La celebración de procesos electorales es una de las actividades que moviliza la mayor cantidad de personas a la vez en un Estado determinado, y, en una crisis sanitaria, esto significa un alto riesgo de propagación y contagio de enfermedades, como en el caso que nos ocupa, del Covid-19. 

En este sentido, es fundamental que los organismos electorales cumplan con normas de salubridad que aseguren las condiciones para que las y los ciudadanos puedan acudir a los centros de votación a ejercer el sufragio, de lo contrario se puede propiciar altos índices de abstencionismo y por lo tanto se estaría atentando contra los derechos políticos de las y los votantes. Es preciso hallar protocolos de acción que, sin sacrificar los derechos políticos, resguarden el derecho a la salud. Es un equilibrio difícil, pero necesario. 

En este contexto los organismos electorales deben considerar nuevas condiciones de organización electoral y participación ciudadana, lo que puede implicar desde la modificación de los materiales electorales hasta nuevas modalidades de votación.