LA FUNCION DE ASESORIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS:
UN APORTE A LA RELACION CIVIL MILITAR

Prof. Guillermo Holzmann Pérez
Universidad de Chile
Instituto de Ciencia Política

INTRODUCCION
Nuestro trabajo tendrá como referente la realidad política de América del Sur de los últimos diez años. En este escenario pensamos al proponer una forma de abordar el tema civil-militar en relación a los procesos de transición o consolidación democrática.
Asumimos como supuesto la existencia de una diferenciación notable entre las instituciones militares de los llamados países desarrollados, subdesarrollados y aquellos que se encuentran en América del Sur (Ver: PERELLI, 1990; PERLMUTTER, 1982).

Las Fuerzas Armadas de América del Sur son instituciones corporativas y profesionales, insertas en la estructura del Estado y subordinadas al poder político expresado a través de un régimen democrático. En este sentido, planteamos la situación actual de los militares haciendo referencia, a modo de antecedente, a la etapa o época en que prevalecieron como actores dominantes del escenario político, como producto de intervenciones militares o golpes de estado.
Se considera, además, una aproximación teórica en orden a establecer que la cuestión fundamental no se inserta en el concepto de relación civil-militar, sino más bien en la definición de un conflicto político-militar. Esta precisión es de suyo importante en la medida que significa identificar con mayor exactitud el ámbito en que surgen las variables que permiten entender la forma en que se desarrolla la democracia en estos países.

A partir de estas consideraciones se analiza el rol de los militares en los procesos de toma de decisión al interior de los sistemas democráticos. Para ello, se recurre a la opinión de los actores políticos, principalmente partidos, quienes abordan el problema de forma parcial con el objetivo evidente o encubierto de controlar a las FF.AA., pero sin definir exactamente la finalidad de ese control.
En este caso, la relación política que impone la democracia requiere considerar la existencia de un actor político -las FF.AA.- que expresa sus opiniones de forma diversa y que, en este contexto, es considerada como un intervencionismo político. Más, cabe preguntarse por las razones que motivan esa conducta. Los casos de Venezuela y Colombia, y más directamente Perú, son ejemplos interesantes de considerar.
Desde una perspectiva del entorno que rodea este cuadro de situación no puede dejar de desconocerse la influencia de Estados Unidos, las inquietudes de los militares y políticos sudamericanos respecto de medidas de confianza mutua, mecanismos de resolución de conflictos y los procesos de integración política y económica, entre otros. Como sea, el ambiente sudamericano está presionado por una creciente interdependencia, de la cual surge la necesidad de disminuir al mínimo la probabilidad de conflictos regionales por una parte, y de aumentar la eficiencia y oportunidad en el proceso de toma de decisiones en el nivel gubernamental, por la otra.
Tal vez deberíamos decir claramente que los problemas de las democracias, desde la perspectiva que nos ocupa y en el actual estadio en que se encuentran, no están relacionados directamente con la ocurrencia de conflictos vecinales, sino más bien con la incapacidad para superar el conflicto político interno de cada país entre políticos y militares. Al respecto, vale recordar la frase de Balmes, que data desde hace siglo y medio, citada en el libro de Perlmutter: "No creemos que el poder civil sea flaco porque el militar es fuerte, sino que, por el contrario, el poder militar es fuerte porque el civil es flaco." (PERLMUTTER, p.xii: 1990).


LA CUESTION DE LA SUBORDINACION

Uno de los aspectos de mayor debate en las actuales democracias es el referido a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil expresado, este último, en el Gobierno de turno y encarnado en el Presidente de la República de cada país.
Esta situación tiene diversos matices que es necesario considerar. Primero, aceptemos el hecho evidente de que ningún gobierno puede pretender sostenerse sin el apoyo y/o respaldo -explícito o implícito- de los militares. Lo contrario significa una inestabilidad creciente con importantes componentes revolucionarios o de guerra civil.

Una rápida visión a todos los sistemas de gobierno existentes en el planeta confirma este aserto, por lo demás conocido desde antiguo.
Por otra parte, la experiencia sudamericana exige tener presente que todos los países han poseído gobiernos militares, con distintas duraciones o frecuencias; y que cada gobierno en general ha tratado de plasmar -si es que no lo ha hecho realmente- un proyecto político propio que permita el desarrollo de sus respectivas sociedades.

Independientemente del juicio que tal situación nos merezca, por las especiales condiciones de cada sociedad, se advierte con claridad que las fuerzas armadas se constituyeron en actores políticos en virtud no sólo de su fuerza, sino también como producto de su experiencia gubernamental y los valores que sienten encarnar. Señalemos al pasar que la historia política de América del Sur está plagada de militares héroes, a quienes se debe la independencia y la consolidación del Estado constitucional. "Esta dirección militar constituía un crecimiento en simbiosis, en la cual los políticos se apoyaban en los militares y éstos aparecían como políticos en ejercicio" (CARR, P. 129: 1959).
El rol jugado por los militares a partir de la segunda mitad del siglo XIX estuvo orientado a establecer el orden y favorecer la formación de un gobierno constitucional. En esta etapa los militares se profesionalizan como resultado del quehacer de los liberales y la sociedad, para quienes la aspiración o la motivación subyacente era la manutención del orden. "Por consiguiente, desde el principio, las instituciones militares de Iberoamérica, a diferencia del modelo europeo, fueron conscientes de que habían sido estructuradas para lograr y mantener el orden político" (PERLMUTTER, p. 238: 1990).

Otro elemento importante de consignar se refiere a la fuerte tendencia de los militares a definir como su objetivo la defensa de la Constitución política, aspecto que ellos consideran fundamental en su cuerpo de valores.

No obstante, aceptan la posibilidad cierta de pasar por alto dicha norma si perciben amenazado el orden interno del país. De allí que sea posible afirmar que lo militares no cuestionan esta subordinación (1), sino que más bien la delimitan a la existencia concreta de un orden político que se considera fundamental y que se expresa en la Constitución política. Así, en una aproximación simple, podríamos decir que la suma de ambos aspectos configura la noción de orden institucional, la cual ha pasado a ser una idea argumental central en el discurso de las fuerzas armadas (Ver BALART, F., 1992).

Ahora bien, la historia política del Cono Sur nos muestra una tendencia al intervencionismo militar en política por parte de instituciones castrenses corporativas y profesionales. Al efecto, este fenómeno resulta ser uno de los principales argumentos que subyace en la cuestión de la subordinación.
Nosotros planteamos que la intervención militar no posee una correlación directa con la subordinación, pues son dos aspectos que tienen diferente origen y desarrollo y que sólo se confunden en la esfera de la competencia del poder, como veremos luego.

En esta parte nos resulta útil aprovechar el aporte realizado por Amos Perlmutter en su libro Lo militar y lo político en el mundo moderno (1982), donde desarrolla una clasificación de los ejércitos en cuatro tipos fundamentales.
El primero es el de los ejércitos profesionales, instrumentos del Estado, sea cual sea la tendencia política a la cual adhiera, para la utilización de la fuerza militar cuando los gobernantes lo consideren necesario, de modo que estén disponibles a servir eficazmente a su "cliente", como un especializado brazo de la "empresa" estatal.

El segundo corresponde a los ejércitos corporativos, donde la organización militar se crea conciencia de clase y adquiere la idea de corporación, de cuerpo, de comunidad con características específicas, que le proporcionan una dependencia del Estado a condición de que su corporativismo sea respetado.
El tercero es el de los ejércitos pretorianos, lo que define como aquellos en los que la clase militar, dentro de unas determinadas sociedades, ejerce un poder político "en virtud de un empleo real de la fuerza o de la amenaza de emplearla".

El cuarto tipo se refiere a los ejércitos revolucionarios, y que corresponden al de unas organizaciones profesionales movidas en su interior por conceptos tales como compromiso, dedicación y finalidad, pero cuya organización y estructura responden a las de los ejércitos profesionales.
Si bien lo anterior es un simple esquema, cuestión que Perlmutter desarrolla in extenso en su libro con todos los subtipos posibles de crear o reconocer, es útil para comprender en mejor forma el fenómeno que nos ocupa.

Así, en América del Sur, los ejércitos (2) tienen las características señaladas para los profesionales y corporativos, desarrollando en distintas formas -según el país- las características correspondientes a los pretorianos y los revolucionarios.
Si aceptamos lo anterior, deberemos concordar que los militares sudamericanos no cuestionan la dependencia del poder civil en tanto se mantengan como organizaciones profesionales y corporativas. El problema surge cuando intervienen en política utilizando la fuerza.

En este sentido, la experiencia reciente nos muestra un acatamiento mayor a la autoridad presidencial, en su calidad de jefe de estado, más que al sistema democrático. Los sucesos de Perú, Venezuela y Colombia son indicativos de ello.
Avanzando un paso más, no resulta arriesgado afirmar que los militares han dejado atrás la era de golpes de estado, para pasar a una etapa de claro y decidido apoyo a la institución presidencial en tanto signifique la manutención del orden constitucional y social. Siendo su apoyo, en segundo término, al régimen democrático (3).

Es interesante anotar el hecho de que los gobiernos militares de las décadas del 60, 70 y 80 no fueron capaces de concretar una fuerza política civil que mantuviera el ideario o los objetivos considerados por ellos como orientadores de su gestión gubernamental. Es decir, los gobiernos militares han resultado ser un paréntesis político en la historia de las sociedades, cuyo legado ha sido entregado y recibido -voluntaria u obligadamente- por los actores tradicionales del régimen democrático.

A partir de lo reseñado, cabe afirmar que la subordinación militar se circunscribe al interior del conflicto político-militar, donde la cuestión central pasa a ser la capacidad de intervención de las fuerzas armadas en el sistema político, ya sea por la vía de acciones de fuerza o por la amenaza de su uso, como también utilizando categorías de actor político partidista o simplemente como poderoso grupo de presión.
Por tanto, afirmar que la influencia o acción política de los militares descansa principalmente en las características profesionales o corporativas de sus instituciones resulta ser una percepción errónea, por cuanto ello es una cuestión secundaria y, además, no es la causa ni se encuentra en la naturaleza del intervencionismo.

A nuestro entender, entonces, la suposición de que la subordinación se obtiene modificando las características y elementos que distinguen el ser profesional o corporativo de las instituciones castrenses es en su esencia equivocada, y sólo responde a la percepción de los partidos políticos de tener al frente un actor similar a ellos.

En consecuencia, la idea de "control civil" impulsada por los representantes de los partidos políticos, y que la hacen equivalente a la noción de subordinación, se orienta en forma equívoca, toda vez que el objetivo no declarado es crear los medios y herramientas necesarios para evitar y/o disminuir al mínimo la probabilidad de que los militares lleguen al poder en calidad de gobernantes.
Este punto es notable si se tiene presente que los militares han generado una capacidad intelectual, post gobiernos militares, para analizar y evaluar el desempeño gubernamental. En efecto, el número de oficiales con estudios de postgrado en disciplinas como educación, ciencia política, economía, planificación, ingeniería, etc., va en constante aumento en todas las ramas de la defensa de iberoamérica.

En otras palabras, el estamento castrense tiene el recurso humano suficiente para desarrollar una gestión pública y política con un claro sentido de la realidad, el cual proviene de la experiencia y el conocimiento. A su vez, los civiles conocen muy poco de las fuerzas armadas y no están en condiciones de poder analizar o evaluar el desempeño de ellas.

De hecho, su única alternativa de evaluación lo constituye la variable presupuestaria y administrativa, lo cual no disminuye la capacidad de acción política de los militares sino, más bien, aumenta la probabilidad de intervencionismo, como ha quedado demostrado el pasado 28 de mayo de 1993 en Chile, donde la expresión política de los militares exigió la presencia del Jefe de Estado para superar la situación (4).

En consecuencia, la cuestión de la subordinación no constituye un elemento central en la función de las fuerzas armadas del continente, por cuanto ellas son instituciones profesionales y corporativas, integrantes del Estado y respetuosas de la institucionalidad democrática (5), con tendencias grupales al pretorianismo en su interior. A su vez, la consideración de actores políticos que se les asigna a las fuerzas armadas viene dada por los representantes de partidos políticos que reducen la cuestión solamente al conflicto político, y para quienes la solución se orienta por la vía de establecer una subordinación extrema de los militares al poder civil, en circunstancias que ello no es cuestionado en el testamento castrense.

Es significativo, además, distinguir el rol que asumen los militares luego de la caída de la Unión Soviética y el fin de la guerra ideológica. Tal vez, no sea apresurado sostener que los militares en América del Sur se encuentran redefiniendo su rol futuro, mientras que los políticos ubican su accionar en el pasado inmediato. Dicho de otra forma, los militares están en la locomotora definiendo el futuro, mientras que los políticos están en el último carro contemplando el pasado.

Siendo así, es comprensible que se perciba al sector castrense como un elemento de poder importante en capacidad de competir con los partidos y grupos de presión políticos. En esta visión reducida de la competencia del poder es obvio que los militares tienen una mejor ventaja comparativa.

Respecto al intervencionismo militar, que para los diversos sectores políticos constituye una amenaza a la estabilidad democrática, es necesario considerar sus causas. Al efecto, el origen de las intervenciones militares -y en esto seguimos a Huntington- se relaciona con las condiciones de inestabilidad política y decadencia de las sociedades.

Por su parte, Perlmutter confirma en su estudio empírico el "hecho histórico y político de que, cuando el gobierno civil no es eficaz (...) resulta imposible mantener bajo control a la institución militar. El colapso del poder ejecutivo es condición previa para el pretorianismo". Luego, al señalar las condiciones en las cuales ello se produciría indica: "que las instituciones civiles carezcan de legitimidad"; "que el gobierno civil fracase en la búsqueda de objetivos tales como unificación, orden, modernización"; la existencia de corrupción o "debilidad y desorganización estructural"; "(...) no existencia de símbolos significativos de carácter general que aglutinen a la sociedad (...) síndrome típico de un estado en el que se hayan descompuesto los modelos tradicionales de cohesión social, sin haber sido todavía sustituidos por otros nuevos"; que "a los dirigente civiles les falte experiencia política y símbolos de autoridad" (...) (Perlmutter, p. 123 y ss.: 1982).

El control civil de los militares no disminuye la probabilidad de intervención política de éstos, más bien queda en un delicado ambiente de incertidumbre, y donde la subordinación no es elemento central de la cuestión.
Siendo así, cabe preguntarse si la intervención castrense en política resulta de su propio accionar o ambición de poder o, simplemente, es la respuesta lógica de un actor político, que no reconoce el rol asignado, a las condiciones del medio ambiente. A su vez, y si ello es así, el aspecto relevante no se encuentra en la subordinación ni en el control -elementos ambos de distinta naturaleza- sino en el rol que les compete al interior del Estado democrático.
Ello no significa la existencia de una autonomía absoluta del estamento castrense, más bien nuestra percepción es que se deben perfeccionar los elementos que regulan su acción política en la sociedad.

Por tanto, la aproximación a las fuerzas armadas a partir de la subordinación y el control es una alternativa de análisis contingente que no ayuda a resolver el fondo de la cuestión respecto a cómo establecer el rol de los militares en democracia.


EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las fuerzas armadas son un actor político, de características no partidistas, en virtud de su historia, intervención y condiciones estamentales dentro del Estado. Como actor político, su accionar se define como no deliberante y obediente al poder civil representado en el gobierno y, además, respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Por doctrina, las fuerzas armadas no cuestionan su subordinación ni su rol de defensa exterior que les compete, aún cuando se les requiere como agentes para la manutención del orden interno en diversas circunstancias, como ser catástrofes, terrorismo, elecciones, etc.

Asimismo, rechazan un control político de su gestión, pues afecta la autonomía relativa que le es tradicional y que subyace en la historia de cada país. Se saben el instrumento de fuerza con que cuenta el estado para respaldar la dominación que todo gobierno necesita. Pero también tienen claro que ello no implica un compromiso político-partidista, sino un compromiso con el fundamento de "lo" político que tiene cada Estado, el cual se expresa en el bien común y en el orden institucional.

El problema al parecer -y es nuestra opinión- no se encuentra en lo principal en la auto-percepción de los militares, sino en la errada evaluación de los actores políticos partidistas respecto de ellos.
Si hemos de hacer un análisis podemos identificar a la ideología y la organización como las variables dependientes que mejor definen a los militares en su relación con el medio político. En los últimos años habría que agregar también la administración.

Desde otra perspectiva, es necesario reconocer que durante el siglo XX y, en especial, en los últimos cuarenta años, las fuerzas armadas han desarrollado un hacendado profesionalismo, desligándose de otras funciones al interior del Estado. Específicamente, los militares han sido confinados y aislados en roles insignificantes luego de los gobiernos militares de las últimas décadas.
En estas condiciones se establece el ambiente propicio para el surgimiento del conflicto civil-militar.
Si ya señalamos que los militares tienen capacidad para evaluar la gestión gubernamental y los políticos carecen de la capacidad recíproca, es fácil advertir la incomunicación o dificultad de diálogo entre las élites civiles y militares. Tanto porque el desconocimiento mutuo es alto, o por la existencia de diversas interferencias ideológicas de carácter contingente, las cuales terminan estableciendo un desagradable clima de desconfianza mutua que muchas veces se ventila en la prensa por la inexistencia de adecuados conductos de comunicación (Ver RIAL, J., p. 45: 1990).

Así, la desconfianza entre gobierno, políticos y militares junto al especial desconocimiento de los civiles respecto de las capacidades militares, nos lleva a plantear el asunto de fondo: ¿quién define el rol de las fuerzas armadas?
Intentar una respuesta precisa es complejo por las diversas variables presentes en la actualidad. Sin embargo, podemos señalar que, en general, los países sudamericanos no poseen una política de defensa y, consecuencialmente, tampoco una política militar; que los sectores políticos tienen claridad respecto a lo que no deben hacer las fuerzas armadas, pero no respecto a sus misiones y funciones dentro del Estado; existe una percepción de parte de la opinión pública favorable a los cuerpos armados, no así respecto a su rol político; que los gobiernos se esmeran en plantear y/o demostrar una relación de obediencia absoluta de los militares al gobierno; que priman más los aspectos políticos que los técnicos, etc.

Podríamos seguir enumerando otros elementos los que, sin embargo, no son suficientes para responder la pregunta. Debemos, en todo caso, constatar que los civiles, y en especial los políticos, por décadas han obviado el tema militar, cooperando eficazmente a la autonomía relativa de la cual gozan en la actualidad.
A saber, las fuerzas armadas son instituciones de una alta complejidad administrativa y de gestión, tanto por el tamaño que poseen, los recursos que utilizan, los requerimientos tecnológicos y la necesidad de especialización de sus hombres.

Por otra parte, son pocos los países iberoamericanos que se han preocupado de integrar a las instituciones castrenses en el proceso de toma de decisión del gobierno, en su nivel político estratégico.

Como resultado de lo anterior, históricamente los militares, en virtud de sus características, se han enfrentado a la inexistencia de definición de sus misiones específicas por parte de los gobiernos. Más aún, casi la única exigencia que se les hace es que no participen en la política contingente, ni siquiera mencionando otros niveles de participación. Ello ha llevado, inexorablemente, a que las fuerzas armadas se autodefinan sus misiones, con la complicidad de los gobiernos y partidos para que efectúen acciones de índole político contingente.

De esta manera, el estamento militar ha estructurado y potenciado sus capacidades propias, al punto de sentirse obligado a realizar tal ejercicio en forma permanente. Así, mientras los sectores políticos tratan de evitar el intervencionismo militar, las instituciones castrenses se autodefinen la mejor forma de utilizar sus cuantiosos recursos. Resulta paradojal que esta autodefinición considera aspectos de apoyo al sistema político o donde ellos no tienen interés en desarrollar actividades. Ello es notorio, por ejemplo, en el área de obras públicas sustentado por concepciones y teorías geopolíticas respecto al desarrollo del país y la preservación de su soberanía.

En este sentido, desarrollan investigación para establecer teorías destinadas a respaldar sus planificaciones y requerimientos de recursos.
Como sea, de una u otra forma, los militares se auto-regulan de manera concreta, cuidando de no romper su relación con el fin que les reconoce el Estado respecto de la defensa territorial de enemigos externos. No obstante ello, y dada su escasa participación en el nivel político-estratégico, realizan recopilación de información para evaluar la situación del país respecto de potenciales amenazas a la soberanía que surjan en su interior.

En general, las fuerzas armadas conciben sus misiones en torno a la creación de las condiciones de seguridad necesarias que todo Estado y Gobierno requiere para la consecución de sus fines y objetivos. A partir de esta consideración los institutos castrenses planifican su accionar.

Es obvio que se requiere una serie de reformas legales para evitar que esto ocurra. Los afectados consideran esta situación como tradicional y parte de su tarea. Más aún, consideran que los civiles no cuentan con la suficiente preparación técnica y especializada para mantener un debate sobre esto, y lo que es más grave no visualizan una voluntad política tendiente a establecer el marco de referencia que supone una política de defensa.

Con todo, el rol de las fuerzas armadas es complementario al quehacer gubernamental, lamentando que no exista una interrelación más estrecha respecto a la definición de objetivos (6).
Si despejamos el conflicto político-militar, surge con nitidez la necesidad de definir el rol de las fuerzas armadas en el actual Estado democrático. No es coincidencia que la estabilidad política de las sociedades en desarrollo tenga como protagonista principal a los militares con el fin de evitar la crisis del Estado.

En esta síntesis hemos obviado referirnos a los sistemas de inteligencia, a la reforma del Estado, a la definición de políticas públicas y otros temas que están presentes en la agenda política latinoamericana, pues creemos que previamente hay cosas a abordar, de las cuales una de ellas es el rol de los militares en democracia.


LA FUNCION DE ASESORIA

De lo desarrollado hasta ahora, queda en claro que las fuerzas armadas deben tener una participación más directa y transparente en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Que esta participación debe ubicarse en el nivel político-estratégico y que debe ser definida por el poder civil, teniendo presente las capacidades profesionales y corporativas del estamento militar.

La función de asesoría la concebimos como el aporte institucional que les corresponde realizar a las fuerzas armadas, a solicitud del Conductor Político-Estratégico del estado, para optimizar el uso de diversos recursos con el fin de obtener la mejor decisión y/o definición posible en beneficio de la sociedad.
Tal vez resulte ilustrativo señalar, desde un punto de vista intelectual, que las instituciones castrenses pueden realizar esta asesoría, y por el contrario, los civiles o el gobierno no pueden asesorar a las fuerzas armadas en el desarrollo de sus misiones.

Esta cuestión tan obvia deja de manifiesto la necesidad de lograr un diálogo más profundo entre las élites políticas y militares para obtener un consenso social integral respecto de los grandes objetivos estratégicos del Estado.
Es nuestra opinión que las fuerzas armadas no deben tener un carácter intervencionista, pero a su vez sostenemos que la responsabilidad recae más bien en los sectores políticos antes que en los militares.

En este mismo ámbito, consideramos que los militares -y en esto seguimos a Juan Rial- son un socio obligado de la democracia, el cual debe ser integrado al sistema gubernamental de manera regulada y eficaz. Resulta paradójico que las fuerzas armadas no participen en el gobierno, en circunstancia que en todas las democracias desarrolladas ellas se encuentran asesorando activamente al Jefe de Estado.

Con ello no sólo se produce la integración y asesoría de la cual hablamos, sino que además se estructuran conductos de comunicación altamente eficientes que evitan por un lado el intervencionismo militar y reducen al mínimo la confrontación pública de civiles y militares.

En otras palabras, los conflictos existentes tienen una regulación que privilegia la transparencia y la adecuación de mecanismos efectivos de resolución que convergen en el tan ansiado ambiente de "medidas de confianza mutua".
Al efecto, la modificación de la autonomía relativa castrense pasa por la adecuada y precisa definición de su rol al interior del Estado. Sostener actualmente que estas instituciones no deben participar en política no puede significar una situación de aislamiento sin perjudicar gravemente los intereses estratégicos del país.


CONSIDERACIONES FINALES

El presente artículo recoge parte del trabajo investigativo realizado en los últimos tres años sobre los modelos de toma de decisión de las fuerzas armadas y la estructura estatal, junto con el análisis de riesgo político en las sociedades de América del Sur. A través del estudio, hemos podido constatar que los procesos de transición o consolidación democrática carecen de sistemas adecuados para administrar crisis y para tomar decisiones. Ello obedece a variadas razones y sobre el particular se pueden aventurar diversas hipótesis.

En el artículo hemos enfatizado la participación militar en dicho proceso, reconociendo que este tema tiene otras vertientes que lo convierten en un tema interdisciplinario.

En general, en América del Sur suele aceptarse que la democracia se sostiene, o es patrimonio casi exclusivo, de los partidos políticos. Son ellos quienes la administran y la construyen. La realidad, en cambio, nos muestra que ellos son sólo una parte de dicho régimen.

En efecto, la historia y la experiencia reciente (últimos diez años) nos lleva a plantear que en Latinoamérica la democracia moderna se sostiene en tres pilares fundamentales: partidos políticos, empresarios o sector privado, y fuerzas armadas. Extrañamente la capacidad de coordinación e integración de estos actores no es la adecuada, según se desprende de la diferencia que existe en la velocidad del "tiempo político" y el "tiempo económico" (HOLZMANN, 1991). El segundo avanza con una voluntad y una velocidad de tiempo real que el primero no visualiza ni hace esfuerzo por alcanzar.

El elemento, entre otros, que integra a estos tres actores como pilares de la democracia en América del Sur es, sin duda, la voluntad de generar condiciones suficientes para asegurar la estabilidad política, económica y social que permita mantener y acrecentar los satisfactorios niveles futuros de crecimiento y desarrollo económico.

La adecuada articulación de intereses y voluntades por parte de los partidos políticos permite la obtención y concreción de un mayor desarrollo político y consolidación democrática; por parte de los empresarios, permite optimizar el desarrollo económico; por parte de las fuerzas armadas, permite la generación de las condiciones de seguridad necesarias para mantener un adecuado ambiente de estabilidad y gobernabilidad. No obstante, esta relación de dependencia aún no se expresa en una voluntad política que permita un quehacer integrado de estos actores. Se mantiene un nivel de desconfianza que de no ser superado puede, potencialmente, inducir a crear las condiciones de determinadas crisis de gobernabilidad.

Como ejemplo de lo anterior, consideremos el derrotero que han seguido los países con mayor grado de desarrollo democrático, especialmente en su actual comportamiento frente al denominado "nuevo orden mundial" y los nuevos tipos de conflicto que surgen.

Por ejemplo, las variables que han aparecido al interior de la Ronda de Uruguay del GATT, las cuales han movilizado varias burocracias estatales a un alto nivel para planificar y diseñar estrategias que aseguren razonablemente un cierto nivel de desarrollo y seguridad para sus respectivas sociedades, y donde el aporte del estamento militar en las áreas de su dominio técnico y estratégico ha sido de señalada importancia.

Con todo, resulta evidente la necesidad de reconocer la visión reduccionista de suponer que la relación civil-militar es sólo una cuestión de control, subordinación o poder, cuando en realidad se requiere una regulación clara y precisa del rol de las fuerzas armadas en los procesos de toma de decisión de las democracias latinoamericanas. No se trata sólo de un requisito político sino societal.

La exigencia de gobiernos eficientes es cada vez mayor y la carencia de integración real de las instituciones estatales, en especial de las fuerzas armadas, es también más notoria.

(1) La evolución histórica de los militares n América Latina es una cuestión necesaria de entender para poder establecer el rol político que han jugado las fuerzas armadas. En este sentido, la influencia europea en el siglo pasado y parte de éste, como la proveniente de Estados Unidos en los últimos cincuenta años son elementos que no pueden obviarse al momento del análisis.
(2) En el presente trabajo utilizaremos indistintamente los vocablos ejército, militares y castrenses para referirnos a las fuerzas armadas.
(3) Sin duda, el fin de la confrontación Este-Oeste ha tenido un impacto fundamental en el hecho de que las intervenciones militares estén marcadas por la manutención del orden interno y el respeto a la institucionalidad. Ya no se trata de la defensa de determinados valores frente a la expansión ideológica, cuestión que marca gran parte del intervencionismo militar en las décadas anteriores a la del 80.
(4) Sobre este punto ver HOLZMANN, G. "Fuerzas Armadas y Democracia: Reflexiones teóricas frente al caso chileno", en Sociedad y Fuerzas Armadas, Nº 2, Julio 1990. Ed. CEFASOC, Universidad de Chile.
(5) Los acontecimientos de Brasil, Venezuela, Guatemala y Perú nos informan a este respecto, al producirse la sustitución del Presidente de la República en los casos de los tres primeros países y el respaldo íntegro en el caso de Perú al Presidente, sin que se haya producido un golpe de estado sino que, por el contrario, se privilegió la manutención del orden institucional e interno. Cabe tener presente, no obstante, que estas situaciones -al igual que la ocurrida recientemente en Rusia- abren nuevos interrogantes respecto del rol de los militares en política.
(6) No podemos dejar de señalar que la dinámica política mundial exige de cada nación un consenso explícito de todos los actores sociales, respecto a lo que podría denominarse un "Proyecto País", el cual no está presente en Sudamérica, donde gobiernos reaccionan en forma permanente, demostrando su incapacidad de accionar con una visión de futuro. (Ver HOLZMANN, p. 87 y ss: 1992).


Actualizado: 19/05/96 9:33:20 AM
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