PROCESO ELECTORAL

 

 

Advertencia

 

Por su índole, este trabajo no se apoya particularmente en ninguna de las legislaciones electorales de América Latina o de Centroamérica, sino que trata de construir la figura del proceso electoral con una serie de rasgos generales comunes a muchos de los sistemas vigentes en la región. Sin embargo, cuando fue necesario citar artículos de ley a título de ejemplo se escogió, por razones de comodidad, el derecho costarricense y, asimismo, cuando fue necesario dar un nombre al órgano supremo director y contralor del proceso electoral, se usó el nombre de Tribunal Supremo de Elecciones, empleado en la Constitución y en las leyes de Costa Rica.

 

I.  Concepto

 

La palabra proceso es, a la vez, de uso común y de uso especializado en diversas disciplinas científicas o teoréticas. En el lenguaje ordinario se habla de procesos de descomposición, proceso de maduración, y se lo usa para designar la actividad productiva, artesanal o industrial (proceso de elaboración del pan). En ciencias naturales se habla de procesos de gestación, proceso digestivo; en ciencias sociales se oye hablar de procesos de deterioro, de ajuste, de homogenización, etc. Por su parte, en el campo jurídico se viene hablando, en un sentido cada vez más claro y riguroso, de proceso civil y penal, de proceso laboral, administrativo, tutelar de menores, tributario, agrario, etc.; de proceso jurisdiccional, y finalmente de “proceso” a secas, como una categoría teórica general, con sus características propias.

 

La idea que subyace en la palabra “proceso”, en todas sus acepciones, es la de progreso, avance, desarrollo. También en el campo jurídico tanto el término “proceso” como el de “procedimiento” aluden a una serie de actos colocados en una secuencia temporal, a través de los cuales progresa el tratamiento de un determinado asunto por parte de un órgano público, desde un acto inicial o introductorio hasta una decisión final.

 

En el campo jurídico han sido particularmente los estudiosos del proceso civil los que han elaborado el mayor número de nociones y definiciones acerca del proceso jurisdiccional. Lo cual es comprensible, si se considera que es en este campo donde se siente primero la necesidad de producir modelos de procesos que sirvan como los instrumentos idóneos para el tratamiento, lo más seguro y expedito posible, de los conflictos surgidos del régimen de competencia empresarial, propio de la primera etapa de desarrollo del sistema capitalista. Así podemos recordar, nada más de pasada, las minuciosas elaboraciones de los civil procesalistas alrededor de la tesis de la relación jurídica procesal, la teoría de la situación jurídica y otras menos famosas. Concepciones teóricas que produjeron una gran repercusión entre los estudiosos y alentaron una formidable obra doctrinaria que, a su vez, fue la base de una importante renovación de la legislación procesal de muchos países. Este alternarse de la doctrina y la legislación procesales, este avanzar compartido entre reflexión, ley y experiencia jurídica, va a producir con el tiempo frutos que tanto los teóricos como los operadores prácticos no tardaron en advertir y recoger para, después, cultivar con ellos nuevos campos de la experiencia jurídica.

 

En efecto, no sólo resultaron fecundados los campos del viejo derecho procesal penal y del incipiente derecho procesal laboral, sino que el proceso, concebido como un modelo de actividad provisto de una estructura característica, se difundió fuera del ámbito jurisdiccional en las nuevas concepciones del proceso administrativo, del proceso legislativo, etcétera.

 

Ahora bien, ¿en qué consiste este modelo procesal que ha resultado “trasladable” fuera de su ámbito de origen, es decir, la Justicia, en cuyo seno se incubó y desarrolló por más de veinte siglos?

 

Hay que decir, en primer lugar, que el fenómeno proceso forma parte de una numerosa familia de actos jurídicos que reciben el nombre común de “procedimientos”. En ese sentido amplio y general llamamos procedimiento a “una secuencia de actos” (actos preparatorios y acto final), cada uno de los cuales está ligado al otro de tal manera que es la consecuencia del acto que lo precede y el presupuesto del que lo sigue. En esto está el quid del procedimiento: en la sucesión de actos, en la secuencia temporal en cuya virtud cada acto de la serie sigue a otro, según el orden establecido por la ley.

 

Como el procedimiento se concluye con un acto final en función del cual se han producido los anteriores de la serie (actos preparatorios), al que la ley atribuye los efectos jurídicos materiales que se busca producir, la doctrina habla de una “especie fáctica compleja”, de carácter sustancial, cuya estructura formal sería precisamente el procedimiento. Lo cual vale tanto para procedimientos simplisímos, como algunos administrativos, como para procedimientos de gran complejidad, como son algunos procesos jurisdiccionales, legislativos o administrativos.

 

¿Qué es, entonces, lo que diferencia al proceso de los simples procedimientos?

 

1.  También el proceso, como una especie del género “procedimiento”, puede ser, entonces, definido como una secuencia ordenada de actos jurídicos realizados por varios sujetos, y que culmina con la producción de un acto decisorio final vinculante, a cargo de uno de ellos.

 

2.   Tenemos asimismo, como parte esencial de la estructura del proceso, la presencia de dos o más sujetos (diferentes del autor del acto final) con intereses contrapuestos, cuya esfera jurídica es afectada por el contenido de dicho acto final.

 

3.   La colocación de tales sujetos en posición de “simétrica paridad” es decir, en equivalencia de posiciones y de armas dentro del proceso.

 

4.   La participación activa de esos mismos sujetos a través de toda la actividad secuencial preparatoria de la resolución final, de manera que cada uno de ellos puede ejercitar un conjunto de opciones, reacciones y controles, y viceversa, debe soportar las reacciones y controles de los otros sujetos.

 

5.   La relevancia de dichas actividades y de sus resultados para el autor de la resolución final, de modo que éste tiene el deber de tomarlas en cuenta en su resolución (ya sea que acoja o rechace tales resultados).

 

De lo anterior podemos apreciar que se trata de un arquetipo: no es ningún proceso concreto, escogido entre los modelos jurisdiccionales históricos; es más bien un conjunto de reglas mínimas a las cuales debe atenerse todo proceso que pretenda ser el “debido proceso”. Y entonces cabe hacerse varias preguntas: ¿cuál es realmente el valor útil de este arquetipo de proceso? ¿Por qué la tendencia a la difusión de este modelo más allá de los bordes de la administración de justicia?

 

La experiencia histórica nos muestra al proceso como un modo de intervención del Estado en la solución de conflictos que surgen en el seno de la sociedad. A través de un arco de muchos siglos el hombre ha venido forjando este instrumento que hoy se nos ofrece, sintéticamente, como el resultado de aquella experiencia. En ese experimento plurisecular hubo muchos avances y retrocesos, hallazgos y abandonos; pero ahora vemos que todas aquellas peripecias nos han dejado un sedimento de gran riqueza cultural que rebasa el marco jurisdiccional y se pone como posibilidad en otros campos de la vida privada y pública.

 

El “debido proceso legal” es apreciado universalmente como una conquista neta de la cultura humana, al igual que la penicilina, la anestesia o las computadoras. Lo admitan o no, desde países situados en los distintos ámbitos del mundo, sometidos a regímenes políticos diversos, surgen iniciativas dirigidas a adoptarlo más o menos integralmente. Los diferentes convenios y declaraciones de derechos humanos suscritos en los últimos años le han impreso una difusa obligatoriedad, al menos como arquetipo judicial.

 

II. Difusión del proceso fuera del ámbito judicial

 

Pero todavía nos queda por preguntar ¿por qué la tendencia a adoptar el modelo “proceso” también en el campo de la administración pública? ¿Porqué en el campo de la elaboración de las leyes? ¿Por qué nosotros queremos hablar aquí de un “proceso electoral”, usando la palabra proceso en sentido estricto?

 

Creo que las virtudes del modelo “proceso” como estructura transportable fuera del ámbito del Poder Judicial no han escapado a la percepción del estadista moderno. En la medida en que se afianza la idea de que las decisiones, en un sistema democrático, deben ser tomadas con la audiencia previa y la participación de quienes resultarán afectados por ellas; en la medida en que la experiencia judicial y administrativa confirman la conclusión de que las decisiones son de mejor calidad cuando quien las toma presencia antes un amplio debate entre los interesados en ellas, colocados en paridad de condiciones para que tengan la oportunidad de desplegar sus mejores esfuerzos en favor de la tesis que defienden; en la medida en que los funcionarios van comprendiendo que el conocimiento del caso, esencial para una correcta decisión, se obtiene y aquilata en la controversia leal y abierta, mientras que se obnubila en la sumisión complaciente, en esa medida se ha venido acentuando la tendencia a incorporar el modelo “proceso” en los más diversos campos de la actividad institucional. No es extraño entonces que observemos la celebración de actividades que tienen, si no todas, al menos muchas de las características del modelo “proceso” que hemos indicado arriba, para resolver los problemas del servicio civil en general, o del servicio médico; o problemas de la administración tributaria, de la reforma agraria, del personal de las universidades estatales, etc. (Y precisamente en fecha cercana los Tribunales de Justicia acogieron un recurso de amparo contra la Universidad de Costa Rica por haber ésta violado los principios del “due process of law” al despedir a una profesora).

 

Por su parte, y desde hace años, la actividad legislativa también se ha visto solicitada por los requerimientos de mayor claridad y más participación de grupos y comunidades ciudadanas en el debate parlamentario, especialmente cuando se trata de proyectos de ley que son estratégicos para el destino del país o cuando afectan visiblemente a grandes sectores de la población; sin contar con que, considerados en sí mismos, los trámites normales previstos en los reglamentos parlamentarios contienen numerosos elementos del modelo “proceso”.

 

Al respecto son muy esclarecedoras las conclusiones del profesor Elio Fazzalari, que reproducimos: “...En la letra y el espíritu de nuestra Constitución, el núcleo más vital del procedimiento de formación de las leyes está formado, precisamente, por el encuentro y la pugna de las opiniones de los elegidos por el pueblo en el seno del órgano legislativo...” Y concluye Fazzalari: “...Se trata, entonces, no de meros procedimientos, sino, más bien, de procesos. Aquí el proceso confirma, si acaso era necesario, su esencia de estructura privilegiada para la gestión democrática de actividades fundamentales...”.

 

III. La actividad electoral como actividad reglada: ¿procedimiento o proceso?

 

La necesidad de asegurar, a través de un procedimiento seguro, criterios de verdad y de razón que permitan a los órganos competentes decidir quiénes han resultado elegidos por el pueblo en una contienda electoral, se hace sentir con la máxima intensidad en nuestra región y en nuestra época, que concibe el proceso electoral como el medio y la garantía del libre ejercicio de la función electoral y de la autenticidad de sus resultados. Si mediante el ejercicio de la función electoral se cristaliza y adquiere sentido y dimensiones precisas una voluntad popular que antes existía en forma difusa y ambigua, es esencial que ese tránsito de lo indefinido y difuso hacia lo preciso y definitivo tenga lugar con las garantías de diálogo, paridad de posiciones, etc., de un verdadero proceso; si se quiere, con mayor necesidad, en este caso, que en el proceso de producción de normas por parte del Cuerpo Legislativo; porque siendo ese transcurso de lo indefinido y oscuro hacia lo definido y cristalino en el campo electoral, una de las más altas manifestaciones (probablemente la más segura y clara manifestación) de la democracia moderna, requiere aun más perentoriamente de aquella “estructura privilegiada” que es el proceso.

 

Ahora bien, ¿se trata, en la realidad de nuestros países, de un proceso en sentido estricto, o se trata de un simple procedimiento? Esto va a depender, en definitiva, de lo que establezca cada sistema de derecho positivo; pero, en general, se puede notar una tendencia histórica que va desde las primeras legislaciones electorales, que configuraban estructuras meramente procedimentales, hasta las legislaciones modernas, que han venido incorporando cada vez más elementos propios del modelo “proceso”.

 

La actividad electoral se nos presenta como una secuencia de actos regulada por la ley, que tiene como objetivo la preparación, ejecución, control y valoración de la función electoral, así como la declaración y publicación de sus resultados. No estamos aquí ante una actividad para tutela de derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares como es el caso de los procesos jurisdiccionales civiles, contencioso-administrativos, etc., ni para la tutela de intereses colectivos amenazados por el delito, como es el caso de los procesos penales; el objetivo del proceso electoral excede en importancia al de los procesos jurisdiccionales; tiene como protagonista a un país entero y toca un aspecto clave de su vida civil: la representación política del pueblo en órganos de dirección del Estado. De donde sigue la necesidad, anteriormente apuntada, de que la serie de actividades que llamamos proceso electoral constituya un mecanismo completa y perfectamente adecuado a su fin, dado que el carácter democrático y auténticamente popular constituye la esencia misma de la forma electoral. Por lo cual, el proceso electoral debe constituir un permanente ejercicio democrático desde el principio hasta el final: democracia en la escogencia de los candidatos dentro de los partidos y alianzas; democracia en la palestra ideológica; democracia en la emisión del voto, etcétera.

 

IV.     Los sujetos del proceso electoral

 

El proceso electoral está diseñado en la ley como un conjunto de actividades confiadas a diferentes protagonistas que son, entonces, los sujetos de dicho proceso. Entre éstos podemos colocar a los partidos políticos, a los candidatos postulados, a los ciudadanos en particular, al Tribunal Supremo de Elecciones y sus auxiliares y al Cuerpo Electoral.

 

1.  A los partidos políticos y a las alianzas de partidos debidamente registrados les corresponde el papel de partes gestoras o promotoras de una fase fundamental del proceso electoral, que es la fase de adquisición de conocimiento, por parte del Cuerpo Electoral, de las ideas y programas sustentados por los candidatos, así como sobre la personalidad, costumbres y formación de éstos como individuos.

 

2.   Los candidatos son también, por sí mismos, partes del proceso electoral. Como destinatarios de la decisión del Cuerpo Electoral, es importante que se les reconozca un papel protagónico también en la etapa preparatoria del proceso destinada al debate de las ideas y aptitudes que sustentan, y que se les someta al examen público por parte del resto de la ciudadanía.

 

3.   El ciudadano, considerado en su individualidad, también es un participante de gran significación en la palestra electoral, por lo que goza como tal de una legitimación expresa (que se manifiesta en normas atributivas, pero también a través de la prohibición dirigida a los extranjeros de intervenir en la política nacional).

 

4.   El Cuerpo Electoral es el titular de una función soberana en el Estado: la función electoral, objeto del proceso que estamos analizando. El Cuerpo Electoral es la expresión orgánica del conjunto de los ciudadanos con derecho al voto en un determinado país.

 

      Se duda en atribuir el carácter de órgano del Estado al Cuerpo Electoral; y se afirma que, en el mejor de los casos, órgano sería el ciudadano, ésto es, que cada ciudadano es un órgano que realiza una función estatal y no solamente un sujeto titular de un derecho. Pero lo cierto es que la función electoral es realizada por el Cuerpo Electoral, considerada como una unidad orgánica; que dicha función adquiere su pleno significado en cuanto es colectiva; que la identidad de cada ciudadano desaparece en el secreto del voto; que se trata de un fenómeno similar (sólo numéricamente diferente al de los órganos legislativos: parlamento, asamblea, congreso, etc.) cuya naturaleza de órgano público nadie discute. Y si se argumenta en base a su funcionamiento discontinuo con intervalo de dos, cuatro o seis años, debe observarse que hay en la experiencia juspublicista moderna otros órganos con esas mismas características, de manera que de persistir en ese argumento habría que negar la condición de órgano también a la Asamblea Constituyente, la cual no sólo no es permanente sino que ni siquiera funciona con una periodicidad previsible por el derecho positivo.

 

5.   El Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano con las más altas facultades de regulación, control y decisión sobre el proceso electoral, constituyendo para ello la cúspide de un sistema de órganos que le son adscritos por la ley, orgánica o funcionalmente (sistema cuyo análisis no corresponde hacer aquí).

 

      También en este caso se duda acerca de la naturaleza jurídica de las funciones de este tipo de órgano. Hay que decir, en primer lugar, que cada ordenamiento estatal ha podido concebirlo de la manera que convenga a las tradiciones de su pueblo o a las preferencias de su clase política. En lo que atañe a Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido concebido como órgano administrativo por algunos, o como órgano jurisdiccional por otros; pero no vamos a reproducir los argumentos dados en apoyo de las diversas tesis. Basta decir, en esta sede, que el Tribunal es la cúpula de un sistema de órganos que realiza una actividad administrativa preparatoria, es la función soberana que compete al Cuerpo Electoral; y que, como vértice de dicho sistema, el Tribunal tiene a su cargo funciones administrativas de dirección y control de sus órganos subordinados, pero también funciones de solución final de controversias en materia electoral, ésto es, funciones jurisdiccionales. En lo que atañe a las funciones centrales del Tribunal, es decir, efectuar el escrutinio de los votos y hacer la declaratoria definitiva de la elección, en su lugar haremos las consideraciones del caso.

 

V. Etapas del proceso electoral

 

Siguiendo la clásica partición de la doctrina italiana para el procedimiento administrativo, hemos distinguido tres etapas del proceso electoral: A) preparatoria; B) constitutiva; y C) integrativa de eficacia.

 

A.   Etapa preparatoria

 

Esta etapa de preparación se inicia con la convocatoria que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para la celebración de los comicios de que se trate (pueden ser para los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, o para miembros de las municipalidades, o para miembros de la Asamblea Constituyente, etc.) y comprende dos fases: la fase de inscripción de los partidos y candidatos, o la de estos últimos únicamente, y la campaña política.

 

La campaña electoral es una de las fases más importante de todo el proceso electoral, puesto que sirve para brindar a los ciudadanos la oportunidad de conocer a los candidatos, los programas de sus partidos y sus ideas y actitudes personales en relación con los problemas del país y sus perspectivas futuras. Todo esto tendrá que conseguirse a través de un debate que debería confrontar intensa y extensamente a los candidatos ante sus oponentes y partidarios, a través de mesas redondas, discusiones frontales, ruedas de prensa, encuentros con diversos sectores de población, etc.

 

El momento de la campaña electoral debe ser el punto más alto de la dialéctica del proceso electoral y uno de los rasgos que caracterizan mejor a éste como proceso. En consecuencia, es el momento en que los órganos estatales adscritos al proceso deben hacer el mayor esfuerzo por garantizar a todos los candidatos una presencia equivalente en la palestra electoral, con igualdad de recursos propagandísticos y un acceso paritario a los medios de comunicación de masas.

 

Junto a las exigencias de asegurar la libertad en el uso de los medios más idóneos, nos dice el Prof. Constantino Mortati “se hace sentir la de asegurar una paridad real entre los candidatos y los partidos en lucha, para evitar la preeminencia de los que disponen de mayores recursos económicos que falsearían la sana formación de las convicciones populares...” (pág. 367). Puede decirse, para concluir, que la calidad de la campaña electoral es uno de los indicadores más seguros de la vitalidad de la democracia en un determinado país.

 

B.   Etapa constitutiva

 

En esta etapa tienen lugar las actividades decisivas del proceso electoral, a saber: 1) la manifestación de la voluntad soberana del Cuerpo Electoral, que es el sufragio; y 2) la cuantificación y valoración de dicha voluntad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, para traducirla en resultados electorales concretos, contenidos en una declaración formal. La secuencia procesal de la etapa constitutiva incluye tres fases: votación, escrutinio y declaración del resultado. Para nuestros efectos de caracterizar mejor el proceso electoral, nos interesa analizar con cierto detenimiento las dos últimas, que están a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones.

 

La votación es, sin duda, el acto central del proceso electoral, cuando el Cuerpo Electoral cumple, generalmente en una sola jornada en las mesas receptoras, con la participación de los fiscales de los partidos, la función soberana que la Constitución le encomienda.

 

Pero a pesar de su enorme trascendencia la votación sólo es una actividad difusa, cuyo significado se desconoce, si no tuviera lugar el escrutinio, que es el conjunto de operaciones que otorgan dimensiones precisas, valor y autenticidad a aquella votación. Esta fase del escrutinio, que también es realizada “con la presencia y participación de las partes”, es decir, de los representantes de los partidos políticos acreditados, comprende diferentes operaciones y actividades a cargo del Tribunal y de sus órganos auxiliares; y a cargo también de los fiscales y delegados de los partidos, los cuales ordinariamente plantean al Tribunal una serie de recursos contra las decisiones de los órganos subalternos o del propio Tribunal.

 

Por ello, simultáneamente con las operaciones finales del conteo y de revisión voto por voto, el Tribunal va examinando también aspectos cualitativos con respecto a la elección y a los candidatos, a fin de llegar a un pronunciamiento final. Se ha dudado si este acto final del Tribunal, con efectos meramente declarativos (puesto que constata y declara un resultado producido antes por el Cuerpo Electoral) es un acto materialmente jurisdiccional, o bien un acto administrativo. Al respecto tenemos que decir lo siguiente:

 

1.  El hecho de que la actividad electoral asuma la forma de un proceso no es argumento a favor de la naturaleza jurisdiccional del Tribunal. Como sabemos, el modelo “proceso” viene siendo adoptado como forma de proceder para muchas actividades públicas y privadas totalmente ajenas a la órbita judicial.

 

2.   El ordenamiento jurídico asigna al Tribunal el cometido delicadísimo de dirigir y controlar las operaciones de escrutinio, de comprobar el resultado de los comicios y proclamar la elección. Este papel es asignado en otros países a órganos superiores del Poder Ejecutivo o al Jefe del Estado, pero no creemos que ello altere, por sí mismo, la esencia de la actividad. ¿Cómo definir la naturaleza jurisdiccional o administrativa de los actos del Tribunal que estamos analizando?

 

3.   El acto realizado por el Cuerpo Electoral es un acto innovativo: es una elección que atribuye a un sujeto la investidura de un cargo público (presidente, diputado); en cambio el acto del Tribunal declarando oficialmente el resultado de los escrutinios es un acto declarativo; pero no sólo es declarativo de un hecho histórico (votación mayoritaria a favor de x) sino también lo es del efecto jurídico de ese hecho (x resultó electo), de conformidad con la norma que dice, por ejemplo: “El presidente y los vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos...” (lo destacado es nuestro).

 

4.   Mientras que el juez es un tercero frente a los intereses que están en juego en el proceso que él decide con su sentencia, el Tribunal Supremo de Elecciones no es un tercero frente a los intereses que están en juego en el proceso electoral, que son los intereses de todos. Por el contrario, el Tribunal administra los intereses colectivos que están en juego en una votación, tal como, por ejemplo, lo enuncia la norma que dispone: “La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones...” Claro que también están en juego los intereses contrapuestos de los partidos y candidatos que participan en la contienda, frente a los cuales sí se puede postular la “terceridad” del Tribunal. Pero estos intereses son secundarios frente al interés público que el evento electoral reviste. Se trataría, en suma, de una muy compleja administración, no de actividad jurisdiccional.

 

C.   Etapa integrativa de eficacia

 

El fenómeno fundamental de todo el proceso de las elecciones es, como hemos visto, la expresión de la voluntad del cuerpo electoral por medio de los votos. Actividad que requiere ser elaborada técnicamente, mediante una serie de operaciones y cálculos a los cuales aludimos antes, y que en último término se resuelven en la subsunción de los datos así cuantificados a un sistema de normas que les otorgan un significado jurídico-político preciso, expresado en una declaración formal del Tribunal Supremo de Elecciones.

 

Sin embargo la eficacia jurídica de esa declaración del Tribunal no se produce mientras a su vez no se produce un acto sucesivo de publicidad idóneo para comunicar al público los resultados conseguidos. Esta actividad de comunicación social constituye la fase integrativa de eficacia del proceso electoral. Llegados a este punto, el proceso electoral alcanza el objetivo asignado a la función electoral por el ordenamiento jurídico: la renovación periódica del mandato conferido a los titulares de los órganos supremos del Estado.

 

VI.     Conclusión

 

En el estado actual de la institución que llamamos proceso electoral, creemos haber descrito a la vez una tendencia histórica y una exigencia democrática. En efecto, la adopción de la forma “proceso” en la actividad electoral, potencializa el contenido democrático de ésta y constituye, una vez consolidada dicha forma, un factor de reforzamiento de la conciencia democrática de los ciudadanos. El objetivo principal de este trabajo ha sido señalar esa conexión que, según creemos, es de vital importancia para la causa de los pueblos.

 

 

Vocablos de referencia:

 

Administración electoral

Campaña electoral

Derecho electoral

Elecciones

Escrutinios

Organismos Electorales

 

Bibliografía:

 

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Walter ANTILLÓN