Publicada en el 2016

Los procesos de consulta a los pueblos indígenas son una obligación internacional de los Estados de acuerdo con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, estos procesos participativos afrontan limitaciones como la falta de claridad conceptual y consensos sobre quiénes representan a los pueblos indígenas, entre otras, ante las cuales los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han hecho informes temáticos y visitas in loco o emitido sentencias tanto para evaluar la situación como para contribuir a la garantía de sus derechos individuales y colectivos con base en estándares internacionales.

Esta situación afecta a alrededor de 642 pueblos indígenas en América Latina, entre treinta y cincuenta millones de habitantes, que siguen siendo objeto de discriminación debido a sus diferencias étnicas y culturales, pese a los avances en el reconocimiento del carácter multicultural de los países de la región obtenidos gracias a su organización, movilizaciones e incidencia en ámbitos de decisión, lo que les han permitido ganar espacios de participación y ejercicio de sus derechos específicos e impulsar la ratificación de tratados internacionales, reformas constitucionales y otras leyes de protección. No obstante, persiste una brecha de implementación que no ha hecho posible un impacto efectivo de los avances jurídicos y políticos en sus condiciones de vida.