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Entrevista con José Zalaquett,


ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Codirector del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho,
Universidad de Chile

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Nos gustaría conocer su opinión respecto a la sostenibilidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La sostenibilidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos depende principalmente de tres factores. Antes de entrar en ello es necesario recordar que el sistema ha ido creciendo en forma sostenida, progresiva y aguda, al punto que en los últimos años la Comisión Interamericana recibe en exceso de 1400/1500 casos al año. Aún cuando varios centenares de éstos no prosiguen más allá porque son denuncias que no reúnen mínimos requisitos, esto todavía deja 600/700 casos que procesar. Y la Corte ha tenido cada vez más trabajo.

Dentro de este cuadro, un elemento para asegurar la sostenibilidad del sistema es el apoyo propiamente de los Estados que forman parte del sistema. Este apoyo se vio más firme inicialmente, en los años noventa, porque muchos gobiernos venían regresando de sistemas dictatoriales. De hecho asumieron el mando en las respectivas naciones personas o partidos que se habían opuesto a las violaciones de derechos humanos, además de haberse creado un clima post guerra fría de mayor consideración de estos valores y de una legitimidad sin bemoles de la idea de derechos humanos a nivel mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo algo de este entusiasmo inicial se ha entibiado. De hecho, la mitad de los gastos de la Comisión Interamericana no son financiados por los propios Estados. Esto es, América Latina no es capaz de financiar más allá del 55% de la protección de sus propios derechos humanos. Para cubrir el resto, la Comisión tiene que buscar apoyo de fundaciones, gobiernos europeos, etc. A mí me parece eso bochornoso, por decir lo menos. De manera que el compromiso real de los gobiernos es una primera cosa.

Lo segundo tiene que ver con que haya mecanismos efectivos de seguimiento de las decisiones. Si bien éstas están entregadas al honor de los Estados, a medida que se empieza a debilitar, en cierta medida, el entusiasmo inicial de los años noventa, también el cumplimiento puede hacerse más lento y más reticente. En ese sentido, son necesarios mecanismos adecuados de seguimiento, que requieren una voluntad política. Si en definitiva un Estado no cumple, su planteamiento ante la Asamblea General de la OEA debiera conducir a algo, no simplemente a una declaración retórica de un minuto o a ninguna cosa.

El tercer punto tiene que ver con algo que afecta a todos los sistemas de protección, también al europeo que en este momento está inundado con decenas de miles de casos, sobretodo por el ingreso al sistema europeo de los países de Europa Oriental y Central. Esto es, un sistema internacional no puede ser un sustituto para la justicia que no se provee en los propios países, porque por muy importante que sea una Corte o una Comisión, no puede hacer toda la justicia que no alcanza a hacerse, o se hace mal o insuficientemente, en una veintena de países de América Latina, eso es imposible.

Entonces, ¿cuál es la solución? Eso, desde luego, no lo tengo claro. Un sistema como el certiorari, como el de Estados Unidos, en el que se seleccionan casos de acuerdo a la importancia jurisprudencial que puedan tener, podría ser naturalmente injusto con todas aquellas personas o grupos cuyos casos no se seleccionan. Pero es necesario encontrar un mecanismo.

Finalmente añadiría un pequeño colofón: la sostenibilidad del sistema depende también de una cierta capacidad de innovación procesal que permita que el tratamiento de los casos se haga sin perjuicio de la observancia de las garantías de debido de proceso y de suficiente respeto a que las víctimas y las partes tengan, por decirlo así, su día en la Corte, que se haga con procedimientos de mayor agilidad.

En su presentación ante la reciente Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá, el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a los cancilleres y delegaciones de los Estados miembros que manifestaran la voluntad política de sus gobiernos a modo de permitir que la Comisión pueda visitar sus países, formulando una "invitación abierta y permanente" a la Comisión para que pueda realizar visitas sin condicionamientos, ya sea por medio de los relatores temáticos o relatores de países, o a través de visitas in loco de la Comisión.

¿ Podría comentar un poco respecto a la apertura solicitada por el Presidente de la CIDH a los gobiernos de los Estados miembros?

De hecho algunos Estados lo hicieron así, como México y Brasil, cuando precisamente querían marcar la distinción de los respectivos gobiernos con respecto al pasado de la política exterior de sus países. Así sucedió cuando hubo el cambio político en México, que llevó al mando por primera vez a una administración que no era del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, uno de los signos que sirvió para marcar la administración de Vicente Fox fue una mayor apertura al derecho internacional en lugar de esa posición algo más "soberana", en el sentido más tradicional, que había sostenido México en el pasado. En Brasil bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Luiz Inácio Lula da Silva también se implementó esa manera. Entonces dijeron "solo nos tienen que decir los organismos internacionales de supervisión -no solo de la OEA sino de las Naciones Unidas- cuándo vienen, y nosotros los recibimos". Así lo hicieron, y muchos relatores y grupos y comisiones de Naciones Unidas y de la OEA tomaron ventaja de esta apertura. Pronto esos países también empezaron a sentir que a lo mejor habían sido demasiado abiertos, porque se vieron inundados de visitas. Pero yo creo que en principio es un buen principio. Naturalmente que hay que realizar esto con debido tiempo, no se puede improvisar. Evidentemente no pueden decir "voy allá la semana próxima". Pero es un buen principio, en la medida en que se sería consecuente con la norma implícita que se ha establecido de que la comunidad internacional tiene no solo el derecho sino la obligación de velar por la protección de nuestros valores compartidos en todas partes. De modo que yo comparto ese llamado y esa idea.

Entrevista realizada por Marisol Molestina, Coordinadora de la Unidad de Información del IIDH.



  
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