Publicada en el 2007

“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario […] Sin el apoyo de auténtico sufragio las instituciones democráticas están en el aire.” Cuando, tres cuartos de siglo atrás, José Ortega y Gasset describía con estas palabras el nudo nodal de la relación entre derecho electoral y democracia,1 tenía sobre todo en mente la organización de la elección, o mejor dicho, el lado administrativo del proceso electoral. Ante la difundida práctica, por aquel entonces, de la manipulación electoral en su país de origen, España,2 es comprensible que haya hecho depender la legitimidad de las instituciones públicas de la garantía de elecciones libres y resultados electorales confiables, y que a estos últimos los haya visto estrechamente vinculados con el arreglo técnico de las elecciones. Una “votación digna de confianza” reclamaba resultados electorales objetivamente correctos, autoridades electorales que garantizaran un desarrollo normal y ordenado del acto electoral, procedimientos que permitieran comprobar adecuadamente los resultados electorales efectivos, en pocas palabras, un derecho electoral democrático.