Publicada en 2007

En América Latina y el Caribe viven aproximadamente de 33 a 40 millones de indígenas, que constituyen más de 400 pueblos que hablan sus propias lenguas y viven según modos de vida, modelos de organización y dinámicas económicas particulares que no coinciden, en todo o en parte, con los modelos sociales y culturales de las sociedades nacionales. Esta situación, que no ha sido resuelta en el proceso de desarrollo del Estado moderno, prevalece con varias consecuencias negativas para el pleno acceso de las y los indígenas, en tanto ciudadanos, a sus derechos fundamentales, así como para el reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos que les corresponden a estos pueblos como sujetos históricos y sociales. 

Ser indígena, en nuestras sociedades y en nuestro tiempo, continúa siendo un obstáculo para el goce efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos, los civiles y políticos, el de la participación política o el ejercicio de la ciudadanía. Esto también sucede en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, al negárseles el derecho a gozar y disfrutar de la propia cultura, a la educación o al desarrollo económico y social. Por otra parte, y a pesar de que en los últimos años se ha venido estableciendo mayores canales de participación política para los pueblos indígenas en la región, hace falta afinar conceptos y procedimientos que hagan más efectivo este ejercicio en aras de fortalecer la inclusión y la gobernabilidad democrática, tanto en los países que cuentan con sistemas electorales más avanzados como en aquellos que todavía no han desarrollado un cuerpo normativo, jurisprudencial, doctrinal y/o administrativo que permita esta amplia participación.