Publicada en 2007

La seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública que compromete la acción estatal de manera integral. En esa medida, no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y sí tener objetivos claros y verificables de corto, mediano y largo plazo. Por ello, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) considera que todos los Estados de la región deben diseñar e implementar una política nacional de seguridad ciudadana, mediante la cual se establezcan de manera clara las responsabilidades de las autoridades territoriales y de las agencias de seguridad, justicia y defensa de los Estados. Ello requiere de gran voluntad y compromiso político de las autoridades, pero también de las fuerzas políticas que no estén en el gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.