Publicada en 2009

En la última década, el fenómeno migratorio ha ocupado un lugar de primer orden en las agendas y el debate internacional, tanto para los Estados, la sociedad civil y los organismos internacionales que se enfrentan ante el desafío de encontrar un equilibrio entre la adecuada protección de los derechos humanos y la necesidad de ordenar y regular los flujos migratorios. Uno de los mas recientes eventos es la implementación y discusión sobre la “directiva de retorno”, una decisión europea sobre la inmigración que afecta a los y las inmigrantes irregulares, –“los sin papeles”– que condiciona el “retorno voluntario al retorno obligatorio”. Una política dura y potencialmente represiva, ya que rebaja los mínimos estándares internacionales de protección de los derechos humanos. En América Latina y El Caribe las condiciones de pobreza, inequidad, exclusión e inestabilidad política y social han incrementado las migraciones pese al recrudecimiento de las políticas anti inmigratorias en los países de destino tradicional. La única opción para miles de personas ha sido la búsqueda de fuentes de empleo en otros contextos (urbanos, intrafronterizos y transfronterizos), con el anhelo de mejorar la calidad de vida propia y sus familias. En muchos casos salen de sus comunidades y países en forma clandestina y en situaciones de irregularidad migratoria, provocando un grave riesgo de vulnerabilidad especialmente de los indígenas, mujeres, niñas y niños, y personas adultas mayores en su ruta crítica.