Los Derechos Humanos en las Conferencias Internacionales

de la Última Década del Siglo XX

 

 

Fabián Omar Salvioli*

 

 

Sumario: I.- Introducción; II.- Las conferencias mundiales y el tratamiento general de los derechos humanos; III.- Análisis particular de los derechos humanos en las Conferencias Mundiales; III.1.- Por sujetos; III.1.A.- Derechos de la mujer; III.1.B.- Personas pertenecientes a minorías; III.1.C.- Derechos de indígenas; III.1.D.- Derechos del niño; III.1.E.- Derechos de las personas con discapacidad; III.1.F.- Derechos de asilados, refugiados, desplazados y migrantes; III.2.- Por temas; III.2.A.- Los aspectos conceptuales de derechos humanos en las cumbres mundiales; III.2.A.a.- Universalidad e interdependencia; III.2.A.b.- Libre determinación de los pueblos; III.2.A.c.- Necesidad de mejorar a nivel gubernamental, el cumplimiento y respeto de los Derechos económicos, sociales y culturales; III.2.A.d.- Necesidad de juzgar a las violaciones más graves; III.2.B.- Los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos en las Conferencias Mundiales; III.2.C.- Democracia, Desarrollo, Paz, Medio Ambiente y Derechos Humanos; III.2.C.a.- La cuestión de la paz; III.2.C.b.- La Democracia y el Desarrollo; III.2.C.c.- El derecho a un ambiente sano; III.2.D.- Pobreza y deuda externa; III.2.E.- Racismo, xenofobia y discriminación racial; III.2.F.- Derechos a la salud, vivienda, trabajo, alimentación y servicios sociales necesarios; III.2.G.- Derecho a la educación; III.2.H.- Los derechos a la libertad y a la integridad corporal; III.2.I.- Las Organizaciones No Gubernamentales; III.2.J.- Los Organos Internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos; III.2.J.a.- Organos no judiciales; III.2.J.b.- Corte Penal Internacional; III.2.K.- Derecho Internacional Humanitario; IV.- Consideraciones Finales.

 

 

I.- INTRODUCCION

 

            Una constante en las relaciones internacionales del último medio siglo ha sido la creación de organizaciones e instituciones internacionales, tanto por parte de los Estados integrantes de la Comunidad Internacional (organizaciones intergubernamentales), como por miembros de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales).

 

            Al mismo tiempo, ciertos asuntos dejan de tratarse exclusivamente dentro de las fronteras de los Estados, y las organizaciones mencionadas adquieren un legítimo interés en el abordaje de dichos temas, que son considerados de incumbencia de toda la comunidad internacional; así se va dando nacimiento a órganos, normas y mecanismos de trabajo para el tratamiento de aquéllos.

 

            Una de las cuestiones que ineludiblemente forman parte de esta agenda temática, es la atinente a la protección y promoción de los derechos humanos. El fin de la guerra fría ha incluso acelerado la disolución de la fragmentación existente en el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos a órganos de cooperación, y las de paz y seguridad a órganos eminentemente políticos.

 

            Las Conferencias Mundiales, convocadas por las Naciones Unidas a partir de 1990, constituyeron gigantescos foros de discusión trabajados desde la fórmula del consenso a la hora de la toma de decisiones. En los debates de estos encuentros han participado todos los actores de la actual sociedad internacional (gobiernos, organizaciones internacionales, -en particular organismos internacionales especializados-, y organizaciones no gubernamentales).

 

Queda evidenciada la actitud política de la entidad nacida en San Francisco, bajo el impulso de las organizaciones no gubernamentales, de impulsar y desarrollar con vigor en su seno, esta verdadera “diplomacia de las megaconferencias”.

 

            Cada Conferencia ha sido convocada para una cuestión en particular, temática que obviamente no puede escapar al interés de todo el mundo. Así, la primera de ellas ha sido la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990) celebrada en Nueva York. A partir de la misma, se han sucedido una tras otra los siguientes encuentros: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), Río de Janeiro; Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993), Viena; Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), El Cairo; Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) Copenhague; Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), Pekín; Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (1996), Estambul; Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), Roma; y Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional (1998), Roma.

 

            Otros encuentros celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas también han revestido características similares, aunque con una participación más restringida (ya sea de gobiernos, y fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales); ellos son la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (1994), Bridgetown; la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales (1994), Yokohama; el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (1995), El Cairo; y la Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (1996), Midrand.

 

Una de las características de los encuentros es la interdependencia de unos con otros, particularmente en el seguimiento de los compromisos asumidos con anterioridad. Así, podemos observar que en todos ellos hay una remisión expresa a alguno o varios anteriores, en general acentuando en aquellos conceptos que tuviesen más que ver con el objeto particular del encuentro.

 

            En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, por ejemplo, se reafirman y toman como guía los acuerdos a los que se ha llegado en conferencias internacionales anteriores, nombrando específicamente a la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Conferencia Mundial Sobre Derechos Humanos, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo[1].

 

            En la Conferencia de Pekín, también se ha subrayado que debe impulsarse el consenso y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de las Naciones Unidas sobre la Mujer, sobre el Niño, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre los Derechos Humanos, sobre la Población y el Desarrollo, y en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social[2]. La Plataforma de Acción de Pekín reconoce los acuerdos alcanzados en las Cumbres Mundiales sobre la infancia, sobre derechos humanos, sobre medio ambiente y desarrollo, sobre población y desarrollo,  y sobre desarrollo social. Asimismo, destaca que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, y otras, se encararon asimismo diversos aspectos del desarrollo y de los derechos humanos[3].

 

            Además, puntualmente la Plataforma se refiere a satisfacer las necesidades de las niñas y de las mujeres de todas las edades en materia de salud, respaldando y cumpliendo los compromisos contraídos en las Cumbres de El Cairo y Copenhague, así como las obligaciones que derivan de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros acuerdos internacionales pertinentes[4].

 

            En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, el Plan de Acción se crea el concepto de seguridad alimentaria; y se dice que para alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano convenidos en las últimas conferencias internacionales[5]. En otras partes, también se mencionan a compromisos de otras cumbres, como los contraídos en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague[6].

 

            Otro ejemplo del aprovechamiento de los anteriores encuentros se puede observar en el Programa de Hábitat, emanado de la Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, el cual señala que En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se elaboró el Programa 21. Allí, la comunidad internacional elaboró un marco para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. En todas las demás conferencias, entre ellas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos y la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (entre otras), se trataron también importantes cuestiones sociales, económicas y ambientales, y se afirma que Hábitat II forma parte de una serie de conferencias mundiales celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas durante los últimos cinco años[7].

 

            Los instrumentos emanados de estas cumbres son documentos jurídicos de importante análisis: en general, se han aprobado declaraciones (con líneas de abordaje y directrices políticas genéricas) y programas de acción (con compromisos gubernamentales y medidas concretas para cumplir los objetivos acordados en el  foro); pero en otros encuentros se han aprobado convenios (como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el Estatuto de la  Corte Penal Internacional, en la Conferencia de Roma celebrada entre junio y julio de 1998).

 

            Si bien ha existido en estas cumbres mundiales una genérica que se ha tratado de derechos humanos (la Conferencia de Viena de 1993), ninguno de estos foros ha prescindido del tratamiento de cuestiones de derechos humanos, como se verá en las páginas siguientes durante el desarrollo de la presente publicación.

 

Existen conferencias que han sido específicamente de derechos humanos, o que la temática de los derechos y libertades fundamentales de la persona ocuparon el núcleo central. Cabe citar en este sentido, la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Nueva York 1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena 1993), la Conferencia Mundial sobre Derechos de la Mujer (Pekín 1995) y la Conferencia Mundial para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional (Roma 1998).

 

            Pero sin quitar legitimidad a lo expresado en el párrafo anterior, debe considerarse al crecimiento progresivo del objeto de los derechos humanos en el ámbito internacional, y el hecho de que todos los derechos y libertades fundamentales de la persona son universales, interdependientes, indivisibles y de igual jerarquía, nos indican que en las otras cumbres también hay un alto contenido en la materia: piénsese en derechos que se mencionan ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a una vivienda digna, en la consagración del derecho al desarrollo como un derecho humano, en el tratamiento del derecho al ambiente sano, o en el derecho humano a la paz.

 

            Por ello, en los dos capítulos siguientes damos entradas distintas al tratamiento de los derechos humanos en las conferencias mundiales de la última década, celebradas bajo auspicio de las Naciones Unidas.

 

            En el Capítulo II observaremos panorámicamente los principales temas de derechos humanos que se trató en cada encuentro, a título de abordaje general (clasificación por cumbre); para trabajar en el Capítulo III algunos temas de derechos humanos en todos los foros (clasificación por materia).

 

            El Capítulo IV realiza algunas consideraciones tomadas del conjunto de la investigación.

 

 

II.- LAS CONFERENCIAS MUNDIALES Y EL TRATAMIENTO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

            Las líneas generales de derechos humanos, estudiadas desde cada una de las conferencias analizadas, se destacan en el presente capítulo. Los aspectos puntuales de derechos humanos en las cumbres, ya bajo una clasificación temática o por sujeto, se realizan en el capítulo III.

 

 

1.- Cumbre Mundial en favor de la Infancia, Nueva York (1990)

 

            Este primer encuentro bajo análisis, es un foro donde los derechos humanos han formado parte de todo el trabajo dentro del mismo, y así se encuentra reflejado en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, y en el Plan de Acción, los dos documentos aprobados en esta Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, cuyo objetivo central ha sido promover los derechos y el bienestar de los niños.

 

            La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño contiene veinticinco puntos, destacando que los gobiernos se han reunido para contraer un compromiso común y hacer un llamamiento urgente a nivel mundial para que se dé a todos los niños un futuro mejor.

 

            Luego, describe el problema por el que atraviesan día a día todos los niños y niñas; y se afirma que existe actualmente en el conjunto de los países medios y conocimientos para proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, derechos y oportunidades, subrayando que la Convención sobre los Derechos del Niño ofrece una nueva oportunidad para que el respeto de los derechos y el bienestar del niño adquieran un carácter plenamente universal.

 

            Posteriormente, la Declaración hace referencia a una tarea común para la protección y promoción de varios derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, mencionando expresamente a la salud y nutrición; la protección de niños impedidos; los derechos de la mujer en general y de la niña en particular, subrayando la igualdad de oportunidades, la educación de la niña; y el derecho a la identidad.

 

            Se promueve la más rápida ratificación y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; y el esfuerzo por mejorar la dramática situación de millones de niños que viven en circunstancias particularmente difícil, como la ocupación extranjera, el desplazamiento, el refugio, la orfandad y los niños de la calle.

 

            Se destaca el objetivo de proteger a los niños del flagelo de la guerra, fomentando los valores de paz, comprensión y diálogo en la educación de los niños; asegurar la protección del medio ambiente a todo nivel, para un futuro más sano de los niños; se luchará contra la pobreza.

 

            El Plan de Acción destaca medidas específicas relacionadas con la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, para atacar los problemas detallados en la Declaración. Estas tareas hacen a la aplicación plena de la Convención de los Derechos del Niño; al derecho a la salud y alimentación de los niños; a los derechos de la mujer, la salud materna y la planificación de la familia; a la educación básica y alfabetización, la protección de los niños en situaciones de conflicto armado; la relación entre los niños y el medio ambiente y la mitigación de la pobreza y el crecimiento económico.

 

            Sobre el último de los aspectos mencionados, se convoca al alivio de la deuda en favor de los niños; destacando que éste, incluida la conversión de la deuda en capital para inversiones en programas de desarrollo social, es una opción que deben considerar tanto los deudores como los acreedores. Se insta a la comunidad internacional, incluso a los acreedores del sector privado, a que trabaje con los países en desarrollo y los organismos pertinentes para apoyar el alivio de la deuda en favor de los niños.

 

La protección contra las situaciones producidas por la explotación en el campo laboral, el abuso sexual, la prostitución, la guerra, y otros factores, también se destacan en el Plan de Acción.

 

            Finalmente, el Plan de Acción propone medidas complementarias y de supervisión del cumplimiento de estos documentos, a tomarse en los planos nacional e internacional.

 

 

 2.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro (1992)

 

            La llamada “Cumbre de la Tierra” tuvo como objetivos reflejar la complejidad de la situación que marca que tanto la pobreza como el excesivo consumo por parte de las poblaciones ricas someten al medio ambiente a tensiones nocivas; los gobiernos reconocieron la necesidad de reorientar los planes y las políticas internacionales y nacionales a fin de velar porque en las decisiones económicas se tengan plenamente en cuenta cualquier efecto sobre el medio ambiente[8].

 

            En materia estricta de derechos humanos, la Declaración Río sostiene importantes principios; principalmente, se destaca la relación indisoluble entre medio ambiente y derechos humanos al afirmarse los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

 

A lo largo de los documentos aprobados se destaca la reafirmación de los derechos de la mujer y la importancia de la participación de las mujeres en las políticas hacia un medio ambiente sano. También, en el capítulo dedicado a la dinámica demográfica y la sostenibilidad, se aborda la cuestión atinente a la salud de la mujer; y se conviene en la necesidad de cumplir las estrategias de Nairobi (participación de la mujer en la administración de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente), y destaca medidas mundiales en favor de la mujer como medios para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

 

            También se acuerda en que los pueblos indígenas y sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales; asimismo, la protección del ambiente se vincula con los derechos de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación, sobre sus recursos naturales.

 

En cuanto al derecho al desarrollo, se señala que este debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras; y que para alcanzar el desarrollo sostenible es indispensable que la protección del medio ambiente forme parte integrante del proceso de desarrollo.

 

Asimismo, se afirma categóricamente que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.

 

            La Declaración de Río destaca que los Estados deben desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y a la indemnización para las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

 

También en la Cumbre de la Tierra se insta a todos los Estados y personas para la cooperación en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Por ello, la Agenda 21 contiene varias propuestas dedicadas a políticas demográficas, atención sanitaria y educación, derechos de la mujer y el papel de los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales con el propósito de permitir que todos lleguen a tener medios de vida sostenibles. Es preciso que las políticas aborden simultáneamente el desarrollo, la ordenación de recursos sostenible y la erradicación de la pobreza.

 

            Otros aspectos que hacen a los derechos a la salud, a la educación, y el cumplimiento de algunas normas de derecho internacional humanitario (particularmente las que hacen a la protección del ambiente);junto a la participación de las Organizaciones No Gubernamentales, igualmente encuentran su lugar dentro de los instrumentos aprobados en Río. Un análisis pormenorizado de los mismos, clasificados por tema o sujetos, se encuentra en el capítulo siguiente del presente trabajo.

 

 

3.- Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena (1993)

 

            La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos es, de todas las Cumbres que venimos analizando, la más importante para este trabajo. Luego de un costoso y arduo proceso de preparación y debate en el foro de discusión, se han aprobado una Declaración y un Programa de Acción, que luego han sido retomados en otros encuentros mundiales[9].

 

            La Declaración de Viena consta de un preámbulo y treinta y nueve puntos, donde se destacan principalmente que la protección y la promoción de los derechos humanos es una cuestión prioritaria para la Comunidad Internacional.

 

            El Programa de Acción de Viena cuenta con cien puntos distribuidos entre seis capítulos, que corresponden al aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas; a la igualdad, la dignidad y la tolerancia; a la cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos; a la educación en materia de derechos humanos; a la aplicación y métodos de vigilancia de derechos humanos; y a las actividades complementarias de la Conferencia Mundial.

 

            Sobre la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas; el Programa de Acción de Viena solicita a los órganos y organismos de las Naciones Unidas y los organismos especializados cuyas actividades guarden relación con los derechos humanos, a que cooperen con miras a fortalecer, racionalizar y simplificar sus actividades, a tener en cuenta los resultados de la Conferencia en sus respectivas esferas de competencia, a facilitar la ratificación, adhesión a los instrumentos internacionales, evitando en la medida de lo posible la interposición de reservas. Igualmente, destaca que se tomen medidas para aumentar los recursos económicos y humanos destinados al programa de derechos humanos en las Naciones Unidas; y se insta al fortalecimiento del Centro de Derechos Humanos.

 

Respecto a la igualdad, la dignidad y la tolerancia; se abordan acápites que corresponden a los problemas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia; los derechos pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, enfatizando a las poblaciones indígenas y los trabajadores migratorios; la igualdad de condición y los derechos humanos de la mujer; los derechos del niño; el derecho a no ser sometido a torturas (donde se trata también la cuestión atinente a las desapariciones forzadas);  y los derechos de las personas discapacitadas.

 

En cuanto a la cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos; el Programa de Acción de Viena destaca que deben promoverse con medidas nacionales e internacionales la democracia, el desarrollo y los derechos humanos; reforzar los servicios de asistencia técnica que presta el Centro de Derechos Humanos a los gobiernos; se reafirma que el derecho al desarrollo debe ser realidad y llevarse a la práctica; que se examinen protocolos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y que se proporcionen más recursos para establecer o fortalecer acuerdos regionales de promoción y protección de los derechos humanos.

 

En lo que se refiere a educación en materia de derechos humanos; el Programa de Acción de Viena contiene la educación como derecho humano, los derechos humanos como contenidos de los programas educativos, incluyendo la educación para la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia social. Asimismo, considera y tiene en cuenta el Plan de Acción Mundial para la educación en pro de los derechos humanos y la democracia, adoptado en marzo de 1993 por el Congreso internacional sobre la educación en pro de los derechos humanos y la democracia, de la UNESCO.

 

En relación a la aplicación y métodos de vigilancia de derechos humanos, se dirigen recomendaciones a los gobiernos para que incorporen en su legislación nacional las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos; y a la propia Organización de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento de los órganos creados en virtud de tratados. Se recomienda a los Estados partes en tratados de derechos humanos, estudiar la posibilidad de aceptar todos los procedimientos facultativos para la presentación de informes y exámenes de comunicaciones; e incentiva a la Comisión de Derecho Internacional a continuar sus trabajos relativos a un Tribunal Penal Internacional; subraya la importancia de preservar y fortalecer el sistema de procedimientos extra convencionales, entre otras disposiciones similares.

 

Finalmente, en las actividades complementarias de la Conferencia Mundial; se recomienda a la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos y organismos del sistema de Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, que estudien los medios de lograr la plena aplicación de los documentos emanados de la Conferencia.

 

 

4.- Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994)

 

            El objetivo central de esta cumbre ha sido la reducción de las tasas de crecimiento demográfico y la estabilización de la población mundial en niveles compatibles con los recursos del planeta. El estudio y análisis de las cuestiones atinentes a la población en esta conferencia, se ha hecho con base sobretodo en los derechos humanos y en el concepto de desarrollo sostenible[10].

 

            El documento aprobado en la Conferencia, llamado Programa de Acción de El Cairo, contiene dieciséis capítulos; en ellos, diferentes cuestiones de derechos humanos son trabajadas con distintos grados de intensidad

 

            Así, hay un fuerte hincapié en los derechos de la mujer, en cuanto a la equidad, igualdad de los sexos, y erradicación de la violencia contra la mujer; se propone el mejoramiento de la condición de la mujer y la niña. Si bien el preámbulo destaca que la conferencia no crea ningún derecho humano internacional nuevo, el Programa de Acción es el primer documento internacional que adopta y explicita la expresión “derechos reproductivos”.

 

            Hay en el Programa de Acción destaque de los derechos y necesidades de las poblaciones indígenas; de los derechos del niño, teniendo especialmente en cuenta el principio del interés superior del niño y retomando los instrumentos aprobados en la Cumbre de Nueva York;  se promueven los derechos de todas las personas con discapacidad. Asimismo, se aboga por el cumplimiento del derecho internacional humanitario, y de los derechos de personas asiladas, refugiadas, desplazadas y migrantes.

 

Se insta a la ratificación de los instrumentos de derechos humanos de la mujer y al cumplimiento de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en lo pertinente; a la necesidad de lograr la integración de las políticas demográficas y de desarrollo; se destaca al desarrollo como un derecho humano fundamental y se afirma que la persona humana es el sujeto central del desarrollo; se destaca la relación entre el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos; se fija como uno de los objetivos la erradicación de la pobreza; se abordan cuestiones que hacen al derecho a la salud física y mental, incluida la salud reproductiva, la alimentación, el vestido y la vivienda.

 

Por último, la educación y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales reciben un tratamiento destacado en el Programa de Acción de El Cairo. Muchos de los aspectos que aquí se han enunciado, se detallan particularmente en el capítulo siguiente del presente trabajo.

 

 

5.- Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague (1995)

 

            Los propósitos del encuentro han sido atacar la pobreza, impulsar la solidaridad y la creación de empleos para lograr el desarrollo social de las naciones[11]. Este encuentro ha tenido directa relación con la protección de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, y del derecho al desarrollo.

 

            En la Declaración de Copenhague, donde se realizan consideraciones generales, se destaca que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que aquellos no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad, o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, se reconoce que no puede alcanzarse un desarrollo económico y social sostenible sin la plena participación de la mujer. Los gobiernos tomarán como guía los acuerdos internacionales logrados en algunos foros, mencionando expresamente a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.

 

            La Declaración, en su segunda parte, se subdivide en tres capítulos: en el primero se analizan la situación social y las razones para celebrar la cumbre. En estricta materia de derechos humanos, se menciona el aumento generalizado de la esperanza de vida, la educación y la salud básica en el mundo, así como también la expansión de las formas democráticas de gobierno y el fin del apartheid. También se hace hincapié en las desigualdades sociales, la pobreza, el desempleo y la desintegración social que conllevan marginación y violencia; el problema de mujeres, niños, ancianos, refugiados y desplazados internos. Menciona cómo las principales fuentes de trastorno social el hambre, la malnutrición, la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, la drogadicción, el tráfico ilícito de armas, la intolerancia y la xenofobia.

 

            En el segundo capítulo se mencionan los objetivos del encuentro, destacando el primero de ellos que coloca al ser humano en el centro del desarrollo. Asimismo, se fija como metas promover la democracia, la dignidad humana, la justicia social y la solidaridad, velar por la tolerancia, la eliminación de la violencia, el pluralismo y la no discriminación. También promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, incluido el derecho al desarrollo.

 

            Por otro lado, los Estados se proponen reafirmar y promover la realización universal del derecho a la autodeterminación de los pueblos; reconocer y apoyar a las poblaciones indígenas que procuran alcanzar el desarrollo económico y social; fortalecer las políticas y los programas que puedan mejorar, asegurar y ampliar la participación de la mujer en todas las esferas; crear las condiciones que permitan la repatriación voluntaria de los refugiados; y destacar la importancia del retorno a sus familias, de todos los prisioneros de guerra, las personas desaparecidas en acción y los rehenes, de conformidad con las Convenciones Internacionales.

 

            El Tercer Capítulo de la Segunda Parte de la Declaración de Copenhague menciona diez compromisos con directa implicancia en materia de derechos humanos. Estos son: crear un entorno económico, político, social, cultural y jurídico, que permita el logro del desarrollo social; lograr el objetivo de la erradicación de la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la cooperación internacional; promover el pleno empleo; y también la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas, y que estén basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, así como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la seguridad y la participación de todas las personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables.

 

            El resto de los compromisos son promover el pleno respeto de la dignidad humana y lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer; promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad, el nivel más alto posible de salud física y mental, y el acceso de todas las personas a la atención primaria de la salud; acelerar el desarrollo económico, social y humano de Africa y los países menos adelantados; velar porque los programas de ajuste estructural que se acuerden incluyan objetivos de desarrollo social; aumentar substancialmente o utilizar con mayor frecuencia los recursos asignados al desarrollo social; y mejorar y fortalecer el marco de la cooperación internacional para el desarrollo social.

 

            El Programa de Acción tiene diez puntos repartidos en cinco capítulos, donde se indican políticas y medidas dirigidas a poner en práctica los principios y cumplir los compromisos enunciados en la Declaración de Copenhague; los principales aspectos de derechos humanos que contiene están diseminados a lo largo del mismo, y son de particular análisis en el capítulo siguiente del presente trabajo; no obstante, se destaca que el Programa de Acción de Copenhague señala que la dignidad humana, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social son los valores fundamentales de todas las sociedades; y los gobiernos aprobaron el compromiso de reafirmar y promover los derechos enunciados en instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también para lograr un entorno social y político favorable al desarrollo, se subraya como esencial adoptar medidas de conformidad con la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales. Hay todo un capítulo, igualmente, que apunta a la erradicación de la pobreza.

 

            Asimismo, el Programa de Acción hace un fuerte hincapié en la promoción y protección de los derechos de la mujer; y también contiene aspectos que hacen a los derechos de las poblaciones indígenas, de los niños, las personas con discapacidad, los refugiados, las personas que buscan asilo, los desplazados y los migrantes (especialmente aquellos que son trabajadores); sostiene el derecho de los pueblos a la libre determinación; reafirma la necesidad de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, absteniéndose y eliminando la realización de reservas incompatibles con el objeto y fin de dichos documentos.

 

            También, para lograr la integración social sobresalen aspectos que hacen a los derechos a la alimentación, al trabajo y a la educación; se condena al racismo, la xenofobia y la discriminación racial, y se realizan importantes incentivos a la relación entre democracia, derechos humanos, desarrollo y la protección del ambiente.

 

 

6.- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín (1995)

 

            Esta cumbre, cuyo objeto puede tildarse enteramente de derechos humanos, tuvo como propósito avanzar hacia la meta de igualdad entre las mujeres y los hombres, y abordar fenómenos tales como la discriminación en razón del género, la violencia contra la mujer, sus dificultades en el acceso a la educación y a servicios de salud; la pobreza extrema y el analfabetismo, que afectan mayoritariamente a las mujeres[12]. En el encuentro se aprobaron una Declaración y un Programa de Acción.

 

            En la Declaración de Pekín los gobiernos se manifiestan decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de la humanidad; conseguir la aplicación plena y efectiva de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer; destacar que los derechos de la mujer son derechos humanos; promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia.

 

La Plataforma de Acción de Pekín destaca toda una sección dedicada y titulada los derechos humanos de la mujer, retomando compromisos generales sobre derechos humanos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, volviendo a afirmar que el carácter de universal de los derechos humanos no admite cuestionamientos; que la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales debe considerarse un objetivo prioritario de las Naciones Unidas; que todos los derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes. Asimismo, se expresa que la igualdad de derechos de la mujer y el hombre se menciona explícitamente en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Se fijan entre los objetivos estratégicos para hacer plenos los derechos humanos de las mujeres, la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica; y fomentar la adquisición de elementos jurídicos elementales para todas las mujeres.

 

Los gobiernos están decididos a garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades; a intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute de esos derechos; y a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género.

 

Igualmente, los gobiernos se proponen promover la independencia de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga persistente de la pobreza que recae sobre las mujeres; promover un desarrollo sostenible centrado en la persona, incluido el crecimiento económico sostenido, mediante la enseñanza básica, la educación durante toda la vida, la alfabetización y capacitación, y la atención primaria de la salud para mujeres y niñas.

 

La Declaración de Pekín señala también la necesidad de garantizar el respeto al derecho internacional, incluido el derecho humanitario, a fin de proteger a las mujeres y las niñas en particular.

 

            La Plataforma de Acción comienza con una declaración de objetivos, donde se subraya que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos, destaca que su objetivo es la potenciación del papel de todas las mujeres en la sociedad; y que no deben encararse aisladamente como un problema de la mujer.

 

            Seguidamente, la Plataforma de Acción señala distintos aspectos del contexto mundial en que se encuentran las mujeres, y en su capítulo tercero identifica las esferas de especial preocupación de los participantes en la Conferencia.

 

            Luego, se fijan objetivos estratégicos y medidas que hacen a los siguientes aspectos:

 

            En torno a la mujer y la pobreza, se propone un abordaje de género de la cuestión, y la revisión y adopción de políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza; asimismo, revisar las leyes y prácticas administrativas para asegurar a la mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos; dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito.

 

            Sobre la educación y capacitación de la mujer, se afirma la educación como derecho humano y herramienta para la igualdad.

 

Como objetivos estratégicos se plantea asegurar la igualdad de acceso a la educación y formación profesional de niñas y mujeres; eliminar el analfabetismo entre las mujeres; establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios; y reformar la educación en esa dirección.

 

            En relación a la salud, se plantea fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud, fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer; tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva; promover la investigación y difundir información sobre la salud de la mujer; y aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres.

 

La Plataforma aborda con profundidad la problemática de la violencia contra la mujer[13], a la cual define como todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Luego destaca diversas formas de violencia, entre las cuales figuran la violencia física, sexual y psicológica en la familia, en la comunidad en general y la tolerada por el Estado, donde quiera que esta ocurra. Particularmente, señala que algunos grupos de mujeres, como los que pertenecen a grupos minoritarios, las indígenas, las refugiadas, las mujeres que emigran, incluidas las trabajadoras migratorias, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o distantes, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o cárceles, las niñas, las mujeres con discapacidades, las mujeres de edad, las mujeres desplazadas, las mujeres repatriadas, las mujeres pobres y las mujeres en situaciones de conflicto armado, ocupación extranjera, guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluida la toma de rehenes, son también particulamente vulnerables a la violencia.

 

            Para hacer frente a la violencia contra la mujer, la Plataforma de Acción de Pekín establece como objetivos adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer; estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención; eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres.

 

            Entre los objetivos estratégicos para enfrentar el problema de los conflictos armados y sus consecuencias sobre la mujer[14], figuran el incrementar la participación de la mujer en la solución de los conflictos a nivel de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole, o bajo ocupación extranjera; reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de armamentos;  promover formas no violentas de solución de conflictos y reducir la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones de conflicto; promover la contribución de la mujer al logro de una cultura de paz; proteger a las mujeres refugiadas, las desplazadas que necesiten protección internacional y las desplazadas internas; y proporcionar asistencia a las mujeres de las colonias.

 

            La Plataforma de Acción de Pekín también destaca aspectos que hacen a la mujer y la economía, estableciendo que debe promoverse la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el derecho al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos; facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, al empleo, los mercados y el comercio; proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los mercados, información y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos; reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer; eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo; fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y a la familia.

 

            La Plataforma de Acción de Pekín aborda la cuestión de la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; fijando como objetivos estratégicos adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder; y en la adopción de decisiones aumentar la capacidad de la mujer de participar en las mismas y en los niveles directivos.

 

            En cuanto a los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, se fijan como objetivos estratégicos el crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales; integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos especiales; preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados por sexo.

 

            En el documento también se señala la preocupación porque las redes mundiales de comunicación se han utilizado para difundir imágenes estereotipadas y degradantes de la mujer, con estrechos fines comerciales y de consumismo. Por ello, destaca como estrategias aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación; y fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.

 

            La Plataforma de Acción de Pekín subraya que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es inalienable y debe ser disfrutado universalmente. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencia de su elección, ya sea individualmente o en comunidad con otros, en público o en privado, y a manifestar su religión o creencia en el culto, la observación, la práctica y la enseñanza. Si bien se destaca la importancia de las religiones para satisfacer las necesidades morales, éticas y espirituales, se reconoce que toda forma de extremismo puede tener una repercusión negativa en las mujeres y puede conducir a la violencia y la discriminación.

 

            La Plataforma de Acción de Pekín establece que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos, y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso; y que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente sobre esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia.

 

            Sobre la mujer y el medio ambiente, la Plataforma subraya que debe lograrse la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles; integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las plolítica y programas de desarrollo sostenible; fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer.

 

            La Plataforma de Acción también contiene el abordaje de los derechos de la niña, procurando la eliminación de todas las formas de discriminación y prácticas culturales que le perjudiquen; promover y proteger sus derechos; eliminar la discriminación en la educación, en el ámbito de la salud y la explotación económica del trabajo infantil que perjudican a la niña; erradicar la violencia contra las niñas, fomentar su conciencia y participación, y fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas.

 

            Finalmente, para el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín, se marcan medidas a tomar en el plano internacional, que involucran a varias instituciones, entre ellas la Asamblea General; al Consejo Económico y Social y órganos y organismos subsidiarios de este; a la Comisión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer; al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros órganos creados en virtud de tratados; a la Secretaría de las Naciones Unidas; a la División para el adelanto de la Mujer; al Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer; y al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

 

            Aspectos más puntuales de los documentos aprobados en esta Conferencia, son destacados en el próximo capítulo del presente trabajo.

 

 

7.- Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Estambul (1996)

 

            Esta Conferencia celebrada en Estambul, aprobó una Declaración y un Programa de Acción: en este último se proporciona un instrumento eficaz para la creación de asentamientos humanos sostenibles en el siglo XXI, en lo concerniente al medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo social, las mujeres y la población.

           

            Los Estados participantes de la Conferencia suscriben una visión política, económica, ambiental, ética y espiritual de los asentamientos humanos basada en los principios de igualdad, solidaridad, asociación, dignidad humana, respeto y cooperación, y aprovechan la oportunidad para hacer propios los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos, mediante el logro progresivo.

 

Los dos objetivos de la Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos son “vivienda adecuada para todos” y “desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización”; es decir, del derecho al desarrollo, tan trabajado en las cumbres que venimos analizando, aquí se particulariza el derecho humano a una vivienda digna.

 

A nivel general, el Programa de Hábitat destaca que si bien deben tenerse en cuenta la importancia de las características nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, corresponde a todos los Estados promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo; afirmando la universalidad,  indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. No cabe invocar la falta de desarrollo ni la pobreza para justificar la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y la Aplicación del Programa de Hábitat es derecho soberano y responsabilidad de cada Estado, de forma compatible con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 

El Programa de Hábitat también destaca el concepto de “asentamientos humanos equitativos” y los define como aquellos en que todas las personas, sin discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, nacimiento u otra condición, tienen las mismas oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, alimentos y agua en cantidad suficiente, educación y espacios abiertos.

 

En la Declaración de Estambul se destaca que se intensificarán los esfuerzos por erradicar la pobreza y la discriminación, por promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y se destaca que los gobiernos tratarán de lograr la plena participación de todas las mujeres, y de mejorar la condición de la mujer, lo cual también es retomado en el Programa de Hábitat, donde se subraya que la emancipación de la mujer y su participación plena y en condiciones de igualdad en la vida política, social y económica, la mejora de la salud y la erradicación de la pobreza son indispensables para lograr la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Se promueven campañas de educación para eliminar las barreras jurídicas y sociales que impiden el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la tierra, a la herencia y al crédito, y se retoman varios objetivos respecto a la educación y la salud (dentro de ella la salud sexual y reproductiva, y la planificación familiar), tal como se adoptaron en las predecesoras conferencias de El Cairo y Pekín.

 

En el Programa de Hábitat, se asumen ciertos compromisos de los gobiernos; en el cumplimiento de los mismos, se destaca que es preciso prestar particular atención a las circunstancias y necesidades de las personas que viven en la pobreza, que viven sin hogar, las mujeres, los ancianos, los indígenas, los refugiados, las personas desplazadas, las personas con discapacidad y las pertenecientes a grupos minoritarios y desfavorecidos. Además, es preciso prestar atención a las necesidades y circunstancias específicas de los niños, en particular los niños de la calle; con lo cual, varios sujetos de derechos reciben una especial atención dentro del documento. En el Programa de Hábitat, se subraya que es importante la participación de todos esos sujetos para lograr asentamientos urbanos equitativos.

 

            Los gobiernos destacan que el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes importantes del derecho a un nivel de vida adecuado; y subrayan su determinación de velar por que se respeten plenamente los derechos humanos enunciados en los instrumentos internacionales, y en especial, en este contexto, el derecho a una vivienda adecuada, por ello, deben ratificarse y aplicarse los instrumentos internacionales de derechos humanos, con el fin de eliminar los obstáculos y erradicar la discriminación en el suministro de viviendas.

 

El Programa de Hábitat, el cual destaca que la habilitación y participación contribuyen a la democracia y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles; y la formulación de políticas y su aplicación por los gobiernos, debe regirse por los principios de responsabilidad, transparencia y amplia participación pública.

 

Como en otras conferencias se destaca el derecho de todas las personas a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y se postula que la salud humana y la calidad de vida son elementos centrales por desarrollar asentamientos humanos sostenibles, y para ello, los gobiernos se comprometen a promover y alcanzar las metas de un acceso universal y equitativo a una educación de calidad, al nivel más alto posible de salud física, mental y ambiental, y el acceso el acceso equitativo de todos a la atención primaria de la salud, y a los medios de subsistencia, los servicios básicos de atención sanitaria, el agua potable y el saneamiento, la vivienda adecuada, el acceso a espacios abiertos y zonas verdes; y a hacer esfuerzos especiales para rectificar las desigualdades en lo relativo a las condiciones sociales y económicas, incluida la vivienda, sin distinción alguna y bajo el respeto a las culturas comunes y tradiciones; como asimismo al empleo productivo que genere ingreso suficiente, respetando los derechos e intereses de los trabajadores, fomentar libremente el respeto de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, comprendidos los relativos a la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo de los niños, a la libertad de asociación, al derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como el respeto del principio de no discriminación.

 

            En el Programa de Hábitat, al efecto de facilitar el acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia para todos los grupos socioeconómicos, los gobiernos, a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben, entre otras medidas, fomentar, en particular la participación de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales.

 

            Sobre derecho humanitario, el Programa de Hábitat indica deben apoyarse la labor de remoción de minas terrestres antipersonales inmediatamente después del cese de un conflicto armado, y apoyar también la función de las entidades relacionadas con la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, alentando asimismo al Comité Internacional de la Cruz Roja a que en tiempo de conflicto armado, adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos y las personas desplazadas.

 

 

8.- Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma (1996)

 

            Los gobiernos participantes del encuentro han aprobado por consenso dos instrumentos, llamados Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, respectivamente. La cumbre ha sido la primera reunión de jefes de Estado, realizada sobre los problemas del hambre y la malnutrición, en momentos en que va en aumento la preocupación internacional acerca de la lentitud del crecimiento de la producción alimentaria mundial frente al aumento demográfico[15].

 

En esta Cumbre, se crea el concepto de seguridad alimentaria; y se afirma que alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano convenidos en las últimas conferencias internacionales.

 

            Tanto la Declaración como el Plan de Acción contienen referencias generales y específicas de derechos humanos.

 

            En la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial se vincula el éxito de lograr la seguridad alimentaria sostenible, con la consolidación de la democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres.

           

Más puntualmente, se reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.

 

            El Plan de Acción de Roma fija como uno de los objetivos para erradicar la pobreza y lograr la paz duradera, garantizar plenamente los derechos de la mujer, respetando y aplicando los compromisos contraídos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el sentido de que se incorpore una perspectiva de igualdad entre el hombre y la mujer en todas las políticas.

 

            Entre los compromisos asumidos en el Plan de Acción, se destaca que los gobiernos habrán de promulgar o fortalecer políticas para combatir la discriminación de los miembros de grupos socialmente vulnerables y desfavorecidos, personas pertenecientes a minorías, poblaciones indígenas, niños y niñas,

 

            Asimismo, el Plan de Acción de Roma sobre Seguridad Alimentaria estipula que los gobiernos deberán hacer todo lo posible para aplicar las disposiciones del artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a realizar el seguimiento por medio del sistema de las Naciones Unidas surgido de la recomendaciones emanadas de las conferencias mundiales, incluida la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, e invita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a que preste especial atención al Plan de Acción de Roma en el marco de sus actividades.

 

Igualmente, el Plan de Acción fija como objetivo de los gobiernos esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes, y prestar especial atención a la realización plena y progresiva de este derecho como medio para conseguir la seguridad alimentaria para todos.

 

Finalmente, el Plan de Acción contiene disposiciones que hacen a los derechos humanos a la educación y a la salud.

 

 

9.- Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, Roma (1998)

 

            Esta Conferencia celebrada en Roma y de cinco semanas de duración, ha concluido con la adopción de un Estatuto para la creación de una Corte Penal Internacional Permanente, que entenderá en cuatro tipo de crímenes (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión).

 

            El proceso de trabajo ha sentado las bases para crear la primera institución judicial de carácter permanente y alcance mundial, para juzgar a personas que cometan crímenes aberrantes contra los derechos humanos y el derecho humanitario, cuando los Estados nacionales no quieran o no puedan procesar a los mismos.

 

            También desde el punto de vista de los derechos humanos, se ha realizado un aporte trascendente contra la impunidad de aquellos que cometen estos actos que son tildados de los de mayor gravedad para la comunidad internacional. Igualmente, el Estatuto ayuda al derecho internacional contemporáneo en la definición de los crímenes de lesa humanidad y su contenido (considérese por ejemplo, la importancia de incorporar como crímenes de lesa humanidad a efectos del Estatuto, a la tortura, la desaparición forzada).

 

            En el Estatuto se refleja un correcto balance de género y varios de los delitos cometidos contra las mujeres se encuentran bajo la competencia de la Corte. Los Estados Partes, el Fiscal y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden enviar casos ante la Corte. Los derechos de las personas sometidas a acusación, y las penas previstas en el Estatuto, se encuentran de acuerdo con los standards internacionales de protección de los derechos humanos.

 

            En el capítulo siguiente, se aborda en detalle el funcionamiento de la Corte en el acápite llamado “Corte Penal Internacional”; por otra parte, las cuestiones que hacen a la perspectiva de género y derechos de la mujer en el Estatuto, se detallan en el acápite llamado “Derechos de la mujer”; finalmente, las previsiones respecto a los niños se encuentran en el acápite bajo el nombre de “Derechos del niño”.

 

 

10.- Cumbre Mundial sobre las Drogas, Nueva York (1998)

 

            En este encuentro, los gobiernos han aprobado una Declaración Política, una Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, y un Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores.

 

            Ya en la Declaración Política se subraya la relación entre el objeto de la cumbre y la protección de los derechos humanos, al señalarse que las drogas constituyen una grave amenaza para la salud y el bienestar de todo el género humano, así como para la democracia y la estabilidad de las naciones.

 

            También, los gobiernos reconocen que la acción contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida, que exige un planteamiento integral y equilibrado en plena conformidad con, entre otros factores, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 

            Los gobiernos se comprometen asimismo, a velar porque la mujer y el hombre se beneficien por igual, y sin ningún tipo de discriminación, de las estrategias para la lucha contra el problema mundial de las drogas.

 

            En la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, se retoman algunos de los preceptos enunciados en los párrafos anteriores, y se adopta como uno de aquellos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

            En la concentración en las necesidades especiales, se destaca que los programas de reducción de la demanda deben tener en cuenta las diferencias de género, cultura y educación; y que los gobiernos deben considerar la posibilidad de que los toxicómanos reciban tratamiento, educación, postratamiento y rehabilitación, como alternativa o como complemento de la pena.

 

            En el anexo de esta Declaración, se retoma la idea enunciada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la necesidad de proteger a la infancia contra el uso indebido de estupefacientes y substancias psicotrópicas.

 

            En el Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores, se recomiendan mediadas para cumplir los objetivos propuestos; repitiendo las bases establecidas en los dos instrumentos anteriores y destacando, entre otras cosas, que debe fomentarse el desarrollo alternativo como un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito; y que por ende, debe fortalecerse la cooperación internacional para el desarrollo alternativo de los Estados.

 

 

11.- Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Bridgetown (1994)

 

            En este foro, se han adoptado dos documentos llamados Declaración y Programa de Acción de Barbados. El eje central ha sido adoptar principios y estrategias de desarrollo para proteger el medio ambiente de los pequeños Estados insulares; por ende, se toman como base los instrumentos adoptados en la Cumbre de la tierra.

 

            Los aspectos puramente de derechos humanos que podemos encontrar en este encuentro son los siguientes:

 

            El abordaje del desarrollo como un derecho de todos los pueblos, los cuales deben poseer una posición central el proceso de desarrollo sostenible; se reafirma que los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos naturales.

 

            Al afirmarse que los seres humanos tienen derecho a  una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza, se contribuye a la consolidación del derecho al ambiente sano como un derecho humano fundamental.

 

Igualmente, en los documentos aprobados los gobiernos afirmaron que debe prestarse plena atención a la igualdad entre el hombre y la mujer, y el importante papel y contribución de la mujer. Por último, la Declaración de Barbados señala que debe prestarse especial atención a las necesidades de grupos importantes, entre los que cita a las poblaciones indígenas.

           

 

12.- Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, Yokohama (1994)

 

            Esta es la única de las cumbres en las que, por su objeto particular, no se abordan cuestiones que hagan a los derechos humanos de manera directa.

 

Tan sólo cabe afirmar que en la misma,se destacan medidas de asistencia de tipo humanitario, que deben prestarse a los Estados que sufran desastres naturales, y que las medidas que se lleven adelante deben preservar el medio ambiente; asimismo, que debe prestarse especial atención a los países en desarrollo menos adelantados, los sin litoral, y a los pequeños Estados insulares en desarrollo.

 

Finalmente, en las Estrategias de Yokohama para un mundo más seguro, se destaca que en todos los países, los grupos pobres y en situación social desventajosa son los que más sufren a causa de los desastres naturales.

 

 

13.- Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, El Cairo (1995)

 

            Este encuentro tuvo como propósito intercambiar ideas sobre problemas comunes y búsqueda de soluciones viables contra la delincuencia. Los participantes (gobiernos y expertos) concluyeron en posturas terminantes para cooperar entre sí a fin de poner coto a la rápida proliferación de sindicatos delictivos internacionales.

 

            En materia de derechos humanos, la Cumbre ha resaltado ciertos aspectos; que destacamos a continuación:

 

            Se recuerda a la Declaración y el Programa de Acción de Viena, en lo atinente a la cooperación técnica para reforzar las instituciones democráticas, el imperio de la ley y la infraestructura nacional en materia de derechos humanos; y respecto a las medidas para combatir las formas contemporáneas de intolerancia, y de racismo, discriminación racial y xenofobia.

 

            Se afirma que se puede facilitar el pleno disfrute de los derechos humanos, mediante los esfuerzos concertados de los Estados miembros para prevenir y combatir la delincuencia nacional y transnacional, teniendo en cuenta las normas de las Naciones Unidas en materia de aplicación de la ley y derechos humanos.

 

            Por cierto, entre las medidas adoptadas, se insta a los Estados miembros a que establezcan el principio de cooperación teniendo en cuenta los derechos de la persona acusada, en lo que respecta a la extradición.

 

            Asimismo, se recomienda la promulgación de leyes para proteger el medio ambiente.

 

            En lo que hace a los sistemas de justicia penal, el Congreso insta a los Estados a que adopten medidas eficaces contra la difusión del virus del Sida y de otras enfermedades entre la población carcelaria, y que el personal de justicia penal y del servicio de represión respete los derechos humanos. Igualmente, se invita al fomento de proyectos de reforma penal y modernización de la administración de justicia penal, en aspectos tales como la promoción de medidas no privativas de libertad, teniendo en cuenta instrumentos de Naciones Unidas adoptados con ese objeto: las Reglas Mínimas sobre las medidas no privativas de libertad, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, y las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la infección del HIV y Sida en las cárceles. En cuanto a este aspecto relacionado con los niños, se hace hincapié en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

 

            Una recomendación expresa hace a la aplicación práctica de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

            También, el Congreso hace hincapié en programas de prevención del delito, para salvaguardar los derechos de los niños; tanto en su posibilidad de ser víctima como autor de delitos; y siempre respetando los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes, como los que forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, y las Convenciones sobre los Derechos del Niño, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; y contra la Tortura. Igualmente, aboga por la prohibición de la mutilación genital de las niñas y el respeto del derecho internacional humanitario para proteger al niño en casos de conflictos armados.

 

            Todo un Capítulo hace referencia a la eliminación de la violencia contra la mujer, destacando que las mujeres tienen derecho a las garantías, salvaguarda y beneficios de todos los derechos humanos afirmados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y otras normas internacionales para la protección de los derechos humanos.

 

 

14.- Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Midrand (1996)

 

            En esta Conferencia se abordó particularmente la cuestión de la internacionalización y la liberalización, y se acordó la forma de llegar a la mayor cantidad de beneficios de la mundialización económica a los países en desarrollo, y como rectificar algunos aspectos negativos del proceso.

 

El Documento Final de Midrand afirma que es fundamental para el desarrollo social que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. A este respecto, aboga por seguir los instrumentos adoptados en las cumbres anteriores, de las cuales debe prestar debida atención a sus resultados.

 

En materia específica de derechos humanos, en los documentos aprobados se aboga por la participación plena de la mujer como medio indispensable para materializar los beneficios de la mundialización y la liberalización. Se destacan, a ese efecto, análisis realizados en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer.

 

El Documento Final establece como esfera particularmente importante la integración del comercio, el medio ambiente y el desarrollo; y sostiene que para el logro del crecimiento económico y del desarrollo sostenible, todos los gobiernos deberían adoptar una serie de medidas, entre las cuales figura procurar la democracia y un sistema de gobierno y una administración basados en la transparencia y la responsabilidad.

 

            Se señala con preocupación la perpetuación de las disparidades entre naciones y en el seno de éstas, la agravación de la pobreza; y que sin embargo, integrando las preocupaciones ambientales y de desarrollo y prestándoles mayor atención se logrará satisfacer las necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida de todos, proteger y gestionar mejor los ecosistemas y ofrecer un futuro más seguro y próspero.

 

Además, el Documento Final dice exhorta a las instituciones de Bretton Woods a que aceleren el examen en curso de las formas de abordar la cuestión de la deuda multilateral, y destaca la participación de las Organizaciones No Gubernamentales para las actividades futuras de la UNCTAD.

 

 

III.- ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES

 

            El presente capítulo ofrece dos posibilidades diferentes de abordar los derechos humanos en las cumbres mundiales; una de ellas, es de acuerdo a los sujetos de derecho; y en cada uno de ellos se destacan los principales párrafos que les han sido dedicados por los documentos aprobados en estos foros; la segunda opción, lleva a emprender el estudio por temas de derechos humanos que han sido jerarquizados en las cumbres.

 

 

1.- Por sujeto de derechos

 

            Los sujetos de derechos que han sido de mayor atención para los participantes de las conferencias mundiales de esta década, desde el punto de vista de los derechos humanos, son la mujer; las personas pertenecientes a minorías; los indígenas; los niños; las personas con discapacidad; los asilados, refugiados, desplazados y migrantes.

 

 

A.- Derechos de la mujer

 

            En el trabajo por el respeto a los derechos humanos, la causa atinente a los derechos de la mujer encuentra trabas derivadas de varios factores, entre los que cabe contar factores culturales, religiosos, históricos, patrones de conducta machista altamente arraigados en las sociedades. Estas dificultades comienzan a diluirse desde la toma de conciencia de mujeres y hombres, respecto a que la igualdad de derecho y de hecho de mujeres y hombres, forma parte de un imperativo ético impostergable.

 

            En todos los foros internacionales bajo análisis hubo una alta preocupación por resaltar la necesidad de respetar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y promover la potenciación y capacitación de la mujer. Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, se han producido avances significativos, aunque insuficientes, en materia de derechos de la mujer[16].

 

            Según la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, los derechos humanos de la mujer y la niña son parte integrante, inalienable e indivisible de los derechos humanos universales; se subraya la necesidad de la plena participación de la mujer en todas las esferas y en condiciones de igualdad; se deploran la violencia, el acoso y la explotación sexuales; se insta a los gobiernos a que se adopten medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer[17].

 

            La Declaración de Río de Janeiro destaca que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, siendo imprescindible contar con su participación plena para el logro del desarrollo sostenible[18].

 

            La Agenda 21 marca la necesidad de cumplir las estrategias de Nairobi (participación de la mujer en la administración de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente), y destaca medidas mundiales en favor de la mujer como medios para lograr un desarrollo sostenible y equitativo[19]; el Programa de Acción de Viena retoma estas directrices, y asimismo postula que la igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos deben integrarse en las principales actividades de todo el sistema de Naciones Unidas; subraya la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, y eliminar las formas de acoso y explotación sexual; se insta a la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y al retiro de reservas a la misma cuando estas sean incompatibles con el objeto del tratado; se destaca el derecho de la mujer a la salud, y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar; se insta tanto a los gobiernos nacionales como a las instituciones internacionales, a que faciliten el acceso de la mujer a puestos de dirección y le permitan una mayor participación en la adopción de las decisiones[20]; disposiciones similares se prevén en el Programa de Acción de El Cairo[21].

 

            Naturalmente, la Declaración de Pekín señala el reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad[22].

 

            La Declaración aprobada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia destaca también la importancia de mejorar la condición de la mujer, en cuanto al derecho a la  igualdad. Se subraya que los esfuerzos para mejorar la condición de la mujer e intensificar su participación en el proceso de desarrollo deben comenzar desde su niñez, siendo menester que las niñas tengan iguales oportunidades de acceso a los servicios de salud, nutrición, educación y otros servicios básicos para que puedan desarrollar su potencial. Asimismo, otros puntos del Programa de Acción hacen a la salud materna y al derecho a la información sobre la importancia de la planificación responsable de la familia[23]; este último aspecto también encuentra recepción en la Agenda 21, y particularmente con amplitud en el Programa de Acción de El Cairo, en el marco de una conferencia donde este capítulo ha sido uno de los más debatidos[24].

 

            La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño (1990) destaca que el fortalecimiento de la función de la mujer en general y el  respeto de su igualdad de derechos favorecerán a los niños del mundo; las niñas deben recibir el mismo trato y las mismas oportunidades desde su nacimiento; y que debe promoverse la maternidad sin riesgo y atribuir particular importancia a la planificación responsable de la familia y al espaciamiento de los nacimientos; asimismo, los gobiernos asumen el compromiso para fortalecer la función y condición de la mujer[25].

 

            Por su parte, el Programa de Acción de El Cairo señala que promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer, son la piedra angular de los programas de población y desarrollo, así como que el derecho a la educación debe prestar especial atención a las mujeres y niñas[26], y dedica todo un capítulo donde aborda la problemática, proponiéndose el mejoramiento de la condición de la mujer y de la niña, y las responsabilidades y la participación del hombre[27].

 

            En el Programa de Acción de El Cairo, se destaca que la mutilación genital es una violación flagrante de los derechos fundamentales y un riesgo que afecta a las mujeres en su salud reproductiva durante toda la vida[28]. En cuanto a la salud, el Programa de Acción de El Cairo aborda la cuestión de la salud de la mujer y la maternidad sin riesgo[29].

 

            La Declaración de Copenhague reconoce la importancia de potenciar las capacidades de la mujer, y de fortalecer las políticas y programas que puedan mejorar, asegurar y ampliar la participación de la mujer en todas las esferas de la vida política, económica, social y cultural en condiciones de igualdad, y asume el compromiso de los gobiernos para promover el pleno respeto de la dignidad humana y a lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer[30]. Igualmente, se fortalece la coordinación de los gobiernos para apoyar los programas de educación y salud basados en el respeto a la dignidad humana y centrados en la protección de todas las mujeres y niños, especialmente contra la explotación, el tráfico y las prácticas nocivas, como la prostitución infantil y la mutilación genital femenina[31].

 

            El Programa de Acción de Copenhague señala la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar todos los obstáculos que se oponen a la plena igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural[32]. Puntualmente, el Programa de Acción de Copenhague destaca que en los programas encaminados a mejorar la condición de la mujer deben integrarse las cuestiones relativas a las desigualdades entre los sexos; que debe asegurarse que los programas de protección y apoyo social atiendan las necesidades de la mujer, y especialmente que tengan en cuenta los múltiples papeles e intereses de la mujer; en el mejoramiento de la calidad del trabajo y el empleo deben crearse políticas y programas destinados a proteger a los trabajadores, y en particular a la mujer, del hostigamiento sexual y la violencia; y fija mecanismos para garantizar la participación plena de la mujer en el mercado de trabajo y su acceso sin distinciones a las oportunidades de empleo[33].

 

            Asimismo, en el acápite dedicado a la no discriminación, el Programa de Acción de Copenhague requiere velar por la igualdad y equidad entre los sexos mediante el cambio de las actitudes, las políticas y las prácticas, fomentar la plena participación y la potenciación de la mujer en la vida social, económica y política, y lograr una participación más equitativa de uno y otro sexo en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles[34].

 

            Por su parte, la Novena Cumbre de la UNCTAD destaca que los beneficios de la mundialización y la liberalización sólo se materializarán plenamente si las mujeres pueden participar plenamente en el desarrollo económico, social y político, y se destacan análisis realizados en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer[35].

 

            El Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente insta a los Estados a que, para eliminar todas las formas de violencia contra los niños, a que adopten medidas para prohibir las prácticas tradicionales que perjudican la salud de los niños, incluida la mutilación genital de las niñas, situación que repite en el capítulo correspondiente a la eliminación de la violencia contra la mujer, en congruencia con la Plataforma de Acción de Pekín, que destaca a la mutilación genital no como una violación a la salud de las mujeres, sino como un acto de violencia contra la mujer[36].

 

            Asimismo, en el capítulo correspondiente a la eliminación de la violencia contra la mujer se reconoce que las mujeres tienen derecho a las garantías, salvaguardas y beneficios de todos los derechos humanos afirmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer y en otras normas internacionales de protección de los derechos humanos[37].

 

            Específicamente, se preocupa por la especial vulnerabilidad de toda mujer acusada de actividades delictivas a la violación de sus derechos humanos a raíz de su detención y en el curso de ella[38].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín, al analizar el contexto mundial en el que se desarrollaba la Conferencia, señalaba que se cometen graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, en particular en épocas de conflicto armado, que incluyen el asesinato, la tortura, las violaciones sistemáticas, embarazos y abortos forzados, a los cuales identifica como actos de violencia contra la mujer. Más adelante, destaca que las violaciones de ese tipo exigen una respuesta particularmente eficaz, y enfatiza que violación en el curso de un conflicto armado constituye un crimen de guerra, y en ciertas circunstancias, puede considerarse un crimen de lesa humanidad y un acto de Genocidio[39].

 

            El Estatuto aprobado en Roma para la Creación de la Corte Penal Internacional recoge esa preocupación destacada en Pekín, e incorpora como crímenes de lesa humanidad (y por ende bajo la competencia de la Corte Penal Internacional) a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable[40]. En cuanto a los crímenes de guerra, el Estatuto prevé una disposición similar cuando esos hechos se producen en el marco de un conflicto armado[41].

 

El Estatuto atiende disposiciones particulares para ayudar correctamente a los requisitos de investigación y enjuiciamiento de delitos de los cuales las mujeres sean víctimas. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, y adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte, respetando las intereses y circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otras la edad, el género y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños. Igualmente, la Secretaría establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos que contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los traumas relacionados con delitos de violencia sexual[42].

 

            Asimismo se considera la protección de víctimas o testigos en la participación del juicio, particularmente cuando el crimen de que se trate entrañe violencia sexual o por razones de género. Por ello, la Corte puede tomar medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, y la vida privada de víctimas y testigos. También, las Salas de la Corte podrán decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada, o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales[43].

 

            En la composición de la Corte debe haber un equilibrio adecuado entre mujeres y hombres. Asimismo, el Estatuto destaca que en la Corte deben existir juristas especializados en temas concretos, como la violencia contra las mujeres, al igual que dentro de la Fiscalía y del personal de la Secretaría[44].

 

            Finalmente, la definición de género a los efectos del Estatuto “… Los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”[45].

 

            En la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, los gobiernos afirmaron que debe prestarse plena atención a la igualdad entre el hombre y la mujer, y el importante papel y contribución de la mujer[46]. Por su parte, el Programa de Acción de Barbados destaca una disposición similar [47].

 

            La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial reconoce la aportación mundial de las mujeres a la seguridad alimentaria, y la necesidad de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer[48].

 

            Por su parte, el Plan de Acción de Roma fija como uno de los objetivos para erradicar la pobreza y lograr la paz duradera, garantizar la igualdad entre los sexos y el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, destacando en general que los gobiernos habrán de respaldar y aplicar los compromisos contraídos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el sentido de que se incorpore una perspectiva de igualdad entre el hombre y la mujer en todas las políticas[49].

 

            En la Declaración Política aprobada en la Cumbre Mundial sobre la Droga los gobiernos se comprometen a velar porque la mujer y el hombre se beneficien por igual y sin ninguna discriminación de las estrategias para la lucha contra el problema mundial de la droga[50]. Por su parte, el Plan de Acción indica como enfoques mejores e innovadores del desarrollo alternativo, se señala que los programas deben atender a consideraciones de género[51].

 

            La Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos señala que los gobiernos tratarán de lograr la plena participación de todas las mujeres, y de mejorar la condición de la mujer[52].

 

            Por su parte, el Programa de Hábitat subraya que la mujer tiene un papel de primer orden que desempeñar en el logro de asentamientos humanos sostenibles; y que la emancipación de la mujer y su participación plena y en condiciones de igualdad en la vida política, social y económica, la mejora de la salud y la erradicación de la pobreza son indispensables para lograr la sostenibilidad de los asentamientos humanos[53]. A tal efecto, dedica todo un acápite a la igualdad entre el hombre y la mujer en el desarrollo de los asentamientos humanos[54].

 

            Entre otros aspectos puntuales, el Programa de Hábitat señala que a fin de eliminar las barreras jurídicas y sociales que impiden el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la tierra, los gobiernos deben promover campañas de sensibilización, educación y prácticas de habilitación relativas, en especial, a los derechos legales respecto de la tenencia, la propiedad y la herencia de tierras por las mujeres; y revisar los marcos jurídicos y normativos, ajustándolos a los principios y compromisos del Plan de Acción Mundial, y garantizando que la igualdad de derechos de hombres y mujeres esté claramente especificada y se respete. Asimismo, se destaca como medida eliminar ellos obstáculos legales, comprendidos los relativos a la tenencia y el crédito, que niegan a la mujer la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos[55].

 

            También, el Programa de Hábitat indica que con el fin de fomentar una planificación y gestión de los asentamientos humanos en que se tengan en cuenta las necesidades de uno y otro sexo, los gobiernos deben tener presente en el proceso de planificación, que con frecuencia las mujeres forman parte del sector no estructurado y utilizan su hogar para realizar actividades económicas o mercantiles; y promover cambios de actitudes, estructuras, políticas, leyes y otras prácticas relativas a los sexos a fin de eliminar todos los obstáculos a la dignidad humana y la igualdad en la familia y la sociedad, y promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres. El Programa de Hábitat destaca que para fomentar una planificación y gestión adecuada de los asentamientos humanos, debe fomentarse el acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles de la educación para las mujeres adultas y jóvenes, establecer programas para resolver la pobreza absoluta existente entre las mujeres de las zonas rurales, y sensibilizar más a la comunidad respecto de los problemas con que se enfrentan las mujeres que viven en la pobreza, carecen de hogar, las mujeres migrantes, las refugiadas, las mujeres desplazadas dentro y fuera de su país; especialmente acerca de los problemas relacionados con las vejaciones físicas y sexuales, y preparar respuestas comunitarias adecuadas[56].

 

            Finalmente, el Programa de Hábitat, entre las medidas a tomar para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas, destaca que los gobiernos deben formular y ejecutar programas que garanticen el acceso universal de las mujeres a lo largo de su vida a una gama completa de servicios de atención, de salud, incluso los relacionados con la salud reproductiva que incluye la planificación de la familia y la salud sexual, de forma compatible con lo dispuesto en el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo[57].

 

 

B.- Personas pertenecientes a minorías

 

            Los derechos de las personas pertenecientes a minorías generalmente se encuentran en el marco de instrumentos de derechos humanos con objeto más amplio (como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)[58]. En el marco regional, existe actualmente la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales[59].

 

Aunque las Naciones Unidas se han pronunciado en innumerables ocasiones sobre casos concretos de derechos de las minorías, se ha progresado muy poco en la codificación sobre el tema. Sin embargo, en los últimos años se ha aumentado considerablemente el interés por los problemas de las minorías lo que, entre otras cosas, ha dado lugar a una aceleración de la acción internacional para definir, proteger y establecer los derechos de estos grupos[60]. En las cumbres mundiales se abordó la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

 

            En la Conferencia de Viena se hizo hincapié en los derechos de las minorías y para que las personas que pertenezcan a las mismas gocen de todos los derechos humanos sin discriminación; e insta a instituciones de las Naciones Unidas y a los Estados que adopten medidas para la plena participación de dichas minorías en todos los aspectos de la vida política, económica, social, religiosa y cultural de la sociedad y en el progreso y el desarrollo económico de su país[61].

 

            Asimismo, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se destaca que los gobiernos habrán de promulgar o fortalecer políticas para combatir la discriminación de los miembros de grupos socialmente vulnerables y desfavorecidos, y las personas pertenecientes a minorías[62].

 

 

C.- Derechos de indígenas

 

            La particular situación por la que atraviesan los pueblos indígenas en materia de derechos humanos, ha sido también preocupación del derecho internacional; actualmente, puede hablarse de cinco conjuntos de derechos particulares que les corresponden a los indígenas por su condición de tales. El primero de ellos es el ser reconocidos como pueblo (lo cual es resistido muy fuertemente por varios gobiernos); luego le siguen el derecho a la tierra y al territorio; a ejercer formas de autogobierno y administración propias; al reconocimiento y ejercicio de un derecho consuetudinario propio; y a participar y decidir en aquellas determinaciones de las políticas nacionales que les afecten[63].

 

            En el plano internacional, hay dos convenios internacionales adoptados bajo el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen mayor relevancia para los derechos de las personas indígenas; ellos son: el Convenio N 107 Relativo a la Protección de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes[64], y el Convenio N 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes[65].

 

            En las conferencias internacionales celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se han adoptado decisiones que hacen a los derechos de los pueblos indígenas, pero que no llegan al conjunto de derechos al que hemos hecho referencia más arriba; destacamos las más importantes en los párrafos que siguen.

 

            La Declaración de Río destaca que los pueblos indígenas y sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales[66]. Asimismo, la Agenda 21 refuerza este criterio[67].

 

Los derechos de las Poblaciones Indígenas y el respeto a los mismos sobre la base de la no discriminación, se han contemplado en la Cumbre de Viena, en la cual se celebró además, el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas[68]. Asimismo, el Programa de Acción  de El Cairo estipula que los Estados deben apoyar y reconocer la identidad cultura e intereses de los indígenas, así como permitirles participar en toda cuestión que haga a su salud, educación, bienestar, y en la vida económica, política y social del país[69].

 

            Por su parte, el Programa de Acción de El Cairo, en el capítulo dedicado a estructura y crecimiento de la población, fija como objetivos incorporar las perspectivas y necesidades de las comunidades indígenas en la preparación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas de población, desarrollo y medio ambiente que les afecten; velar por que se preste a las poblaciones indígenas los servicios relacionados con la población y el desarrollo y estudiar los factores sociales y económicos que ponen a las poblaciones indígenas en situación desventajosa, fijando medidas para ello[70].

 

            La Declaración de Copenhague reconoce y apoya a las poblaciones indígenas que procuran alcanzar el desarrollo económico y social[71]; y el Programa de Acción de Copenhague destaca que deben tomarse medidas concretas para mejorar la capacidad productiva de las poblaciones indígenas, y atender a las necesidades especiales de los niños indígenas y sus familias[72]. A tal efecto, subraya que la plena participación de los pueblos indígenas en el mercado de trabajo y su igual acceso a las oportunidades de empleo requiere la elaboración de programas integrales de empleo, instrucción y formación que tengan en cuenta las necesidades particulares de los pueblos indígenas[73].

 

            La Declaración de Barbados señala que debe prestarse especial atención a las necesidades de grupos importantes, entre los que cita a las poblaciones indígenas[74].

 

            El Plan de Acción de Roma sobre la Alimentación, destaca que los gobiernos deben reconocer y apoyar a la población indígena y sus comunidades en su búsqueda del desarrollo económico y social, con pleno respeto de su identidad, tradiciones, formas de organización y valores culturales[75]. Puntualmente, destaca que la seguridad alimentaria depende, entre otras cosas, de la ordenación sostenible de la pesca, los bosques y la fauna silvestre. En muchas comunidades indígenas, estos recursos constituyen las principales fuentes de proteínas en la alimentación. Los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas también desempeñan un papel importante en la consecución de la seguridad alimentaria para esas y otras comunidades[76].

 

            El Programa de Hábitat señala que en el ámbito de las políticas de vivienda y de desarrollo y ordenación urbanos, debería prestarse particular atención a las necesidades y la participación de los pueblos indígenas. Esas políticas deberían respetar plenamente su identidad y cultura y ofrecerles un entorno apropiado que favorezca su participación en la vida social, económica y política[77]. Más adelante, en el Programa de Hábitat los gobiernos se comprometen a proteger, en el contexto nacional, los derechos jurídicos tradicionales de los indígenas sobre la tierra y otros recursos y fortalecer la ordenación del territorio, y destaca medidas para promover el progreso constante de los indígenas y garantizar su participación plena en el desarrollo de las zonas rurales y urbanas en que viven[78].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín solicita a los gobiernos considerar la posibilidad de ratificar el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo como parte de los esfuerzos encaminados a promover y proteger los derechos de las poblaciones indígenas[79].

 

 

D.- Derechos del niño

 

            En materia de derechos humanos, los temas atinentes a los derechos del niño han adquirido un crecimiento muy importante desde la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas; este instrumento, junto con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad; y las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riad), forman parte del fin del concepto de el niño como objeto de derechos, y su sustitución por el niño como sujeto de derechos, y la adopción de la doctrina de la protección integra, guiada por el principio rector del interés superior del niño[80].

 

            En lo que se refiere a derechos del niño y del adolescente, sin duda ha sido la Cumbre Mundial en favor de la Infancia la que con mayor profundidad ha tratado este tema, que sin embargo ha sido retomado en encuentros posteriores.

 

En la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, desde el comienzo se hace referencia a la situación de violaciones de derechos humanos que sufren niñas y niños en el mundo producto de la guerra y la violencia; como víctimas de la discriminación racial, el apartheid, la agresión, y otros fenómenos como el refugio y desplazamiento, la problemática de los niños impedidos y quienes son objeto de crueldad y explotación, de la pobreza, el hambre, la falta de hogar y el analfabetismo[81]. El Programa de Acción retoma el tratamiento de dichos problemas[82].

 

Evidentemente, en este diagnóstico que se realiza en la Declaración, existe una relación directa con un estado de violación de algunos derechos humanos fundamentales tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la educación y a la alimentación.

 

            En la Declaración y el Programa de Acción aprobados se tocan puntos tales como

la necesidad de ratificación de la Convención sobre los Derechos del niño, la cual es el instrumento que mejor expresa las aspiraciones de la comunidad internacional relacionadas con el bienestar de los niños[83].

 

La Declaración subraya un programa de diez puntos mediante la adopción de medidas para lograr la rápida ratificación y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; mejorar las condiciones de salud; erradicar el hambre y la desnutrición; reducir el analfabetismo; mejorar la situación de niños que viven en circunstancias difíciles (de persecución, guerras, etc.).

 

            El derecho a la educación, contenido en numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el plano internacional como regional, también posee su abordaje y desarrollo en cuanto a la problemática de los niños[84].

 

            La protección contra las situaciones producidas por la explotación en el campo laboral, el abuso sexual, la prostitución, la guerra, y otros factores, también se destacan en el Programa de Acción[85].

 

            La problemática de las drogas y de su uso abusivo en relación a los niños, encuentra en el Programa de Acción de Nueva York una firme directriz dirigida a los gobiernos y organismos intergubernamentales, para adoptar medidas concertadas para luchar contra la producción, el suministro, la demanda, la distribución y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; lo cual es abordado de forma similar en el Programa de Acción de Copenhague[86].

 

            Particularmente al respecto, en la Cumbre Mundial sobre la droga, se ha tenido debidamente en cuenta para los debates y la confección de los documentos, a la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente su artículo 33 que subraya la necesidad de proteger a la infancia del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas[87].

 

            Tímidamente, el Programa de Acción hace referencia a los niños en situaciones de conflicto armado, omitiendo reclamar el cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario[88].

 

            El Programa de Acción finaliza con las medidas complementarias para su aplicación y supervisión, tanto en acciones a nivel nacional como internacional[89].

 

            La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, hace particular hincapié en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y su rápida aplicación. Se retoman los aspectos destacados en la Cumbre mundial en favor de la Infancia, reiterando el principio de “los niños ante todo”; se solicita a los gobiernos que eliminen costumbres y prácticas que sean discriminatorias y perjudiciales para las niñas; se insta a los organismos de las Naciones Unidas a poner especial hincapié en examinar periódicamente las cuestiones relacionadas con los derechos humanos de los niños. Por último, se subrayan los principios de no discriminación y de asegurar el interés superior del niño; este último también destacado en el Programa de Acción de El Cairo al tratar el derecho a la educación[90].

 

            En la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo se propone promover la salud, bienestar y potencial de todos los niños y adolescentes de conformidad con los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia y en la Convención sobre los Derechos del Niño[91].

 

            En la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo se señala que todos los Estados y las familias deberían dar la máxima prioridad posible a la infancia, y fija bases para la acción y medidas en favor de la niña, ya que en todas las sociedades, la discriminación por razón de sexo suele comenzar en las etapas más tempranas de la vida; asimismo, en el campo de la salud, contempla un acápite sobre la supervivencia y salud de los niños [92].

 

            El Programa de Acción de Copenhague destaca que debe prestarse especial atención, y desplegar esfuerzos para la promoción y protección de los derechos del niño, y en particular de los derechos de las niñas[93].

 

            El Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente realiza una recomendación expresa a prestar especial atención a la organización de actividades de prevención del delito orientadas a los niños pequeños, y exhorta a los gobiernos a que promulguen leyes apropiadas sobre la justicia de menores, teniendo en cuenta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad[94]. Todo un acápite estudia al niño como víctima y autor de delitos, y en él se reconoce que los niños tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos de las Naciones Unidas, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño, y se condenaron todas las formas de violencia contra el niño[95].

 

            El Estatuto aprobado en Roma para la creación de una Corte Penal Internacional, pone bajo competencia de la Corte y en la categoría de crímenes de guerra el reclutamiento o alistamiento de niños menores de quince años en las fuerzas armadas nacionales, o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, cuando se cometa como parte de un plan o política, o en gran escala[96].

 

            El Plan de Acción de Roma sobre la Alimentación, que establece como objetivo fomentar la solidaridad nacional y ofrecer igualdad de oportunidades para todos, señala que los gobiernos deben prestar especial atención a promover y proteger los intereses y necesidades de los niños, en particular de las niñas, de los programas de seguridad alimentaria, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño (Cumbre Mundial en favor de la Infancia, Nueva York, 1990)[97].

 

            El Programa de Hábitat señala que hay que prestar especial atención a los procesos que favorecen la participación en lo que atañe al ordenamiento de ciudades, de pueblos y barrios, con objeto de garantizar las condiciones de vida de los niños y los jóvenes[98]. Asimismo, para desarrollar plenamente el potencial de los jóvenes y prepararlos para asumir un papel responsable en el desarrollo de los asentamientos humanos, deben tomarse medidas como tener en cuenta sus necesidades, potenciar a la juventud, proporcionar acceso en condiciones de igualdad a la educación básica; adoptar medidas especiales para reducir la tasa de deserción escolar; eliminar la explotación sexual y económica de muchachas y niños; y estimular campañas de sensibilización sobre el punto, dirigidas a la población[99].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín afirma que es hora que se reconozcan la dignidad humana y el valor de la niña y de que se le garantice el pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, se señala que las niñas son con frecuencia objeto de diversas formas de explotación sexual y económica, pedofilia, prostitución forzada, violencia y prácticas nocivas como el infanticidio femenino, la selección prenatal del sexo, el incesto, la mutilación genital y el matrimonio prematuro, incluso en la niñez[100].

 

            Por la importancia que tiene, la Plataforma de Acción estipula una sección entera dedicada expresamente a la niña, afirmando que los indicadores demuestran que en muchos países se discrimina a la niña desde las primeras fases de la vida, y destaca algunas de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior como los motivos de dicha disparidad[101]. Como objetivos estratégicos específicos respecto a la niña se señalan la eliminación de todas las formas de discriminación contra ella (en dicho acápite, hay una disposición de índole general que hace a elementos que forman parte del derecho a la identidad de los niños (garantizar la inscripción inmediatamente después del nacimiento, y a partir de allí, tener el derecho a la nacionalidad y al nombre, y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos); eliminar las actitudes y prácticas culturales que perjudican a la niña (destacándose el adoptar medidas de forma que la tradición y la religión y sus expresiones no constituyan motivo de discriminación contra las niñas); promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia de sus necesidades y su potencial; eliminar la discriminación contra las niñas en la educación, en la formación profesional, y en el ámbito de la salud y la nutrición; eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan; erradicar la violencia contra las niñas; fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y política; y fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas[102].

 

En lo atinente al trabajo infantil, la Plataforma de Acción de Pekín establece que los gobiernos deben fijar plazos para eliminar todas las formas de trabajo infantil que sean contrarias a las normas internacionalmente aceptadas y asegurar el pleno cumplimiento de las leyes vigentes al respecto, y cuando proceda, promulgar la legislación necesaria para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de proteger a los niños que trabajan, sobre todo los niños de la calle, mediante la provisión de servicios adecuados de salud y educación, y otros servicios sociales[103].

 

 

E.- Derechos de las personas con discapacidad

 

            En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó  la Declaración de los Derechos de los Impedidos[104]; donde los Estados tienen presente la necesidad de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como fomentar en la medida posible, su incorporación a la vida social normal; y define al término “impedido” como aquel que designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales[105].

 

            Distintos instrumentos emanados de las conferencias mundiales de la década de 1990 hacen referencia a las cuestiones de discapacidad. En la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia se destaca que debe tenerse mayor atención, cuidado y apoyo a los niños impedidos[106].

 

            Asimismo, los Derechos Humanos de las personas con discapacidad se abordan en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, destacando el principio de igualdad y la necesidad de que estas personas se vean garantizadas en igualdad de oportunidades mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad[107].

 

            Por su parte, la Conferencia de El Cairo fija como objetivos la promoción del ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad, su participación en todos los aspectos de la vida económica y cultural; crear, mejorar y difundir las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad vean garantizadas la igualdad de oportunidades, la valoración de sus aptitudes y la preservación de la dignidad de las personas con discapacidad, fijando una serie de medidas al efecto[108].

 

            El Programa de Acción de Copenhague destaca que deben tomarse medidas eficaces para poner fin a todas las formas de discriminación de iure y de facto contra las personas con discapacidades, y que debe velarse porque las personas discapacitadas tengan acceso a todos los servicios sociales[109]. En materia de empleo, se subraya que debe ampliarse la gama de oportunidades para las personas con discapacidad a través de medidas legislativas y políticas adecuadas de empleo dirigidas a ese fin[110].

 

            El Programa de Hábitat, por su parte, estipula que la discapacidad es parte de la vida normal; y que las personas con discapacidad no siempre han tenido la oportunidad de participar plenamente y en condiciones de igualdad en el desarrollo y la gestión de los asentamientos humanos, comprendida la adopción de decisiones, a menudo a causa de ciertas barreras que deben eliminarse, y las necesidades y preocupaciones de las personas con discapacidad deben quedar plenamente integradas en los planes y las políticas de vivienda y de asentamientos humanos sostenibles; igualmente, para el acceso adecuado a una vivienda para todos, el Programa señala que los gobiernos se comprometen a concebir y aplicar normas en que también se prevea el acceso de las personas discapacitadas, de conformidad con las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad[111].

 

 

F.- Derechos de asilados, refugiados, desplazados y migrantes

 

            El asilo y el refugio son dos instituciones protectoras de la vida y la libertad humanas, con semejanzas y diferencias entre sí, que han logrado un desarrollo importante dentro del Derecho Internacional Público[112].

 

            La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, señala que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país[113]. El asilo es una institución de raigambre latinoamericana que puede ser aplicado en el propio país de la persona perseguida; requiere la existencia de una persecución efectiva con base en motivos políticos.

 

            El concepto de refugiado, por su parte, ha sido objeto de regulación convencional a través de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado[114], el cual define al refugiado como aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él[115].

 

            La situación general que rodea la cuestión de los desplazados internos, es similar a la de los refugiados; la violencia y la persecución suelen convertirse en el motivo central del abandono de sus comunidades de origen; por ello, tanto el problema de los refugiados como el de los desplazados internos forman parte del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados[116].

 

            Por su parte, las personas que sufren las consecuencias directas de fenómenos migratorios debido a diferentes causas, tienen en el seno de Naciones Unidas un convenio de protección relacionado con los derechos laborales[117].

 

            Las conferencias internacionales han abordado los problemas que enfrentan asilados, desplazados, refugiados y migrantes, relacionados en general con el propósito de cada encuentro.

 

Así, en la Conferencia de Viena y en la Cumbre de El Cairo, se subraya el derecho a recibir asilo en caso de persecución, se aborda la problemática del refugio y se solicita el cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario[118]. Asimismo, tanto para las personas solicitantes de asilo, como refugiados y personas desplazadas, el Programa de Acción de El Cairo fija objetivos y medidas [119].

 

La Declaración de Copenhague fija el compromiso de los gobiernos para crear condiciones amplias, que permitan el regreso voluntario de los refugiados a sus países de origen en condiciones de seguridad y dignidad, y el fomento de los mecanismos internacionales para la prestación de asistencia humanitaria y financiera a los refugiados y a los países de acogida[120]; y su Programa de Acción señala que deben tomarse medidas en dicho sentido conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales[121]. Más concretamente, el Programa de Acción fija como punto indispensable para la integración social la atención de las necesidades sociales especiales de los refugiados, las personas que buscan asilo, las desplazadas y los migrantes[122].

 

El Programa de Hábitat señala que en muchas regiones del mundo, el rápido aumento del número de personas desplazadas, incluso los refugiados, otras personas desplazadas que necesitan protección internacional y las personas desplazadas en el interior de los países, a resultas de desastres naturales o provocados por el hombre está agravando la crisis de la vivienda y pone de relieve la necesidad de dar una solución rápida y duradera al problema[123]. Más adelante, el Programa de Hábitat compromete a los gobiernos a velar porque se siga prestando apoyo internacional a los refugiados, a fin de atender sus necesidades y ayudarlos a encontrar una solución justa y duradera, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y el derecho internacional[124].

 

            Igualmente, el Programa de Hábitat dice que al preparar y ejecutar actividades de socorro, rehabilitación, reconstrución y reasentamiento después de un desastre, los gobiernos y las autoridades locales, en colaboración con todas las partes interesadas, deben identificar y apoyar enfoques adecuados, para hacer frente a las apremiantes necesidades de vivienda de las personas que vuelven a su lugar de origen y de las internamente desplazadas[125].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín, determina como medida para enfrentar al problema de la violencia contra la mujer, alentar la difusión y aplicación de las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la protección de las refugiadas y la prevención y atención de los casos de violencia sexual contra los refugiados, teniendo en cuenta que las mujeres y los niños constituyen el ochenta por ciento de los refugiados y otras personas desplazadas del mundo, incluidos los desplazados internos[126]. Más adelante, destaca que debe proporcionarse protección asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, a otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y a las desplazadas internamente[127].

 

 

            El Programa de Acción de El Cairo destaca que deben respetarse los derechos de las personas migrantes, ya sean documentados o no, y postula hacer frente a las causas básicas de la migración, fomentar la cooperación y el diálogo entre los países de origen y destino, y facilitar el proceso de reintegración de los migrantes que vuelven[128].

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se hace hincapié a los derechos de los trabajadores migratorios, se destaca el aliento a los Estados a que garanticen sus derechos y los de sus familias, promoviendo la integración; y a ratificar, finalmente, la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares [129].

 

            En el Programa de Acción de Copenhague, también se hace hincapié en el respeto de los derechos de las personas migrantes, y al tratar de las oportunidades de empleo para grupos con necesidades concretas, se destaca la necesidad de intensificar la cooperación internacional y prestar mayor atención, a nivel nacional, a la situación de los trabajadores migratorios y sus familiares[130].

 

            Por su parte, el documento emanado del Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente invita a los Estados miembros de la ONU a examinar los problemas derivados de las corrientes migratorias, en particular en lo que respecta a la integración de los migrantes en distintos contextos sociales y culturales, y a los peligros que corren los migrantes de ser víctimas de actividades delictivas o de verse involucrados en ellas[131].

 

            En el Programa de Hábitat, se señala que los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación del medio ambiente, junto con la falta de paz y seguridad, las violaciones a los derechos humanos y la disparidad en el desarrollo de instituciones judiciales y democráticas, son todos ellos factores que influyen en la migración internacional[132].

 

            En la Plataforma de Acción de Pekín, se destaca que los gobiernos deben velar por la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, y su protección contra la violencia y la explotación; y asegurar el acceso pleno de las mujeres desplazadas a las oportunidades económicas, así como el reconocimiento de las calificaciones y aptitudes de las mujeres inmigrantes y refugiadas[133].

 

 

2.- Por temas de derechos humanos

 

            Las Conferencias Mundiales también han tenido una particular atención global en ciertas cuestiones, que hacen al disfrute de los derechos humanos para todas las personas; es en este sentido que debe señalarse cómo estas cumbres han realizado un valioso aporte a aspectos conceptuales de derechos humanos; así como que han dedicado particular atención a la necesidad de ratificar y cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con las normas de derecho internacional humanitario. Asimismo, se ha puesto cierto hincapié en el funcionamiento eficaz de los órganos internacionales para la protección de los derechos humanos, y en el funcionamiento pleno y sin injerencias de las organizaciones no gubernamentales.

 

            Hay, finalmente, ciertas cuestiones ineludibles de derechos humanos que han sido abordados en varios encuentros, y por eso forman parte de la selección realizada para esta parte de la presente publicación; ellas son la democracia, el desarrollo, la paz y el medio ambiente, en su relación con los derechos humanos; la pobreza y la deuda externa de los países en vías de desarrollo; los problemas derivados del racismo, la xenofobia y la discriminación racial; y la necesidad de garantizar ciertos derechos como la libertad y la integridad personal; la salud, la vivienda, el trabajo y los servicios sociales, y el derecho a la educación.

 

 

A.- Los aspectos conceptuales de derechos humanos en las cumbres mundiales

 

            Sin duda, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos ha realizado aportes conceptuales trascendentes en la materia, a nivel general; así, en la Declaración de Viena los gobiernos afirman y reconocen que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser la principal beneficiaria de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización[134].

 

            Los derechos humanos no pueden tratarse de forma aislada; así, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales se ha hecho patente en los diagnósticos y premisas de los documentos aprobados en las cumbres mundiales, los cuáles reforzaron dichos conceptos.

 

            Por ello, en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social se hace hincapié en la promoción del respeto universal, la observancia y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos[135].

 

            Asimismo, el Plan de Acción de Roma sobre Seguridad Alimentaria destaca que la aplicación de las recomendaciones del mismo es derecho soberano y responsabilidad de cada Estado, mediante la legislación nacional y la formulación de estrategias políticas, programas y prioridades de desarrollo, de conformidad con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y con el significado y pleno respeto de los distintos valores religiosos y éticos, orígenes culturales y convicciones filosóficas de las personas y sus comunidades, y deberá contribuir a que todos disfruten plenamente de sus derechos humanos, a fin de alcanzar el objetivo de la seguridad alimentaria[136].

 

            Otros aspectos conceptuales destacados en las cumbres, son, además de los que hacen a la universalidad e interdependencia de los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos, y la improcedencia del principio de no intervención. Asimismo, los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas (que han sido objeto central de muchas de las cumbres mundiales, tal como hemos visto anteriormente), han merecido cierta preocupación en cuanto al seguimiento del estado de cumplimiento de los mismos.

 

            Por último, preocupa a la comunidad internacional el hecho de que en muchos casos, las violaciones más graves a los derechos humanos quedan impunes, y sus autores no son juzgados; por ello, también se indica la necesidad de procesar y juzgar a aquellas personas que cometan estos actos.

 

 

a) Universalidad e interdependencia

 

            La universalidad de los derechos humanos sigue siendo una cuestión que muchos gobiernos cuestionan, bajo el pretexto de la relatividad cultural, a efectos de eximirse de control internacional y lograr impunidad para acciones claramente violatorias de los derechos y libertades fundamentales de la persona[137]. En este sentido, los aportes de los instrumentos emanados en las cumbres mundiales, si bien modestos, pueden ser importantes para el trabajo en pos de la universalidad.

 

            En la Declaración de Viena, se afirma el carácter universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el cual no admite dudas[138]. Asimismo, se subraya que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí[139].

 

            Por su parte, la Declaración de Copenhague subraya el compromiso de los gobiernos para reafirmar y promover todos los derechos humanos, a los cuales consagra como universales e indivisibles[140]. Asimismo, el Programa de Acción de Copenhague destaca que la dignidad humana, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social son los valores fundamentales de todas las sociedades[141].

 

            El Programa de Hábitat destaca que, si bien deben tenerse en cuenta la importancia de las características nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, corresponde a todos los Estados promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Asimismo, reafirma que todos los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí[142].

 

            En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se define que el carácter universal de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal y en otros instrumentos internacionales, no admite cuestionamientos[143].

 

            La Declaración de Pekín señala que se debe garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que son parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tal como lo había señalado la Conferencia Mundial de Derechos Humanos; por su parte, la Plataforma de Acción de Pekín reafirma dicha máxima, y señala que como programa, apunta a promover y proteger el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida[144].

 

            En otros instrumentos, se sugiere que  la universalidad debe ser reforzada; por ejemplo, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, afirma que la Convención sobre los Derechos del Niño ofrece una nueva oportunidad para que el respeto de los derechos y el bienestar del niño adquieran un carácter realmente universal[145].

 

 

b) Libre determinación de los pueblos

 

            El derecho de los pueblos a la libre determinación aparece con fuerza hace pocas décadas, particularmente con las Resoluciones 1514/60 y 2625/70 aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Pactos Internacionales generales de derechos humanos adoptados en 1966 (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), consagran el derecho a la libre determinación de los pueblos en su artículo primero.

 

            En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, se destaca el derecho a la libre determinación de los pueblos, tomado de los instrumentos internacionales generales mencionados en el párrafo anterior[146]. Asimismo, en la Declaración de Río se subraya la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación[147].

 

En la Declaración de Copenhague, se reafirma y promueve la realización universal del derecho a la libre determinación de los pueblos[148]; por su parte, el Programa de Acción de Copenhague destaca que deben eliminarse los obstáculos a la realización del derecho de los pueblos a la libre determinación[149].

 

            La Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín, también subraya que los gobiernos han de reafirmar el derecho a la libre determinación de todos los pueblos,  en particular de los pueblos bajo dominación colonial u otra forma de dominación u ocupación extranjera, y la realización efectiva de ese derecho, según se anuncia en la Declaración y el Programa de Acción de Viena[150].

 

            En otras conferencias, los derechos de los pueblos se señalaron con diversa magnitud. Por ejemplo, la Declaración de Barbados emanada de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, destaca que deben adoptarse todas las medidas para velar por la posición central de los pueblos en el proceso de desarrollo sostenible; y asimismo, que los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos naturales[151].

 

            La actuación de la comunidad internacional en caso de violaciones a los derechos humanos, tal y como queda recogida en las cumbres, echa por tierra el argumento de lesión al principio de no intervención. Así, varios de los instrumentos emanados de las cumbres mundiales señalan que la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional[152].

 

            Siendo legítima la actuación de la comunidad internacional cuando existen violaciones a los derechos humanos, el Plan de Acción de Viena destaca la necesidad de aumentar la coordinación en la esfera de los derechos humanos, dentro del sistema de las Naciones Unidas, racionalizando las actividades de los órganos de protección para hacerlos más eficaces, y fortaleciendo la labor de los organismos especializados[153].

 

 

c) Necesidad de mejorar a nivel gubernamental, el cumplimiento y respeto de los Derechos económicos, sociales y culturales

 

            Si bien, como ya se ha señalado anteriormente en este mismo trabajo, todos los derechos humanos son universales, indivisibles y de igual jerarquía, tanto la garantía de los mismos por parte de los gobiernos, como los mecanismos internacionales de protección existentes, son de menor entidad respecto a los derechos civiles y políticos; por ello, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, figura con destaque en la actual agenda internacional de los derechos humanos, debido a que su implementación internacional fue dejada de lado en el pasado[154].

 

            Esa preocupación, ha sido reflejada en las cumbres que nos encontramos analizando, tal como se pone de manifiesto en los párrafos que siguen:

 

            En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, se postuló establecer un sistema de indicadores para medir los avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendando incluso a la Comisión de Derechos Humanos a que, en colaboración con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siga examinando la adopción de protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[155].

 

            Igualmente, el Plan de Acción de Roma sobre Seguridad Alimentaria, estipula que los gobiernos deberán hacer todo lo posible para aplicar las disposiciones del artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y realizar el seguimiento por medio del sistema de las Naciones Unidas surgido de las recomendaciones emanadas de las conferencias mundiales, incluida la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, e invita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a que preste especial atención al Plan de Acción de Roma en el marco de sus actividades[156].

 

            En el Programa de Hábitat, se invita a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social a que examinen y refuercen el mandato de la Comisión de Asentamientos Humanos, quien debe desempeñar una función central en la vigilancia en el sistema de las Naciones Unidas de la aplicación del Programa de Hábitat[157].

 

 

d) Necesidad de juzgar a las violaciones más graves

 

            La comunidad internacional se enfrenta actualmente, al horror de presenciar acciones masivas y sistemáticas contra la vida y la dignidad de las personas, y a la inacción frente a las mismas, lo cual se traduce generalmente en impunidad para los perpetradores de dichos actos; no olvidemos como, mientras se llevaba a cabo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se encontraba en pleno apogeo la práctica de depuración étnica en el territorio de la antigua Yugoslavia.

 

            Es posible sostener en la actualidad que hay un fuerte argumento legal a favor de reconocer la existencia de un principio emergente del derecho internacional, según el cual los Estados tienen obligaciones positivas de responder de cierta forma en caso de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales[158].

 

            El derecho internacional de los derechos humanos ha constituido órganos administrativos y judiciales por ante los cuales deben responder los Estados por el perjuicio ocasionado a las personas, debido al incumplimiento de obligaciones asumidas en instrumentos de derechos humanos; actualmente, se ha dado un paso hacia la responsabilidad penal individual por violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario, con la adopción del Estatuto para la Corte Penal Internacional, como resultado de la Conferencia de Roma convocada al efecto por las Naciones Unidas.

 

            En el Programa de Acción de Viena, los gobiernos condenan las violaciones masivas a los derechos humanos, en particular el genocidio, la limpieza étnica, la violación sistemática de mujeres en situaciones de guerra, y exhorta al castigo de los autores de dichos crímenes; también, se preocupa por las violaciones sistemáticas en todas las regiones del mundo, y por las producidas en contravención del derecho humanitario internacional; hace hincapié, finalmente, en violaciones tales como la tortura, ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones, detenciones arbitrarias, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la pobreza y el hambre[159]. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ha subrayado que todas las personas que cometan o autoricen actos delictivos relacionados con la “limpieza étnica” son responsables a título personal de esas violaciones a los derechos humanos,  y que la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para entregar a la justicia a los que sean jurídicamente responsables de las mismas[160]. Se observa con preocupación la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos[161].

 

            Por su parte, el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, subraya la necesidad de imponer sanciones severas a los culpables de actos de violencia contra la mujer en casos de conflicto armado; y recomienda que, a la luz de los debates celebrados en el mismo, el grupo de expertos estudie la forma de aumentar la eficiencia de la normativa de extradición y los mecanismos conexos de cooperación internacional en cuestiones penales, sin menoscabo alguno para el estado de derecho y la protección de los derechos humanos[162]

 

            El Estatuto aprobado en Roma para la Creación de una Corte Penal Internacional, señala que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional, para asegurar que los responsables sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia[163].

 

 

B.- Los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos en las Conferencias Mundiales

 

            La protección internacional de los derechos humanos ha sufrido progresivamente un importante proceso de codificación tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en las organizaciones regionales; existen instrumentos genéricos de derechos humanos y otros específicos, ya sea por razones de sujetos, o por temas de interés[164]. En las cumbres mundiales se ha hecho un particular hincapié en los acuerdos celebrados bajo la esfera de la Organización de las Naciones Unidas.

 

            Los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, han sido utilizados en las Conferencias Mundiales de distintas formas: La Declaración Universal de Derechos Humanos, como punto de partida de la protección internacional de los derechos humanos en la esfera de las Naciones Unidas, es mencionada en varios párrafos de los documentos aprobados en las cumbres mundiales. Asimismo, en los documentos emanados de los encuentros se destaca que los gobiernos deben proceder a la ratificación, la mayor eliminación de reservas posibles, y el cumplimiento de los pactos y tratados de derechos humanos; en algunos casos, sin dejar de señalar lo anterior, se hace hincapié en instrumentos jurídicos internacionales más específicos, de acuerdo al objeto de la Conferencia Mundial (por ejemplo, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dentro de la Cuarta Conferencia Mundial de Derechos Humanos sobre la Mujer).

 

            Tampoco debe dejar de señalarse, que en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, se destaca que es imprescindible que los gobiernos incorporen en su legislación nacional las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y  que refuercen los órganos de la sociedad, las estructuras y las instituciones nacionales que desempeñan una función en la promoción y salvaguardia de los derechos humanos[165].

 

            Conforme a lo que venimos señalando, el Preámbulo de la Declaración de Viena recuerda que la Carta de las Naciones Unidas tiene distintos pasajes en los que se aborda a la cuestión de los derechos humanos. Asimismo señala que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una meta común para todos los pueblos y todas las naciones; asimismo, en otros párrafos de la Declaración de Viena se hace referencia expresa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos[166].

 

            Por su parte, en el Programa de Acción de El Cairo sobre Población y Desarrollo, se copia dentro del primer principio, los tres artículos iniciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reafirma, por ejemplo, que en cuanto a las personas migrantes, deben garantizarse todos los derechos humanos básicos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[167].

 

            En la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social se aprobó el compromiso de los gobiernos de reafirmar y promover los derechos enunciados en instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también, para lograr un entorno social y político favorable al desarrollo, se subraya como esencial adoptar medidas de conformidad con la Declaración Universal y otros instrumentos[168].

 

            En la Cumbre Mundial sobre la droga, la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, fija como principios rectores para lograr su objetivo, entre otros, el respeto de los derechos humanos y los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta entre otras cosas, las especificidades culturales y las de género[169].

 

            El Programa de Hábitat señala que desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes importantes del derecho a un nivel de vida adecuado[170]. Más adelante, el documento aprobado por los gobiernos, al cual hacemos referencia, entre las medidas a tomar para asegurar la participación popular y el compromiso cívico para lograr un desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, destaca que debe protegerse el derecho humano a tener opiniones propias y a expresarlas, y a buscar, recibir y difundir ideas e información sin injerencias[171].

 

            En el Programa de Hábitat, los gobiernos destacan que reafirman y se guían por los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, subrayando su determinación de velar por que se respeten plenamente los derechos humanos enunciados en los instrumentos internacionales, y en especial, en este contexto, el derecho a una vivienda adecuada con arreglo a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño[172].

 

            La Declaración de Pekín también dice que los gobiernos reafirman su compromiso de defender los derechos y la dignidad intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo[173].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín, recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, y que la habilitación y autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición social, económica y política son fundamentales para el logro de un gobierno y una administración transparentes y responsables y del desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida[174].

 

            En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos se celebra el grado de codificación en la materia, y se insta a la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, exhortando a los Estados a que en lo posible se abstengan de formular reservas, y que si las formulan, las limiten lo más posible, evitando realizarlas de forma incompatible con el objeto y fin del tratado[175]. En la Conferencia de Viena, con destaque particular, se marcó la importancia de los acuerdos regionales en materia de Derechos Humanos, y se recomienda la proporción de un mayor número de recursos para establecer o fortalecer estos acuerdos [176]. También, que los Estados Partes en los tratados de derechos humanos estudien la posibilidad de aceptar todos los procedimientos facultativos para la presentación y examen de comunicaciones[177].

 

            Como hemos mencionado, la mayoría de los otros encuentros que nos encontramos analizando hicieron hincapié en la necesidad de ratificar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, marcando igualmente particularmente aquel que más interesaba al encuentro.

 

En esta dirección, en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia reiteradamente se subrayó la necesidad de ratificar a la Convención sobre los Derechos del Niño[178]. De igual forma, el Plan de Acción de El Cairo exhorta a los países a firmar, ratificar y poner en práctica los instrumentos internacionales que hagan a la promoción de los derechos de la mujer, así como a cumplir con la Declaración y el Programa de Acción de Viena en lo pertinente[179].

 

            La Declaración de Copenhague, a nivel genérico, reafirma y promueve los derechos enunciados en instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, incluidos los relativos a la educación, la alimentación, la vivienda, el empleo, la salud y la información; asimismo, los gobiernos asumen el compromiso de ratificación, en la medida de lo posible sin formulación de reservas, y aplicación de instrumentos internacionales, así como la adhesión a las declaraciones reconocidas internacionalmente que guarden relación con la eliminación de la discriminación y la promoción y protección de todos los derechos humanos[180].

 

En el Programa de Acción sobre Desarrollo Social, aprobado en el mismo encuentro, se destaca que debe estimularse la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos y la evitación en lo posible de formular reservas a éstos, con el propósito de eliminar los obstáculos que impiden el pleno goce de todos los derechos humanos[181]. Más puntualmente, el Programa de Acción también destaca la necesidad de ratificar y aplicar los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[182], solicita a los gobiernos la ratificación y la adopción de la legislación para poner en práctica la Convención sobre los Derechos del Niño, la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la aplicación plena de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la ratificación y aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre a Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y recomendar que, en lo posible, no se formulen reservas a dichos instrumentos. Asimismo, insta a los Estados a adherirse a los instrumentos relativos a los refugiados, en particular la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967[183]. Por último, el Programa de Acción de Copenhague señala que deben promoverse las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y preparar estrategias para aplicar dichas normas[184].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín hace suya la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[185]. Asimismo, destaca que los gobiernos han de adoptar como medida trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[186]. Más adelante, solicita a los gobiernos a examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a los convenios internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud[187]. En la sección referida a mujeres y conflictos armados insiste en que los gobiernos deben examinar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales que contengan disposiciones relativas a la protección de las mujeres y los niños en los conflictos armados, o de adherirse a esos instrumentos, mencionando expresamente al Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra de 1949, y sus dos Protocolos Adicionales[188].

 

            En la sección dedicada a los derechos humanos de la mujer, sobre las reservas a los instrumentos, la Plataforma de Acción enfatiza que para proteger los derechos humanos de la mujer es necesario que, dentro de lo posible, se evite recurrir a las reservas y que se procure que ninguna de ellas sea incompatible con el objeto y propósito de la convención o incompatible de cualquier otra forma con el derecho internacional de los tratados[189]. Asimismo, fija como objetivos aplicar plenamente todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y lograr la ratificación universal de ella para el año dos mil; igualmente, destaca que deben tomarse medidas urgentes para lograr la ratificación universal de la Convención sobre los Derechos del Niño[190].

 

            En el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Represión del Delito y Tratamiento del Delincuente, los Estados Miembros de la Organización invitan a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que pida al Secretario General que fomente los proyectos de cooperación técnica sobre la reforma del derecho penal y sobre la modernización de la administración de la justicia penal, en particular, en lo que respecta a la reunión e informatización de datos, formación de funcionarios de servicios de represión, promoción de medidas no privativas de libertad y bienestar de los reclusos, teniendo en cuenta las normas y reglas de las Naciones Unidas[191]. En el capítulo correspondiente al niño como víctima o autor de delito, se insta a los Estados que no sean parte en la Convención sobre los Derechos del Niño a que la ratifiquen, y a los Estados Partes a considerar la posibilidad de retirar las reservas que hayan formulado que sean incompatibles con el objeto y la finalidad de la Convención[192].

 

            En el Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria  se insta a los países que no son todavía parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a que se adhieran a éste a la mayor brevedad posible[193].

 

            En el Programa de Hábitat se estable que, con el fin de eliminar los obstáculos y erradicar la discriminación en el suministro de viviendas, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben estudiar la posibilidad de pasar a ser partes en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas que tratan, entre otras cosas, de las necesidades concretas y especiales de los grupos vulnerables, como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como las Normas Uniformes sobre la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad[194].

 

 

C.- Democracia, Desarrollo, Paz, Medio Ambiente y Derechos Humanos

 

            El objeto de los derechos humanos, como todos los aspectos de la protección internacional de los mismos, se encuentra en permanente y progresivo avance conforme transcurre el tiempo. Evidentemente, la interdependencia de las cuestiones trascendentes de la agenda internacional, provoca que la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la paz, del desarrollo, de la democracia y de un ambiente sano sean indisolubles.

 

            La  relación entre democracia y derechos humanos es obvia, y así ha sido entendido en las conferencias mundiales analizadas: los derechos humanos sólo pueden disfrutarse plenamente en el marco del funcionamiento pletórico de las instituciones democráticas, es decir, cuando se está en presencia de una democracia substancial y no solamente formal.

 

            Aparte del destaque de las conferencias internacionales sobre el desarrollo como derecho humano, como se verá más adelante, en los encuentros no se ha avanzado en la conceptualización de los derechos humanos. Sin embargo, es evidente que hoy puede señalarse que el derecho humano a la paz y el derecho humano a un ambiente sano, están en pleno proceso de consolidación y perfeccionamiento [195].

 

 

a) La cuestión de la paz

 

            La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1984 la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz[196].

 

            Las cumbres mundiales han reflejado una clara preocupación por las situaciones de conflicto que, evidentemente, amenazan o violan la paz; provocando claras violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, generando miles de refugiados y desplazados. Pero también, cada foro ha rescatado su propia preocupación en relación a la paz, conforme al objeto del encuentro. La Declaración de Pekín, en este sentido, señala que la paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente vinculada al adelanto de la mujer, y destaca la función rectora que han desempeñado las mujeres en el movimiento en pro de la paz[197]. Asimismo, en la Conferencia que dio nacimiento al Estatuto aprobado en Roma para la creación de la Corte Penal Internacional, se acuerda que los crímenes tipificados se consideran una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad[198].

 

 

b) La Democracia y el Desarrollo

 

            El concepto de desarrollo en el derecho internacional, aparece con fuerza a partir del inicio de la década de 1960, y ha constituido una preocupación central de todas las cumbres; pocos temas se han tocado más en los documentos aprobados en las conferencias mundiales de la última década que el correspondiente al derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo como derecho humano ha sido tildado como la síntesis de todos los derechos del hombre: si los derechos del individuo enunciados en la Declaración Universal, garantizados y protegidos por los dos Pactos Internacionales no son respetados, si no existe la realidad del derecho a la libre determinación de los pueblos, si el derecho a la paz no está consagrado en los hechos, si la vida humana no transcurre en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y si la convivencia entre los individuos no transcurre en el orden y en la seguridad fundada en la libertad y la justicia, el desarrollo es imposible y el derecho que todo hombre tiene al respecto no puede considerarse verdaderamente existente[199].

 

            En cuanto a la democracia, pueden identificarse como elementos de la misma: existencia de instituciones que garanticen la observancia de los derechos humanos y el estado de derecho; poder ejecutivo periódicamente electo, en elecciones independientes con rotación en el poder, poder legislativo periódicamente electo y pluralista; poder judicial independiente; separación de poderes; existencia de instituciones adicionales de control; pluralismo ideológico; libertad de asociación; satisfacción de las necesidades humanas básicas en la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales; acceso de todos a la justicia; libertad de prensa; respeto por los derechos de las minorías, con mecanismos que garanticen su participación política, y medidas especiales de asistencia. La democracia así entendida, se relaciona con la totalidad de los derechos humanos: hoy, es posible que estemos delante de la etapa inicial de formación del fenómeno de la promoción internacional de la propia democracia y del Estado de Derecho[200].

 

            Respecto a la relación entre democracia, desarrollo y derechos humanos, en los documentos aprobados en los encuentros de Copenhague, El Cairo y Viena, se muestran como conceptos que se refuerzan mutuamente y son interdependientes[201]. El derecho al desarrollo se reafirma como derecho humano, y se postula que debe ser una realidad y llevarse a la práctica[202].

 

            La Agenda 21 contiene todo un capítulo dedicado a las políticas internacionales encaminadas a acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo, y otro para las políticas nacionales pertinentes[203].

 

            En la Declaración de Río, se subraya que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras; y que para alcanzar el desarrollo sostenible es indispensable que la protección del medio ambiente forme parte integrante del proceso de desarrollo. Asimismo, se afirma categóricamente que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, lo cual también se deriva de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social[204]. En igual sentido, la Conferencia de El Cairo afirma la necesidad de realizar una integración entre las políticas demográficas y las de desarrollo[205].

 

La Declaración de Viena insta a los gobiernos, al sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones multilaterales a que aumenten los recursos de programas destinados al establecimiento y fortalecimiento de la legislación, las instituciones y las infraestructuras nacionales que defiendan el imperio de la ley y la democracia. En el marco de la cooperación, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomendó que se dé prioridad a la adopción de medidas nacionales e internacionales con el fin de promover la democracia, el desarrollo y los derechos humanos[206].

 

            Por su parte, el Programa de Acción de El Cairo subraya que el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable, y parte integrante de los derechos humanos fundamentales, siendo la persona humana el sujeto central del desarrollo[207].

 

            La Declaración de Copenhague destaca la importancia de promover la democracia[208]; y su Programa de Acción destaca que para alcanzar el desarrollo social es esencial que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y libertades fundamentales[209]. Por su parte, el Programa de Acción señala que los gobiernos deben promover y proteger la totalidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellos el derecho al desarrollo, teniendo presente la interdependencia y el reforzamiento mutuo de la relación que existe entre democracia, desarrollo y respeto de los derechos humanos[210].

 

El Documento Final aprobado en Midrand, también señala que para el logro del crecimiento económico y del desarrollo sostenible, todos los gobiernos deberían adoptar una serie de medidas, entre las cuales figura procurar la democracia y un sistema de gobierno y una administración basados en la transparencia y la responsabilidad[211].

 

            En la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, se señala que la democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos; y que los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la degradación del medio ambiente contribuyen también considerablemente a la inseguridad alimentaria[212].

 

            En la Cumbre Mundial sobre la droga, la Declaración Política aprobada por los gobiernos señala que las drogas constituyen una grave amenaza para la salud y el bienestar de todo el género humano, para la independencia de los Estados, la democracia y la estabilidad de las naciones[213]. Asimismo, se destaca que la acción contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que exige un planteamiento integral y equilibrado en plena conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho Internacional, en particular el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales[214].

 

Por su parte, el Programa de Acción establece como medidas complementarias que los Estados consideren la posibilidad de idear medidas, para reforzar aún más la Convención de 1988 en varias esferas, conciliando el respeto de los derechos humanos individuales con los principios básicos de justicia y seguridad[215].

 

            En el acápite correspondiente a la cooperación internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alternativo, el Plan de Acción aprobado en la Cumbre Mundial sobre la droga, define al desarrollo alternativo como un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas, mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin, y que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están tomando medidas contra las drogas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de las comunidades y grupos destinatarios, y en el marco de una solución permanente y global de la problemática de las drogas ilícitas[216].

 

            Por último, en las cumbres se han tocado aspectos puntuales que hacen a la democracia: por ejemplo, la Declaración de Pekín indica que la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia, y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia[217]. Igualmente, en la Plataforma de Acción de Pekín se estipula que la tendencia mundial hacia la democratización abrió el proceso político en muchas naciones, pero la participación popular de las mujeres en la adopción de decisiones fundamentales, como partícipes plenas y en condiciones de igualdad, en particular en la política, aún no se ha logrado[218].

 

            Como últimos ejemplo de lo señalado, destacamos la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que marca la importancia de que cada Estado prevea un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o las violaciones de los derechos humanos, sobre la base de una independencia judicial absoluta y fuerte[219], y el Programa de Hábitat, el cual destaca que la habilitación y participación contribuyen a la democracia y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles; y la formulación de políticas y su aplicación por los gobiernos debe regirse por los principios de responsabilidad, transparencia y amplia participación pública[220].

 

 

c) El derecho a un ambiente sano

 

En cuanto a la protección del medio ambiente, y su relación con el derecho de todas las personas a un ambiente sano, se destacan varios párrafos de los textos aprobados en las Cumbres Mundiales.

 

Si bien debe destacarse que en las conferencias no aparece explícitamente el derecho consagrado a un medio ambiente sano como derecho humano, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia afirma que los niños son los más interesados en la protección del medio ambiente, ya que de ello depende su supervivencia y desarrollo[221].

 

            En varias cumbres se ha hecho hincapié en la relación entre democracia, desarrollo, paz y medio ambiente; podemos citar como un ejemplo acabado de ello que el Documento Final de la IX Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo establece como esfera particularmente importante la integración del comercio, el medio ambiente y el desarrollo, y afirma que deben tenerse en cuenta los costos y beneficios ambientales al fijar el precio de los productos con miras a modificar los patrones de producción y consumo para armonizarlos con el uso sostenible de los recursos naturales; y asimismo que es fundamental para el desarrollo social que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. A este respecto, los importantes principios y programas de acción adoptados en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, los derechos humanos, la población, el desarrollo social y la mujer, sirven de directrices para la acción futura, y debe realizarse un seguimiento eficaz de la aplicación de dichos importantes principios y programas de acción[222]. Asimismo, señala que además de concentrarse en sus actividades y objetivos principales, la UNCTAD debe prestar la debida atención a los resultados de las conferencias mundiales que se han celebrado en esta década, bajo los auspicios de las Naciones Unidas[223].

 

La Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos, señala que gracias a las recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas, en especial la Conferencia de Río, se dispone de un programa amplio para lograr de manera equitativa la paz, la justicia y la democracia, sobre la base del desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, que son componentes interdependientes y complementarios del desarrollo sostenible[224].

 

También en la Declaración de Estambul se destaca que se intensificarán los esfuerzos por erradicar la pobreza y la discriminación, por promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos[225]. Asimismo, el Programa de Hábitat emanado de la misma cumbre destaca que el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos combina el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, respetando plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y ofrece los medios para lograr un mundo más estable y pacífico, fundado en una visión ética y espiritual. La democracia, el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la representatividad y la rendición de cuentas en la gestión pública y la administración en todos los sectores de la sociedad, así como la participación efectiva de la sociedad civil, son pilares indispensables para el logro del desarrollo sostenible. La falta de desarrollo y la gran extensión de la pobreza absoluta pueden inhibir el goce pleno y efectivo de los derechos humanos, y debilitan la democracia frágil y la participación popular. No obstante, no cabe invocar ninguna de esas causas para justificar la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y la Aplicación del Programa de Hábitat es derecho soberano y responsabilidad de cada Estado, de forma compatible con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo[226].

 

            La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, destaca que los gobiernos asumen el compromiso de la adopción de medidas mancomunadas para la protección del medio ambiente a todo nivel, para que los niños puedan tener un futuro más seguro y sano[227].

 

            La Cumbre de la Tierra destaca la relación indisoluble entre medio ambiente y derechos humanos; así, determina que “… los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza …”[228]. Una fórmula muy similar se encuentra en el Plan de Acción de El Cairo, en la Declaración de Copenhague, en el Programa de Acción de Barbados y en el Programa de Hábitat[229].

 

            La Declaración de Río destaca que los Estados deben desarrollar la legislación nacional, relativa a la responsabilidad y a la indemnización para las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales[230].

 

            La Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo ha retomado las prioridades marcadas en Río de Janeiro, particularmente en la Agenda 21[231]; por su parte, la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social  señala que debe velarse por el cumplimiento de los acuerdos consensuales de Río, y que el crecimiento económico sostenido respete la necesidad de proteger el medio ambiente, para lo cual debe elaborarse y aplicar medidas de protección del medio ambiente[232].

 

            Por su parte, el Documento Final de Midrand señala que la Comunidad Internacional se enfrenta con una perpetuación de las disparidades entre naciones y en el seno de éstas, la agravación de la pobreza; y que sin embargo, integrando las preocupaciones ambientales y de desarrollo y prestándoles mayor atención se logrará satisfacer las necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida de todos, proteger y gestionar mejor los ecosistemas y ofrecer un futuro más seguro y próspero. Ninguna nación puede lograr esos objetivos por sí sola. Sólo pueden lograrse mediante una asociación mundial en pro del desarrollo sostenible, acorde con los resultados de la Cumbre de Río y otras conferencias internacionales pertinentes en esta esfera[233]. Más adelante, el Documento Final confirma la determinación de los gobiernos de aplicar el Programa 21 y los principios de la Declaración de Río[234].

 

            En la Plataforma de Acción de Pekín se destaca que la incesante degradación del medio ambiente, que afecta a todos los seres humanos, suele tener una repercusión más directa en la mujer[235]. Asimismo, se fija como medida, al tratar la mujer y la salud, reducir los riesgos ambientales que plantean una amenaza cada vez mayor a la salud, aplicando un programa preventivo, según lo establecido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; asimismo, dedica toda una sección a la mujer y al medio ambiente[236].

 

            El Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, destaca como uno de los cometidos del derecho penal la protección del medio ambiente; e insta a los Estados a considerar la promulgación de leyes y disposiciones penales sobre la protección del medio ambiente, así como que se considere la posibilidad de crear órganos especiales de protección del medio ambiente y la inclusión de la función del derecho penal en la protección del medio ambiente[237].

 

            La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo hace constantes referencias, como es obvio por el núcleo de la temática que trata, a los documentos emanados de la Cumbre de Río de Janeiro.

 

            El Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria, fija como objetivo de los gobiernos combatir las amenazas ambientales a la seguridad alimentaria, sobre todo la sequía y la desertificación, las plagas, la erosión de la diversidad biológica y la degradación de los recursos naturales de tierras y aguas, y restablecer y rehabilitar la base de recursos naturales, con inclusión del agua y las cuencas hidrográficas, en las zonas empobrecidas y excesivamente explotadas, a fin de conseguir una mayor producción. Se hace hincapié en varios aspectos del Programa 21[238].

 

            Entre las medidas para prevenir la fabricación, importación, exportación, distribución desviación el tráfico ilícitos de precursores utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se destaca en el aspecto ambiental, que en las medidas para deshacerse de los productos químicos incautados, no debe causarse ningún daño al medio ambiente[239].

 

            Por su parte, el Plan de Acción de Roma indica como enfoques mejores e innovadores del desarrollo alternativo, se señala que los programas deben respetar los criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta los objetivos del Programa 21[240].

 

El Programa de Hábitat sostiene que el desarrollo sostenible es indispensable para el desarrollo de los asentamientos humanos y tiene plenamente en cuenta las necesidades y las condiciones para el logro de crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente[241]. En tal sentido, dedica un acápite completo al Desarrollo Sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización[242].

 

 

D.- Pobreza y deuda externa

 

Pocos temas han tenido un tratamiento más destacado en las conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en la última década, que el de la pobreza. Naturalmente, la pobreza es un estado de violación de varios derechos humanos fundamentales; por ello, la cuestión se ha abordado desde la perspectiva de su íntima relación con el derecho al desarrollo y con problemas tales como la deuda externa de los países periféricos.

 

De todas las Cumbres, ha sido la celebrada en Copenhague la que abordó más exhaustivamente la cuestión de la pobreza en relación al desarrollo social[243]. Así, en el Segundo Compromiso asumido en la Declaración, los gobiernos se comprometen, como imperativo ético, social, político y económico de la humanidad, a lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la cooperación internacional, y el Programa de Acción destina todo un capítulo para lograr la erradicación de la pobreza, tanto urbana como rural[244].

 

En las Conferencias Mundiales sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y sobre Desarrollo y Población, se insta a todos los Estados y personas para la cooperación en la tarea esencial de erradicar la pobreza, como requisito indispensable para el desarrollo sostenible[245]. Por ello, la Agenda 21 contiene varias propuestas dedicadas a políticas demográficas, atención sanitaria y educación, derechos de la mujer y el papel de los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales, con el propósito de permitir que todos lleguen a tener medios de vida sostenibles. Es preciso que las políticas aborden simultáneamente el desarrollo, la ordenación de recursos sostenible y la erradicación de la pobreza[246].

 

            En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos llevada a cabo en Viena, se subrayó la necesidad de aliviar la carga de la deuda externa y de reducir hasta eliminar el problema de la pobreza. Se destaca que la pobreza extrema y la exclusión social constituyen un atentado contra la dignidad humana[247]. El Programa de Acción de Viena pide a las organizaciones regionales y a las principales instituciones financieras y de desarrollo internacionales y regionales, que evalúen también los efectos de sus políticas y programas sobre el disfrute de los derechos humanos[248].

 

            La Conferencia de El Cairo destaca que la pobreza sigue siendo el principal problema con que se tropieza al efectuar actividades de desarrollo, ya que suele ir acompañada de desempleo, malnutrición, analfabetismo, bajo nivel social de la mujer, riesgos ambientales y un acceso limitado a servicios sociales y sanitarios, incluidos los servicios de salud reproductiva[249].

 

            La Cumbre Mundial en Favor de la Infancia aborda el problema del hambre y la malnutrición[250]; asimismo, en cuanto a la pobreza, se destaca que el logro de las metas relacionadas con los niños en las esferas de la salud, la nutrición y la educación contribuirá en gran medida a mitigar las peores manifestaciones de pobreza[251].

 

Sobre el endeudamiento, se convoca al alivio de la deuda en favor de los niños; destacando que éste, incluida la conversión de la deuda en capital para inversiones en programas de desarrollo social, es una opción que deben considerar tanto los deudores como los acreedores. Se insta a la comunidad internacional, incluso a los acreedores del sector privado, a que trabaje con los países en desarrollo y los organismos pertinentes para apoyar el alivio de la deuda en favor de los niños[252].

 

            La Declaración de Copenhague, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social reconoce que la población del mundo ha indicado que existe la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, especialmente a la pobreza; en cuanto a la deuda externa, se destaca la aplicación inmediata de los términos de la condonación de la deuda acordada en el Club de París en diciembre de 1994[253]. El octavo compromiso destaca que los programas de ajuste estructural que se acuerden incluyan objetivos de desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza[254]; por su parte, el Programa de Acción señala que es esencial esforzarse por aliviar las pesadas cargas de la deuda y del servicio de la deuda relacionadas con los distintos tipos de deuda de muchos países en desarrollo[255].

 

            En la Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Midrand, República de Sudáfrica, la Declaración aprobada por los Estados participantes señala enfáticamente que hay demasiadas personas que siguen viviendo en la miseria, y ahora que nos acercamos a un nuevo milenio esta situación es intolerable[256]. Además, el Documento Final dice que deben proseguir los esfuerzos por abordar eficazmente los problemas de los países en desarrollo de renta baja gravemente endeudados, que emprenden reformas económicas y cuyas perspectivas de crecimiento siguen viéndose gravemente afectadas por la carga de su deuda externa, alimentando a las instituciones de Bretton Woods a que aceleren el examen en curso de las formas de abordar la cuestión de la deuda multilateral[257].

 

            La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, señala que los gobiernos presentes en la Cumbre, están resueltos a desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo la asignación y utilización de los recursos técnicos y financieros de todas las procedencias, incluido el alivio de la deuda externa para los países en desarrollo[258].

 

El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, dice que para mejorar el acceso a los alimentos es imprescindible erradicar la pobreza[259]. Por su parte, el primer compromiso asumido en la Cumbre es el garantizar un entorno político, social y económico propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una participación plena y equitativa de las mujeres y hombres, destacando en las bases para la acción, que la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo y la realización progresiva del derecho a una alimentación apropiada para todos, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son también indispensables para alcanzar la meta de conseguir la seguridad alimentaria para todos. Por su parte, entre los objetivos y medidas para lograr el primer compromiso, se establece como objetivo evitar y solucionar los conflictos por medios pacíficos y crear un entorno político estable, mediante el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la democracia, entre otras medidas.

 

El segundo compromiso asumido en la Cumbre sobre la Alimentación, consiste en aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización efectiva[260].

 

            Asimismo, los gobiernos que han aprobado el Plan de Acción se comprometen a esforzarse por movilizar y utilizar de modo óptimo los recursos técnicos y financieros procedentes de todas las fuentes, incluido el alivio de la carga de la deuda, con el fin de aumentar la inversión en las actividades relacionadas con la agricultura, la pesca, la silvicultura y la producción de alimentos sostenibles en los países en desarrollo, hasta los niveles necesarios para contribuir a la seguridad alimentaria[261].

 

            En la Declaración de Estambul, se reconoce que la mundialización de la economía internacional presenta a la vez oportunidades y problemas para el proceso de desarrollo, así como riesgos e incertidumbres, y que la consecución de los objetivos del Programa de Hábitat se facilitaría, entre otras cosas, si se adoptan medidas en esferas como la financiación del desarrollo, la deuda exterior, el comercio internacional y la transferencia de tecnología[262].

 

Por su parte, el Programa de Hábitat señala que más personas que nunca viven hoy en condiciones de pobreza absoluta y carecen de vivienda adecuada[263]. Asimismo, sostiene que la erradicación de la pobreza es indispensable para la sostenibilidad de los asentamientos humanos, y que el principio de erradicación de la pobreza se basa en el marco adoptado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en los resultados pertinentes de otras grandes conferencias de las Naciones Unidas[264].

 

La Declaración de Pekín destaca que la erradicación de la pobreza exige la participación de la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona[265].

 

La Plataforma de Acción de Pekín señala que el número de personas en el mundo, que vive en la indigencia es superior a los mil millones de personas, de los cuales un gran porcentaje son mujeres[266].

 

La Plataforma de Pekín, también dedica un acápite completo a la cuestión de la mujer y la pobreza, donde luego de realizar un cuadro de situación, estipula que la aplicación a una amplia variedad de políticas y programas de un análisis basado en el género, es un elemento central de las estrategia de reducción de la pobreza[267]. En él se fija como objetivos estratégicos revisar, adoptar, y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza (se destaca el facilitar a las mujeres viviendas a precios razonables y el acceso a las tierras mediante la eliminación de todos los obstáculos que impiden ese acceso, y el encontrar soluciones eficaces, orientadas al desarrollo y duraderas para los problemas de la deuda externa); revisar las prácticas administrativas para asegurar a la mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos y a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito; formular metodologías basadas en el género y realizar investigaciones para abordar el problema de la terminación de la pobreza[268].

 

 

E.- Racismo, xenofobia y discriminación racial

 

            El racismo, la xenofobia y la discriminación en todas sus formas son problemas acuciantes de derechos humanos. El principio de igualdad de las personas (la cara inversa de la discriminación negativa) se recibe en varias convenciones de derechos humanos. Asimismo, hay convenciones específicas sobre el tema, tales como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial[269]; la cual define a la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos  humanos o libertades fundamentales[270].

 

Si bien algunas conferencias han abordado la cuestión desde una perspectiva puntual, y teniendo en cuenta al objeto del encuentro, en varias de ellas se hizo mención a estas situaciones.

 

            Por ejemplo, en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos se aboga por la eliminación de todas las formas de racismo, de la discriminación racial y de la xenofobia, incluso de sus formas institucionalizadas como el apartheid, instando a los gobiernos a tomar medidas para prevenir y combatir estos flagelos en todas sus formas[271]. En tono similar, la Declaración de Copenhague destaca la formulación por parte de los gobiernos, de políticas y estrategias encaminadas a eliminar la discriminación en todas sus formas[272], y su Programa de Acción destaca que deben promulgarse y aplicar leyes y otras normas apropiadas para combatir el racismo, la discriminación racial, la intolerancia religiosa en todas sus formas, la xenofobia y todas las formas de discriminación en todos los sectores de la sociedad[273].

 

            En el Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente también se realizaron algunas indicaciones, y en su documento final se exhorta a los Estados miembros a que no escatimen esfuerzos en adoptar medidas eficaces destinadas a combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia[274].

 

 

F.- Derechos a la salud, vivienda, trabajo, alimentación y servicios sociales necesarios

 

            Los derechos a la salud, vivienda, trabajo, alimentación y servicios sociales necesarios se protegen desde la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos[275].

 

            De los encuentros mundiales, el derecho a la alimentación ha tenido su conferencia propia: la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; este derecho tiene como contenido la necesidad alimenticia del ser humano, ajustado a los requerimientos físicos y morales de toda persona[276].

 

            El derecho humano a la vivienda digna, también posee su propio encuentro, la II Cumbre Mundial sobre Asentamientos Urbanos. Por su parte, el derecho al trabajo y los derechos partes y conexos con el mismo, son de constante preocupación de la Organización Internacional del Trabajo, en el seno de la cual se han aprobado varios convenios, y también se destaca, como se verá en varios párrafos del presente acápite, en el seno de las cumbres mundiales.

 

            Respecto al derecho humano a la salud, si bien en la mayoría de los encuentros se tocan aspectos relacionados con el mismo, son la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, los foros en los que se ha hecho mayor hincapié.

 

            La Conferencia de Viena de Derechos Humanos ha destacado que debe garantizarse a las personas los derechos a la salud, alimentación, vivienda y servicios sociales necesarios[277]. Ya en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, se subrayaba que la primera obligación es mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños[278]; y por su parte el Programa de Acción de Nueva York también destaca la obligación de los gobiernos en hacer frente a enfermedades que provocan la muerte de niños y niñas, o que les afectan gravemente. Además, se abordan los problemas de alimentación y nutrición. Es decir, se toman en cuenta situaciones que lesionan el derecho a la salud[279].

 

            También en la Declaración de Río de Janeiro se dice que debe desalentarse la reubicación y transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana[280].

 

            Por su parte, la Agenda 21 destina todo un capítulo a la protección y fomento de la salubridad, destacando que sin una población sana el desarrollo nacional no es posible, y otro dedicado al fomento de una modalidad viable para los asentamientos humanos[281]. En igual sentido, el Programa de Acción de Copenhague reconoce que el mejoramiento de la salud de la población, está inseparablemente vinculado a un medio ambiente sano[282].

 

            En el Programa de Acción de El Cairo se señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados, y que asimismo, tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, haciendo particular hincapié en la salud reproductiva[283]; también, aborda la problemática de las enfermedades de transmisión sexual y la prevención del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH); y dedica un capítulo entero a la salud, la morbilidad y la mortalidad[284].

 

            La Declaración de Copenhague hace hincapié en las enfermedades transmisibles que constituyen un grave problema de salud en todo el mundo[285]; asimismo, asume como compromiso de los gobiernos la promoción del pleno empleo como prioridad básica de sus políticas económicas y sociales, y el acceso de todas las personas a la atención primaria de la salud[286].

 

Por su parte, el Programa de Acción de Copenhague propugna como acciones aumentar la producción alimentaria mediante el desarrollo sostenible del sector agrícola y la mejora de las oportunidades de mercado, y lograr un mejor acceso a los alimentos por parte de las personas de bajos ingresos en los países en desarrollo[287]; también, señala que los gobiernos y todos los participantes en el proceso de desarrollo deben cooperar para atender a las necesidades humanas básicas de todos, en especial la nutrición, la salud, el agua, saneamiento, educación, empleo, vivienda y participación en la vida cultural y social, fijando metas para ello[288].

 

            En materia de derechos laborales, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos se apoyan todas las medidas adoptadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados para garantizar la promoción y protección efectivas de los derechos sindicales[289]; por su parte, el Programa de Acción de Copenhague trabaja minuciosamente la creación de empleo productivo y la reducción del desempleo, por medio de diferentes medidas (otorgar importancia central al empleo al momento de formular políticas, dirigir políticas de educación hacia la capacitación y el trabajo, mejorar la calidad del trabajo y el empleo, mejorar las oportunidades de empleo para grupos con necesidades concretas); ello respetando siempre plenamente, los derechos básicos de los trabajadores consagrados en los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo y en otros instrumentos internacionales[290].

 

            En las recomendaciones aprobadas en el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se insta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces contra la difusión del virus de inmunodeficiencia humana y de otras enfermedades entre la población carcelaria[291].

 

            La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, y se promete realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países[292]. Por su parte, el Plan de Acción fija como objetivo de los gobiernos esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes; también persiguen que se preste especial atención a la realización plena y progresiva de este derecho, como medio para conseguir la seguridad alimentaria para todos[293].

 

            En relación al derecho a una vivienda, de las Conferencias Mundiales ha sido sin duda la Cumbre Mundial sobre los Asentamientos Humanos quien mejor ha tratado esta cuestión. Así, la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos menciona que los Jefes de Estado y Gobiernos y las Delegaciones Oficiales reunidas en la Conferencia aprovechan la oportunidad para hacer propios los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos. Más adelante, la Declaración señala que los gobiernos reafirman la voluntad de lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, como se ha previsto en los instrumentos de derecho internacional[294]. El objetivo se retoma en el Programa de Hábitat[295].

 

            El Programa de Hábitat también destaca el concepto de “asentamientos humanos equitativos”, y los define como aquellos en que todas las personas, sin discriminación de ninguna clase, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes, nacimiento u otra condición, tienen las mismas oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, alimentos y agua en cantidad suficiente, educación y espacios abiertos[296].

 

De forma congruente, el Programa de Hábitat, postula que la salud humana y la calidad de vida son elementos centrales por desarrollar asentamientos humanos sostenibles; y que por ello, los gobiernos se comprometen a promover y alcanzar las metas de un acceso universal y equitativo a una educación de calidad, al nivel más alto posible de salud física, mental y ambiental, y el acceso equitativo de todos a la atención primaria de la salud, y a hacer esfuerzos especiales para rectificar las desigualdades en lo relativo a las condiciones sociales y económicas, incluida la vivienda, sin distinción alguna y bajo el respeto a las culturas comunes y tradiciones[297].

 

            Asimismo, el Programa de Hábitat conjuga la cuestión de la pobreza con las necesidades de empleo productivo y la integración social; fijando como medidas formular y aplicar políticas de desarrollo de los asentamientos humanos que garanticen un acceso igual a los servicios básicos y al mantenimiento de los mismos, incluidos los relacionados con la seguridad alimentaria, la educación, el empleo y los medios de subsistencia, los servicios básicos de atención sanitaria, el agua potable y el saneamiento, la vivienda adecuada, el acceso a espacios abiertos y zonas verdes, dando prioridad a las necesidades y derechos de las mujeres y los niños[298]; y cómo la pobreza urbana y rural y el desempleo representan graves limitaciones para el desarrollo de los asentamientos humanos; con el fin de combatir a la pobreza, los gobiernos a los niveles adecuados, las autoridades locales, y en asociación con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de trabajadores y empresarios, deben estimular oportunidades de empleo productivo, que generen ingresos suficientes para conseguir un nivel de vida adecuado para todos[299].

 

            El Programa de Hábitat, además, señala que debe perseguirse el objetivo de garantizar puestos de trabajo de calidad y salvaguardar los derechos e intereses básicos de los trabajadores y, con este fin, fomentar libremente el respeto de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, comprendidos los relativos a la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo de los niños, a la libertad de asociación, al derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como el respeto del principio de no discriminación[300].

 

            En otro aspecto, el Programa de Hábitat destaca que a fin de ofrecer oportunidades a la pequeña empresa y a los sectores de la microempresa y las cooperativas, debe facilitarse la extensión de la protección de los derechos humanos en la esfera del trabajo al sector no estructurado, y fomentar el respeto de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo[301].

 

            En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se destaca que la mayoría de las mujeres no goza de salud ni de bienestar, y que el principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres en diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos; asimismo, se destaca que la violencia sexual y basada en el género, incluidos los malos tratos físicos y psicológicos, la trata de mujeres y niñas, así como otras formas de malos tratos y la explotación sexual, exponen a las niñas y a las mujeres a un alto riesgo de padecer traumas físicos y mentales, así como enfermedades y embarazos no deseados[302].

 

Por ello, la Plataforma de Acción de Pekín dedica un acápite completo a la mujer y la salud, donde aborda todas las aristas de la cuestión, fijando como objetivos estratégicos fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y buena calidad;  fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer; tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva; promover la investigación y difundir información sobre la salud de la mujer; y aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres[303].

 

            En lo que hace al derecho al trabajo, la Plataforma de Acción de Pekín señala que los gobiernos deben promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de la mujer y el hombre a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor; y aprobar y aplicar leyes contra la discriminación por motivos de sexo en el mercado de trabajo, con especial consideración a las trabajadoras de mayor edad en la contratación y el ascenso, en la concesión de prestaciones laborales y de seguridad social, y en las condiciones de trabajo[304]. Asimismo, destaca que los gobiernos se comprometen a salvaguardar y promover el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, inclusive la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil; la libertad de asociación y el derecho a organizarse y a concertar contratos colectivos; establecer la igualdad de remuneración para la mujer y el hombre por trabajo de igual valor y la no discriminación en el empleo, respetando plenamente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en el caso de los Estados partes en esos convenios, y teniendo en cuenta los principios en que se fundan esos convenios en el caso de los países que no son Estados partes en ellos[305].

 

Igualmente, la Plataforma de Acción de Pekín señala que los gobiernos empleadores, empleados, sindicatos y organizaciones de mujeres deben aplicar y hacer cumplir leyes y reglamentos y promover códigos de conducta que aseguren la aplicación en pie de igualdad de las Normas Internacionales del Trabajo, como el Convenio N 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor; y eliminar las prácticas discriminatorias utilizadas por los empleadores basadas en las funciones reproductivas de la mujer, incluida la denegación de empleo y el despido de mujeres debido al embarazo o lactancia[306].

 

 

G.- Derecho a la educación

 

            La educación como derecho humano, se consagra en varios instrumentos internacionales a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Sobre los Derechos del Niño, entre otros[307].

 

            Existen tres niveles de análisis en la relación entre educación y derechos humanos: la educación como derecho humano, la educación en derechos humanos y la práctica de los derechos humanos en los establecimientos educativos[308].

 

            En las cumbres mundiales, este derecho ha sido uno de los más tratados: así, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia hizo hincapié en la necesidad de otorgar educación básica y alfabetización a todos los niños y niñas (estas últimas son quienes más sufren el problema de la falta de alfabetización); una disposición similar se da en la Conferencia de El Cairo[309].

 

            También, la Agenda 21 subraya la importancia de las instancias educativas para fomentar la conciencia ambiental y sobre el desarrollo sostenible[310].

 

            La Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca el derecho a la educación, y la incorporación de los derechos humanos en los programas de educación[311].

 

            El Programa de Acción de El Cairo hace hincapié en este derecho, marcando como necesidad lograr el acceso de todos a una enseñanza de calidad, dando una especial prioridad a la enseñanza primaria y técnica y la capacitación para el empleo, la lucha contra el analfabetismo y la eliminación de las desigualdades entre sexos, y entre otras cosas, incorporar en los programas de estudio temas sobre la relación entre la población y el desarrollo sostenible, las cuestiones de salud, incluida la salud reproductiva, y la igualdad entre los sexos[312].

 

            Igualmente, la Declaración de Copenhague destaca el compromiso de los gobiernos para promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad[313]; por su parte, el Programa de Acción de Copenhague señala diversas medidas para fortalecer el sistema de educación a todos los niveles, ya que un sistema político y económico abierto exige el acceso de todos a los conocimientos, la educación y la información; y propugna llegar al año dos mil con el acceso universal a la enseñanza básica[314].

 

            Como en otros instrumentos, el documento emanado del Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente insta a los Estados miembros a que fomenten y apoyen actividades de educación e información pública con miras a garantizar la igualdad entre los sexos, despertar el interés de la sociedad por el problema de la violencia contra la mujer y su carácter delictivo, y ayudar a evitar todas las formas de violencia contra la mujer[315].

 

            Por su parte, para lograr los objetivos que hacen a la seguridad alimentaria, el Plan de Acción de Roma sobre la Alimentación fija como propósito de los gobiernos promover el acceso de todos, especialmente las personas pobres y los grupos vulnerables y desfavorecidos, a la enseñanza básica y la atención primaria de la salud[316].

 

            El Programa de Hábitat señala que para desarrollar plenamente el potencial de los jóvenes y de prepararlos para asumir un papel responsable en el desarrollo de los asentamientos humanos, deben tomarse medidas; entre ellas están  proporcionar acceso en condiciones de igualdad a la educación básica; y adoptar medidas especiales para reducir la tasa de deserción escolar[317].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín establece que unos cien millones de niños, de los cuales sesenta millones por lo menos son niñas, carecen de acceso a la enseñanza primaria, y más de las dos terceras partes de los novecientos sesenta millones de analfabetos adultos del mundo, son mujeres. También se analiza que en muchas regiones persiste la discriminación en el acceso de las niñas a la educación debido a actitudes arraigadas, a embarazos y matrimonios a edad temprana,  a lo inadecuado que resulta el material didáctico y educacional y al sesgo de género que éste muestra, así como al acoso sexual. Por ello, dedica todo un acápite a la educación y capacitación de la mujer, afirmando que la educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz[318].

 

Entre los objetivos estratégicos al efecto, la Plataforma de Acción de Pekín postula asegurar la igualdad de acceso a la educación; eliminar el analfabetismo entre las mujeres; aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente; establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios; asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar la aplicación de esas reformas; y promover la educación y capacitación permanentes de las niñas y mujeres[319].

 

 

H.- Los derechos a la libertad y a la integridad corporal

 

            Los derechos a la libertad y a la integridad corporal son dos derechos civiles típicos, de larga protección en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y con mayor aplicación en los órganos encargados de proteger los derechos humanos, tanto a nivel regional (como por ejemplo la anciana Comisión Europea de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos) como mundial (por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas). Probablemente, la integridad corporal haya encontrado su máximo nivel protectivo en el campo de las Naciones Unidas, con la adopción de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes[320].

 

            El derecho a la libertad comprende diferentes aspectos, ya que no solamente abarca la libertad individual y de movimiento, sino también de pensamiento, conciencia, expresión y religión. Asimismo, el derecho a la integridad corporal ha sido de particular interés para ciertas cumbres mundiales, además (lógicamente) de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. La desaparición forzada de personas, uno de los flagelos más aberrantes en materia de derechos humanos, y que suele conllevar violaciones a la libertad y la integridad corporal, entre otros derechos, no ha merecido, lamentablemente, mayor atención en las cumbres mundiales.

 

            En el Programa de Acción de Viena, conforme a lo que venimos expresando en el presente acápite, se reconoce el derecho de todo individuo a diferentes aspectos de la libertad: de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión,[321] con inspiración clara en el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[322].

 

            Por su parte, en la Plataforma de Acción de Pekín se fija como objetivo para promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, garantizar a todas las mujeres el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia[323].

 

            En materia de integridad corporal, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos no sólo ha instado a los Estados a ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, sino que su Programa de Acción describe a la tortura como una de las violaciones más atroces de la dignidad humana; destaca que el derecho a no ser sometido a torturas rige en toda circunstancia; insta a los Estados a poner fin y erradicar la tortura; también subraya la aplicación efectiva de los “Principios de ética médica aplicables al personal de la salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; destaca la necesidad de adoptar medidas concretas para prestar asistencia a las víctimas de tortura, de que los gobiernos deroguen toda legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, y que se castiguen esas violaciones[324].

 

            Por su parte, y debido a la especificidad del objeto de esta cumbre, el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, señala que se puede facilitar el pleno disfrute de los derechos humanos mediante los esfuerzos concertados de los Estados miembros para prevenir y combatir la delincuencia nacional y transnacional, teniendo en cuenta las normas de las Naciones Unidas en materia de aplicación de la ley y derechos humanos; y que asimismo, es esencial que el personal de los servicios de represión y justicia penal respete los derechos humanos[325]. También, destaca la importancia de aplicar prácticamente las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas[326].

 

            El Estatuto aprobado en Roma para la creación de una Corte Penal Internacional, pone bajo competencia de la Corte y en la categoría de crímenes contra la humanidad a la tortura, cuando se cometa como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; a los efectos del Estatuto, por tortura debe entenderse el causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas, o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas[327].

 

            Respecto a la desaparición forzada de personas, el Programa de Acción de Viena, pide a todos los Estados que adopten medidas eficaces para impedir las desapariciones forzadas, acabar con ellas y castigarlas[328]. Por su parte, el Estatuto aprobado en Roma para la creación de una Corte Penal Internacional, al igual que hemos señalado respecto a la tortura, pone bajo competencia de la Corte y en la categoría de crímenes contra la humanidad a la desaparición forzada de personas, cuando se cometa como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; a los efectos del Estatuto, por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o por una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado[329].

 

 

I.- Las Organizaciones No Gubernamentales

 

            Las Organizaciones No Gubernamentales han sido un actor dinámico de las relaciones internacionales de los últimos cuarenta años[330]. Particularmente en materia de derechos humanos, estos organismos han impulsado y alentado buena parte de la codificación internacional, así como presionado a los gobiernos para que cumplan sus compromisos en este campo, y denunciado a aquellos que violan los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.

 

            Así, la referencia a estas entidades devino inevitable en los encuentros mundiales llevados adelante bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en general, contando con las ONGs para el seguimiento de los instrumentos emanados de las cumbres, y en otros casos, reconociendo su labor e incentivando a los gobiernos para facilitar el cumplimiento de sus mandatos.

 

            En particular, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, subraya el papel que desempeñan las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos y la contribución de las organizaciones no gubernamentales[331]. Asimismo, el Plan de Acción de Viena reconoce el importante papel que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales en la aplicación efectiva de todos los instrumentos internacionales[332], y recomienda a las Naciones Unidas la adopción de un programa global para ayudar a los Estados a elaborar y reforzar estructuras nacionales adecuadas, que tengan un impacto directo en la observancia general de los derechos humanos y el imperio de la ley; asimismo, recomienda que se refuercen las actividades y programas de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados a crear o fortalecer sus propias instituciones nacionales, que estas cooperen entre ellas, con las organizaciones regionales y las Naciones Unidas[333].

 

            La Declaración adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Infancia, llama a la participación de las organizaciones no gubernamentales para complementar la adopción de medidas nacionales y las actividades internacionales conjuntas en ese campo[334].

 

            La Agenda 21, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo,  ya señalaba que las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel fundamental en la democracia participativa, y poseen amplia experiencia en esferas que son importantes para el desarrollo sostenible, indicando al sistema de Naciones Unidas que debería fortalecer los mecanismos para vincular a las organizaciones no gubernamentales a la toma de decisiones[335].

 

            El Programa de Acción de El Cairo subraya la trascendencia de las organizaciones no gubernamentales, a las cuales considera imprescindibles para cumplir con sus objetivos, y desarrolla todo un capítulo destinado a la colaboración con el sector no gubernamental[336].

 

            En muchos pasajes del Programa de Acción de Copenhague se hace hincapié en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales; y particularmente se señala que la aplicación eficaz de los documentos emanados de la cumbre requiere el fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad y las organizaciones no gubernamentales, destacando varias medidas a ese fin, tales como establecer marcos legislativos apropiados, apoyar programas de formación de capacidad para dichas entidades,  y proporcionar recursos[337].

 

            El Plan de Acción de Roma para la Seguridad Alimentaria, en las medidas a adoptar para cumplir con lo estipulado en el mismo, destaca el fomentar activamente una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, y las alianzas con ellas, en las actividades relacionadas con la seguridad alimentaria[338].

 

            También en el Documento Final sobre Comercio y Desarrollo, se señala que se necesita la participación de toda una serie de agentes no gubernamentales, para hacer frente de manera adecuada al reto del desarrollo sostenible, y dedica todo un acápite sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales en las actividades de la UNCTAD[339]. En la Declaración de Barbados, por su parte, se destaca que debe reconocerse la especial función de las organizaciones no gubernamentales[340].

 

            En la Conferencia de Roma para la Creación de una Corte Penal Internacional, además de la participación sumamente activa de las organizaciones no gubernamentales a través de la Coalición que se creó al efecto (NGO Coalition), el Estatuto aprobado destaca que dichas entidades pueden enviar información al Fiscal, para que este inicie una investigación[341].

 

            En la Cumbre Mundial sobre la droga, el Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores, para reducir la demanda de estimulantes de dicho tipo, destaca que los órganos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas y la Organización Mundial de la Salud, deben periódicamente coordinar con las organizaciones no gubernamentales la labor en estas esferas[342].

 

            En el Programa de Hábitat, al efecto de facilitar el acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia para todos los grupos socioeconómicos, los gobiernos, a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben, entre otras medidas, fomentar, en particular la participación de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales[343]. Más adelante, entre las medidas a tomar para asegurar la participación popular y compromiso cívico para lograr un desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, el Programa de Hábitat señala que debe permitirse, facilitarse y protegerse la formación de organizaciones no gubernamentales comunitarias, locales, nacionales e internacionales independientes[344].

 

            La Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción destacan que para una aplicación y seguimiento efectivos de la Plataforma de Acción, es importante la participación y contribución de todos los participantes de la sociedad civil, en particular de los grupos y redes de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la comunidad[345]. Por su parte, la Plataforma de Acción de Pekín señala que la creciente influencia del sector no gubernamental, en particular las organizaciones de mujeres y los grupos feministas, han pasado a ser un catalizador del cambio[346].

 

 

J.- Los Organos Internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos

 

            En las Conferencias Mundiales, se han destacado en ciertos casos el papel de los órganos protectivos; así, el Centro de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores especiales y grupos de trabajo que llevan adelante los procedimientos extraconvencionales, etc.

 

Pongamos como ejemplo que para el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín, se marcan medidas a tomar en el plano internacional, que involucran a varias instituciones de las Naciones Unidas, entre ellas la Asamblea General; al Consejo Económico y Social y órganos y organismos subsidiarios de este; a la Comisión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer; al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros órganos creados en virtud de tratados; a la Secretaría de las Naciones Unidas; a la División para el adelanto de la Mujer; al Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer; y al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer[347].

 

Por último, como ya hemos destacado anteriormente, existió toda una Conferencia dedicada a la creación de la Corte Penal Internacional.

 

 

a) Organos no judiciales

 

            La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, recalca la importancia de fortalecer el Centro de Derechos Humanos[348]; propugnó la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas[349].

 

Igualmente, en el Plan de Acción de Viena se subraya la importancia de preservar y fortalecer el sistema de procedimientos especiales, relatores, representantes, expertos y grupos de trabajo de la Comisión y la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de que puedan llevar a cabo sus mandatos en todos los países del mundo, proporcionándoles los recursos humanos y financieros que sean necesarios[350].

 

            En la Plataforma de Acción de Pekín se puntualizan medidas que deben tomarse por los organismos y órganos e instituciones pertinentes de las Naciones Unidas, todos los órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, así como los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos[351].

 

Por su parte, el Plan de acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, en consulta con los órganos pertinentes creados en virtud de tratados y en colaboración con los organismos especializados y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, defina mejor los derechos relacionados con la alimentación[352].

 

 

b) Corte Penal Internacional

 

            La Conferencia Mundial de Derechos Humanos alienta a la Comisión de Derecho Internacional a continuar sus trabajos relativos a un Tribunal Penal Internacional[353]. Entre los meses de junio y julio, en la ciudad de Roma, se celebró la Conferencia  para la Creación de la Corte Penal Internacional y se aprobó el Estatuto de la misma; la Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional (agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), los cuales se señalan como imprescriptibles,  y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales; su sede estará en La Haya y tendrá personalidad jurídica internacional[354].

 

            La activación de casos ante la Corte se da por tres vías: el Consejo de Seguridad, un Estado Parte, y el Fiscal motu proprio[355]. Sin embargo, para el ejercicio de la competencia de la Corte en los casos que le lleguen y hayan sido iniciados por un Estado Parte o el Fiscal actuando de oficio, es necesario que sea parte en el Estatuto, o haya consentido expresamente que la Corte entienda en el crimen de que se trate, el Estado de nacionalidad del acusado, o aquel que posea jurisdicción en el lugar donde se produjo el crimen[356].

 

            Respecto a los crímenes de guerra específicamente, un Estado, al  momento de hacerse parte en el Estatuto, podrá declarar que durante un período de siete años, contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre los mismos, cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio[357].

 

            El Estatuto consagra la irretroactividad penal en razón de la persona, la responsabilidad es de tipo individual e incluye a los autores materiales e intelectuales, al cómplice y al encubridor[358]. Se garantizan los derechos humanos de las personas durante la investigación del Fiscal (prohibición de obligar a cualquier persona a declarar contra sí mismo, interdicción de la detención o arresto arbitrarios, a no declarar; se establece la presunción de inocencia). En el desarrollo del proceso ante la Corte se prevén disposiciones similares, que tienden a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas al proceso, y la pena de muerte ha quedado excluida del Estatuto[359].

 

            La Corte está facultada para establecer principios aplicables a la reparación, y medidas como la restitución, indemnización, rehabilitación, para las víctimas o sus causahabientes[360].

 

            Una de las cláusulas más desafortunadas del Estatuto aprobado, es aquella que faculta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a enviar una solicitud a la Corte, por la cual ésta debe suspender una investigación que esté llevando a cabo, por un período de doce meses, que puede ser renovado[361].

 

            La Corte tiene la potestad de decidir sobre su propia competencia, se postula como un complemento eficaz de las jurisdicciones nacionales, es decir, actúa sólo de forma subsidiaria. El Estatuto no admite reservas al mismo[362].

 

 

K.- Derecho Internacional Humanitario

 

            El derecho internacional humanitario se define como un cuerpo de normas jurídicas de origen convencional o consuetudinario, específicamente aplicados a los conflictos armados internacionales o no internacionales, y que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto de elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, evitando que se vean afectados las personas y los bienes protegidos; comprende la limitación de los medios y métodos de combate (el llamado “Derecho de La Haya”) y los cuatro Convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977; relativos al alivio de la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; al trato debido a los prisioneros de guerra; a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; y a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no internacionales[363].

 

            Los problemas que hacen a la protección de los derechos humanos en casos de conflictos armados de tipo internacional o no internacional, así como los derivados de disturbios o tensiones internas, es decir, todo el espectro que dentro del campo de los derechos humanos es abordado por el derecho internacional humanitario, también encuentran su recepción en las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas.

 

            La Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, destaca la necesidad de otorgar especial protección a los niños en casos de conflicto armado. Una disposición similar tiene el documento emanado del Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, el cual además destaca que la mujer es particularmente vulnerable en casos de conflicto armado, como posible víctima de asesinatos, torturas, violaciones, incluso sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzosos, por lo cual los Estados deben procurar entre otras cosas hacer observar el derecho internacional humanitario[364].

 

Por su parte, la Conferencia de Viena realizó un llamamiento a los gobiernos para que se ratifiquen a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos facultativos; y alentó un papel activo de las Naciones Unidas para asegurar el pleno respeto del Derecho Humanitario Internacional, en todas las situaciones de conflictos armados[365].

 

            En la Declaración de Río de 1992, se destaca que la guerra es por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar el derecho internacional, proporcionando protección al medio ambiente en épocas de conflicto armado[366].

 

            El Estatuto aprobado en Roma para la creación de una Corte Penal Internacional, pone bajo competencia de la Corte y en la categoría de crímenes de guerra a las infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; también otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales; y las violaciones graves al artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra, así como otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, cuando se cometan como parte de un plan o política, o en gran escala[367].

 

            Por su parte, el Programa de Hábitat indica que al preparar y ejecutar actividades de socorro, rehabilitación, reconstrucción y reasentamiento después de un desastre, los gobiernos y las autoridades locales, en colaboración con todas las partes interesadas, deben apoyar la labor de remoción de minas terrestres antipersonales inmediatamente después del cese del conflicto armado, y reconocer, apoyar y facilitar la función de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de sus sociedades nacionales miembros, en la prevención de los desastres, la preparación para casos de desastre, la mitigación de sus efectos y la intervención en esos casos, a los niveles local, nacional e internacional, y alentar al Comité Internacional de la Cruz Roja a que en tiempo de conflicto armado, adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos y las personas desplazadas[368].

 

            La Plataforma de Acción de Pekín aborda la cuestión de la mujer y los conflictos armados, afirmando que la paz está indisolublemente unida a la igualdad entre las mujeres y los hombres y al desarrollo. Hace hincapié en que en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977, se establece que las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra los tratos humillantes y degradantes, contra la violación, la prostitución forzada y contra todo atentado a su pudor; tomando los documentos aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, repite que las violaciones a los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales[369].

 

Además, la Plataforma de Acción de Pekín, al reconocer que el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonales afecta especialmente a las mujeres y los niños, los gobiernos deben comprometerse a tratar activamente de ratificar, si no lo han hecho aún, la Convención de 1981 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, especialmente el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, con miras a que su ratificación sea universal para el año dos mil[370]. Los gobiernos se comprometen además, a respetar plenamente en los conflictos armados las normas de derecho internacional humanitario[371].

 

 

IV.- CONSIDERACIONES FINALES

 

            Como ha podido observarse a lo largo del presente estudio, los Derechos Humanos han tenido una presencia preeminente en los encuentros mundiales sobre problemas globales, convocados y realizados bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas.

 

            El objeto y contenido de los derechos humanos se ha enriquecido y aumentado considerablemente en los últimos cincuenta años, con lo cual es realmente imposible abordar todas las cuestiones de derechos humanos que se reflejaron en tantos instrumentos internacionales acordados por los gobiernos en estos encuentros mundiales.

 

            Por ello, hemos realizado una consideración sobre aquellas cuestiones que nos han parecido substanciales desde el punto de vista de los sujetos de derecho y el objeto de protección.

 

            Los instrumentos aprobados en las cumbres ofrecen el camino a seguir que la comunidad internacional ha indicado a los gobiernos del mundo. Asimismo, brindan el parámetro de fiscalización que tendrán en sus manos las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales se convierten en un motor ineludible al momento de exigir y dar cumplimiento a las Declaraciones, Planes de Acción, resoluciones y Convenios acordados.

 

            El mundo se cae del segundo milenio, ya no puede esperarse más; la violación de los derechos de la mujer, de los niños y las niñas, de las personas pertenecientes a pueblos y poblaciones indígenas, de las minorías, de las personas con discapacidad; la intolerancia y la persecución que ocasionan asilados, refugiados, desplazados y migrantes, los fundamentalismos religiosos de cualquier tipo la falta de democracia, el subdesarrollo, la degradación ambiental, la pobreza y el endeudamiento endémico de muchas naciones, el racismo, la xenofobia y la discriminación en cualquiera de sus formas, la falta de educación, salud, vivienda, trabajo, alimentación y servicios sociales necesarios, las restricciones a la libertad, la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y la grosera impunidad, son más que violaciones a los derechos humanos.

 

            Son una bofetada a la humanidad, en un mundo en que no hay espacio para excusas; porque sólo la falta de voluntad política puede impedir el cumplimiento de estos acuerdos, y entonces seguir violando de manera sistemática, el derecho humano fundamental a una vida feliz y digna para todas las personas.



* Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público y de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Para la presente investigación, Cecilia López Uhalde (Coordinadora del Departamento de Derechos Humanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP) y Soledad García Muñoz (integrante del mismo departamento), han realizado las tareas de recopilación de información, bibliografía y documentos, y revisión final del texto.

[1] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 10.

[2] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[3] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[4] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.C.1.

[5] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 10.

[6] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 19.

[7] Programa de Hábitat, Puntos 6 y 57.

[8] Conf. Naciones Unidas: “Las Conferencias Mundiales: formulación de prioridades para el siglo XXI”, pág. 21; en: Documentos de Información de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 1997.

[9] Para un estudio del proceso y resultados de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, recomendamos el trabajo de Cançado Trindade, Antonio: “Balance de los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, en “Estudios Básicos de Derechos Humanos III” págs. 17 a 46; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1995. Asimismo, pueden consultarse nuestros trabajos al respecto, ver Salvioli, Fabián: “La Conferencia de Viena. El debate sobre Derechos Humanos en  las Relaciones Internacionales Contemporáneas”; en: “Relaciones Internacionales, Serie Documentos N 4, págs. 7 a 23; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP, La Plata, Argentina, 1993; y Salvioli, Fabián: “La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas. Esperanzas y frustraciones en materia de derechos humanos”; en: “Human Rights: The promise of XXI Century”; págs. 20 a 37; Edit. ELSA Portucalense y Universidade Portucalense; Porto, Portugal, 1997.

[10] Para un análisis de esta conferencia desde el punto de vista de los derechos humanos, vease Lindgren Alves, J. A.: “Población, desarrollo y derechos: la Conferencia de El Cairo de 1994”; en: “Estudios Básicos de Derechos Humanos III” págs. 17 a 46; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1995.

[11] Para un estudio sobre esta Conferencia desde un punto de vista de los derechos humanos, véase Fonseca, Clotilde: “Entre la retórica y la praxis: un análisis de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social”; en: González Volio, Lorena (compiladora) “Presente y Futuro de los Derechos Humanos; ensayos en honor de Fernando Volio Jiménez”; Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1998.

[12] Hay varios textos que estudian la problemática atinente a los derechos de la mujer; uno de ellos, con alta actualidad, es la recopilación llevada adelante por Mariño Menéndez, Fernando: “La protección internacional de los derechos de la mujer tras la Conferencia de Pekín de 1995”; (242 págs) Edit. Universidad Carlos III; Madrid, España, 1996.

[13] Para un análisis de la violencia y discriminación contra la mujer en el plano internacional véase López Uhalde, Cecilia: “La problemática jurídica internacional sobre la violencia y la discriminación contra la mujer”; en “A un año de Beijing”; Serie Documentos N 13, págs. 37 a 44; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales, La Plata, Argentina, 1996.

[14] Sobre el punto, puede consultarse Carrique, Martín: “La mujer en los conflictos armados”; en: “A un año de Beijing”; Serie Documentos N 13, págs. 33 a 36; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales, La Plata, Argentina, 1996.

[15] Conf. Naciones Unidas: “Las Conferencias Mundiales: formulación de prioridades para el siglo XXI”, pág. 77; en: Documentos de Información de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, 1997.

[16] Ver al respecto Salvioli, Fabián: “La mujer en el derecho internacional público: un viaje de medio siglo desde San Francisco a Pekín”; en: “A un año de Beijing”; Serie Documentos N 13, págs. 7 a 31; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales, La Plata, Argentina, 1996.

[17] Declaración de Viena, Punto 18; Programa de Acción de Viena, Punto 22.

[18] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 20.

[19] Agenda 21, Sección III, Capítulo XXIV.

[20] Programa de Acción de Viena, Puntos 36 a 44.

[21] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 4.

[22] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[23] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 9 a 17; Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 15 a 17.

[24] Agenda 21; Sección I, Capítulo V; Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 4; y Capítulo VII B. Puntos 7.12 a 7.26

[25] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 12; 13; 14 y 20.k.

[26] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principios 4 y 10.

[27] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo IV; Puntos 4.1 a 4.27.

[28] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VII. D. Punto 7.35.

[29] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VIII. C. Puntos 8.19 a 8.27.

[30] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 26. o y s; y Punto 29 Quinto Compromiso.

[31] Declaración de Copenhague; 29, Sexto Compromiso, y.

[32] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.f.

[33] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo II, Puntos 28.b y 38.j; Capítulo III, Puntos 55.f y 56 a, b, c, d, y e.

[34] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, C Punto 73.d.

[35] Documento Final de Midrand, I.A. Punto 3.

[36] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.7. 17.f.; y I.8.1.c.; Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.D.a.

[37] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.8.

[38] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.8.

[39] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II; Capítulo IV.D. y E.

[40] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.1.g.

[41] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 8.2.b. xxii; y 8.2.c.vi.

[42] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, arts. 42 y 43 y 54.

[43] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 68.

[44] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 36.8.a.iii;  8.b. y 42.

[45] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.3.

[46] Declaración de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, I.3.

[47] Programa de Acción de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Preámbulo, Párrafo 12.

[48] Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Párrafo V.

[49] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 16.1.3..

[50] Cumbre Mundial sobre la Droga. Declaración Política, 4.

[51] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, E. III. 18.e.

[52] Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos; 7 y 12.

[53] Programa de Hábitat; Punto 15.

[54] Programa de Hábitat; Punto 46.

[55] Programa de Hábitat; Puntos 78 y 86.g.

[56] Programa de Hábitat; Puntos 119.b; e; h; i; y k.

[57] Programa de Hábitat; Punto 136.f.

[58] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma (art. 27).

[59] Aprobada en el Consejo de Europa en 1994.

[60] Conf. Naciones Unidas: “Los derechos de las minorías”; folleto informativo N 18, págs. 1/2; Ginebra, Suiza, 1992.

[61] Declaración de Viena, Punto 19.

[62] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 17.b.

[63] Conf. Torres-Rivas, Edelberto: “Consideraciones sobre la condición indígena en América Latina y los derechos humanos”, en: Estudios Básicos de Derechos Humanos V” págs. 402/3; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1996.

[64] Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 26 de junio de 1957.

[65] Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989.

[66] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 22.

[67] Agenda 21; Sección III, Capítulo 26.

[68] Declaración de Viena, Punto 20; Programa de Acción de Viena, Puntos 28 a 32.

[69] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 14.

[70] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VI. D. Puntos 6.21 a 6.25.

[71] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 26.m.

[72] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo II, Punto 35.e; y Capítulo II, Punto 40.g.

[73] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo III, C Punto 61.

[74] Declaración de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, I.3.

[75] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 14.d.

[76] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 26.

[77] Programa de Hábitat; Punto 14.

[78] Programa de Hábitat; Puntos 40.m. y 122.

[79] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.A.2.c.

[80] Puede consultarse sobre derechos del niño, a García Méndez Emilio, y  Bianchi, María del Carmen (compiladores): “Ser niño en América Latina. De las necesidades a los derechos”; Edit. Galerna, Buenos Aires, Argentina, 1991. Por su parte, el interés superior del niño está consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

[81] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; punto 4.

[82] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 22 a 24.

[83] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño Punto 8; Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 4.

[84] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 18 a 21.

[85] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 22 y 23.

[86] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Punto 24; Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, F Punto 79.

[87] Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas; Apéndice.

[88] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Punto 25.

[89] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 33 a 36.

[90] Declaración de Viena, Punto 21; Programa de Acción de Viena, Puntos 45 a 51 y 53; Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 10.

[91] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VI; B. Puntos 3.1 a 3.9

[92] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 11; Capítulo IV; Puntos 4.15 a 4.23; y Capítulo VIII, B, Puntos 8.12 a 8.18.

[93] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.g; Capítulo II, Punto 39; especialmente d.

[94] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; IV.3 y 15.

[95] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.7.

[96] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Art. 8.

[97] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 17.d.

[98] Programa de Hábitat; Punto 13.

[99] Programa de Hábitat; Punto 120.

[100] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[101] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.L.

[102] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.L.

[103] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.F.5. m.

[104] Asamblea General de las Naciones Unidas: Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975.

[105] Declaración de los Derechos de los Impedidos, art. 1.

[106] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 10.

[107] Declaración de Viena, Punto 22.

[108] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VI. E. Puntos 6.28 a 6.33.

[109] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.i; y Capítulo II, Puntos 35.h, y 40

[110] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo III, C Punto 62.

[111] Programa de Hábitat; Puntos 16, 40.g., 43.v. y 121.

[112] Para una observación general de la cuestión, véase Díez de Velasco, Manuel: “Instituciones de Derecho Internacional Público”, Capítulo XXVI, págs. 503 a 516; Undécima Edición, Madrid, España, 1997.

[113] Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 14.1.

[114] Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado en Nueva York, Estados Unidos, el  31 de enero de 1967.

[115] Convención sobre el Estatuto del Refugiado, art. 1.A.2.

[116] Véase al respecto Goldman, Robert: “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aplicable a los desplazados internos”; en: Estudios Básicos de Derechos Humanos VII” págs. 285 a 303; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1996.

[117] Nos referimos a la “Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”; Naciones Unidas, 1990.

[118] Declaración de Viena, Punto 23; Programa de Acción de Viena, Puntos 63 a 65; Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 13.

[119] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo X. D. Puntos 10.21 a 10.29.

[120] Declaración de Copenhague; 29, Primer Compromiso, g; y Cuarto Compromiso, n.

[121] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 14.k.

[122] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, E, Puntos 76 a 78.

[123] Programa de Hábitat; Punto 12.

[124] Programa de Hábitat; Punto 41.

[125] Programa de Hábitat; Punto 176.g.

[126] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.D.1. in fine.; y E.

[127] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.5

[128] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 12; y Capítulo X; A, B y C, Puntos 10.1 a 10.20.

[129] Declaración de Viena, Punto 24; Programa de Acción de Viena, Puntos 33 a 35.

[130] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo III, Punto 63.

[131] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; IV.6.

[132] Programa de Hábitat; Punto 199.

[133] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.A; k y l.

[134] Declaración de Viena, Preámbulo, párrafo segundo.

[135] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 26.j

[136] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 12.

[137] Ver al respecto Salvioli, Fabián: “La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas. Esperanzas y frustraciones en materia de derechos humanos”; en: “Human Rights: The promise of XXI Century”; págs. 20 a 37; Edit. ELSA Portucalense y Universidade Portucalense; Porto, Portugal, 1997.

[138] Un exhaustivo análisis de la cuestión puede observarse en Villán Durán, Carlos: “Significado y alcance de la universalidad de los derechos humanos en la Declaración de Viena”; en: “Estudios Básicos de Derechos Humanos II” págs. 331 a 376; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1995. En el mismo volumen, puede consultarse Cerna, Cristina: “La universalidad de los derechos humanos y la diversidad cultural: la realización de los derechos humanos en diferentes contextos socioculturales” (págs. 377 a 396).

[139] Declaración de Viena, Puntos 1 y 5. Asimismo, el punto 31 reafirma la importancia de garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad de las cuestiones de derechos humanos. Por su parte, la Plataforma de Acción de Pekín también enfatiza en que el carácter universal de los derechos humanos no admite dudas; Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[140] Declaración de Copenhague; 29, Primer Compromiso, n.

[141] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 4.

[142] Programa de Hábitat; Puntos 23 y 26.

[143] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV Punto 1.

[144] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo); Plataforma de Acción de Pekín; Capítulos I y II.

[145] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 8.

[146] Declaración de Viena, Punto 2.

[147] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 23.

[148] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 26.k.

[149] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.e.

[150] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.

[151] Declaración de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, I.1; y II.

[152] Declaración de Viena, Punto 4. Plan de Acción de Beijing, Capítulo IV, Punto 1.

[153] Programa de Acción de Viena, Puntos 1 y 3.

[154] Ver al respecto el magnífico análisis que realiza Cançado Trindade, Antonio: “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, en “Estudios Básicos de Derechos Humanos I” págs. 39 a 62; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1994.

[155] Programa de Acción de Viena, Puntos  75 y 98.

[156] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 61, c. y d.

[157] Programa de Hábitat; Puntos 224 y 225.

[158] Conf. Méndez, Juan: “Responsabilización por los abusos del pasado”; en: González Volio, Lorena (compiladora) “Presente y Futuro de los Derechos Humanos; ensayos en honor de Fernando Volio Jiménez”; pág. 79. Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1998.

[159] Declaración de Viena, Puntos 28, 29 y 30.

[160] Programa de Acción de Viena, Puntos 23 y 24.

[161] Programa de Acción de Viena, Punto 91.

[162] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.8.15.c; y 2.2.

[163] Estatuto de la Corte Penal Internacional, Preámbulo, Párrafo 4.

[164] Véase al efecto la clasificación realizada por Marie, Jean Bernard: “Instruments Internationaux relatifs aux droits de l´Homme: classification et état de ratifications au 1er janvier 1998”; en: Human Rights Law Journal, Strasbourg, France, 1998.

[165] Programa de Acción de Viena, Punto 83.

[166] Declaración de Viena, Puntos 23, 33 y 38.

[167] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principios 1 y 12.

[168] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; C. Primer Compromiso; y Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, B. k.

[169] Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas; Punto 8.

[170] Programa de Hábitat; Punto 61.

[171] Programa de Hábitat; Punto 182.a.

[172] Programa de Hábitat; Punto 26.

[173] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[174] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.G.

[175] Declaración de Viena, Punto 26; Programa de Acción de Viena, Puntos 4 y 5.

[176] Declaración de Viena, Punto 37; Programa de Acción de Viena, Punto 76.

[177] Programa de Acción de Viena, Punto 90.

[178] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 8.

[179] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo IV. A. Punto 4.5.

[180] Declaración de Copenhague; 29, Primer Compromiso, f; y  Cuarto Compromiso, m.

[181] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, C Punto 71.i.

[182] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.b; y Capítulo II, Punto 26.f.

[183] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo III, Puntos 55, 62.i; Capítulo IV Puntos 70, 73.b., 75.h. y 76.e.

[184] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, C Punto 75.k.

[185] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[186] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.D.1. e y f.

[187] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.D.3. a.

[188] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.3.a.

[189] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.I

[190] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.I

[191] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; III.11.

[192] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.7.

[193] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 61.b.

[194] Programa de Hábitat; Punto 96.e.

[195] No es propósito de este trabajo analizar el contenido de los derechos humanos; sin embargo, por resultar de interés, remitimos a alguna bibliografía conceptual: sobre el derecho a un ambiente sano como derecho humano, véase Cançado Trindade, Antonio: “Derechos Humanos, desarrollo sostenible  y medio ambiente”; Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica , 1992; Jimena Quesada, Luis: “Los derechos colectivos en Europa. El caso particular del medio ambiente”; en: “Human Rights: The promise of XXI Century”; págs. 161 a 180; Edit. ELSA Portucalense y Universidade Portucalense; Porto, Portugal, 1997. Respecto a la Paz como derecho humano, remitimos al excelente libro de Salguero Salvador, Giovanni: “El derecho humano a la Paz”; Edit. Instituto de Relaciones Internacionales, Serie Tesis N 5; La Plata, Argentina, 1998. Asimismo, puede consultarse nuestro trabajo Salvioli, Fabián: “Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Educación para la Paz”; en: “Human Rights: The promise of XXI Century”; págs. 285 a 296; Edit. ELSA Portucalense y Universidade Portucalense; Porto, Portugal, 1997.

[196] Asamblea General de las Naciones Unidas: Resolución 39/11, del 12 de noviembre de 1984.

[197] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[198] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Preámbulo, Párrafo tercero.

[199] Conf. Gros Espiell, Héctor: “El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana”; en: “Estudios sobre derechos humanos I”, pág. 191; Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1985.

[200] Conf. Cançado Trindade, Antonio: “Democracia y derechos humanos: el régimen emergente de la promoción internacional de la democracia y del Estado de Derecho”; en: Nieto Navia, Rafael (compilador): “La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” págs. 516/7; Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos; San José de Costa Rica, 1994.

[201] Declaración de Viena, Punto 8; Declaración de Copenhague, Puntos 4, 5, y 29.n; Plan de Acción de El Cairo Cap. II, Principio 3 (en este caso, la conexión es entre población, desarrollo y derechos humanos, destacando particularmente que no puede invocarse falta de desarrollo para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos). Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.d.

[202] Declaración de Viena, Punto 10; Programa de Acción de Viena, Punto 72; El mismo Programa de Acción de Viena  destaca que quienes participan en la cooperación para el desarrollo, deben tener en cuenta las relaciones mutuamente complementarias entre el desarrollo, democracia y derechos humanos (Punto 74); Declaración de Copenhague; B. párr. 26.j.

[203] Agenda 21; Sección I, Capítulos 2 y 8.

[204] Declaración de Río, Principios 2, 3 y 25; Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Puntos 5 y 6.

[205] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo III; A. Puntos 3.1 a 3.9.

[206] Declaración de Viena, Punto 34; Programa de Acción de Viena, Punto 66.

[207] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 3.

[208] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 26.f.

[209] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 15.

[210] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, C Punto 71.

[211] Documento Final de Midrand, I.B. Punto 50.

[212] Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Párrafos IV y V.

[213] Cumbre Mundial sobre la Droga. Declaración Política, Preámbulo.

[214] Cumbre Mundial sobre la Droga. Declaración Política, 2.

[215] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, C. VII. Punto 7.

[216] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, E. Párrafo 3.

[217] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[218] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[219] Declaración de Viena, Punto 27.

[220] Programa de Hábitat, Punto 179.

[221] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 26 y 27.

[222] Documento Final de Midrand, I.A. Puntos 30, 34,  7  y B. 61 respectivamente.

[223] Documento Final de Midrand, II. Punto 84.

[224] Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos; 3.

[225] Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos; 7.

[226] Programa de Hábitat, Puntos 4 y 25.

[227] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 20.ix.

[228] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio I.

[229] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 2; Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 8; puede observarse también el punto 26.a; Programa de Acción de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Preámbulo, Párrafo III; y Programa de Hábitat, Punto 2.

[230] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 13.

[231] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo III; C Puntos 3.23 a 3.32.

[232] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 9.j; Capítulo II Punto 27.e.

[233] Documento Final de Midrand, I.A. Punto 6.

[234] Documento Final de Midrand, I.B. Punto 71.

[235] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[236] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.C. y IV.K.

[237] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; II.14.

[238] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 33.

[239] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, B.I. Punto 4.f.

[240] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, E. III. 18.f.

[241] Programa de Hábitat; Punto 29.

[242] Programa de Hábitat; Punto 99 .

[243] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Puntos 13, 14, 16.

[244] Declaración de Copenhague; 29, Segundo Compromiso.; Programa de Acción de Copenhague; Capítulo II, Puntos 18 a 41.

[245] Declaración de Río, Principio 5; Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 7.

[246] Agenda 21; Sección 1, Capítulo 3.

[247] Declaración de Viena, Puntos 12, 14 y 25.

[248] Programa de Acción de Viena, Punto 2.

[249] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo III; B Puntos 3.10 a 3.16.

[250] Plan de Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Puntos 13 y 14.

[251] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 28.

[252] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 29 a 32.

[253] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 2; y Séptimo Compromiso.

[254] Declaración de Copenhague; 29, Octavo Compromiso.

[255] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 10.

[256] Declaración de Midrand, Mundialización, Párrafo tercero.

[257] Documento Final de Midrand, I.B. Puntos 55 y 56.

[258] Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Párrafo IX.

[259] Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 2.

[260] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Compromiso Primero, Punto 14, y Compromiso Segundo.

[261] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 53.

[262] Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos; 5.

[263] Programa de Hábitat; Punto 11.

[264] Programa de Hábitat; Punto 28.

[265] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[266] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[267] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.A.

[268] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.A.

[269] Adoptada en 1965 en el seno de las Naciones Unidas.

[270] Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial; art. 1 (1).

[271] Declaración de Viena, Puntos 15 y 16; Programa de Acción de Viena, Puntos 19 a 21.

[272] Declaración de Copenhague; 29, Cuarto Compromiso, a.

[273] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo IV, C Punto 73.

[274] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; IV.8.

[275] Ver Declaración Universal de los Derechos Humanos: art. 23 y 24 (derecho al trabajo y laborales en general); art. 25 (derecho a un nivel de vida adecuado); y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: arts. 6 a 8; 11 y 12.

[276] Conf. Villán Durán, Carlos: “Contenido y alcance del derecho a la alimentación en el Derecho Internacional”; en: “El derecho a la equidad” págs. 197 a 228; Edit. Icaria, Barcelona, España, 1997.

[277] Declaración de Viena, Punto 31.

[278] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 10.

[279] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 9 a 12.

[280] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 14.

[281] Agenda 21; Sección I, Capítulos 6 y 7.

[282] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo II, Punto 35.g.

[283] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principios 2 y 8.

[284] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo VII. C. Puntos 7.27 a 7.33; y Capítulo VIII, Puntos 8.1 a 8.35.

[285] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social; Punto 22.

[286] Declaración de Copenhague; 29, Tercer Compromiso, y Sexto Compromiso.

[287] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 9.f.

[288] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo II, C Punto 35.

[289] Programa de Acción de Viena, Punto 77.

[290] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo III, Puntos 42 a 65; particularmente Puntos 47.

[291] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; III.5.

[292] Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Párrafos I y II.

[293] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 61.

[294] Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos; 1 y 8.

[295] Programa de Hábitat, Punto 3 y 39.

[296] Programa de Hábitat; Punto 27.

[297] Programa de Hábitat; Punto 36.

[298] Programa de Hábitat; Punto 116.

[299] Programa de Hábitat; Punto 118.a.

[300] Programa de Hábitat; Punto 118.b

[301] Programa de Hábitat; Punto 160.a

[302] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.C.

[303] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.C.

[304] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.F.1. a; y b.

[305] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.F.2.l.

[306] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.F.5. a; y d.

[307] Sobre el derecho a la educación como derecho humano, puede verse Klainer, Rosa; López, Daniel y Salvioli, Fabián: “”El Derecho a la Eeducación”. Curso / Taller de Educación a distancia para docentes: Módulo II; Ediciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, 1992.

[308] Conf. Salvioli, Fabián: “Educación y Derechos Humanos: cómo somos y cómo convivimos”; en: “Etica y Niñez” pág. 264; Actas de las III Jornadas Nacionales de Etica y I Congreso Nacional Interdisciplinario de Etica Aplicada, “La situación de la niñez en Argentina”; Edit. Centro de Investigaciones Eticas y Asociación Argentina de Investigaciones Eticas, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, 1991,

[309] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Puntos 20 y 21; Programa de Acción de El Cairo, Capítulo II, Principio 10.

[310] Agenda 21; Sección IV, Capítulo 36.

[311] Declaración de Viena, Punto 32; Programa de Acción de Viena, Puntos 78 a 82.

[312] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo XI. Puntos 11.1 a 11.25.

[313] Declaración de Copenhague; 29, Sexto Compromiso.

[314] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo I, Punto 16.a; y Capítulo II, Punto 36.a.

[315] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.8.10.

[316] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 22.

[317] Programa de Hábitat; Punto 120.

[318] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.B.

[319] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.B.

[320] Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984.

[321] Programa de Acción de Viena, Punto 22.

[322] Ver Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 18 y 19.

[323] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo).

[324] Programa de Acción de Viena, Puntos 54 a 61.

[325] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.1; y III.6.

[326] Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.5.

[327] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.1.f; y 7.2.e.

[328] Programa de Acción de Viena, Punto 62.

[329] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.1.i.; y 7.2.i.

[330] Para una visión general sobre las Ongs, véase Vivanco, José Miguel: “Las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos” en: Estudios Básicos de Derechos Humanos I” págs. 275 a 294; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1994.

[331] Declaración de Viena, Puntos 36 y 38.

[332] Programa de Acción de Viena, Punto 52. El mismo Programa de Acción de Viena recomienda que se permita a las Ongs y otras organizaciones de base que actúan en la esfera del desarrollo o de los derechos humanos, desempeñar un papel importante a nivel nacional e internacional en el debate y en las actividades que guarden relación con el derecho al desarrollo y su realización (punto 73).

[333] Programa de Acción de Viena, Puntos 69, 84 y 85.

[334] Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 23.

[335] Agenda 21; Sección III, Capítulo 27.

[336] Programa de Acción de El Cairo, Capítulo XV.

[337] Programa de Acción de Copenhague; Capítulo V, B Punto 85.

[338] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 58.d.

[339] Documento Final de Midrand, I.A. Punto 8 y II C.

[340] Declaración de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, VII.

[341] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 15.

[342] Plan de Acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimlantes de tipo anfetamínico y sus precursores, A.II. Punto 9.d.

[343] Programa de Hábitat; Punto 79.f.

[344] Programa de Hábitat; Punto 182.

[345] Declaración de Pekín (sin numeración oficial de párrafo); Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo V.

[346] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo II.

[347] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo V.

[348] Programa de Acción de Viena, Puntos 13 a 16.

[349] Programa de Acción de Viena, Punto 18.

[350] Programa de Acción de Viena, Punto 95.

[351] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.I.

[352] Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, Punto 61.e.

[353] Programa de Acción de Viena, Punto 92.

[354] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, arts. 1, 3, 4, 5 a 8 y 29.

[355] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 13.

[356] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. Art. 12.

[357] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 124.

[358] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 24, 25 y 26.

[359] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, arts. 55, 66, 67 y 77.

[360] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 75.

[361] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 16.

[362] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 120.

[363] Existen muchas obras que tratan del derecho internacional humanitario; nos permitimos sugerir, para un conocimiento sintético de las principales normas del mismo, a Peytrignet, Gérard: “Derecho internacional humanitario: evolución histórica, principios esenciales y mecanismos de aplicación”; en: Estudios Básicos de Derechos Humanos II” págs. 143 a 167; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 1995; y Swinarski Christophe: “Introducción al Derecho Internacional Humanitario”; Edit. CICR, Ginebra, Suiza, 1989.

[364] Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño; Punto 25; Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; I.7.27.a.; y I.8.14.a.

[365] Programa de Acción de Viena, Puntos 93 y 96.

[366] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 24.

[367] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Art. 8.

[368] Programa de Hábitat, Punto 176 i; l; y m.

[369] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.

[370] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.2.e.i.

[371] Plataforma de Acción de Pekín; Capítulo IV.E.3.b.