Publicada en 2011

La defensa, promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas han sido una labor permanente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde su creación. Temas fundamentales como tierra y territorio, cosmovisión, acceso a la justicia, participación política, dualidad y complementariedad de géneros, medio ambiente, salud, migraciones, y las respectivas sentencias del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, han sido impulsados por medio de acciones de investigación, educación y capacitación a través de herramientas como la Campana Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas; la Sección Especializada Diversidades-web IIDH; el Aula Virtual web-IIDH (cursos auto-formativos o tutoriales en línea); y la Red de Atención a Pueblos Indígenas (RAPI). 

Particular importancia revisten estos temas desde que el IIDH asumió, estratégicamente, el reto de incorporar a la pobreza como una de las dimensiones constitutivas de los derechos humanos, en el contexto de una democracia incluyente que promueva el ejercicio de una ciudadanía plena y la construcción de modelos de desarrollo equitativos. La propuesta apunta a señalar la urgente necesidad de formular estrategias y activar recursos para refundar la democracia de postulados y transformarla en una democracia efectiva, cuyo valor se mida por sus aportes a las personas y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad y menos privilegiadas de las distintas sociedades del continente. Precisamente, cerca de 50 millones de habitantes, más de 400 idiomas propios y un número similar de pueblos identificados como indígenas, conforman las diversas comunidades y pueblos plurilingües, multiétnicos y pluriculturales de América Latina y El Caribe. Sin embargo, a pesar de la existencia de civilizaciones milenarias en los mismos espacios geopolíticos de los actuales Estados, los pueblos indígenas ocupan los índices más bajos de desarrollo humano de la región. Y ello no es casual: la discriminación y exclusión de este sector de la población de los principales servicios públicos básicos, formó parte de una política de invisibilización y asimilación, sancionada hoy por los lineamientos del Sistema Jurídico Internacional, clamando por la necesidad y obligación de una cobertura especial y diferenciada de los mismos.