El curso está dirigido a funcionarios y funcionarias de Estado de América Latina, especialmente de las cancillerías y las oficinas especializadas de derechos humanos, así como operadores/as de justicia. Estos últimos son las personas vinculadas con los sistemas de justicia que desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de los derechos de protección y debido proceso. Desde tal perspectiva, se incluye tanto a jueces y juezas, a quienes de manera primordial les compete la función jurisdiccional, como a los fiscales y las defensoras y defensores públicos que tienen a su cargo los procesos y funciones estatales de garantía del acceso a la justicia.