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¿Qué es el control de convencionalidad?

El control de convencionalidad puede ser definido como una obligación de todas las autoridades del Estados parte del Pacto de San José de interpretar cualquier norma jurídica nacional (constitución, ley, decreto, reglamento, etc.) de conformidad con la Convención Americana y, en general, con el corpus iuris interamericano, el cual está integrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte y otros instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos.

Esta obligación se deriva en primer lugar del art. 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la CADH, por el cual los Estados Partes se han comprometido a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la CADH, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades mencionados en el art. 1. Por consiguiente, la Corte IDH sustenta dicha obligación, además, en lo dispuesto en los artículos 1 (obligación de respetar los derechos), 29 (normas de interpretación más favorables) de la CADH, 26 (Pacta sunt servanda) y 27 (no invocación del derecho interno como incumplimiento del tratado) del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).(1)

Ello significa que en caso de que exista una manifiesta incompatibilidad entre la norma jurídica nacional y el corpus iuris, las autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar la norma nacional para evitar la vulneración a los derechos humanos protegidos internacionalmente. Las autoridades estatales deben ejercer de oficio el control de convencionalidad, pero siempre actuando dentro de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (2) mientras estas mismas no sean “contrarias al objeto y fin del instrumento internacional.”(3)

La Corte IDH ha indicado “[ser] consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico”, y recordó que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Para ello, el Tribunal indicó que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Adicionalmente, el Tribunal estableció que “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”(4)

Resumiendo, en la práctica, el control de convencionalidad consiste en un examen de compatibilidad de actos y normas del derecho interno con la normatividad de la CADH a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH.

 

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(1)Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Interprestación conforme y control difuso de convencionalidad – El nuevo paradigma para el juez mexicano, Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 2, 2011, pp. 531 – 622, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca

(2)Pablo González Domínguez, Implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los sistemas jurídicos nacionales: la doctrina del control de convencionalidad, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Santiago, 2014

(3)Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones preliminares, Fondo , Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serioe C No. 186, párr. 180.

(4)Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124.