DECLARACIÓN DE MÉXICO

SOBRE  EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 

Ciudad de México, 28 de noviembre - 1º de diciembre de 2001

 

 

La Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de México del 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2001 y organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) y el gobierno de México, reunió representantes de organismos gubernamentales e intergubernamentales, instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), cátedras UNESCO de derechos humanos e instituciones académicas.

 

Esta Conferencia tuvo como objetivos analizar el estado actual de la educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe, además de debatir y adoptar recomendaciones concretas en los ámbitos nacional y regional en esta materia.

 

Considerando que la educación en derechos humanos es en sí un derecho fundamental, los Estados miembros de las Naciones Unidas proclamaron unánimemente el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos (1995-2004), reiterando, de esta forma, otros compromisos asumidos internacionalmente.

 

La Conferencia expresa su preocupación porque en el presente momento el ejercicio de los derechos humanos se pueda subordinar a políticas de seguridad nacional, así como también por que se hubiese producido una inmovilidad en cuanto a impulsar agendas de avance de los derechos humanos, concretamente las recomendaciones de la Conferencia  Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. (Durban, Sudáfrica. 2001).

 

En América Latina y el Caribe se asiste a transiciones democráticas importantes, aunque todavía se constata una distancia entre los marcos constitucionales y la realidad. Sin embargo, emerge una sociedad civil que busca construir nuevas relaciones con el Estado.

 

La región comienza el siglo XXI en un contexto político, económico y social caracterizado por la desigualdad, no sólo de individuos sino de pueblos y comunidades que viven en la marginalidad social, en la pobreza y excluidos de los beneficios del desarrollo económico. A pesar de las numerosas promesas de las políticas económicas, los programas de ajuste estructural y los proyectos de reforma del Estado puestos en marcha por gobiernos e instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe, la realidad refleja una enorme concentración de la riqueza, que hace de esta región la más desigual del planeta.

 

Además, fenómenos como la corrupción, la impunidad, el desigual acceso a la justicia, el deterioro de las condiciones de vida y del medio ambiente, el desempleo, el déficit en vivienda, la salud y la alimentación, han conducido al  recrudecimiento de la  criminalidad y la inseguridad, lo cual limita la participación y los procesos de organización ciudadana. Los avances en derechos humanos son todavía precarios.

 

En relación con la educación, en las ultimas décadas se observan logros relativamente positivos, aunque lentos, en alfabetización de adultos y educación básica, pero bajos todavía en educación secundaria y superior. El derecho a la educación –su acceso, permanencia y calidad– para todas y todos, es aún una materia pendiente en la región.

 

Durante los años ochenta, la educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe se extiende como práctica preventiva que busca defender la vida y coadyuvar a las transiciones democráticas; en los noventa adquiere legitimidad institucional y se especializa hacia diversos destinatarios y niveles de acción. Hoy la educación en derechos humanos es importante porque promueve prácticas que permitan a las personas y los pueblos el conocimiento y goce de sus derechos, su empoderamiento y la consolidación de una cultura democrática, la paz y el fortalecimiento del Estado de derecho.

 

A pesar de estos avances, queda mucho por hacer, como lo demuestra la evaluación de la mitad del periodo del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, que presenta grandes obstáculos:  escasa voluntad política, aplicación desigual de recursos y desconocimiento de los derechos humanos.

 

Cabe señalar los esfuerzos recientes en América Latina y el Caribe para fortalecer la educación en derechos humanos y constituir los elementos básicos de una propuesta latinoamericana y del Caribe, entre los que destacan la Declaración de Mérida (Venezuela, 1997) celebrada por los ministros de educación de los países iberoamericanos; el Encuentro de Lima de Investigadores en Derechos Humanos (Perú, 1999) organizado por Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Reunión de Gobiernos sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Región de América Latina y el Caribe (Ecuador, 1999) impulsada por la OHCHR; y el Plan Latinoamericano para la Promoción de la Educación en Derechos Humanos,  resultado del  Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Venezuela, 2001) de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)

 

En consecuencia, la Conferencia adopta  por aclamación y  recomienda la  inmediata ejecución y, en particular, en lo que resta del  Decenio,  del  siguiente

 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN

 

RECOMENDACIONES GENERALES

 

 

Instar a los Estados para que asuman su responsabilidad como garantes, protectores y promotores de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y de una cultura de derechos humanos y paz.

 

 

CONCEPTOS Y METODOLOGÍAS

 

Los Estados deben incluir en los planes nacionales de educación temas de derechos humanos, paz y democracia, a la par de diseñar políticas multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales  de educación en derechos humanos. También es preciso que articulen políticas de igualdad  en todas sus formas con políticas de identidad que permitan la participación de la comunidad. El manejo de los proyectos y programas ha de reflejar comportamientos éticos y democráticos. Estos planes deben ser monitoreados y evaluados permanentemente.

 

La educación en derechos humanos debe centrarse en el sujeto -individual y/o colectivo-, y en todo momento debe reforzar la universalidad e indivisibilidad así como propender la justiciabilidad de los derechos. Además, incluir de manera integral la educación para la democracia y el desarrollo, trabajando la memoria histórica para garantizar el “nunca más”.

 

La educación en derechos humanos debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, que transforme la vida de las personas e integre lo individual con lo comunitario, lo intelectual con lo afectivo. Debe relacionar la teoría con la práctica y éstas a su vez con la realidad de nuestros países, señalando los obstáculos que impiden o postergan el goce de los derechos.

 

Un componente fundamental de la educación en derechos humanos que debe ser reforzado en todas las actividades, es el reconocimiento y valoración de la pluralidad cultural presente en la región. La formación para el diálogo intercultural e interétnico debe ser un contenido y eje transversal de los planes, programas y proyectos de educación en derechos humanos.

 

La educación en derechos humanos debe desarrollar objetivos, metodologías,  enfoques sectoriales y trabajar con ejes transversales apropiados para cada nivel, grado, disciplina y carrera. Adicionalmente, debe propiciar el uso de nuevas tecnologías informáticas, Internet entre ellas, y aprovechar diferentes expresiones artísticas.

 

 Cada Estado debe crear instrumentos y promover redes para revisar, sistematizar y difundir las experiencias y materiales de educación en derechos humanos, en colaboración  con las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, para su internalización por parte de la sociedad. También debe diseñar, desde un enfoque interdisciplinario, acciones de difusión que contrarresten los discursos que pretenden desprestigiar la lucha por los derechos humanos.

 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO

 

Se insta a los Estados, en cooperación con los organismos internacionales, las universidades, los centros de investigación y las organizaciones de derechos humanos, a la elaboración de instrumentos de evaluación que contengan indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan monitorear los resultados, así como evaluar la  efectividad y el impacto de los planes de educación en derechos humanos. En el ámbito regional deberá servir para difundir la práctica de la evaluación de todo trabajo en este campo.

 

Se solicita a la OHCHR y a la UNESCO fomenten y participen activamente en la preparación de indicadores de evaluación regionales y subregionales.

 

Instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, deben diseñar y habilitar instrumentos y procesos de seguimiento nacional de las acciones de educación en derechos humanos que llevan a cabo los Estados. Asimismo, impulsar foros consultivos donde se puedan discutir y monitorear en el ámbito local las carencias y los avances de programas de educación en derechos humanos. Por ello se recomienda que los organismos y agencias internacionales, así como los Estados, apoyen estas iniciativas.

 

Se insta a los Estados a presentar informes ante organismos internacionales sobre sus planes nacionales, planes de acción de Conferencias Mundiales y en educación en derechos humanos, para que sean motivo de seguimiento y verificación por parte de la comunidad  internacional.

 

Se pide a la sociedad civil  utilizar los mecanismos de protección existentes, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para denunciar los casos de incumplimiento por los Estados respecto a la educación en derechos humanos.

 

 

RECOMENDACIONES NACIONALES

 

Se insta a los Estados a ratificar los instrumentos internacionales vigentes relacionados con la instrumentación de políticas públicas relativas a la educación en derechos humanos, como la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; la Convención Internacional  sobre   la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para  la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la Violencia contra  la Mujer;  la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos  de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias y  la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

 

Urge que los Estados impulsen la creación de un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos con la participación de todos los sectores sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, cátedras UNESCO, representantes de órganos estatales y provinciales, para cumplir el mandato de elaborar un Plan Nacional de Acción en Educación en Derechos Humanos, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas. Se solicita a los Estados también proveer los fondos necesarios para impulsar la elaboración, implementación y evaluación del Plan Nacional de Acción, así como promover la difusión y divulgación de las normas y la jurisprudencia internacional y nacional de protección de los derechos humanos.

 

Se recomienda a los Estados privilegiar la educación en derechos humanos en los planes de acción y políticas nacionales contra la discriminación en todas sus formas, ya que la educación en derechos humanos es uno de los instrumentos para fortalecer la democracia y una cultura de paz frente a las amenazas del terrorismo en todas sus manifestaciones, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

 

Se insta a los Estados a promover, conjuntamente con las ONG, la creación de espacios de colaboración permanentes y redes nacionales mixtas (entidades gubernamentales, defensorías del pueblo, cátedras UNESCO, universidades, etcétera) para impulsar la educación en derechos humanos. Se pide a las organizaciones internacionales que faciliten la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.

 

Asimismo, se insta a los Estados a que faciliten el trabajo de las ONG y ofrezcan también apoyo económico para sostener sus esfuerzos, actividades educativas y de promoción en derechos humanos y exentarlas de impuestos.

 

Se solicita a los Estados que garanticen el derecho de acceso a la información sobre educación en derechos humanos en general, así como políticas, planes e informes gubernamentales.

 

Se insta a los Estados  a cumplir  las recomendaciones sobre educación en derechos humanos emitidas por organismos internacionales y regionales.

 

Se requiere que las empresas asuman su responsabilidad social en el respeto de una cultura de derechos humanos, desarrollo, democracia y paz.

 

 

RECOMENDACIONES REGIONALES

 

Se abordó la necesidad e importancia de tener una Convención Americana sobre la Educación en Derechos Humanos que disponga la obligación de desarrollar y poner en marcha planes nacionales más allá del Decenio de las Naciones Unidas en Educación en Derechos Humanos y asegure la continuidad y fortalecimiento de esta importante área de trabajo. En este contexto, se recomienda que los Estados consideren la viabilidad de dicha Convención.

 

Se solicita a la OHCHR y a la UNESCO realizar foros regionales y subregionales orientados a compartir y sistematizar experiencias, publicaciones, metodologías e instrumentos de formación.

 

Se recomienda que organizaciones internacionales, regionales y los Estados realicen actividades de educación en derechos económicos, sociales y culturales en colaboración activa con las ONG, defensorías del pueblo y asociaciones profesionales y académicas, poniendo a disposición asistencia técnica y apoyo financiero.

 

Se aconseja la creación de redes mixtas (gobiernos, ONG, defensorías del pueblo, grupos de profesionales, universidades, etcétera) regionales y subregionales que traten del tema y el trabajo en educación en derechos humanos. Estas redes facilitarán el flujo de información sobre los desarrollos y avances en la materia, así como el intercambio de experiencias.

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

 

EDUCACIÓN FORMAL  

 

Se insta a los Estados a democratizar la libertad de cátedra y propiciar el cambio de modelos educativos tradicionales, autoritarios y verticales por modelos integrales, de cooperación y tolerancia, horizontales, que permitan construir sociedades democráticas y transformadoras.

 

La escuela/universidad está llamada a incorporar los principios de tolerancia, equidad y convivencia pacífica como parte de la enseñanza desde un conocimiento plural, crítico, constructivo y racional. Debe, además, favorecer la crítica, el respeto a la diferencia y ser una guía moral, de manera permanente y, en especial, en tiempos de crisis, para la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos.

 

Los Estados deben diseñar políticas orientadas a integrar la educación en derechos humanos en los programas curriculares de todo el sistema educativo nacional. Especial énfasis se deberá tener en los principios de indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), así como en los derechos de grupos vulnerables como etnias nacionales, minorías lingüísticas y religiosas, migrantes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y aquellas que viven con vih/sida. Deberá hacerse un esfuerzo especial para utilizar los idiomas locales y desmitificar los términos técnicos.

 

Educación básica

 

Los Estados deben realizar acciones concretas que garanticen el derecho a la educación (acceso-permanencia) para todas y todos. Ésta será de calidad y promoverá una cultura escolar que respete los derechos humanos y los principios democráticos. En este sentido, los Estados establecerán mecanismos para garantizar la libertad de enseñanza, de modo que no se subordine a la lógica del mercado ni se transforme en un producto de consumo privilegiado.

 

De acuerdo a los compromisos asumidos con la comunidad internacional, para todos los docentes de los distintos niveles de la enseñanza, los Estados deben garantizar condiciones laborales dignas. La introducción sistemática de componentes de la educación en derechos humanos en la formación inicial y continua de los docentes, debe ser una prioridad fundamental en los próximos años.

 

Es un deber del Estado, elaborar y ejecutar políticas de afirmación positiva, orientadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de los grupos sociales y culturalmente discriminados.

 

 Es preciso que los Estados atiendan las necesidades educativas especiales y procuren los medios para lograr la inclusión de todas las personas en el sistema escolar.

 

Los Estados deben generar espacios de intercambio entre docentes y organizaciones que promuevan la educación en derechos humanos para compartir experiencias, discutir enfoques y materiales. Asimismo, les corresponde apoyar la elaboración de instrumentos educativos que faciliten la educación en derechos humanos y garanticen su distribución y difusión.

 

Los Estados deben promover los procesos de descentralización administrativa y curricular para que escuelas y docentes  adquieran mayor protagonismo en el diseño y gestión de sus propios proyectos educativos; así también deben favorecer procesos democráticos y la incorporación de componentes de educación en derechos humanos.

 

En cooperación con los organismos internacionales, instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, los Estados deben procurar que en el currículo de la formación inicial de docentes se incorpore la educación en derechos humanos, además del diseño de planes de formación continua para quien ya está en ejercicio profesional. La formación de los docentes tiene que incluir saberes pedagógicos específicos para que puedan liderar las innovaciones educativas.

 

 

Educación superior

 

Se insta a los Estados y autoridades universitarias a garantizar la libertad de cátedra, valorizar la labor docente y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente la de educadores/defensores en derechos humanos.

 

Las universidades deben propiciar y fomentar la instrumentación de los planes nacionales, contribuir a su diseño y realización conforme a los objetivos del Decenio.

 

Se recomienda la instalación de defensorías de derechos universitarios en todos los países.

 

Se insta a los Estados a vincular la docencia en derechos humanos con la investigación como un elemento indispensable de rigor académico y contenido democrático para contrarrestar los peligros de ambigüedad y manipulación ideológica.

 

La universidad debe desarrollar, desde una visión amplia en todos los niveles,  componentes de los derechos humanos en cada carrera (de manera obligatoria, opcional y/o transversal) con una metodología sólida y un carácter  plural. Asimismo, debe proponer temas clásicos y paradigmáticos sobre derechos humanos, así como la enseñanza del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario e incentivar investigaciones sobre la realidad nacional y/o regional desde la perspectiva de la población-víctima de violaciones a sus derechos, para conocer las causas que las originan y contribuir en propuestas para su erradicación.

 

Es necesario constituir un banco de proyectos de investigación de educación en derechos humanos y favorecer la búsqueda de financiamientos para potenciar la colaboración interuniversitaria. Además, es indispensable propiciar el servicio social y las prácticas previas a la titulación vinculadas con necesidades urgentes de la población y temas paradigmáticos en derechos humanos.

 

Las universidades deben formar estudiantes, profesores y promotores de derechos humanos desde una enfoque integral enriquecido por la investigación.

 

Es indispensable requerir de los Estados, los organismos regionales de educación superior y las propias universidades de la región, la garantía de una formación profesional comprometida con los valores y principios de la democracia para que ello forme parte de los perfiles profesionales y las competencias requeridas en el ejercicio de los mismos.

 

La universidad debe propiciar el desarrollo de la Red de Cátedras de Derechos Humanos, Democracia, Paz y Tolerancia así como aportes para vincularse con instituciones como la UNESCO, la OHCHR, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y otras agencias regionales e internacionales.

 

Las universidades deben desarrollar especializaciones y cursos de postgrado en derechos humanos en el ámbito regional como una formación de excelencia que incida en la realidad de cada país. Asimismo, deben favorecer una coordinación regional e intercambio de experiencias y aportes entre universidades, cátedras UNESCO de derechos humanos y centros de investigación de educación superior.

 

Se recomienda que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México sea el punto focal para dar seguimiento y elaborar un estado del arte sobre la educación superior en América Latina y el Caribe con participación amplia de otras universidades.

 

En la educación superior es necesario realizar reuniones anuales sobre formación en derechos humanos, con objeto de dar seguimiento a los acuerdos tomados, analizar e intercambiar experiencias e investigaciones.

 

 

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DESDE EL HORIZONTE DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL

 

Se recomienda la organización de campañas que promuevan todos los derechos, desde su integralidad e indivisibilidad, incluso la eliminación de formas de discriminación indicando los mecanismos de su justiciabilidad; al mismo tiempo realizar campañas sobre temas específicos relevantes al contexto nacional o local. Estas campañas deben tener como objetivo estimular el desarrollo de una cultura en derechos humanos y realizarse de manera conjunta entre todos los posibles actores sociales y gubernamentales, defensorías del pueblo y medios de comunicación.

 

Se estima conveniente aprovechar diferentes expresiones artísticas, medios audiovisuales y de comunicación, como la televisión y la radio, en la educación no formal en derechos humanos.

 

En el ámbito de la educación no formal en derechos humanos, se recomienda dar particular atención a la situación de las poblaciones migrantes para crear una mayor sensibilidad en la sociedad sobre la discriminación que sufren estos grupos.

 

 

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DESDE EL HORIZONTE DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

 

Se recomienda a los Estados, como una forma de garantizar el acceso a la justicia, el fortalecimiento de la institución del ombudsman  (Defensor del Pueblo) o promover su creación, a la luz del potencial de esta figura en la promoción de la educación en derechos humanos, apoyando su autonomía financiera y de gestión, la capacitación de sus funcionarios y la creación de la carrera profesional.

 

Urge que los Estados impulsen estrategias educativas integrales, sistemáticas y transversales en derechos humanos para funcionarias y funcionarios como parte de su carrera profesional, que desarrollen un nuevo perfil centrado en el servicio, la ética pública, la equidad de género, el respeto a los grupos vulnerables y la responsabilidad pública en la rendición de cuentas. Esto permitirá que los funcionarios públicos gocen de credibilidad ante la ciudadanía. Asimismo, impulsar programas especiales de educación en derechos humanos para grupos específicos de profesionales con relevante incidencia en la vida nacional.

 

Apremia que los Estados revisen la instrucción de militares y cuerpos de seguridad desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario  y de los derechos humanos, para evitar las violaciones de éstos y prevenir prácticas de impunidad.

 

Los Estados deben fortalecer los procesos de investigación judicial y de registro de identidad mediante el entrenamiento en derechos humanos de los operadores del sistema judicial y funcionarios de registros civiles y electorales.

 

Los Estados deben formular los mecanismos necesarios para que se avalen y revaliden aquellos cursos de derechos humanos reconocidos, convirtiéndolos en un elemento de la promoción laboral dentro de las diversas especializaciones profesionales (fuerzas del orden público)

 

Se invita a los Estados, en cooperación con las organizaciones internacionales, ONG, centros académicos y de investigación en derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, a incluir y/o consolidar cátedras de derechos humanos en la formación de profesionales que tengan responsabilidades relativas a la protección e implementación de los derechos humanos, particularmente en el sector militar, fuerzas de seguridad y agentes de procuración de justicia, servicios de inmigración, personal del sistema penitenciario, trabajadores sociales y parlamentarios.

 

Asimismo, se recomienda a los Estados sistematizar e intercambiar experiencias de educación en derechos humanos desarrollados con profesionales, funcionarias y funcionarios públicos.

 

 

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

 

Se insta a los Estados a impulsar el proceso de promulgación de la Declaración  de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que sirvan de marco conceptual de la educación en derechos humanos.

 

Se señala a los Estados que la educación en derechos humanos de los pueblos indígenas debe vincular el  proceso de desarrollo con su identidad, promoviendo un sentido intercultural y bilingüe que propicie el diálogo de los saberes, los valores, las distintas visiones del mundo entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional.

 

Se recomienda a los Estados potenciar espacios subregionales existentes basados en criterios geográficos, históricos y culturales que trasciendan las fronteras políticas nacionales (por ejemplo, la cuenca amazónica y el espacio andino) para la educación en derechos humanos.

 

Se solicita a los Estados promover  una política multilingüe que permita la creación de instituciones encargadas de la planificación lingüística y la producción de materiales que reafirmen la identidad cultural de los pueblos indígenas, incluso frente a los procesos de globalización, como marco metodológico para la educación en derechos humanos.

 

Se insta a los Estados a propiciar la intervención de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la preparación de los libros de texto referidos a su cultura, ya que es importante que éstos reflejen no solamente su lengua sino sus ideas y su visión del mundo.

 

Se pide a los Estados detectar y corregir en los libros de texto utilizados en la educación formal cualquier contenido o expresiones que resulten racistas o discriminatorias hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros sectores sociales que sufran discriminación, haciendo justicia a su aporte en la historia.

 

Se insta a los Estados a potenciar los actores sociales discriminados —pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados, desplazados, personas  con discapacidad, enfermos de sida, entre otros—, de tal modo que intervengan directamente en la elaboración e implementación de propuestas de acción que los involucran.

 

Se recomienda a los Estados incluir en los planes nacionales, respecto a la educación en derechos humanos, la capacitación específica a todos los servidores públicos con la finalidad de superar prácticas discriminatorias. Entre estos funcionarios se debe considerar especialmente a procuradores, peritos y administradores  de justicia; personal de migración, del sistema penitenciario, del registro civil y del electoral; trabajadores del sistema de salud y educadores, entre otros.

 

Se solicita a los Estados promover acciones educativas y de protección de la población migrante con el objeto de brindar reconocimiento efectivo y protección a los derechos humanos de estas poblaciones.

 

Se pide a los Estados sensibilizar a la sociedad sobre la situación y derechos de las poblaciones nacionales que sufren marginación y discriminación, prestando particular atención a los migrantes.

 

Urge que los Estados promuevan la corresponsabilidad de los diferentes actores en el tema de educación en derechos humanos e involucren a la sociedad civil y a los pueblos indígenas.

 

SEGUIMIENTO

 

Se solicita a los Estados que den a conocer ampliamente los resultados de esta Conferencia Regional y difundir la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001), en particular a funcionarios, universidades, ONG y a toda la población.

 

Se invitan a  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a:

 

Establecer un mecanismo que vigile la ejecución de las recomendaciones de la Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001), en estrecha colaboración con organizaciones e instituciones regionales y nacionales en el campo de los derechos humanos.

 

Prestar apoyo y destinar recursos para la formulación y puesta en práctica de programas nacionales y estrategias regionales en educación en derechos humanos con otros organismos, instancias y programas del sistema de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales regionales.

 

Fomentar la creación de redes nacionales y regionales para la educación en derechos humanos, así como brindar mayor apoyo a las ya existentes con el fin de facilitar, intercambiar experiencias y promover la difusión de prácticas en la región.

 

Implementar mecanismos de seguimiento de la Década y elaborar un Plan de Acción de Seguimiento que sea difundido ampliamente.

 

Por último, se propone a la oficina de la  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizar un informe por país que dé cuenta del resultado obtenido al finalizar la Década y se le invita también a fortalecer la presencia de su oficina a escala regional y subregional en el ámbito de la educación en derechos humanos.