Con el impacto de la Tercera Ola Democrática en América Latina, a partir de 1978, la mayoría de las naciones latinoamericanas iniciaron un proceso de democratización cuyo pilar fundamental fue la institución del voto libre, directo y secreto, que se constituiría en el mecanismo de retorno a la democracia representativa y a la vigencia de las libertades civiles y políticas en un gran número de países. 

Los organismos electorales se situaron como actores esenciales de este proceso. La particular característica de América Latina, de instituir oficinas públicas autónomas para la conducción de la administración electoral –a diferencia de la tendencia europea, que encomienda estas funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo- se vio fortalecida al figurar como esencial en el retorno a la democracia. 

El papel de los organismos electorales en esta parte del mundo como organizadores y garantes de la transparencia de las elecciones, los colocó en una posición definitoria del destino de las democracias de la región. Así, en los primeros años de la transición, los ojos de todos los actores políticos estaban puestos sobre estas instituciones, pues de su efectivo desempeño y su imparcialidad dependía la ruptura con las prácticas dictatoriales del pasado y el establecimiento de un nuevo régimen de libertades.