo Nacional Electoral para promover la nulidad de cualquier elección cuando encuentre causa suficiente independientemente de conocer de las denuncias de cualquier ciudadano.

 

Finalmente, cabe mencionar que la mayoría sino la totalidad de los países latinoamericanos, han adoptado una organización descentralizada para la realización de elecciones en que figura el órgano máximo, las autoridades distritales, las municipales y las mesas electorales, como sucede en Argentina, Chile, Brasil, México, por ejemplo, y los países del área centroamericana, lo que da lugar al establecimiento de medios de impugnación de esas autoridades y la revisión jerárquica, concluyendo, la mayoría de las veces, con la intervención de órganos judiciales para dirimir el conflicto.

 

Quede constancia, en resumen, que cada día los países ponen énfasis en garantizar la pureza del sufragio, la imparcialidad de las autoridades electorales y el cumplimiento de las exigencias legales en los procesos de elecciones, a efecto de legitimar a las autoridades gubernamentales y parlamentarias, en aras de alcanzar el verdadero desarrollo de las democracias.

 

C. De los medios de impugnación

 

El sistema democrático consagra una serie de derechos para los ciudadanos y se basa, fundamentalmente, en hacer descansar su formulación en la voluntad popular expresada a través del sufragio. De ahí, la importancia que el proceso de elecciones se lleve a cabo con apego irrestricto a la ley, para que los ciudadanos se manifiesten espontánea y libremente.

 

La institución de la nulidad, viene a ser el instrumento de garantía y respeto a la expresión de los ciudadanos. Sin embargo, la sola inclusión dentro de la legislación electoral, no es suficiente, si la misma no va acompañada de instrumentos procesales que la hagan eficaz. Para tal objetivo, se han creado los denominados medios de impugnación, que no son otra cosa, que los denominados recursos que pueden utilizar los ciudadanos para que se declare la ineficacia de un acto electoral, si el mismo no reúne los requisitos establecidos en la ley o si es afectado por cualidades o incapacidades de las personas u órganos que intervengan en su nacimiento a la vida jurídica electoral.

 

Cada legislación contempla los distintos medios de impugnación o recursos que pueden interponer los ciudadanos en contra de resoluciones, actos o diligencias que integran el proceso electoral, así como la forma, oportunidad y legitimación para hacerlos valer.

 

En cuanto a lo último, unas legislaciones conceden acción popular, es decir, invisten de facultades a cualquier ciudadano para que pueda impugnar los actos electorales, y otras confieren ese derecho exclusivamente a los partidos políticos o sus fiscales, los candidatos, y a las personas vinculadas al proceso, tal el caso de Guatemala y México, en este último caso sólo en cuanto a los partidos políticos y los candidatos. En el primer supuesto, encontramos a Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá.

 

Generalmente, de los recursos en materia electoral conocen las autoridades encargadas del proceso, excepto en algunos casos como Colombia, en que se asigna esa facultad al Tribunal Contencioso Administrativo. Empero, siempre interviene finalmente algún tribunal jurisdiccional para revisar lo decidido en primera instancia.

 

En efecto, para el caso de Guatemala, de recursos en contra de actos electorales, conoce y resuelve el Tribunal Supremo Electoral, ante quien cabe interponer recurso de revisión si no se está conforme con su resolución.  En contra de ésta procede acción de amparo que conoce la Corte Suprema de Justicia.

 

De acuerdo a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, toda sentencia de amparo es susceptible de ser apelada ante la Corte de Constitucionalidad, cuestión que no admite excepción en materia electoral.

 

En Honduras, corresponde al Tribunal Nacional de Elecciones, conocer, en única instancia, de todas las nulidades que se planteen y en contra de su resolución, cabe la acción de amparo. Semejante regulación corresponde a El Salvador cuya legislación atribuye al Tribunal Supremo Electoral la facultad de dictar resolución final en los recursos de revisión, apelación y nulidades.

 

En el sistema mexicano encontramos algunas novedades. Por reforma electoral de 1996, se suprime la llamada calificación política de las elecciones federales de presidente de la República, aunque, desde 1993, ya se había eliminado la autocalificación que realizaban, en última instancia, los integrantes de las cámaras de Diputados y de Senadores con respecto de sus procesos electorales. Actualmente, en México, los medios de impugnación relativos a la nulidad de votación o elecciones federales (juicio de inconformidad y, en su caso, recurso de reconsideración) son resueltos, de manera definitiva e inatacable, por un órgano jurisdiccional (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

 

D.  Efectos de la nulidad

 

Se ha dicho que el efecto propio de la nulidad es invalidar el acto o diligencia y, por consiguiente, no reconocerle los efectos que normalmente pudieran derivar del mismo.

 

Por ejemplo, en toda elección siempre existe una columna de votos nulos y otra de votos en blanco. Los nulos son aquellos votos que, consciente o inconscientemente, son depositados en las urnas sin satisfacer los requisitos exigidos por la ley electoral, o bien, por circunstancias personales del sufragante, aunque en este último caso, la mayoría si no la totalidad de las veces, lo lógico es impedir que se ejercite el sufragio.

 

Respecto al voto nulo, debe considerarse que en la práctica política, muchas veces los partidos o grupos, por consigna, llaman a los ciudadanos a abstenerse de votar o a anular su voto, en función de lo cual debe considerarse que puedan existir votos nulos emitidos en forma deliberada.

 

Las autoridades electorales también pueden declarar la nulidad de las elecciones en una mesa electoral, una región, un municipio, un departamento o la totalidad de las mismas, en cuyo caso, deberá convocarse a nuevas elecciones.

 

El efecto de la nulidad de un acto electoral va íntimamente ligado al acto mismo y su incidencia en el resultado electoral. La nulidad de uno o más votos, determinará su eliminación del resultado de la mesa en que se hayan emitido. Si se anula la elección de un municipio, por ejemplo, deberá convocarse a nuevas elecciones, en igual forma si se tratare de la nulidad de un departamento o de todo el proceso electoral. Así sucedió en Guatemala, que la Junta Electoral Departamental de Guatemala (Departamento), declaró la nulidad de las elecciones municipales del Municipio de Chinautla, realizadas el 7 de junio de 1998, al haberse detectado algunas anomalías en el padrón electoral, en que aparecían personas empadronadas con cédulas de vecindad falsas. El Tribunal Supremo Electoral confirmó la nulidad de las elecciones.

 

Debe tenerse presente que la violación a normas de carácter electoral puede dar lugar a la comisión de delitos o faltas electorales, en cuyo caso, si aparecieren indicios de la comisión de un delito, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, a efecto que se investiguen y eventualmente, se sancionen. Este puede ser, también, otro de los efectos de la nulidad de un acto o diligencia electoral.

 

 

Vocablos:

 

Delitos electorales

Derecho electoral

Faltas electorales

Proceso electoral

 

Bibliografía:

 

Cabanellas, G.: Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 1972.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Legislación Electoral Comparada, Colombia, México, Panamá, Venezuela y Centroamérica, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, IIDH/CAPEL, San José, 1988.

Nohlen, D. y Compiladores: Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, IIDH, FCE, México, 1998.

Puig, Peña, F.: Tratado de Derecho Civil Español.

Diccionario de Derecho Privado, Editorial Labor, S.A., Barcelona.

Código Civil de Guatemala.

Ley de Elecciones de la Constituyente, República de Guatemala.

Ley Electoral de El Salvador.

Ley Electoral de las Organizaciones Políticas de Honduras.

Ley Electoral y de Partidos Políticos de la República de Guatemala, Decreto 1-85 de la Asamblea General Constituyente de la República de Guatemala.

Ley Específica para las Elecciones Generales de 1985, Decreto 47-85 del Congreso de la República de Guatemala.

Legislación Electoral de Iberoamérica: Un análisis Comparativo, correspondiente a Primer Seminario Sobre Organización y Ejecución de Procesos Electorales, celebrado en la sede del INAD de 6 al 10 de abril de 1992, patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala.

 

Luis Arturo ARCHILA