Montevideo, Uruguay. Esta semana se publicó una investigación desarrollada desde la Oficina Regional para América del Sur del IIDH y dirigida y coordinada por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Argentina. El documento “La mentira de los funcionarios, ¿tiene patas cortas o efectos largos? Un estudio acerca de las obligaciones que tiene el Estado y sus funcionarios para evitar la proliferación de la desinformación” constituye un insumo para el trabajo de Al Sur, un consorcio de organizaciones que trabajan en la sociedad civil y en el ámbito académico en América Latina y que buscan con su trabajo conjunto fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de la región.

La investigación concluye que poco se ha hecho para distinguir el origen de la desinformación y para evaluar el fenómeno a la luz de las obligaciones específicas que a ciertos sectores les cabe y que existen obligaciones de decir verdad para los funcionarios públicos respecto de su discurso y expresiones. Siguiendo la lógica de estas obligaciones se puede indagar en nuevas posibles líneas de investigación en la búsqueda de soluciones a la difusión de desinformación y los males que esta conlleva para el debate público.