Actualmente, 6 países de América Latina y El Caribe cuentan con códigos penales que prohíben todas las formas de aborto, incluso cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro, o cuando el nacimiento es inviable. Esto ha sometido a miles de mujeres a procesos judiciales irrespetuosos con los estándares de acceso a la justicia, y que concluyen con condenas desproporcionadas en su contra por el delito de aborto voluntario. Honduras es uno de estos países desde que el Congreso Nacional aprobó en enero de 2021, una reforma de la Constitución que busca “blindar” la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país. El artículo indica que es “prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.