Publicada en 1999

La sensación de inseguridad que sufren los ciudadanos de nuestras sociedades es una de las principales amenazas a la calidad de la vida en democracia que vivimos en este fin de siglo. Es, sin duda, una cruel paradoja que, mientras nuestros sistemas políticos han evolucionado del autoritarismo militar a regímenes constitucionales, la ciudadanía se percibe a sí misma como más amenazada por la criminalidad desbordada y fuera de control. 

Es relativamente indiferente si las tasas de criminalidad efec tivamente suben o no: lo cierto es que la percepción de inseguridad es muy real y generalizada, y ese factor de psicología social produce efectos perniciosos para nuestras democracias. En primer lugar, hacen proclive a la opinión pública a la búsqueda de soluciones facilistas respecto del problema. Esto a su vez convierte a amplios sectores del electorado en presa fácil de la demagogia que ofrece respuestas mágicas. A su turno, las propuestas de "mano dura", aumentos de penas, eliminación de garantías procesales para los acusados, limitación de la discreción de los jueces al sentenciar, y reimplantación de la pena de muerte, corroen las bases éticas de nuestro sistema y nos retrotraen al autoritarismo, aunque ello ocurra bajo la fachada de las decisiones mayoritarias.