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Entrevista con Florentín Meléndez

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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El Presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, ofreció la ponencia titulada Las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas cautelares, en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos el 10 de julio pasado. La ocasión fue propicia para brindarnos algunos comentarios relativos al sistema interamericano de derechos humanos. Nos gustaría conocer su opinión respecto a la sostenibilidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

 

Esta es una cuestión amplia, que abarca la situación actual de la Comisión Interamericana, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se está proyectado hacer, que ciertamente le va a dar vida productiva al sistema, es decir, va a hacer que el sistema produzca eficacia, produzca protección, produzca tutela, subsidiaria, por supuesto, respecto a los Estados.

Hay buenas razones para pensar que el sistema es sostenible, aún con la crisis, o especie de crisis, por la que está pasando ahora. El sistema es sostenible fundamentalmente gracias a la jurisprudencia de la Corte. Claro, la Comisión, su doctrina, tiene mucho que ver en esto, pero el gran avance cualitativo que le da sostenibilidad al sistema es la jurisprudencia de la Corte. A ella se agrega la capacidad de incidencia política de la Comisión, que facilita el acercamiento a los grandes problemas de derechos humanos del continente, especialmente a los problemas coyunturales que emergen en determinados países o regiones. Pero la sostenibilidad también está dada en función del grado de aceptación del sistema, que tiene un buen nivel de satisfacción, especialmente en América Latina, así como por el grado de cumplimiento de decisiones claves por parte de los países.

Entonces, yo estoy viendo dos lados al tema de la sostenibilidad. Por un lado está la sostenibilidad garantizada por la jurisprudencia; por el otro, está la sostenibilidad garantizada por la conducta de los Estados de cara al cumplimento de las sentencias, de las decisiones de la Comisión, de las acciones urgentes de ambos órganos, entre otros.

Ahora bien, sostenibilidad por capacidad, infraestructura, recursos, por supuesto que se necesita, y no tenemos duda de que al menos para lo mínimo siempre habrá. Sin embargo, para mí el tema de los recursos no es lo más importante, aun cuando son necesarios. Para mí lo más importante es el tema del cumplimiento.

Hay una variable que es necesario considerar: la Comisión cambia de posición al igual que la Corte. La Comisión es un órgano que más allá de su función jurídica, tiene un componente político considerable. Incide políticamente en los cambios, en las políticas públicas, en la legislación, en las decisiones gubernamentales, no solo a partir del sistema de casos. En cuanto a esto último hay que resaltar el valor de la jurisprudencia. Un valor fundamental de la Comisión radica en su capacidad de tener mayor presencia en el terreno; por ejemplo, incidir en el terreno; en persuadir decisiones políticas para, entre otras cosas, facilitar tratados, derogar leyes incompatibles con las normas del sistema, reformar plataformas constitucionales en el sistema y hacerlas compatibles con la Convención Americana, por lo menos al mínimo. Es en ese campo que se requiere capacidad de incidencia política.

La Comisión tiene un capital acumulado en ese sentido que se nota, por ejemplo, en su incidencia en Argentina, en el Cono Sur en general; de alguna forma en Centroamérica, en la manera en que se está tratando de incidir en conflictos armados, tales como el de Colombia. Esto es variable debido a la variación en su composición. Periódicamente hay cambios en su composición, y llegan personas con diferente concepción del tema de los derechos humanos y con diferente visión política del mandato de la Comisión. En algunas ocasiones la visión de estas personas es mucho más restringida en cuanto a los alcances del mandato. Varía la perspectiva respecto a, por ejemplo, si podemos o no meternos en situaciones políticamente conflictivas, o si tenemos que hacerlo por que de alguna forma esas situaciones están vinculadas con derechos humanos protegidos por el sistema.

Pero la Comisión tiene un capital acumulado, una práctica importante que es parte de la garantía y sostenibilidad del sistema. Y cuando esa práctica ha sido positiva, como es la regla general en el sistema, tratamos de no retroceder en esa parte. Se acude siempre a la práctica, a las buenas prácticas de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte.

E n su presentación ante la reciente Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá, usted solicitó a los cancilleres y delegaciones de los Estados miembros que manifestaran la voluntad política de sus gobiernos a modo de permitir que la Comisión pueda visitar sus países, formulando una ¨invitación abierta y permanente¨ a la Comisión para que pueda realizar visitas sin condicionamientos, ya sea por medio de los relatores temáticos o relatores de países, o a través de visitas in loco de la Comisión.

¿ Podría comentar un poco respecto a la apertura solicitada a los gobiernos de los Estados miembros?

La razón fundamental para solicitar enfáticamente que los Estados hicieran una declaración haciendo una invitación abierta, incondicional y permanente a la Comisión Interamericana para visitar el terreno, es precisamente contribuir al nivel de cumplimiento y a la transparencia de los Estados frente al sistema interamericano. Nosotros no podemos cumplir cabalmente nuestra función si no es desde el terreno y en el terreno, no desde de Washington. La supervisión tiene que ser el reflejo de una verificación activa de la Comisión y no de un monitoreo a distancia, como se ha hecho siempre. Por supuesto que ha habido visitas a muchos países y la Comisión ha tenido mucha presencia en el terreno. Pero esta presencia ha sido forzada algunas veces, se ha tenido que utilizar la persuasión para lograr convencer a los Estados que permitan que la Comisión visite los países. Se ha tenido que presionar a los gobiernos para que nos permitan la presencia. Eso no puede ser así.

En el siglo XXI la actitud de los Estados frente a los sistemas internacionales de protección, como es el sistema interamericano, tiene que ser transparente y tiene que denotar el perfil ético de una decisión política de la más alta esfera del Estado. Y esto implica una apertura de los Estados a los órganos de supervisión y control internacional, como es la Comisión, que además de ser un órgano de supervisión de la Convención Americana, es un órgano principal de la OEA y por lo tanto tiene otros mandatos que le otorga la Asamblea General. Partiendo de este mandato amplio de observancia y defensa de los derechos humanos en todo el continente que le ha otorgado la Asamblea General, que está consignado en la Carta de la OEA, promovemos la mayor presencia en el terreno, imprescindible para cumplirlo a cabalidad.

Este mandato solo se puede cumplir en contacto con los funcionarios del Estado, con las instituciones y las ONG, pero fundamentalmente en contacto con las víctimas que acuden al sistema y que no pueden viajar a Washington por razón de falta de recursos económicos y en particular por la falta de apertura del Estado sede de la Comisión para que las víctimas, los testigos, los abogados, puedan viajar a Washington.

En el marco de mi mandato como Presidente he tomado esta gestión como uno de los retos que debo de enfrentar, y ya tenemos algunos resultados. Al momento de hacer este pedido en la Asamblea General en junio había cinco Estados que de hecho han permitido la presencia de la Comisión de esta manera abierta, incondicional. Estos son México, Colombia, Brasil, Argentina y Guatemala; de alguna manera Costa Rica también. Se sumaron otros Estados ante mi llamado: Paraguay, Perú y Honduras. Implícitamente lo manifestaron Uruguay y Chile. Entonces, damos por sentado que tenemos alrededor de diez de los 34 Estados miembros con invitación abierta. Mi tarea ahora es lograr que estos diez Estados formalicen el compromiso de permitir que la Comisión tenga presencia en sus países en cualquier momento y circunstancia, por supuesto previa coordinación operativa con las cancillerías, y continuar persuadiendo a todos los cancilleres del continente a fin de que hagan esta invitación abierta.

Pero no solo se trata de tener presencia en el terreno para supervisar a los Estados, sino que ésta sirve también para avanzar en el sistema de casos, en las soluciones amistosas; asimismo, para que las víctimas puedan tener diálogos directos con los funcionarios de gobierno frente a la Comisión en sus propios países; para dialogar con las instituciones, con las ONG que no pueden ir a Washington; para hacer actividades de asesoramiento y de cooperación con los gobiernos; para tener mayor contacto con los medios de prensa locales que no le dan seguimiento al sistema interamericano; para que la población en general, que no tiene acceso a información sobre el sistema, conozca de qué va. Por eso también estamos celebrando periodos extraordinarios de sesiones a nivel subregional, práctica que hemos comenzado en 2006. Hemos aprobado esta política y queremos institucionalizarla.

En 2006 tuvimos el primer periodo de sesiones extraordinario en Guatemala, que cubrió gobiernos, ONG y víctimas de Centroamérica, exclusivamente temas de esta subregión. Fue un éxito. Este año vamos a Paraguay en septiembre para tener un periodo extraordinario de sesiones solo para casos e instituciones del Cono Sur. En 2008 tenemos en mente hacer una reunión regional en El Caribe o en la Región Andina, y luego repetir el ciclo.

Hay que convencer a los Estados de la utilidad de que se abran al sistema, para que vean sus bondades, dejando de verlo solo en el marco del sistema de casos, para que empiecen a verlo también en el marco de la cooperación.

(Entrevista realizada por Marisol Molestina, Coordinadora de la Unidad de Información del IIDH.)



  
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