El voto obligatorio en América Latina

Mario Fernández Baeza

1. Introducción

2. El voto como derecho y como deber

2.1 ¿Es posible ser obligado a ejercer un derecho?

2.2 Deber Jurídico y Deber Ciudadano

2.3 Evolución del voto obligatorio

3. El voto obligatorio en América Latina

3.1 Voto obligatorio y la evolución política y electoral

3.2 Denominaciones jurídicas del voto obligatorio en América Latina

3.3 El voto obligatorio, la cultura política y la participación electoral

3.4 La participación según los datos cuantitativos

4. Tendencias y perspectivas del voto obligatorio en América Latina

4.1 Sobre la necesidad del voto obligatorio

4.2 La participación como factor cualitativo de la gobernabilidad

1. Introducción

El voto obligatorio es la norma común en el derecho electoral de América Latina. Sólo dos países - Colombia y Nicaragua - constituyen la excepción a esa regla.

Aparentemente la explicación de esta tendencia tan generalizada en la región se encuentra en la tradición jurídico-electoral. Prácticamente no existe ninguna fuente en la que se haya tratado el problema, lo que obliga a un ejercicio inductivo para describirlo , tanto desde las tendencias generales del desarrollo electoral de los países de la región como a partir de la connotación jurídico-teórica que presentan los textos legales en los que el voto obligatorio está establecido.

La estructura de este trabajo se divide en tres partes: En primer lugar una descripción y análisis de la conceptualización del voto obligatorio, especialmente desde el punto de vista jurídico. En segundo término, se examina la realidad del voto jurídico de los países latinoamericanos con referencia al desarrollo de la participación electoral. Y en tercer lugar, se exponen algunas conclusiones y tendencias futuras del tema. Se agrega una bibliografía y un catálogo de los textos legales empleados.

 

2. El voto como derecho y como deber

2.1 ¿Es posible ser obligado a ejercer un derecho?

El tema de los derechos subjetivos constituye un campo de controversia clásico de la ciencia jurídica. En él se sitúa la interrogante planteada, con la complejidad adicional de que no se trata de una materia del derecho privado, donde cabe más plenamente la subjetividad jurídica, sino que nuestro problema constituye una interrogante muy compleja de responder en el campo de la filosofía del derecho y del derecho público.

Gustav Radbruch (1978: 88) señalaba que los derechos subjetivos públicos se dividen entre los „derechos cívicos" y los „derechos políticos", entendiéndose por los primeros aquellos destinados a obtener del Estado ciertas libertades (derechos humanos) o prestaciones (protección jurídica), y por los segundos aquellos que „permiten intervenir en la gobernación y en la marcha del Estado", siendo el más importante de ellos „el derecho de sufragio activo y pasivo".

El debate sobre el concepto de derecho subjetivo no ha conducido a un consenso (Alexy 1993: 173); pues, por una parte, se presenta la pregunta acerca de cuáles derechos tienen los hombres, independientemente de los que reconozca el orden jurídico concreto (Derecho Objetivo) y, por otra, la relación entre „derecho" y „deber" que incide directamente en el voto obligatorio. Georg Jellinek (1905) trasladó la polémica sobre los derechos subjetivos surgida entre Ihering y Windscheid (teorías del interés y de la voluntad) al campo de derecho público, combinando ambas visiones: „Por lo tanto, el derecho subjetivo es el poder de la voluntad humana dirigido a un bien o interés, reconocido y protegido por el orden jurídico" (cit. en Alexy 1993: 179).

Desde otra perspectiva, más directamente apuntada del derecho de sufragio, los estudiosos han postulado la importancia de distinguir entre el sufragio como „derecho" y el sufragio como „función", que se vincula directamente con el contenido que tiene el ejercicio del derecho de sufragio, mandatado por un deber moral subjetivo o por una norma socialmente funcional del orden jurídico (Alvarez Conde 1992: 344 y ss.).

Es en virtud de esta discusión normativa, que resulta igualmente justificable el establecimiento de la obligación o de la voluntad de ejercer el voto que presentan los distintos ordenamientos jurídico-políticos.

 

 

2.2 Deber Jurídico y Deber Ciudadano

Una sentencia del Tribunal Supremo de España (del 20. 12. 1990; citado en López Guerra et al. 1991: 265) declaró que la función pública del sufragio supone que „el derecho de sufragio presenta a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático".

Esta fórmula de „obligación ciudadana" puede ser una explicación de la aparente contradicción entre la norma jurídica que habla del „deber" (como en varias constituciones de América Latina) y su no exigibilidad ni penalización (como varios ordenamientos europeos). En efecto, como lo señala Santamaría (1991: 901): „La más ambigua y problemática de las situaciones jurídicas pasivas es la que la doctrina conoce con el apelativo de deberes públicos, cuya caracterización suele hacerse en contraste dialéctivo con la figura de la obligación, en base a: ... La obligación tiende a servir el interés de un sujeto concreto, en tanto que el deber público es una conducta impuesta en interés general o de la colectividad." Más cercana a la situación de la obligatoriedad del voto es la figura de las „potestades de ejercicio obligatorio" (Santamaría 1991: 903) „que son situaciones de poder ... cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, sino obligado y debido".

En otros términos, la obligatoriedad del voto pudiera tener explicación jurídico-conceptual en cuanto se entienda que se trata de un derecho cuya plena materialización se manifiesta sólo al ejercerlo. En esa dirección se produce un acercamiento a la clásica versión kelseniana de los derechos subjetivos, que considera a éstos un atributo, un componente de la norma jurídica positiva: „Man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt" (Hay que comportarse tal como lo prescribe la Constitución) (Reine Rechtslehre, 203; cit. en Koller 1992: 141).

El objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar es, sin duda, la de formar la voluntad política de una sociedad: „La justificación teórica-jurídica (del voto obligatorio) reside en la tesis de que la realización del derecho político de participar en la designación de la representación política es sinónimo de deber cívico" (Braunias 1932; cit. en Nohlen 1978: 75). En palabras de Luhman (1970), existe una „función social de los derechos subjetivos", cuya obligatoriedad puede ser dispuesta por el Estado en la medida en que el interés social que en él se manifiesta así lo indique.

Como veremos, en la mayoría de los países latinoamericanos el voto obligatorio está establecido constitucionalmente, lo que, independientemente de sus cuestionamientos de legitimidad, implica un respaldo de decisión soberana del pueblo.

 

 

2.3 Evolución del voto obligatorio

El establecimiento de la obligación de votar es cronológicamente coincidente y complementario con el voto universal, por lo menos el voto universal masculino. Es interesante constatar que esta tendencia tiene lugar sólo en algunos países europeos y en Australia - aparte, por cierto, de América Latina - Bélgica (1893), Holanda y Luxemburgo (1917), Francia, Italia, algunos Länder austríacos y cantones suizos.

La simultaneidad con el voto universal conforma una explicación plausible de las funciones que el voto obligatorio cumplió en sus inicios: „garantía de participación electoral y la emisión del voto sin influencia extraña" (Barthelemy 1923; cit. en Nohlen 1978). Efectivamente, la participación electoral aumentó, por ej., en Bélgica de un 48% en 1892 a un 94,6% en 1924, y en Australia, de un 59% en 1922 a un 91% en 1925 (Nohlen 1978: 77).

Actualmente en la mayoría de los países europeos en los que se estableció el voto obligatorio se abolió su vigencia.

 

3. El voto obligatorio en América Latina

3.1 Voto obligatorio y la evolución política y electoral

En América Latina, la institución del voto obligatorio es un componente del proceso de democratización del sufragio que tuvo lugar especialmente durante la primera mitad del siglo XX, culminando con la introducción del voto femenino en torno a 1950 y de los analfabetos y menores de 21 años, alrededor de 1970.

Sin duda que la obligación de votar se estableció para garantizar la participación electoral, por cierto en cuanto a la proporción de inscritos en los registros electorales (ver cuadro), lo que estaba asociado al interés de representación política que presentaban los grupos sociales emergentes a través de los partidos políticos. Según esa interpretación, a mayor participación se obtendría una mayor representación de los partidos con fuerza en las ciudades y en las clases medias. Un ejemplo de este proceso fue la reforma electoral Sáenz Peña en Argentina en 1912, que cambió totalmente el contexto del poder político en dicho país al introducir el voto secreto y obligatorio (León-Roesch/ Samoilovich; en: Nohlen 1993a: 29 - 31).

Durante el último medio siglo, además, tuvo lugar en América Latina un proceso simultáneo de profundos y dramáticos cambios de régimen político, por una parte, y de transformaciones socioeconómicas extremas, por la otra, lo que motivó una constante y creciente preocupación por la formalización institucional del desarrollo político y socioeconómico, dentro de lo cual se inscribió la regulación electoral, aunque no siempre para legitimar formas democráticas.

Este fenómeno produjo un terreno fértil para aceptar la obligatoriedad de votar, pues tenía lugar un agudizamiento de la cultura legalista formal de la región, marcado por el principio juspositivista - tan en boga en esas décadas - de que „lo establecido en la ley es derecho y, por lo tanto, es ley vigente".

Puede afirmarse que hasta los procesos de reglamentación de los años ochenta y noventa ningún sector político o social cuestionó la validez de la obligación de votar o la contrastó con el ejercicio de la libertad individual. Sólo la cotidianidad de la democracia en un marco de modernidad (o postmodernidad) cultural ha producido una apatía o indiferencia respecto a la participación política que ha puesto en entredicho la obligatoriedad del voto.

 

3.2 Denominaciones jurídicas del voto obligatorio en América Latina

Considerando la conceptualización del voto obligatorio descrita en el punto 1 de este trabajo, las normas constitucionales y legales al respecto en los países latinoamericanos presentan una gran variedad de denominaciones, que no es ajena a las distintas concepciones y funciones que se le otorgó al establecer la institución del voto obligatorio.

3.2.1 Obligación del voto u obligación de ejercerlo: Algunos textos constitucionales o legales utilizan la expresión „voto o sufragio obligatorio" (Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, etc.) y otros emplean la expresión „ejercer el voto o sufragio" o „votar o elegir" (América Central).

Esta diferencia no es sólo semántica, pues se refiere al carácter „instrumental" o sustantivo jurídico que se le otorga a la institución. „Voto obligatorio" es una definición del voto, mientras que „ejercer el voto" es una definición del sujeto que lo ejerce (el titular de la soberanía). Ciertamente esta segunda expresión es más rigurosa, pues denota la diferencia existente entre las otras características propias del voto (secreto, igual y universal) determinado por la norma jurídica y la obligación de votar, que es una acción humana y que, por lo tanto, involucra a la voluntad.

3.2.2 El voto obligatorio como deber y como función: Algunos ordenamientos jurídicos definen el voto como un respaldo a su obligatoriedad. La Constitución brasileña, por ejemplo, establece el „voto obligatorio porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía" (art. 14,1). La constitución de Honduras, por su parte, señala: „El sufragio es un derecho y una función pública del elector" (art. 111). La Constitución de Costa Rica determina que „El sufragio es una función cívica primordial y obligatoria" (art. 93). El Código Electoral de El Salvador establece: „El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos" (art. 3).

El tenor de la disposición constitucional venezolana puede calificarse como una combinación de todos los elementos definitorios que hemos señalado: „El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio" (art. 110). El mismo contenido integral expresa la Constitución paraguaya: „El sufragio es derecho, deber y función pública del elector" (art. 111).

3.2.3 El voto obligatorio como carga pública y obligación: Sabemos que el concepto de „carga pública", aun cuando pertenece a la misma familia de las „situaciones pasivas o de deber" dentro de los derechos subjetivos, se diferencia del „deber público" en cuanto en esta situación su titular está obligado en virtud de satisfacer el interés general, mientras que la „carga" es un interés del propio titular de la situación (Santamaría 1991: 875).

En ese sentido, la carga es una „necesidad" de realizar una conducta, en este caso el votar, lo que puede ser discutido si la acción se define como manifestación libre de la voluntad o como una contribución al „interés general".

El Código Electoral argentino establece que „todas las funciones que esta ley atribuye a los electores constituyen carga pública y son, por lo tanto, irrenunciables" (art. 14).

La expresión „obligación" constituye otro ejemplo jurídico cuya aplicación al voto obligatorio puede ser discutible, encontrándose varios ejemplos en América Latina. La obligación es una necesidad de realizar una conducta que la norma jurídica establece en favor de un tercero, quien ostenta el poder de exigirla.

En el caso del voto, ¿con quién se obliga el titular del derecho de sufragio? ¿con el Estado? ¿con el Candidato? A pesar de esta dificultad conceptual, es posible observar en América Latina que se establece que el voto es una „obligación" seguramente de acuerdo al sentido más común de la expresión. Es el ejemplo de México, cuya Constitución Federal establece refiriéndose a „votar": „son obligaciones del ciudadano", y cuyo Código Federal señala „Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano" (art. 4,1).

 

3.3 El voto obligatorio, la cultura política y la participación electoral

Los datos electorales disponibles (Nohlen 1993a) permiten constatar una cierta correlación entre el voto obligatorio y la participación electoral en América Latina.

Debe advertirse previamente que metodológicamente no es posible comparar la participación con la época previa al establecimiento del voto obligatorio, pues en la mayoría de los casos las estadísticas electorales disponibles coinciden o son posteriores al voto obligatorio.

Por otra parte, en otra dirección, debe señalarse que el aumento de la participación electoral asociado al voto obligatorio puede atribuirse más a un rasgo de la cultura politica que a la obligación misma, teniendo en cuenta que las sanciones para su incumplimiento son, en la mayoría de los casos, inaplicables. O son bajas, tanto en su expresión de sanción privativa de libertad o de tipo pecuniario, o se aplican por mecanismos judiciales sobrecargados para tal tramitación, considerando las dificultades de cantidad de infractores y de imposibilidad de citar a un gran número de ellos.

El juzgamiento de los delitos realizados corresponde a la justicia ordinaria, ya sea o civil (Brasil, Código Electoral, art. 257), la justicia local (Chile) o la misma justicia constitucional o electoral (Costa Rica). En todo caso no concurrir a votar sin excusa legal no se comprende entre los llamados „delitos electorales" el que, como lo expresa la Ley Electoral de Guatemala lo comete „quién por dolo o culpa, realice actos de omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, sorprenderlo, falsearlo o alterar sus resultados" (art. 251).

 

3.4 La participación según los datos cuantitativos

En cuanto a la correlación con los datos, es posible constatar algunas tendencias:

a) A la altura de 1990, el término medio regional de inscripción electoral como porcentaje de la población era de alrededor del 50% (Brasil 55,6%, Colombia 57,9%, Costa Rica 57,9%, Chile 58,3%, Ecuador 48,7%, Honduras 49,3%, México 47,9%, Nicaragua 46,1%, Panamá 51,6%, Paraguay 53,5%, Perú 45%, Venezuela 49%). Este nivel contrasta con una media de 25% en 1950 y de menos 15% en los años veinte. Sólo Argentina (62,7%) y Uruguay (78,7%) superan ese porcentaje.

Estos datos permiten constatar un aumento de la inscripción asociada al establecimiento del voto femenino y con la consolidación de las sociedades más urbanizadas y, por lo tanto, más integradas en la sociedad y a la información.

Debe considerarse también que la inscripción electoral tiene status jurídico muy diverso en los países, siendo obligatoria en la mayoría de ellos. En algunos casos es facultativa,- aún cuando el voto es obligatorio (Chile) y en otros países la inscripción es automática en el Registro Civil (Costa Rica) al cumplirse el requisito de edad.

b) La evolución de la participación electoral como porcentaje de los inscritos parece afirmar que, como promedio, un 25% de los ciudadanos plenos no concurren a votar. En algunos países se produce casi un 50% de abstención, como en los casos de El Salvador, Guatemala, Panamá.

Este es el principal „indicador de duda" acerca de la correlación positiva entre voto obligatorio y participación electoral, que obliga a considerar las variables de la cultura política y del efecto coercitivo de la sanción.

c) Pese a advertirse una lógica tendencia ascendente en la evolución de la inscripción y en la participación de los inscritos, se producen alteraciones en esa correlación, explicables por la especificidad de los procesos políticos. Se advierten descensos en la participación, a pesar del aumento de la inscripción en 1978 en Brasil, 1990 en Ecuador, 1970 y 1988 en México, 1989 en Paraguay, 1990 en Perú. Al examinarse más detenidamente este fenómeno, y teniendo presentes los datos electorales de la década de los noventa, parece existir una relación entre su manifestación y los cambios de régimen y situaciones de rechazo al sistema, a los partidos y a los políticos.

d) La participación electoral como porcentaje de la población sigue siendo baja, especialmente si se consideran el voto obligatorio y la estructura demográfica de los países. La media en 1990 no superó el 40%. Sólo tres países superan el 50% (Argentina, Chile y Uruguay), que coinciden con los casos en que se presentan índices análogos de natalidad y más altos índices de esperanza de vida en la región, lo que supone un envejecimiento de la población.

 

4. Tendencias y perspectivas del voto obligatorio en América Latina

4.1 Sobre la necesidad del voto obligatorio

La primera reflexión que cabe sobre esta institución en América Latina es sobre la necesidad de su existencia.

La función del voto o de la acción de votar hoy en día no es esencialmente distinta ni contradictoria con la que rigió durante la etapa de la formación del Estado en el siglo pasado y de la ampliación de la base electoral como expresión del cambio social durante la primera mitad del presente siglo.

La función del voto sigue siendo, básicamente, mandatar legítimamente a quienes ocupan los cargos de dirección política en el Estado. Pero esa función es actualmente mayor, cualitativamente más sustantiva y más compleja. En nuestros días, „el ciudadano no sólo ejerce su derecho a votar (derecho a participar) sino que también contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento del Estado democrático" (López Guerra et al. 1991: 264).

¿No es un deber en sí mismo del ciudadano el cumplimiento de esta función en una sociedad informada y plural, como se vive en prácticamente toda América Latina? ¿Será necesario hacerle cumplir ese deber a través de una norma imperativa?

Pareciera que existe una socialización masiva respecto a la responsabilidad de participar en el gobierno común, e igualmente fuerte podría ser la convicción de que el rechazo a la oferta política pueda expresarse no votando. Hoy, ante la obligatoriedad - formal o no - del voto y movido por el deber ciudadano interiorizado de cumplir con esta obligación, un elector anti-sistema puede expresar su rechazo a través de un voto anti-sistema. Esto es mucho más lesivo para la democracia que la abstención. Este, por lo demás, es entendido como la expresión negativa de la voluntad.

Dos ejemplos recientes de la conducta electoral en América Latina pueden ilustrar el efecto relativo que tiene la obligatoriedad del voto en la participación electoral: las últimas elecciones presidenciales en Colombia y en Venezuela.

En Colombia, como ya lo hemos señalado, no existe voto obligatorio. Sin embargo, la abstención en las elecciones de 1994 - 56,38% en la segunda vuelta - fue menor que en la segunda vuelta de 1990 (58%) (Pinzón de Lewin 1990: 50; Jaramillo 1994: 128). En Venezuela, en cambio, con obligatoriedad del voto, se produjo en las elecciones de diciembre de 1993 una abstención sin precedentes de más de un 60% (Baloyra-Herp 1993: 40).

Estos resultados demuestran que no es posible sostener que la obligatoriedad del voto y la participación se correlacionan siempre positivamente, y que en determinadas coyunturas el aliciente para concurrir a votar proviene más del interés (o desinterés) que despiertan las elecciones en un marco político determinado que de las imposiciones legales.

Otros ejemplos recientes avalan las distintas tendencias en materia de abstención en países con voto obligatorio. Mientras en Costa Rica la abstención en las elecciones de febrero de 1994 se mantuvo prácticamente inalterable en relación con las dos elecciones anteriores (18,9%), en Panamá disminuyó a un 27% y en El Salvador aumentó significativamente a un 55% (segunda vuelta) en las elecciones presidenciales de ese mismo año (IIDH/CAPEL, XI, 1994).

 

4.2 La participación como factor cualitativo de la gobernabilidad

En la presente década, los procesos políticos de América Latina pueden requerir del sistema y del derecho electoral una función análoga a la que las elecciones cumplieron hace medio siglo para ampliar la base de legitimación de la democracia. Se trata de servir de base a la gobernabilidad de los sistemas políticos en procesos de consolidación democrática.

Como lo expresa Nohlen (1993: 417): „... una mayor participación de la ciudadanía o una mejor representación del pueblo podrían figurar como demandas principales por parte de los gobernados. De esta forma, participación y representación pueden incidir como problemas a resolver en la gobernabilidad."

La presión por parte de los electores o de los ciudadanos a los partidos y a las instituciones de gobierno tanto nacionales como regionales o locales para acoger demandas sobre sus problemas concretos y cotidianos ha invertido la tradición caudillista y paternalista que caracterizó la relación entre el poder y la gente prácticamente en toda la vida política de la región. Este proceso „desde abajo", que no sólo proviene de la sociedad civil organizada, sino de la individualidad de las personas, dificulta la gobernabilidad pues implica un desafío a la capacidad articuladora de los partidos; pero al mismo tiempo constituye un estímulo a la responsabilidad y madurez política de los ciudadanos.

La participación, por lo tanto, ha pasado a ser un rasgo de la decisión personal por expresar la voluntad y ha dejado de ser una manifestación de obediencia o de lealtad a ideologías, partidos o caudillos.

Este poderoso cambio en la cultura y en el comportamiento político latinoamericano conlleva la necesidad de revisar el criterio de obligatoriedad para asegurar jurídicamente el cumplimiento de la obligación o del deber político de votar. Si se presume que los ciudadanos están conscientes de la función del voto, se podrá entender que la mayor participación o abstención en las elecciones representan señales evidentes de interés o de apatía por las decisiones en juego. Así, el comportamiento electoral servirá de base para que los partidos y las instituciones orienten sus programas y su funcionamiento, situando la consolidación democrática en su verdadera lógica.

Cuadro 1: Voto obligatorio y Participación Electoral

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

Argentina

Sí (1912) (hasta los 70 años) Inscripción Obligatoria

„Deber de votar" (cargo público) (art.12 Código Electoral Nacional)

Multa de 500 Pesos

1916:14,3%

62,7%

9%

       

1948:23 %

74,2%

17%

       

1951:48,2%

88%

43%

       

1983:63,8%

83,3%

52,9%

       

1989:62,7%

84,2%

52,8%

Bolivia

Sí (1929)

„Voto obligatorio" (Art.219, Constitución)

Multa fijada por la Corte Nacional Electoral

1951: 6,6%

61,6%

4.1%

       

1956:33,8%

85%

28,7%

       

1978:36,2%

102,6%(?

37,3%

       

1989:29,8%

73,7%

21,9%

Brasil

Sí (1932) Inscripción obligatoria

„Voto obligatorio porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía (Art.14,1 Constitución, Art.3a, Ley Electoral)

Multa de 3 a 10% sobre el salario mínimo

1884: 2,2%

   
       

1950:22,1%

59,7%

15%

   

-

 

1954:34,5%

65,4%

17,5%

       

1978:40.6%

40.5%

33.2%

       

1989:55,6%

n/d

47.2%

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

Colombia

No

„Es deber participar en la vida política, cívica y comunitaria del país".(Art.95,5, Constitución)

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía...el voto" „El voto es un derecho y un deber ciudadano" (Art.258 c)

 

1910:18,8%

56,7%

10.6%

       

1953:3,8%

67,2%

22,7%

       

1978:50.4%

81.2%

41%

       

1990:57,9%

81,8%

47,4%

Costa Rica

Sí (1844)

„El sufragio es una función cívica primordial y obligatoria...."(Art.93 constitución)

no hay

1918:18,8%

56,7%

10.6%

 

Inscripción automática „Obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el Registro Civil". (Art.95,2 Constit.)

   

1953:33,8%

67,2%

22,7%

       

1978:50,4%

81,2%

41%

       

1990.57,9%

81,8%

47,4%

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

Chile

Sí a los ciudadanos inscritos (la inscripción no es obligatoria)

„En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será, además obligatorio (Art.15 Constitución)

Multa de media a 3 unidades tributarias mensuales

1915:5,2%

81,3%

4,2%

       

1932:10,3%

74,4%

7,7%

       

1952:17,5%

86,6%

15,2%

       

1973:45,7%

81,8%

37,4%

       

1989:58,3%

94,7%

52,2%

Ecuador

Sí, alfabetos (facultativo para analfa betos y mayores de 65 años Inscripción automática

„El voto es....obligatorio para los que sepan leer y escribir y facultativo para los analfabetos" (Art.33 Const.) „El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva la participación en la vida del Estado.

Multa de 2 a 25% del salario mínimo vita general

1931:7,7%

38,5%

3%

       

1947;12%

56,7%

6,8%

       

1979:28,7%

80,2%

23%

       

1990:48,7%

67,7%

33%

El Salvador

Sí (1950)

„Los derechos políticos del ciudadano son... Ejercer el sufragio" (Art.73 1° Constitución „El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, su ejercicio es indelegable e irrenunciable". (Art.3,Código Electoral)

no hay

1931:27,4%

58%

16%

       

1966:40,4%

32,4%

12,7%

       

1989:35,2%

54,7%

19,3%

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

Guatemala

Sí (1965)

„Son derechos y deberes de los ciudadanos".... Inscribirse en el Registro de Ciudadanos.... Elegir y ser electo". (Art.136,a) y b), Constitución y Art. 3 b),c) y d) de la Ley Electoral e los Partidos Políticos.

no hay

1944:13%

97,6%

12,7%

       

1950:20.7%

71,6%

14,6%

       

1974:25,6%

12,9%

46,4%

       

1990/91: 34,4%

56,4%

19.4%

Honduras

Sí Inscripción obligatoria

„Son deberes del ciudadano...Ejercer el Sufragio" Art.40,3 Constit.)

„El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio" (Art.44, Constitución)

„Su ejercicio (del sufragio) es obligatorio" (Art.6, Ley Electoral)

multa de 20 lempiras

1902

13%

12.7%

       

1948:22,3%

86%

31,7%

       

1981:40.7%

78%

37,5%

       

1989:49,3%

76%

 

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

México

Sí Inscripción Obligatoria

„Son prerrogativas del ciudadano".... votar en las elecciones populares".(Art.35,I Constitución) „Son obligaciones del ciudadano votar en las elecciones populares en el distrito que le corresponda" (Art.36 III,Const.) Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano" (Art.4,I,Código Fed. de Inst. y Procedimientos electorales

no hay

1917:

5,9%

 
       

1943:9,9%

19,2%

1,9%

       

1955:29,8%

69,2%

20,6%

       

1970:42,7%

61,1%

26,1%

       

1988:46%

47,9%

22%

       

1991

61%

 

Nicaragua

No Obligatoria la Inscripción

„Los ciudadano tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas... (Art.51, Constitución) „Para ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos deberán inscribirse en los registros electorales" (Art.31,27 Ley Electoral)

 

1924:18%

69,8%

12,7%

       

1972:49,8%

73%

36,4%

       

1990:46,1%

86,3%

39,8%

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

Panamá

Si (1928) Inscripción Obligatoria (deber)

„El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos" (Art.129) „Todos los ciudadanos que sean electores deberán votar en las elecciones.." (Art.6, Código Electoral)

no hay

1940:

23,6%

 
       

1948:40,1%

79,9%

28,4%

       

1977:44,5%

97,3%

43,3%

       

1989:51%

64%

32,7%

Paraguay

Sí (1940)

„El sufragio es derecho, deber y función pública del elector.... Su ejercicio será obligatorio...."(Art,111 Const.) „El sufragio es un derecho y un deber político..." (Art.1,Código Electoral)

no hay

1963;38,75%

85,1%

32,9%

       

1989:53,5%

52%

27,9%

Perú

Sí (1931) Alfabetos (1980) hasta los 70 años

„El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años" (art.65 Constitución)(Art.5 D.L. 14250) „Es deber ciudadano sufragar en comicios políticos y municipales..." (Art.75,Constitución)

 

1956:17,7%

84%

14,9%

       

1978:30,3%

84%

25,4%

       

1985:42,1%

91,2%

45,3%

       

1990:45%

68,1%

30,8%

Cuadro 1 (Continuación)

País

Voto obligatorio

Denominación Jurídica

Sanción

inscripción

participación electoral
(% inscr.)

participación electoral
(% pobl.)

República Dominicana

Sí (1963)

„Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar..." (Art.9,d, Constituc.) „Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio (Art.88 Ley Electoral)

sin información

1930:32,8%

54,7%

17,9%

       

1947:40,4%

100%

40,4%

       

1986:46,5%

69,5%

32,2%

       

1990

26,9%

 

Uruguay

„El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley pero sobre las bases siguientes: 1°. Inscripción obligatoria en Registro Cívico. 2°. Voto Secreto y obligatorio

sin información

1916:18,4%

65,7%

12,1%

       

1938:32,9%

56,1%

18,5%

       

1950:54,3%

70,5%

38,3%

       

1982:71,9%

55,8%

40,1%

       

1984;75,2%

87,9%

66%

       

1989:78,7%

88,7%

69,8%

Venezuela

Sí (1958) Inscripción obligatoria (Art.7 Ley Orgánica del Sufragio

„El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio..." (Art.110, Constitución)

Multa de 10 a 25 días salario mínimo o arresto proporcional

1958:42,9%

93,4%

40,1%

       

1978:47,4%

87,5%

41,5%

       

1988:49%

81,7%

40%