Publicada en febrero del 2021

El mayor desafío en el ámbito jurídico es resistir la pandemia cumpliendo el test democrático interamericano en la región de América Latina a fin de garantizar que las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia de COVID-19 se ajusten a los estándares de protección de los derechos humanos, de una sociedad democrática y del Estado de derecho. Los instrumentos de derechos humanos y todo el acervo del Ius Commune respecto a los artículos 26 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de su indivisibilidad e interdependencia, adquieren una renovada vigencia. Sin duda, ello exige una protección reforzada de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad con fundamento en todo el corpus iuris u orden público interamericano.

El test democrático puede servir como marco de referencia para analizar el equilibrio de la democracia, el Estado de derecho y la salvaguarda de todos los derechos humanos frente a la pandemia. Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana (CDI), este test deriva de la interpretación conjunta de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la consolidación democrática (arts. 3 y 4 CDI), de la doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos (arts. 7 y 8 CDI), en estrecha interrelación con la dimensión social (arts. 11 a 13 CDI). La propia Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su preámbulo declara que la democracia representativa “es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y a continuación reitera “dentro del marco de las instituciones democráticas”. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión (CIDH) y la Corte (Corte IDH) han ejercido sus mandatos transformadores para desarrollar el principio democrático con fundamento en la reafirmación por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano.