Los Derechos Políticos y los Derechos Humanos en América Latina

Daniel Zovatto

1. Introducción

2. La regulación de los derechos políticos en el derecho interno, a nivel regional y a nivel universal

3. Regulación de los derechos y deberes políticos

4. Derechos políticos y democracia

5. Derecho interno y democracia

6. La suspensión de garantías y derechos y la democracia: ¿Se continuan elecciones?

8. Conclusiones

1. Introducción

Desde el punto de vista del derecho constitucional, los derechos políticos han sido conceptualizados como el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política. La nota distintiva de estos derechos es la de constituir una relación entre el ciudadano y el Estado, un diálogo entre gobernantes y gobernados. Representan, en suma, los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida publica, o, si se quiere, el poder político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado.

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos políticos pertenecen, junto a los derechos civiles, a los llamados derechos de la primera generacion o derechos de la libertad. La distincion entre una y otra categoria podría establecerse, en principio, en el entendido que mientras los derechos civiles permiten al ser humano, en general, gozar de una esfera personal de autonomía frente al Estado y las demás personas privadas, los derechos políticos, en cambio, posibilitan al ciudadano participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad de que forma parte (García 1993).

De este modo, y a diferencia de los derechos civiles, el ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado lejos de colocar al hombre en oposición a éste, lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la estructuracion política de la sociedad de la cual es miembro. En otras palabras, mientras los derechos civiles se dirigen a todos los individuos para permitirles realizar con integridad su destino personal en el marco de una sociedad libre, los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional, como por ejemplo, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones así como el derecho de adhesión a un partido político.

A la vez, los derechos políticos proceden de la idea de la libertad política y de la libertad individual y, debido a este carácter mixto, no pueden ser concedidos a todos los individuos, sino solamente a los que estando en edad de ejercerlos poseen una relación con el Estado como puede ser, verbigracia, la que se deriva de su nacionalidad. Importa asimismo destacar que en los derechos políticos el elemento de libertad individual que en ellos está contenido es el que progresivamente ha originado el carácter universal del sufragio y la necesidad de su ejercicio no discriminatorio.

En cuanto a la identificación de estos derechos políticos, ni la doctrina ni el constitucionalismo latinoamericano comparado coinciden plenamente sobre este extremo. En términos generales, y sin la pretensión de efectuar una enumeración exhaustiva, pueden mencionarse los siguientes con su respectivo significado:

  1. Derecho de voto: Se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos.
  2. Derecho a ser electo: Es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos.
  3. Derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos: Es el derecho que tienen los ciudadanos de participar en las instituciones del Estado y de tener acceso y ser admitido a todos los cargos y funciones públicas.
  4. Derecho de petición política: Se refiere al derecho de dirigir peticiones a las Cámaras, o a los órganos ejecutivos, y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política.
  5. Derecho a asociarse con fines políticos.
  6. Derecho de reunirse con fines políticos Estos dos últimos derechos se enmarcan dentro de los de carácter colectivo, referidos al derecho de organización, asociación y reunión política, generalmente a través de partidos políticos y sindicatos.

 

2. La regulación de los derechos políticos en el derecho interno, a nivel regional y a nivel universal

En el constitucionalismo latmoamericano, las cartas fundamentales que se señalan a continuación, contienen una referencia expresa de los derechos políticos, como es el caso de: Colombia (Art. 40); Costa Rica (Arts. 90-98); Ecuador (Arts. 33-38), El Salvador (Art. 72); Guatemala (Art. 136), Nicaragua (Arts. 47-55); Panamá (Arts. 126129); Paraguay (Art. 117); Perú (Art.35); y Venezuela (Art. 114).

Son pocas las constituciones que tienen reglamentado lo referente a los derechos políticos y, a su vez, establecen como contrapartida la existencia de deberes políticos. Entre las Cartas Fundamentales que efectivamente regulan ambos tenemos a: El Salvador (Art. 73), Guatemala (Art. 136), Nicaragua (Art. 51), Panamá (Art. 129). Esta correlatividad de derechos y deberes del hombre, tanto en general como específicamente, en materia política, es un criterio tradicional tanto de la filosofla política como del Derecho americano, presente en todo el Derecho Constitucional comparado latinoamericano desde comienzos del siglo XIX.

Los derechos políticos, nacidos, reconocidos y desarrollados en el ámbito del Derecho Interno han venido siendo objeto de una progresiva internacionalización. El primer reconocimiento internacional de estos derechos tuvo lugar en el ámbito Regional Americano, con la adopción, durante la IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo XX de la Declaración Americana expresa:

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobiemo de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Por otro lado, en el ámbito universal de las Naciones Unidas, los derechos políticos fueron nuevamente objeto de expreso reconocimiento al adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), cuyo artículo 21 dispone lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

La internacionalización de los derechos políticos ha sufrido, en estos 40 años, una notable progresividad, habiendo pasado de su mera declaración a la creación de instancias y mecanismos destinados a asegurar la vigencia y protección de los mismos. En efecto, los derechos políticos aparecen actualmente regulados, en cuanto derechos exigibles internacionalmente, tanto en el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Convenio Europeo para la Protección los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los pueblos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A manera de ejemplo, el artículo 25 del Pacto Internaclonal de Derechos Civiles y Políticos, indica:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos,

b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,

c. Tener acceso. en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Por su parte, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en su artículo 11, inciso 1, estipula:

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

Por otro lado, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los pueblos, en su artículo 13 dice:

1. Todo ciudadano tiene el derecho a participar libremente en el gobierno de su país, sea directamente o a través de sus representantes libremente elegidos en conformidad con las disposiciones legales.

2. Todo ciudadano tiene el derecho a acceder a la función pública de su país en igualdad de condiciones.

3. Toda persona tiene derecho al acceso a la propiedad y a los servicios públicos en estricta igualdad para todas las personas ante la ley.

Finalmente, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

De este modo, de acuerdo con Gros Espiell (1989), los derechos políticos han dejado de ser una materia reservada exclusivamente a la jurisdicción interna o doméstica, y si bien la determinación de quiénes son las personas legalmente capacitadas para ejercerlos o de quiénes son ciudadanos continúa siendo competencia de las Constituciones o de las leyes internas, el derecho en sí mismo está garantizado y protegido internacionalmente, aunque, naturalmente, de manera subsidiaria a la protección interna.

 

3. Regulación de los derechos y deberes políticos

En el Sistema Regional Americano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la regulación jurídica internacional de los derechos y deberes políticos reviste caracteres propios y diferenciales, tanto respecto del Sistema Universal de Naciones Unidas como del Sistema Regional Europeo.

En el caso de los Estados Americanos parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto resulta de los artículos 1, 23, 46.1a y 2, y para los Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Art. 62), del artículo 61.2 del Pacto de San José de Costa Rica.

Cabe señalar la regulación particular que los derechos y los deberes políticos presentan en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La enumeración en forma individualizada de los deberes caracteriza a la Declaración Americana y la distingue de la Declaración Universal. En efecto, la Declaración Americana establece de manera mucho más detallada la interrelación entre los derechos y los deberes, tanto en general como específicamente en materia de derechos y deberes políticos. Así, mientras el artículo XX de la Declaración Americana regula el derecho de sufragio y de participación política en el gobiemo, por su parte, los artículos XXXII y XXXVIII establecen el deber de sufragio y el deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero, respectivamente.

Esta interrelación entre derechos y deberes, en general, guarda relación con el principio de que los derechos son correlativos de los deberes que cada persona tiene para consigo mismo, para con la sociedad a que pertenece y la comunidad internacional. En otros términos, como bien expresa el propio artículo XXVIII de la Declaración Americana, al referirse al alcance de los derechos del hombre: „Los Derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático."

Sin embargo, resulta pertinente y necesario dejar claramente señalado que la enumeración expresa de los derechos del hombre y la afirmación de su correlatividad con los deberes contenida en la Declaración Americana no significa, en modo alguno, subordinar los derechos a los deberes ni situar a los derechos humanos en un nivel inferior a los deberes, como tampoco condicionamiento alguno para su existencia al pleno cumplimiento de éstos. Como bien ha dicho Gros Espiell (1989), „sólo importa aceptar las consecuencias de correlatividad de derechos y deberes del hombre para la existencia de un orden jurídico, en el que el equilibrio armónico de derechos y deberes es la garantía de la existencia de una comunidad libre, justa y pacífica."

 

 

4. Derechos políticos y democracia

Es necesario destacar la estrecha relación e interdependencia que en el sistema interamericano existe entre la democracia representativa, el ejercicio de los derechos políticos y la vigencia de los derechos humanos. Efectivamente, tanto la Carta de la Organización de Estados Americanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consagran la importancia de la democracia en el sistema regional de protección de los derechos humanos. La Convención establece en su preámbulo lo siguiente:

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Más aún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la democracia representativa como la forma que abierta y explícitamente adoptaron los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Este organismo regional americano, a diferencia de la Organización de Naciones Unidas, incorporó una norma expresa en su carta constitutiva que amplía la alusión hecha en el preámbulo. Es así como el artículo 3.d sostiene:

La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que en ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.

Es necesario senalar que la Comisión Interamericana utiliza el término democracia de una manera flexible, sin criterios rígidos o dogmáticos, enfatizando el concepto más desde el criterio jurídico y político que ideológico. En este sentido, la Comisión ha expresado:

En el derecho a la participación política hay cabida para una gran variedad de formas de gobierno, siendo muchas las alternativas constitucionales que existen en cuanto al grado de centralización de los poderes del Estado, o la elección y las atribuciones de los órganos encargados de su ejercicio. Sin embargo, el marco democrático es elemento necesario para el establecimiento de una sociedad política donde pueden darse los valores humanos plenos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece su posición respecto a este tema mediante la opinión consultiva OC-13/93, que dice lo siguiente:

Como ya lo ha dicho la Corte, el concepto de derechos y libertades y, por ende el de sus garantías, (según el Pacto de San José) es inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. Dentro de tales valores y principios aparece que „la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte". Ha señalado también la Corte que „el principio de la legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables y que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros".

En el continente americano se ha enfatizado recientemente el tema de la democracia y los derechos humanos. En este sentido, Cançado Trindade describe la relevancia del tema a partir de la Asamblea General de la OEA de 1990 mediante la Declaración de Asunción, que califica a la democracia representativa como el sistema político que más adecuadamente garantiza los fines y propósitos del sistema americano. Igualmente, arguye Cançado Trindade, en 1991 la Asamblea General fortalece ese sistema de gobierno al adoptar cuatro instrumentos: a) el Compromiso de Santiago con la Democracia y la renovación del Sistema Interamericano, en favor de la „defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región", b) la resolución 1080, por la cual se encomendó al Consejo Permanente de la OEA la elaboración de propuestas de incentivos a la „preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región", c) la resolución 1087, sobre la educación para la participación democrática, y d) la resolución 1112, sobre el fortalecimlento de la OEA en materia de derechos humanos (Nieto Navia 1994). Como complemento a la resolución 1080, la Asamblea General de la OEA de 1992 adoptó la Declaración de Nassau, que indica el compromiso de desarrollar dentro de ese organismo regional mecanismos para apoyar a los Estados miembros en la preservación y el fortalecimiento de la democracia representativa.

De ahí la importancia que los derechos políticos tienen dentro de los instrumentos internacionales para el fortalecimiento de la democracia y la salvaguarda de los derechos humanos, al posibilitar, mediante su ejercicio, tomar parte en el gobierno y participar en elecciones genuinas, periódicas, libres y secretas. La razón de ello radica en que, tal como lo demuestra la experiencia histórica, los gobiernos derivados de la voluntad del pueblo, expresada en elecciones libres, son los que proporcionan la más sólida garantía de que los derechos humanos fundamentales serán observados y protegidos.

Por otro lado, a diferencia del ámbito regional, en la Carta de las Naciones Unidas, el término democracia no está contemplado. Pese a que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas tiene una redacción prácticamente igual al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de sufragio y su garantía internacional adquieren, en este último instrumento, una relevancia particular. Así, por ejemplo, en el sistema del Pacto de San José de Costa Rica a diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles de Naciones Unidas, el derecho de sufragio es considerado como un derecho que no puede ser objeto de suspensión bajo ninguna circunstancia, ni aun durante las situaciones de emergencia (Art. 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Aun así, un documento reciente de Naciones Unidas titulado ‘Democracia y Establecimiento de una Sociedad Democrática’ (E/CN.4/Sub.2/1995/49) presentado por el señor Osman El-Hajjé indica que existe una íntima relación entre democracia y desarrollo, la cual se manifiesta en el preámbulo y en los artículos 1 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, arguye que de esa relación se trasluce la idea de la indisociabilidad entre los derechos humanos, el progreso social y la democracia. Esta mención del término democracia es más evidente, según este documento, en la resolución 1995/60 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recomendó a la Subcomisión que estudiase „los medios de superar los obstáculos a la consolidación de las sociedades democráticas, teniendo en cuenta la relación entre democracia, desarrollo y derechos humanos".

 

5. Derecho interno y democracia

Las condiciones jurídicas del sufragio han sido descritas como la universalidad, la igualdad, la obligatoriedad y el secreto, condiciones que complementan la realización de elecciones libres y periódicas, que son la garantía de un proceso democrático desde el punto de vista procedimental, mejor conocido como ‘procedural democracy’. Dentro de los requisitos y capacidades de los electores para el sufragio, Mackenzie (1962) hace una división entre requisitos generales y requisitos especiales. Dentro de los requisitos generales se incluye (a) la ciudadanía, la cual es una capacidad de goce y ejercicio de los derechos políticos (b) la edad, la cual varía de acuerdo con el país y (c) la inscripción en el registro o padrón electoral (ver al respecto la contribución de Marta León Rösch en esta obra). Los requisitos especiales del sufragio se clasifican básicamente por su extensión cuantitativa, es decir, si el voto se estipula como universal e igual, y por su exigibilidad u obligatoreidad. El sufragio universal implica el reconocimiento del derecho del sufragio a todos los ciudadanos y no está condicionado por requisitos de nivel económico, intelectual o social. La universalidad e igualdad del voto se encuentra reglamentada en una buena parte de las constituciones latinoamericanas (Argentina: Art. 37; Bolivia: Art. 219; Ecuador: Art. 33; Honduras: Art. 44; Nicaragua: Art. 2; Panamá: Art. 129; Paraguay: Art. 118i). Estas constituciones también establecen el voto secreto. En algunos textos constitucionales la reglamentación sobre el voto se encuentra restringida o calificada según el nivel de instrucción o la edad. Por ejemplo en Brazil y Ecuador, el voto es obligatorio para los que saben leer y escribir y facultativo para los analfabetos (véase la contribución de Jorge Lazarte en esta obra). En Argentina, Brazil y Perú, el voto es obligatorio hasta los setenta años y facultativo después de esa edad (para mayor detalles, ver las contribuciones de Manuel Aragón sobre ‘Derecho electoral: sufragio activo ypasivo’ y Mario Fernández Baeza sobre ‘El voto obligatorio’ en esta obra).

Cabe señalar que son pocos los textos constitucionales que reglamentan expresamente la participación de los pueblos indígenas como un derecho. A manera de ejemplo, el artículo 65 de la Constitución Política de Paraguay, garantiza a los pueblos indígenas „el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, ésta Constitución y las leyes nacionales." Además del Paraguay, los textos constitucionales de Ecuador Nicaragua y Panamá establecen una reglamentación sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas. En el caso de Ecuador, el artículo 171 indica que „Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas". La Constitución Política de Nicaragua (Art. 5) establece que „El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución". De manera similiar la Constitución Política de Panamá (Art. 120) indica que „El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover la participación económica, social y política en la vida nacional" (para mayor detalles sobre la protección y promoción de los derechos políticos de grupos indígenas, véase la contribución ‘Representación de minorías y mujeres’ de Susana Sottoli en esta obra).

Una buena parte de las constituciones latinoamericanas inhabilitan en el ejercicio del sufragio a miembros de las fuerzas armadas o de los cuerpos policiales de sus respectivos países. En casi todos los casos estas inhabilidades contemplan tanto el derecho a elegir como a ser elegidos a cargos de elección popular.

Dentro de los textos constitucionales que establecen esta inhabilidad se encuentran: la Constitución Política de Brasil (Art. 14), que inhabilita como elector a los conscriptos durante el período del servicio militar obligatorio; la Constitución Política de Honduras (Art. 37), que impide ejercer el sufragio a los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero indican que si serán elegibles en los casos no prohibidos por la Ley; la Constitución Política del Perú (Art. 33) les impide elegir y ser elegidos, mientras que la Constitución Política de República Dominicana (Art. 88) inhabilita a las fuerzas armadas y a los cuerpos de policía para votar.

 

 

6. La suspensión de garantías y derechos y la democracia: ¿Se continuan elecciones?

El tema de suspensión de garantías y derechos se encuentra regulado en todas las constituciones políticas de los países latinoamericanos abordados en este trabajo. No obstante, el tipo de suspensión contemplado varía desde la posición de no suspender los derechos humanos hasta la suspensión de sólo algunos de ellos.

Entre los países en donde está constitucionalmente prevista la no suspensión de los derechos humanos, tenemos a Bolivia (Art. 112) y Colombia (Art. 214). En el primer país se establece que las garantías y los derechos consagrados no quedarán suspendidos de hecho con la declaración del estado de sitio, salvo cuando sean personas sindicadas para tramar contra el orden público, mientras que en Colombia, el respectivo artículo indica que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades individuales y que se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.

Por otro lado, la suspensión de garantías en otros países se hace selectivamente por artículo. A manera de ejemplo, en El Salvador se suspenderán solamente las garantías establecidas en ciertos artículos que versan sobre la entrada y salida del territorio, la libertad de expresión y la libertad de asociación. De igual manera, en la Constitución Política de Nicaragua (Arts. 185-186) se enlistan los artículos sobre derechos y garantías que serán suspendidos. Es interesante señalar que no se suspenden los derechos relacionados a organización y afiliación en partidos políticos, derecho de petición, derecho de reunión pacífica, derecho de manifestación, entre otros.

En otros casos, la suspensión de garantías y derechos se hace de manera uniforme aunque se establecen ciertas limitantes. Por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución de Argentina indica que en caso de conmoción interior o ataque exterior, se declarará estado de sitio y quedarán suspensas las garantías constitucionales, pero que durante ese período el presidente de la República no podrá condenar ni aplicar penas.

A nivel internacional, la suspensión de garantías en estados de emergencia está prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 27.1, 27.2) y en la Opinión Consultiva OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos casos, se enfatiza la necesidad de velar por el ejercicio real de los derechos humanos y la democracia representativa. A manera de ejemplo, los artículos 27.1 y 27.2 de la Convención disponen:

Artículo 27.- Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídisa ), 4 (Derecho a la Vida ); 5 (Derecho a la Integridad Personal ); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre ); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad ); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión ); 17 (Protección a la Familia ); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la opinión consultiva OC-8/87 establece:

20. La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender a situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática. Pero no puede la Corte hacer abstracción de los abusos a que puede dar lugar, y a los que de hecho ha dado en nuestro hemisferio, la aplicación de medidas de excepción cuando no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios que orientan el artículo 27 y de los principios que, sobre la materia, se deducen de otros instrumentos interamericanos. Por ello, la Corte debe subrayar que, dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse del „ejercicio efectivo de la democracia representativa" a que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA. Esta observación es especialmente válida en el contexto de la Convención, cuyo Preámbulo reafirma el propósito de „consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona".

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4 también se refiere a las situaciones de excepción aunque solo indica la no autorización de suspensión de ciertos artículos relacionados con el derecho a la vida, libertad de pensamiento, y el derecho a la no encarcelación. El artículo 4 establece lo siguiente:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religion u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16y 18.

 

8. Conclusiones

Tradicionalmente, el ejercicio y desarrollo democrático de un determinado país era regulado exclusivamente por la jurisdicción interna, de acuerdo a las normas establecidas exclusivamente por la Constitución de cada Estado. Actualmente, el Derecho Internacional ha establecido procedimientos internacionales sobre materias que ya no se consideran exclusivas de la jurisdicción interna de cada país, como es el caso de la democracia, los derechos humanos, y la nacionalidad. Gros Espiell (1989: 7) describe la internacionalización de los derechos políticos, al decir:

Esta inserción de la materia electoral en el Derecho Internacional, se ha producido por la vía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, al reconocer, garantizar y proteger los derechos políticos de los ciudadanos, entre los que están el derecho a elegir por medio del voto y a ser elegido, ha provocado que los relativo a las elecciones y a su régimen jurídico haya devenido una materia a la que no es ajena el Derecho Internacional

Como hemos mencionado, la regulación de los derechos políticos a nivel internacional se plasma en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XX); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 21); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25); el Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Art. 13) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 23).

En síntesis, la legitimidad del poder político en la democracia según Gros Espiell sólo puede resultar del ejercicio de la voluntad del pueblo manifestada en elecciones libres y periódicas, con multiplicidad de partidos políticos, sin exclusiones discriminatorias. No puede haber legitimidad democrática fuera del marco que resulta del origen popular del poder político Esa legitimidad goza hoy de una protección internacional que aspira a fortalecer y garantizar el desarrollo de los proceso democráticos y el respecto de los derechos humanos.