Publicada en 2020

La transición política en América Latina representó avances en la democracia formal, pero en la mayoría de países, estos avances no se corresponden con la legitimidad en el ejercicio de la función pública. Esto se evidencia en los casos de corrupción y abuso de poder que socavan el Estado de Derecho y, por ende, los derechos humanos.

Por el aumento y gravedad de estos casos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 1-18 estableció que “la corrupción es un fenómeno complejo que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civil, política, económica, social, cultural y ambiental. Esto debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el estado de derecho y exacerba la desigualdad”I. Destacó, además, la importancia del control ciudadano ejercido por jueces, fiscales, defensores (as) de derechos humanos, denunciantes y periodistas en la investigación y denuncia de la corrupción. Complementariamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estipuló expresamente el derecho de los (as) ciudadanos (as) de buscar y recibir la información que se encuentre bajo el control del Estado para combatir la corrupción. Sin embargo, la dinámica de la corrupción amenaza el acceso a la información y a la participación, con medidas tan extremas como la intimidación, la amenaza, el soborno y la desaparición.