Publicada en el 2002

Es probable que, en la actualidad, no exista mayor consenso político que el que se ha generado en torno al valor y la importancia de la educación. Sobre el particular coinciden, al menos en principio, los gobiernos democráticos de signo progresistas, conservadores y pragmáticos de nuestra América. Durante la última década del siglo XX escuchamos hablar de educación con cierta frecuencia y regularidad. Usualmente oímos también expresiones alusivas al futuro de la educación, a los desafíos de una región en medio del mundo cada vez más competitivo, a los retos de la economía global basada en la innovación tecnológica y el conocimiento. Y en la primera década del siglo XXI, en múltiples ocasiones y escenarios, oímos hablar de “derecho”, pues la educación es un derecho constitucionalmente sancionado en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe.

Aunque el acuerdo sobre este punto es hoy mayor que nunca, podemos rastrear sus orígenes hasta los albores de nuestra vida independiente cuando ya, como naciones emergentes, se establecieron sistemas públicos escolares. La gran mayoría de las escuelas públicas fueron financiados por varios Estados nacientes, para cubrir la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Como es sabido, la educación constituía uno de los pilares del ideario liberal, bajo cuyo signo ideológico advinieron a la vida independiente –o terminaron de afirmarse en ella– buena parte de las naciones de la región. Para los liberales, la educación iba de la mano con valores como “civilización”, progreso, individualismo, ciencia y libertad.