Publicada en septiembre del 2017

Los movimientos constitucionalistas de corte liberal del siglo xix formalizaron el modelo de Estado constitucional, en el que se identifican principalmente tres rasgos: ubica al individuo en el centro de la acción pública; racionaliza el poder y se impone al Estado el límite impenetrable de la dignidad humana a través de la garantía de los derechos.

En las últimas tres décadas podemos identificar los avances notables del constitucionalismo latinoamericano en dos vías: el desarrollo de la dogmática de los derechos fundamentales, lo cual en países europeos tardó en consolidarse casi dos siglos, y la consolidación del Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma. Dentro de los cambios afines en la parte dogmática de las constituciones, se destaca el papel de la Constitución Mexicana de 1917 al ser la primera en introducir a ese nivel los derechos sociales y de la que se está conmemorando el centenario de su promulgación. A partir de la década de los noventa, algunas cartas fundamentales de América Latina incorporaron las llamadas cláusulas de apertura constitucional, donde dotan de preminencia nacional al derecho internacional de los derechos humanos, al otorgarles su misma jerarquía. Esto trajo como consecuencia una compleja transformación en la forma de interpretar y aplicar el derecho, al ampliar las posibilidades del parámetro de control de regularidad constitucional y de validez de las normas inferiores.