Publicada en 2011

Hace más de 30 años algunas atentas voces alertaron sobre la utilización del sistema de justicia para beneficio de la recaudación de créditos y el pago de deudas. Eduardo Novoa Monreal, en 1970, afirmaba que “la justicia actúa al servicio de la clase dominante y que interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen económico-social vigente, en desmedro de los trabajadores”1. No faltaban razones para afirmar lo anterior. Durante las décadas del 70 y el 80, el trabajo del Poder Judicial se encontraba centrado en la decisión de causas ejecutivas de cobranzas de créditos, asuntos voluntarios, faltas menores y delitos contra la propiedad.

Con el tiempo, a las anteriores críticas se sumaron los fuertes cuestionamientos al comportamiento del Poder Judicial durante la dictadura de Pinochet, así como la más reciente, y fuertemente mediatizada, ola de inseguridad ciudadana3. Según afirman Correa y Jiménez, estas críticas llevaron al Poder Judicial y a las autoridades políticas a un punto de no retorno cuya frontera comenzaba en las reformas a la justicia.