Publicada en el 2022

El Estado costarricense ha adquirido compromisos respecto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la respuesta no siempre ha sido eficaz. Las organizaciones de la sociedad civil han visibilizado los vacíos en la acción estatal con respecto, entre otros temas, a los obstáculos en el acceso de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) por parte de mujeres con mayor vulnerabilidad, y a la laxitud en la interpretación del artículo 121 del código penal que contempla el aborto impune. De manera reiterada la sociedad civil ha denunciado estas problemáticas ante los Comités de CEDAW (2001 y 2017), del Niño y la Niña (2011) y de Derechos Humanos (2016). Estos a su vez han emitido recomendaciones al Estado.

Con respecto a la AOE, en abril de 2019 el Ministerio de Salud aprobó el permiso sanitario para su venta en farmacias, pero existe una alta desinformación con respecto a su uso en el sector público y privado de salud, lo cual constituye una barrera para su acceso.