Publicada en el 2008

Durante las últimas décadas, en América Latina y el Caribe los organismos electorales se han ido consolidando como instituciones confiables, garantes de la voluntad popular expresada en las urnas. Tanto sus funciones como los mecanismos de designación de sus integrantes, han sido objeto de numerosas reformas legales y de una minuciosa depuración, con el objetivo de constituirlas en entidades legítimas ante la ciudadanía y de fortalecer, por medio de su acción, la institucionalidad democrática. Como bien ha señalado Jaramillo… “en estas organizaciones se ha depositado gran confianza, esperando que ellas sirvan como instrumentos para sanear los procesos electorales y contribuyan a la institucionalización de la vida política en los países latinoamericanos”.

En virtud de este proceso de fortalecimiento, actualmente las funciones de los órganos electorales van más allá de la organización de las elecciones. Se han constituido en instituciones con un amplio rango de labores administrativas, registrales, jurisdiccionales y de control, no solo del proceso electoral en sí, sino también en relación con el desempeño de los actores políticos. Sin duda alguna, su labor es decisiva para el afianzamiento de la convivencia democrática.