REGISTRO ELECTORAL

 

 

I.  Concepto

 

Cualquier individuo comprende, en términos generales, el significado de las palabras “registro” y “electoral”.

 

La palabra registro está estrechamente asociada a la existencia de una serie de datos referidos a algo, agrupados para su uso en determinadas circunstancias, sin entrar a analizar cómo está organizado, el lugar físico, la institución responsable, entre otros.

 

Un “registro de firmas” es un archivo con ciertos datos del individuo, entre los cuales se incluye su firma. El objetivo es comprobar, frente a una documentación cualquiera que se presente, que corresponde a la misma firma del registro, esto es, la misma persona.

 

Un “registro de automotores” es un archivo con ciertos datos que permiten identificar un vehículo, tales como los números de motor, carrocería, cantidad de puertas, color, entre otros. El detalle de los datos a incluir será definido en el momento de su creación y organización como archivo, teniendo presente los distintos objetivos.

 

Antes de surgir la tecnología informática, la palabra registro se asociaba a una forma de documentación que, convenientemente organizada, cumplía los objetivos para los cuales se había creado. A medida que la tecnología evolucionó, los procedimientos de registro fueron cambiando, aprovechando los avances y disponiendo de medios de búsqueda y actualización mucho más seguros, rápidos y a menor costo.

 

La palabra “electoral” está asociada al derecho que toda persona tiene para seleccionar o elegir autoridades o dirigentes. Lo electoral se vincula, desde un punto de vista micro, a la elección de autoridades en un club deportivo, asociación profesional o sindicato por ejemplo, en tanto que, desde el punto de vista macro se refiere a una parte o la totalidad de la población de un territorio o país que elige las autoridades de gobierno.

 

En un sentido técnico, la expresión “registro electoral” está estrechamente relacionada con los derechos que tiene todo individuo, de acuerdo a las distintas legislaciones, a seleccionar o elegir sus respectivas autoridades. Por esta razón, se han creado instituciones responsables con el objetivo de organizar elecciones dotadas de seguridad, pureza y transparencia con una promoción orientada a la mayor participación de la población que tiene esos derechos.

 

Marta León-Roesch define al registro electoral como “el conjunto organizado de inscripciones de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho al sufragio”.

 

Este concepto nos muestra que el objetivo del registro no es solamente incorporar a la ciudadanía por la edad admitida (18 años en la mayoría de las legislaciones), sino que tener presente que existen otras restricciones, generalmente, que impiden integrar el registro, aunque éstas tengan carácter transitorio, como pueden ser, según las legislaciones, los condenados, miembros de las Fuerzas Armadas, ciudadanos residentes en el exterior, discapacitados.

 

Juan Rial en su trabajo “El Registro Electoral como herramienta para la consolidación democrática” expresa: “El Registro Electoral es una lista de personas que constituye la base para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser electores y poder ser electos en el marco de un régimen de tipo democrático”. “Si el registro de ciudadanos se efectúa rigurosamente asegura la integridad del sufragio y si tienen adecuados criterios de flexibilidad se asegura que no haya exclusiones, punto sustancial para asegurar la estabilidad política de un país”.

 

El Ing. Héctor Mujica en su informe como representante de Venezuela en el III Seminario para Técnicos Gestores de la Administración Electoral define al registro electoral permanente “como parte fundamental del modelo electoral. Es una institución de derecho público. Está conformada por el conjunto de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en las Leyes para ejercer el derecho al voto”.

 

II. Formación y organización

 

La formación del registro electoral está asociada a la calidad de elector. Normalmente, la calidad de elector se adquiere automáticamente por el hecho de cumplir cierta edad. Casi todas las legislaciones establecen 18 años, edad que coincide con la adquisición de otros derechos, deberes y obligaciones que cualquier individuo que integra la sociedad debe asumir.

 

La edad fijada responde a una cierta capacidad que el ser humano desarrolla que le permite afrontar y responder por sus actos y hechos y la evolución de la sociedad moderna, el desarrollo de los sistemas de educación, y la aplicación de la tecnología informática y de las comunicaciones dan lugar a que hayan surgido ciertas corrientes de pensamiento orientadas a afirmar que, probablemente en el futuro, esa fecha o edad fijada deba ser modificada.

 

La formación del registro electoral, esto es, la forma de incorporarse al registro para adquirir la calidad de elector puede lograrse por diferentes procedimientos.

 

Un procedimiento automático sería que el registro civil, responsable de registrar los nacimientos, en los cuales incluye nombre y apellido, país, lugar y fecha, sexo y otros datos, entregue al sistema electoral los registros del archivo de quienes han llegado a los 18 años de edad y en consecuencia, el registro civil es quien provee y organiza el registro electoral. Es muy importante, en este procedimiento, que el registro civil tenga una organización que le permita actualizar o depurar sus archivos con los fallecimientos de quienes no han llegado a la edad y si bien esta posibilidad es factible con la tecnología actual, problemas de captación y recolección del acta de defunción pueden transmitir cierta inseguridad al archivo en una gran cantidad de países. Adicionalmente, en la mayoría de los países, el registro civil no se responsabiliza del domicilio y su actualización y en una sociedad moderna con alto porcentaje de población que migra, desconocer este dato configura una importante carencia para el archivo electoral. La práctica de la ciudadanía tampoco facilita la actualización del domicilio y esto se ha comprobado en países(ej. Ecuador) que el registro civil asumió esa tarea. La identificación y cedulación también son requisitos importantes, muchos registros civiles de la Región (Argentina, Bolivia, Haití, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Venezuela) no tienen incorporada esta tarea dentro de su estructura institucional.

 

En un segundo procedimiento o alternativa para organizar un registro electoral, la institución responsable invita a la ciudadanía a inscribirse, para lo cual debe comprobar identidad y el cumplimiento de las condiciones por las cuales el ciudadano adquiere el derecho a votar. El organismo electoral genera su propio registro con la colaboración de la población que concurre a inscribirse y el registro civil puede ayudar informando sobre la población esperada con la ayuda de las estadísticas de natalidad y mortalidad de menos de 18 años. Con estos datos, la autoridad electoral puede tener una mejor estimación de la tarea de inscripción, organizarla en forma más ordenada y tener una evaluación del grado de cobertura alcanzado con los nuevos inscriptos. En una mejor organización institucional, el registro civil podría enviar copia de las actas de nacimiento vía interna (institución a institución) y evitar molestias a la población.

 

Una tercera alternativa o procedimiento, utilizado en varios países (Haití, Nicaragua), son los denominados “registros electorales ad-hoc”, procedimiento al cual se recurre cuando el registro civil no tiene integridad, seguridad y calidad en los datos o simplemente, la institución no existe. Frecuentemente se constata que un alto porcentaje de población en esos países no está identificada, no tiene documentación en su poder y el proceso de inscripción no puede recurrir tampoco a estos archivos.

 

La formación del registro se hace a partir de un llamado a la población o de un censo electoral. El ciudadano debe concurrir a lugares predeterminados con la documentación disponible (a veces carnet de conducir, libreta de trabajo, documento de la seguridad social) que le permitan al funcionario responsable de inscribir comprobar ciertos datos que le brinden seguridad en cuanto a nombre y apellido, edad y a falta de esa documentación, la presentación de testigos de conocimiento personal que por declaración jurada dan fe, por lo cual, la vecindad es muy importante para que la autoridad electoral acepte como válida esa inscripción. Dentro de este mismo procedimiento, en otra estrategia, el funcionario que inscribe recorre los domicilios para cumplir la tarea, en una metodología similar a la utilizada en los censos de población.

 

Con los debidos requisitos de huellas dactilares, firma y fotografía se completa la libreta cívica y la organización del registro electoral.

 

La publicidad, la presencia de los representantes de los partidos políticos y la vecindad de los ciudadanos son los componentes que dan seguridad a este procedimiento de inscripción, a los cuales se agrega que el mismo lugar de inscripción es, generalmente, el mismo lugar de votación.

 

III.    Contenido

 

El registro electoral es un archivo cuyo objetivo es dar pureza y transparencia al acto electoral, obtener la mayor participación de la ciudadanía que tiene esos derechos y facilitar el ejercicio del voto. El ejercicio del voto debe ser tal que se evite la doble inscripción, el doble voto y la sustitución de personas.

 

En resumen, cada individuo que adquiere, de acuerdo a las leyes, los derechos electorales debe formar parte del registro.

 

Dentro de esta enumeración, componentes esenciales son el nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y domicilio, pues con ellos se organizan las elecciones estableciendo los lugares de votación de la población de acuerdo con las inscripciones contenidas en el registro. La presencia de los otros datos permite ejercer controles y dar pureza y transparencia a la elección.

 

Los datos del registro se pueden clasificar en permanentes o variables. La fecha y lugar de nacimiento, sexo (actualmente hay legislaciones que aceptan cambios) y las huellas dactilares son permanentes. Estos datos no admiten alteraciones o modificaciones durante todo el tiempo del registro, salvo errores cometidos. En cambio, las legislaciones admiten, según los países, cambio de nombres y ciertas figuras jurídicas (no muy frecuentes después de los 18 años de edad) que cambian el apellido. Normalmente el número de identificación no debe cambiar, pero la fotografía y la firma evolucionan en el transcurso de los años.

 

El documento es un dato esencial para la organización electoral y para adquirir derechos a participar cuando la elección es restringida a ciertas áreas provinciales, departamentales, municipales o locales, en los cuales, la residencia es determinante para poder participar.

 

La introducción de tecnología ha permitido crear “banco de datos” o “banco de electores” y preparar listados por lugar de votación lo cual posibilita un desarrollo ágil y seguro del ejercicio del voto a un menor costo operativo. A su vez, cualquier ciudadano puede consultar sobre sus datos a través de un sistema de terminales conectadas al “banco” que se ubican en lugares estratégicos donde la población concurre asiduamente.

 

En muchos países (por ej. Uruguay) una ficha o documento con firma y fotografía de cada votante permite comprobar, en el momento de la votación, la presencia correcta de quien tiene el derecho. En otros países (por ej. Ecuador, Perú, Paraguay) el documento civil en poder del ciudadano permite comprobar con ese número de identificación detallado en el listado del lugar de votación que la persona que vota corresponde a un inscripto.

 

Brasil y Venezuela han iniciado experimentos con el voto automatizado a través de “máquinas de votación” que tienen registrados los datos del votante.

 

En los países que tienen voto obligatorio, permite comprobar la “no presencia”.

 

La incorporación de los datos variables obliga a la institución electoral a crear mecanismos de actualización y diseñar estrategias para captar esos cambios, a los cuales se agrega la obligación institucional de cumplir con las leyes que establecen restricciones al ejercicio electoral, diferentes según los países. Normalmente estas exclusiones son la excepción.

 

IV.     La actualización del registro

 

La denominación de registro electoral admite el uso de otros términos, frecuentemente aceptados como sinónimos, no obstante, en las diferentes legislaciones y organismos electorales se pueden encontrar distintos significados y diferentes modelos de administración de los archivos.

 

Las expresiones censo electoral, padrón electoral, registro electoral y registro cívico permanente (RCP) son de uso común.

 

En España “el censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio” y utiliza la palabra “censo electoral”.

 

Más que entrar a una discusión de tipo semántico, es más valioso analizar contenidos y procedimientos, sin comprobar si los distintos archivos creados corresponden a denominaciones o “etiquetas” diferentes.

 

El registro electoral o también registro cívico permanente (RCP) sería aquel registro que contiene a todos los individuos que con una edad superior a los 18 años han adquirido sus derechos, pero esto no es lo mismo o sinónimo de poder ejercer el derecho al voto.

 

En este aspecto, lo preceptuado por las legislaciones es lo más importante a considerar y las cancelaciones o bajas corresponden a exclusiones que pueden provenir de distintos orígenes y obedecer a diferentes causas, algunas permanentes, otras transitorias, algunas aceptadas universalmente, otras con diversas opiniones sobre las mismas. Por esta razón, a continuación, a título ilustrativo se detalla una lista de exclusiones.

 

    Fallecimiento del inscripto reportado por el registro civil o directamente, o la presunción de defunción por no presentación a dos o tres elecciones consecutivas. Se discute esta última posibilidad y en especial si no existe legislación al respecto.

 

     Personas procesadas o condenadas, según informe judicial.

 

     Personas declaradas interdictas por discapacidades, generalmente mentales, de acuerdo a la sentencia judicial.

 

    Personal de las Fuerzas Armadas y Policía, de acuerdo a la información de sus respectivas instituciones y la legislación pertinente.

 

     Por residencia en el extranjero para algunas legislaciones, de acuerdo al informe del Departamento de Migraciones. De muy difícil comprobación.

 

    Por pérdida de la ciudadanía.

 

     Por rectificación del acta de nacimiento en el registro civil que modifica datos esenciales.

 

    Por doble o triple inscripción vigente, comprobada por revisión interna o denuncia, recomendándose eliminar las más antiguas.

 

Algunas legislaciones electorales (Argentina, España, Perú) han concedido el derecho a votar a personas residentes nacidas fuera del país, para lo cual, deben acreditar tiempo de residencia, además de todos los datos que suministran los ciudadanos naturales.

 

Todas estas modificaciones que permanentemente se incorporan o se eliminan del registro, permiten preparar los padrones electorales, archivo en el cual es muy importante el domicilio actualizado, en especial en zonas rurales o cuando el ciudadano se ha trasladado a una gran distancia del domicilio anterior.

 

El padrón electoral incorpora el número y datos de ubicación del circuito, mesa, junta o lugar del sufragio y permite preparar toda la documentación que se dispondrá en el lugar, para el día de la elección.

 

La formación de los registros electorales es una tarea de gran responsabilidad, pero lo es mayor aún, el mantenimiento con las nuevas incorporaciones, las suspensiones transitorias o definitivas y las cancelaciones por fallecimiento y es un instrumento importante en la consolidación de la democracia.

 

V. Tipos de registro

 

Los registros electorales pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista. Juan Rial menciona: “Los registros pueden ser voluntarios o compulsivos. En el primer caso se establece que cada persona decide si quiere ser parte del mismo o no. En el segundo es una obligación impuesta por algún instrumento legal, normalmente, una ley. En general esta obligación está relacionada con la de sufragar. Por lo general, a un registro voluntario corresponde un voto del mismo carácter. En cambio, no siempre la obligación de ser parte del registro conlleva la de votar”.

 

“El registro puede ser permanente o ad-hoc. En el primer caso, se trata de un registro continuo, manejado por una estructura burocrática permanente, que se debe mantener al día adicionando y sustrayendo inscriptos de acuerdo a los eventos que sufran los individuos. En el segundo caso, el registro se hace específicamente para atender un evento electoral determinado y su validez caduca una vez pasado el mismo”.

 

“Los registros pueden ser centralizados o descentralizados. En el primer caso una estructura burocrática de tipo nacional es la responsable del registro. En el segundo, los registros son llevados por algún tipo de autoridad regional (estatal o provincial) o local (de tipo municipal) o por alguna organización delegada a esos efectos”.

 

“Los registros pueden ser totalmente independientes (el organismo electoral es a la vez el que provee la inscripción y maneja el estado civil de las personas), pasando por menores grados de independencia, hasta llegar a la posibilidad de depender totalmente de otras organizaciones del Estado para su existencia (organismos de identidad y/o de registro civil en manos del Poder Ejecutivo)”.

 

VI.     La publicidad, la auditoría y la tecnología

 

En la mayoría de los países, el registro electoral es público, puede ser consultado por parte de cada ciudadano y por las organizaciones políticas. Esta publicidad es una garantía de la pureza y transparencia de los procedimientos y permite plantear reclamaciones sobre los datos establecidos, tanto para correcciones de errores de parte de los datos incluidos como para eliminar a quien no corresponde o incorporar a alguien que no figura. Es un método para comprobar o verificar calidad.

 

No obstante el carácter público antes mencionado, en España, el Artículo 41.2 establece: “Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por vía judicial.”

 

Es posible recurrir para comprobar calidad a un proceso interno utilizando la propia estructura de la organización; o externo, contratando terceros, firmas especializadas en auditoría que por técnicas estadísticas aceptadas universalmente comprueban el grado de confiabilidad.

 

Cualquiera de estos procedimientos, que no son excluyentes sino complementarios, permite verificar la calidad del registro y ayuda a evaluarlo como herramienta para la consolidación democrática y diseñar estrategias para su mejoramiento.

 

La tecnología disponible es muy importante y la informática con la digitalización, usadas adecuadamente, permiten incorporar, eliminar y modificar archivos en forma rápida, en corto tiempo y a bajo costo. Los procedimientos de digitalización aceptan imágenes y la complementación con la informática suministra a los registros datos que no eran de aplicación sencilla anteriormente.

 

La tecnología obliga a un cambio radical de los procedimientos administrativos dado que archivos o registros de acceso manual son de fácil alteración, pero en casos aislados, salvo que existan arreglos que comprometan a muchos funcionarios. En cambio, la tecnología, a diferencia de los sistemas manuales, tiene una serie de controles, pero está expuesta a que uno o dos funcionarios con gran conocimiento técnico, produzcan alteraciones masivas, aunque es fácil, si existe orden institucional, investigar quienes actuaron y determinar responsables.

 

La confección de un padrón requiere de una inversión inicial importante para recolectar datos, pero si el sistema es permanente es imprescindible una inversión en equipamiento tecnológico que permita mantener y actualizar los datos.

 

Juan Rial afirma que en América Latina, los costos de una elección por ciudadano varían entre dos (2) y seis (6) dólares y la operación de empadronamiento, en caso de primera vez o padrones ad-hoc es un 50%, pero disminuye al 15% cuando el país ha organizado un registro permanente.

 

Esta evolución unida a la cada vez más frecuente realización de elecciones y participación ciudadana está determinando la tendencia a conformar organismos técnicos autónomos, sin integración partidaria, sin presiones de tipo político sobre sus integrantes, quienes pueden decidir asumir la actividad en ejecución directa o tercerizar total o parcialmente la misma. Es común que estos organismos técnicos adquieran autonomía de gestión y presupuestal.

 

Cualesquiera que sean los procedimientos para la organización de un registro electoral, la publicidad y la auditoría son importantes para evaluar el producto final y el uso de la tecnología adecuada es una ayuda de gran importancia para la tarea.

 

VII. Marco institucional e interrelaciones

 

Una visión panorámica del marco institucional en los países de América Latina nos permite verificar grandes diferencias.

 

Dentro de la región, existen países (Colombia, Costa Rica, Panamá) que han concentrado en una sola institución, la tarea del registro civil, identificación, cedulación y electoral. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones se compone de dos departamentos, uno Civil y el otro Electoral y en cada uno hay un Oficial Mayor responsable de su gestión.

 

En otros (Haití, Paraguay, Venezuela), las responsabilidades se han dividido, correspondiendo al registro civil la tarea de inscripción de nacimientos y defunciones, a otra institución la identificación y cedulación de la población y a otra, lo electoral. Generalmente, las dos primeras instituciones se ubicaron en la órbita del Poder Ejecutivo, con mayor o menor grado de independencia según los casos. En Uruguay la Corte Electoral otorga un documento de uso restringido a la participación electoral, pero frente a un olvido o extravío de ese documento, comprueba la identificación del votante con la cédula de identificación civil.

 

Sin embargo, algunos países (Chile, Ecuador) han efectuado un proceso de concentración parcial, ubicando en la misma institución la tarea del registro civil y la de identificación y cedulación, pero manteniendo la institución electoral fuera de estos sistemas.

 

En Bolivia se ha decidido concentrar bajo una misma institución el registro civil y el electoral, pero la tarea de expedición de cédulas e identificación no se ha incluido.

 

En Colombia, la Constitución de 1991 confirmó la estructura del Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional, agrupando funciones de Dirección Nacional de Recursos Humanos, Organización de Elecciones y Registro Civil e Identificación de Personas.

 

En España, el Registro Civil, los ayuntamientos y consulados y el Registro de Penados y Rebeldes actúan como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral en las tareas censales.

 

En Nicaragua, la Comisión Nacional de Cedulación está integrada por cinco miembros, de los cuales cuatro son nombrados por el Consejo Supremo Electoral que expide la cédula de identidad, aunque también se ha expedido un documento supletorio para votación que se le entrega al ciudadano que no tiene debidamente legalizada su situación en el Registro Civil. En algunos municipios, los ciudadanos recibieron una libreta cívica.

 

En Perú, la Constitución promulgada el 29 de diciembre de 1993 creó el Sistema Electoral Peruano, conformado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

 

En Guatemala, el registro civil está separado del electoral y el empadronamiento se efectúa sobre la base de la cédula de vecindad en un formato que el Tribunal Supremo Electoral aprobó.

 

En España, la Oficina del Censo Electoral está ubicada en el Instituto Nacional de Estadística y ejerce su competencia bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central.

 

Ante tal variedad de esquemas organizacionales, se puede expresar que la calidad del producto final no es consecuencia del marco institucional adoptado y aún reconociendo que un análisis de costos podría aconsejar un criterio sobre el tema, es necesario expresar que factores externos facilitan o dificultan obtener el producto y también se aprecia, en la región, una tendencia a la consolidación o unificación institucional.

 

En resumen, se puede afirmar que el marco institucional es consecuencia de una voluntad política y que en los países de gran dispersión institucional el énfasis debe orientarse a mejorar las relaciones de coordinación, o sea, insistir en las interrelaciones, en tanto, en un marco institucional concentrado, el énfasis está en plantear estrategias de protección al ciudadano en cuanto a defender su privacidad y que su violación no se transforme en una violación a los derechos humanos.

 

VIII. La importancia del registro electoral como instrumento para el ejercicio y consolidación de la democracia

 

Juan Rial expresa en la conclusión de su ponencia lo siguiente: “El registro electoral es una pieza clave para asentar y consolidar un régimen democrático. Permite una mayor participación ciudadana en el manejo de la cosa pública a través de los procesos electorales para elegir representantes o para participar directamente en plebiscitos y otros mecanismos de democracia semi directa”.

 

“La tendencia presente en América Latina lleva a una mayor tecnificación y especialización de las oficinas que realizan el registro” y más adelante indica, “Hay que tener en cuenta que para poder verificar la corrección de los procesos electorales es tan importante hacerlo en las elecciones propiamente dichas como en esos procesos preparatorios”.

 

Finalmente, es necesario insistir en la importancia del esfuerzo mancomunado de los funcionarios, partidos políticos, campañas de educación cívica dirigidas a toda la población para propiciar la mayor participación posible, pero se debe poner énfasis en las áreas y población en condiciones de pobreza y marginalidad.

 

 

Vocablos de referencia:

 

Administración electoral

Auditoría electoral

Automatización de los procesos electorales

Censo de población

Ciudadanía

Derechos y deberes civiles y políticos

Documentación electoral

Identificación electoral

Información electoral

Informática electoral

Procesos electorales

Registro civil

Sistemas electorales

Sufragio

Voto

 

Bibliografía:

 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Registro Civil y Electoral en Iberoamérica. Programa de Alta Gerencia Electoral, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), San José, 1997.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Boletín Electoral Latinoamericano XVIII. Julio - diciembre 1997, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), San José, 1998.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “El Registro Electoral. Los modelos de Argentina, Colombia, Costa Rica”, Cuaderno No. 30. 1era. Edición, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, San José, 1989.

Ministerio del Interior de España, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), España, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE): Programa de Alta Gerencia Electoral, III Seminario de Técnicos Gestores de la Administración Electoral de los Países Iberoamericanos, ponencias presentadas por los representantes de Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Nicaragua, y Perú. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 16-20 de setiembre de 1996.

Organización de los Estados Americanos (OEA). Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD). Seminario Internacional sobre Legislación y Organización Electoral. Una visión comparativa. Perú, Lima, 9 y 10 de febrero de 1999. ISBN 0-8270-4035-0.

Rial, Juan: El Registro Electoral como herramienta para la consolidación democrática. Organización de los Estados Americanos (OEA), Unidad de Promoción de la Democracia (UPD). Asistencia Técnica Electoral. TRANSPARENCIA. ISBN 0-8270-4035-0.

                                                           

Carlos AMADO

 

NOTAS

 

1         Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL): “El Registro Electoral. Los modelos de Argentina, Colombia, Costa Rica”. Cuaderno de CAPEL No. 30, 1era. Edición, 1989.

2         Juan Rial: El Registro Electoral como herramienta para la consolidación democrática. Organización de los Estados Americanos (OEA), Unidad de Promoción de la Democracia (UPD). Asistencia Técnica Electoral. TRANSPARENCIA. ISBN 0-8270-4035-0. Página 15.

3         Documento presentado al III Seminario para Técnicos Gestores de la Administración Electoral. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, l6-20 de setiembre de 1996.

4         Art. 31.1. Capítulo IV, El Censo Electoral, Sección I. Condiciones y modalidad de la inscripción. Ley Orgánica del Régimen Electoral de España.

5         Ibid. Citado en 2, página 19.

6         Art. 41.2, Capítulo IV, Sección IV. Acceso a los datos censales, citado en 4.

7         Ibid. Citado en 2, página 18.

8        Ibid. Citado en 2, página 35.