La violencia contra las mujeres sacude la conciencia democrática, dispara las estadísticas aberrantes y pareciera que seguimos sin esperanza para las víctimas que aún hoy tienen que callar, si sobreviven. Su silencio nos devuelve a la cruda realidad de este fenómeno criminal persistente y de profundas raíces en América Latina y en El Caribe. Uno de los retos para este siglo XXI obliga a trascender las legislaciones de primera generación, dirigidas a combatir la violencia doméstica o intrafamiliar como se les denominó, para avanzar a las de segunda generación, destinadas a erradicar las violencias específicas contra las mujeres, por ser mujeres. Esta normativa deberá acompañarse de políticas públicas encaminadas a la eliminación de la impunidad, en especial la que sufren las mujeres que viven en situaciones de pobreza y exclusión.

Por ello y para contribuir con los retos para la erradicación de las violencias contra las mujeres, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde su Programa Especial de Derechos Humanos de las Mujeres presenta el “Sistema de Indicadores para evaluar desde la sociedad civil el cumplimiento estatal de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (SBIdP)”.